La prolongada crisis económica argentina erosiona el capital político de la coalición gobernante y, a meses de cumplirse tres años de mandato, el Frente de Todos transita por un camino farragoso. La escalada inflacionaria, las corridas sobre el tipo de cambio oficial y la negativa de sectores del agro a liquidar la cosecha compromete las arcas del Banco Central, virtualmente jaqueado por la escasez de reservas en moneda extranjera y una deuda en pesos que roza niveles históricos. He aquí el nudo gordiano de la crisis. Pero si la legitimidad del gobierno se licua a través de operaciones especulativas de mercado es porque la incapacidad del oficialismo para responder satisfactoriamente profundiza el descontento de su base social de apoyo. En el actual estado de cosas, la frase de que “lo primero va a ser atender a las necesidades de los más desprotegidos” resulta un tanto cara al autor de aquellas palabras.
El triunfo electoral sobre Cambiemos se fundó en la promesa de recomposición salarial y en la moderación de los precios al consumidor bajo el precepto de estimular la actividad del mercado interno. Contrariamente, según estadísticas de consultoras privadas y el propio INDEC, los últimos cuatro meses arrastran un incremento de precios por encima del 5%, mientras que el salario no logra recuperar lo perdido durante el gobierno de Macri. Con una cifra cercana a los $40000, el Salario Mínimo, Vital y Móvil se ubica 7% por debajo de los niveles del último año de gobierno cambiemista.
Debido a la velocidad que el conflicto le imprime a los hechos y los cambios repentinos para salir del atolladero, parece cosa del pasado, pero las críticas que varios sectores del FdT hicieron sobre el desempeño del Ministerio de Economía saliente, Martín Guzmán, también se vincularon a la cuestión salarial, los precios, y, especialmente, el control de divisas.
Sin embargo, no todas son pálidas cuando se recuerda al discípulo de Stiglitz. A pesar que la salida intempestiva desgastó su credibilidad, algunos pasajes en la carta de renuncia parecen haber resonado en las decisiones actuales del gobierno:
“Desde la experiencia que he vivido, considero que será primordial que se trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace, que tendrá por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances descritos y hacer frente a los desafíos por delante”.
Este contexto complejo es la condición de posibilidad del drástico cambio que diseñó el gobierno en su organigrama. Tras el fugaz paso de Silvina Batakis, con el arribo de Sergio Massa a un Ministerio de Economía que subsume en su órbita a Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, además de facultarlo para negociar con organismos bilaterales de crédito y el FMI, se configura una forma singular en el ejercicio del poder.
Durante esta semana se han barajado varias hipótesis sobre cómo quedó distribuida esta cuestión dentro del oficialismo, o para utilizar una metáfora que goza de popularidad, quién tiene realmente la lapicera. No hay que descartar completamente el rol que desempeña Alberto Fernández, pero la salida de algunos funcionarios como Matías Kulfas, Martín Guzmán y Gustavo Béliz debilitaron mucho la fracción que procura conducir. Cabe agregar que la agenda presidencial desde la designación del superministro corrobora una de las tantas teorías debatidas, al menos aquella cuya intención no es golpear al gobierno para debilitarlo y favorecer a su contendiente en la competencia electoral que se avecina.
En concreto, Argentina se encuentra en un escenario muy parecido al de los países europeos dónde las decisiones operativas recaen sobre un Primer Ministro plenipotenciario mientras que el Presidente se ocupa de los actos de protocolo, las recorridas por el interior, la rubricación de acuerdos y asuntos de política internacional. En un país con fuerte tradición presidencialista, la construcción de un “superministro” es el síntoma de una crisis de la que se intenta salir colocando a una figura cuyo caudal político y liderazgo recupere, en palabras de Massa, “la responsabilidad como administradores”.
El Pacto Social
El 10 de Mayo del 2019 cuando Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro “Sinceramente” aprovechó la ocasión para hacer dos anuncios de envergadura. El primero es una historia conocida. Ungió a Alberto Fernández como candidato presidenciable en una fórmula que la colocaba en el lugar de la vicepresidencia. Lógicamente, aquella decisión concitó la atención de propios y extraños por varios motivos que ya se han discutido hasta el hartazgo.
