Aunque las elecciones presidenciales en Turquía se realizarán recién en junio del año que viene, el camino hacia esos comicios se muestra sinuoso y plagado de conflictos. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no desaprovecha oportunidad para reforzar la represión interna, principalmente contra el pueblo kurdo del sudeste del país. En Bakur (Kurdistán turco), los agentes de seguridad se despliegan con la impunidad que les brinda el propio Estado, conformado por una dirigencia empecinada en silenciar a un pueblo con más de veinte millones de habitantes y que, con el paso de los años, se convirtió en el principal factor opositor a las políticas oficiales.
Arrestos, secuestros, asesinatos a plena luz del día, torturas en cárceles y comisarías, intervención de municipios gobernados por los kurdos y el despojo de la inmunidad de diputados y diputadas del Partido Democrático de los Pueblos (HDP, por sus siglas originales), conforman un cóctel que explota constantemente en Bakur. Erdogan sabe que el voto del pueblo kurdo puede definir las elecciones de 2023 ya que el Partido de Justicia y Desarrollo (AKP, por sus siglas originales) viene relegando terreno desde las últimas presidenciales, en 2018, cuando perdió la mayoría absoluta en el Parlamento turco.
Ante este panorama, el mandatorio no duda ni un instante en reforzar la persecución interna y en agitar con más fuerza al nacionalismo más reaccionario, condimentado con buenas cuotas del islamismo más conservador, el cual él profesa. Erdogan no es una persona desequilibrada o un megalómano empedernido, sino que es la expresión viva de liderazgos mundiales que utilizan los argumentos más reaccionarios y chovinistas para convencer a sectores importantes de la población de que él –ante la decadencia planetaria- es la única salvación.
Un ejemplo de esto es su obsesión por calificar cualquier expresión opositora como “terrorismo”. Para esto, Erdogan usa al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), la organización política-militar que tiene más de cuarenta años y se convirtió en la verdadera piedra en el zapato del presidente turco. Liderada por Abdullah Öcalan –encarcelado desde 1999 en la isla-prisión de Imrali-, en la década de 1990 el PKK actualizó sus ideas y dejó de exigir la creación de un Estado-Nación kurdo. Desde entonces, su propuesta es conocida como “confederalismo democrático” y tiene como ejes centrales crear autonomías dentro de los países donde están los kurdos (además de Turquía, en Siria, Irak e Irán), impulsar el empoderamiento de las mujeres, construir una sociedad comunitaria y ecológica, y apostar por una economía basada en el cooperativismo. Para Erdogan, y para buena parte del Estado profundo turco, la ideología actual del PKK es mucho más peligrosa que sus creencias originarias en el marxismo-leninismo clásico.
Con el objetivo de extender su presidencia hasta 2028, Erdogan no vaciló en aliarse con el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP, por sus siglas originales), la organización de ultraderecha dirigida por Devlet Bahçeli. La alianza AKP-MHP dio sus frutos, ya que le permitió al gobierno avanzar en la aplicación de políticas represivas y en sostenerse en el poder, pese a la crisis económica que vive el país, con una inflación que desde el Ejecutivo nadie quiere o puede detener. Según datos del mes pasado, la inflación anual acumulada en los precios al consumidor llegó al 83,5%, una cifra que no se veía desde mediados de 1998.
Otro punto que el gobierno no deja de lado es el control o, más bien, la supresión de medios de comunicación que no responden a la línea oficial. El martes de esta semana, la policía arrestó a once periodistas kurdos en operativos simultáneos contra varios medios. La orden fue dada por la Fiscalía General de Ankara, que no se privó de imponer una prohibición de 24 horas a los abogados para que no puedan hablar con sus defendidos. Una de las periodistas detenidas, Berivan Altan, de la agencia de noticias Mezopotamya, pudo enviar un mensaje desde su celda, en el cual denunció que fue esposada por la espalda y maltratada. Otra agencia de noticias kurda, ANF, informó que Diren Yurtsever, directora editorial de Mezopotamya, fue apresada en su departamento en Estambul, en donde la policía se llevó libros, revistas y periódicos como “evidencia”. Los agentes de seguridad les dijeron a los vecinos de Yurtsever que estaban en el lugar buscando a una “terrorista”. Cuando pudo hablar con su abogado, la periodista contó que en el traslado policial fue insultada y sufrió amenazas sexistas por parte de los uniformados. También relató que al realizarle un chequeo médico en un hospital -algo común en Turquía después de los arrestos-, un policía la llamó “terrorista estudiada” y otro uniformado le espetó: “Hablás de violencia psicológica, pero ahora comenzará la tortura física”.
A principio de octubre, la Asociación de Periodistas Dicle Firat (APDF) publicó un informe sobre las violaciones a los derechos de los y las trabajadoras de prensa durante el mes de septiembre. En el informe se detalló que setenta y dos periodistas se encuentran tras las rejas, en su mayoría por acusaciones de “apoyo al terrorismo” que, en el lenguaje de Erdogan, es tener como mínimo simpatía por la causa kurda.
Con este panorama como telón de fondo, el gobierno turco sigue apostando a una política exterior de pragmatismo diplomático y despliegue militar focalizado. Pero, sobre todo, Erdogan tiene muy en claro que la fuerza de la extorsión le permite impunidad para sus travesías más allá de las fronteras turcas. En la actualidad, el Estado turco ocupa varias regiones del Kurdistán sirio (Rojava, norte de Siria), bombardea de forma continua –y en muchas ocasiones con armamento prohibido por la legislación internacional- Bashur (Kurdistán iraquí, norte de Irak) y sostiene la política guerrerista de Azerbaiyán contra Armenia y Nagorno Karabaj. Como si fuera poco, le vende drones a Ucrania al mismo tiempo que el presidente turco es un interlocutor privilegiado de Vladimir Putin. De esta manera, Erdogan se presenta como un “mediador responsable” para el conflicto bélico más importante y destructivo que hoy en día sufre el mundo entero. Además, el líder del AKP mantiene una amenaza permanente hacia la Unión Europea (UE) por el tema de los y las refugiadas. Aunque el bloque europeo paga sumas millonarias para que Turquía retenga a los y las desplazadas, sobre todo de Siria, el As en la manga de Erdogan es abrir las puertas de las fronteras si los pagos no llegan a tiempo o si los líderes de la UE se exceden en sus críticas por las permanentes violaciones a los derechos humanos en Turquía.
Como segundo ejército más grande dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Turquía de Erdogan tiene muchas fichas de ganadora. Las presiones a Suecia y Finlandia para que extraditen a kurdos que viven en esos países a cambio del ingreso de ambas naciones a la organización militar multilateral les dieron buenos resultados. Y mostraron también la impunidad internacional que ostenta el presidente turco.
Aunque a primera vista Erdogan parezca intocable, desde el sudeste del país se siente cada vez más la presión del pueblo kurdo, que se niega a desaparecer. A esto hay que sumar el malestar generalizado por la situación económica crítica en todo el territorio. Los comicios presidenciales en 2023 parecen lejanos, pero ya se están definiendo en las calles de Turquía, y en especial, en la región kurda del país.