Lo que tuvo menos repercusión, aunque no por ello trascendencia, es la propuesta sobre la concreción de un Pacto Social capaz de concertar acuerdos básicos en torno a precios de mercado, paritarias, niveles de ganancia empresarial y facilidades de inversión para la producción: “Un contrato social de todos los argentinos y todas las argentinas. Con metas verificables, cuantificables, exigibles”, disparó.
La importancia de revisar la cuestión del Pacto Social es oportuna para comprender los debates sobre el régimen de acumulación que aloja en su interior el FdT. Las diferencias se han manifestado públicamente, algunas más espectaculares que otras, en twitter o en off, a veces, en la misma conferencia que reunía a los principales dirigentes del gobierno. Indistintamente, lo que se intenta puntualizar en este artículo es que sí durante la cogestión de Gúzman y Kulfas la propuesta de un acuerdo social y sus interpretaciones de las variables macroeconómicas tuvo poca caladura, con Sergio Massa y el nuevo escenario la propuesta pierde cualquier tipo de posibilidad de instrumentación.
La idea de un acuerdo funde sus raíces en la historia de la política económica del país. En esta revista se puede consultar un artículo de Leandro Sowter sobre el Pacto Social de 1973 catalogado como “El último intento de una planificación consensuada”.
Al efecto de nuestra explicación, haremos un repaso breve. Sowter desarrolla la naturaleza de aquel experimento con precisión: “El Pacto Social, vigente entre mayo de 1973 y octubre de 1974, bajo la conducción económica de Gelbard, buscaba responder a dos grandes problemas. En el corto plazo, atender la crisis económica heredada del gobierno de Lanusse, signada por una inflación del 60%, caída de los salarios reales, desempleo, reservas del Banco Central por el piso y una balanza comercial a penas positiva. Más estructuralmente, se buscaba resolver las recurrentes crisis cíclicas de stop and go, típicas del modelo sustitutivo industrial y que ponían de relieve el problema de la restricción externa generada por la insuficiencia de divisas”.
El plan de Gelbard buscaba atacar la inflación y su efecto de apreciación cambiaria. Para ello se decidió un aumento salarial del 20%, se le exigió al empresariado no trasladar ese incremento a precios, y se congelaron salarios y precios por el plazo perentorio de dos años. No obstante, en octubre de 1973 la crisis del petróleo incrementó los costos empresariales obligando al gobierno a flexibilizar el congelamiento que había pactado. Si bien diseñó mecanismos compensatorios para las empresas, el sostenimiento del tipo de cambio fijo arrastró a una devaluación que llegaría dos años después.
Durante su presentación en la Feria del Libro, CFK trazó un paralelismo entre el escenario del primer lustro de los 70 y la actualidad. Eligió dos recuerdos que en rigor dicen más sobre las diatribas actuales que los episodios rememorados. Un elogio al ministro José Ber Gelbar por su performance empresarial y un gesto de disciplinamiento de Perón al empresariado: “Yo me acuerdo del pacto social de Perón y Ber Gelbard, un gran dirigente empresario, nos hacen también falta empresarios de esta magnitud. Nos hacen falta dirigentes empresarios que piensen a la empresa como un instrumento de desarrollo del país y no solamente como un instrumento de su desarrollo persona”. A continuación agregó: “hubo otro Perón que habló por la radio esa mañana denunciando que no se estaba cumpliendo el acuerdo social, denunciando que había especuladores que medraban con la miseria y con el hambre del pueblo y que él había venido a contribuir a la Patria pero que si estas conductas, de agiotismo, continuaban él estaba dispuesto a renunciar”.
En las últimas semanas un documento elaborado por el Centro de Investigación y Formación de la CTA (CIFRA), y el área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), bajo el nombre de “La distribución del ingreso en su etapa actual” ofrece cifras reveladoras sobre la actitud empresarial en la crisis en curso.
Para los investigadores la base de la aceleración inflacionaria descansa en la alta rentabilidad de las empresas industriales y comerciales que durante los últimos cuatro años han incrementado su participación en el ingreso en detrimento del protagonismo de los trabajadores.
En el trabajo se detalla que el declive de los salarios asume características particulares durante la gestión actual. Mientras que la productividad empresarial crece superando niveles previos, entre 2018-2021 los salarios en la industria caen estrepitosamente. Por ejemplo, en 2021, la economía se expandió al 10,4%. A la industria le correspondió un crecimiento del 15,8%, pero el proceso inflacionario se comió el 6,5% de los salarios reales.
En lo que al comercio mayorista y minorista respecta la curva se atenúa, pero la tendencia no es muy diferente. La productividad se incrementa 5,9% en los dos últimos años, pero los salarios caen en -35,8% (2017-2021).
Algunos analistas del documento sugieren que la transferencia de recursos del trabajo al capital es cercana a 4,1 billones de pesos. La recuperación de los márgenes patronales de ganancia en la industria y el comercio rondan el 15,5% y 8,2% respectivamente. Asimismo los precios industriales subieron 46% y los del comercio 35,4%.
Mostrar el trabajo de FLACSO y CIFRA tiene sentido para esclarecer algunos puntos de esta visión compartida por un sector de la coalición gobernante y la experiencia histórica del plan Gelbard. Por un lado, el orígen de la inflación se vincula al traslado de los costos hacia los precios, allí se desenvuelve la puja distributiva donde se consuma la transferencia de recursos del trabajo al capital. La remanida frase de que la inflación genera pobreza está en boca de casi todos los dirigentes pero distinto es el diagnóstico sobre sus orígenes, y todavía más, la forma de contrarrestarla.
Por otra parte, el déficit fiscal primario es el resultado de la dolarización de excedentes. Cuando la balanza comercial tiene superávit, la corrida hacia la moneda extranjera es el resultado de la sustracción de ganancias de la economía doméstica. Cuando se han producido altos niveles de endeudamiento, la formación de activos se da en el mercado de capitales internacionales.
Naturalmente, los disparadores económicos y políticos de las corridas son diferentes. En todo caso, el factor financiero que las unifica, como señala Alfredo Zaiat, “es la existencia de tasas de interés en pesos negativas en relación a la evolución de la tasa de inflación y, en consecuencia, de la expectativa de devaluación”.
El orden fiscal
Lejos de la promesa de un Pacto Social capaz de consensuar precios, salarios y redistribuir las ganancias empresariales en un contexto internacional favorable para la comercialización de materias primas, la orientación actual parece inclinarse a responder a las presiones del mercado, en especial a compartir su diagnóstico sobre los motivos que desencadenan la crisis y al convencimiento de que solo se puede reponer la gobernabilidad a través de concesiones a sectores privilegiados de la estructura productiva y financiera.
Es cierto que la coyuntura está a la zaga del escenario post triunfo electoral, al menos en lo relativo al poder de fuego del gobierno. El analista financiero y columnista de Ámbito, Christian Buteler utilizó una figura un tanto simpática aunque esclarecedora de la forma en la que llegamos al escenario actual: “Esto es como una matrioshka, restricciones tras restricciones que se fueron apilando”. La posición de Sergio Massa no es fácil con vistas a su futuro político; la encrucijada que enfrenta puede maximizar sus posibilidades o dinamitar completamente su capital. Su suerte difícilmente sea la de los sectores populares.
El ordenamiento fiscal en la jerga de economistas se traduce como un equilibrio de las cuentas públicas. En términos coloquiales suele expresarse como “no gastar más de lo que se tiene”. El flamante ministro prefirió expresarlo como “la doble cara de Argentina. Crece al 6% anual, pero tiene una enorme falta de confianza en su moneda, desorden del gasto, brechas de inversión pública y una enorme injusticia en la distribución del ingreso”.
Ya se ha dicho antes, pero vale la pena reiterarlo. La resonancia sobre el enfoque actual en la renuncia de Guzmán es algo mayor que su descrédito: “Es muy importante notar el crecimiento de la generación de divisas del país. ¿Por qué? Porque si el crecimiento económico no viene acompañado de generación de divisas, terminamos teniendo problemas cambiarios, que redundan en contracciones de la actividad, el empleo y en presiones inflacionarias. Y todo ello genera angustias sociales en lugar de tranquilidad”.
En el equipo de Massa el camino elegido está claro. Ninguna política de estabilización podrá realizarse si no se coloca como prioridad la recomposición de reservas del BCRA. El programa en marcha tendrá cuatro soportes o principios: fortalecimiento de reservas a través de un adelanto de exportaciones equivalente a los 5000 millones de dólares y el financiamiento por la vía de bancos y organismos de crédito; celoso control del gasto público enmarcado en la meta fiscal del 2,5 establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario; sostenimiento del superávit comercial mediante estímulos productivos, créditos a tasas promocionales, transparencia en el uso de divisas y denuncias de triangulación de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones; finalmente desarrollo con inclusión sostenida.
En cuanto al adelanto de los 5000 millones se rubricará la medida que semanas atrás había sancionado la entidad monetaria. A los productores de soja que se plieguen al compromiso establecido por el gobierno se los premiará con la posibilidad de dolarizar el 20% del valor de los granos entregados a los exportadores. Asimismo lo que resta de la cosecha podrá ser colocado en una cuenta bancaria en pesos cuya actualización dependerá del tipo de cambio oficial.
Esta medida busca destrabar la retención de soja y persuadir a las entidades patronales del agro, especialmente Confederaciones Rurales (CRA) y Sociedad Rural (SRA), para las que el incentivo no había parecido razonable. «Firmamos un acuerdo con diferentes sectores que nos compromete mutuamente en la liquidación de exportaciones. Tuvimos varias reuniones, que empezaron hace algunos días, y tenemos la certeza de que el proceso de liquidación, tal como se estableció, va a garantizar ese ingreso de 5000 millones de dólares en los próximos 60 días», aclaró el tigrense, desmarcándose del tono que había utilizado Alberto Fernández cuando se anunció la medida: “Los especuladores no me torcerán el brazo”, advirtió efusivamente generando desconcierto.
La decisión sobre el sector más dinámico de la economía abre algunos interrogantes. ¿El incremento en el tipo de cambio para hacerlo más “competitivo” no traería aparejado un efecto inflacionario? Si el diagnóstico del problema consigna que la brecha cambiaria resulta perjudicial para el poder adquisitivo de trabajadores formales e informales ¿cómo se haría luego para reducirla? En un portal dominical responden atinadamente a ese cuestionamiento: “Con una mayor devaluación del tipo de cambio oficial que también tendría un impacto inflacionario”.
Massa sin embargo descartó la posibilidad de shocks devaluatorios y aseguró que “la inflación es la máxima fábrica de pobreza que puede tener cualquier país”. Entonces ¿qué medidas de incentivo al ingreso popular acompañarán esta decisión? Los interrogantes siguen abiertos.
En esta línea de fortalecimiento de divisas también se computa la medida de las denuncias a los casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Según el anuncio, quienes cometan faltas serán denunciados en la justicia Argentina y en la unidad antilavado de Estados Unidos. «Vamos a controlar abusos en importaciones, hemos detectado maniobras de abuso por parte de empresas mediante el mecanismo de triangulación, es decir que se apropiaban de los dólares que muchas veces las empresas piden para máquinas o los ciudadanos piden para medicamentos o equipos de salud», afirmó con seguridad Massa.
Una sóla línea es curiosa en la explicación: “Vamos a abrir un registro para que durante 60 días rectifiquen su posición frente a la Aduana tal vez entendiendo que, a lo mejor, cometieron simplemente un error”. En un momento de zozobra no es bueno hacer cundir el pánico, pero con el antecedente de una empresa santafesina que comercializaba granos fraguando los registros contables desde una de sus oficinas en Paraguay para evadir impuestos es difícil creer que se trata de un simple error.
Un capítulo especial merece la cuestión del déficit fiscal. Desde el púlpito del Palacio de Hacienda Massa dejó en claro que se ratifica la meta de 2,5%. La condición de disponer de reservas, según los tenedores de dólares, es justamente respetar con mucho celo la meta.Para garantizar esta marca se proponen al menos tres medidas cuya naturaleza es de austeridad. Al 29 de julio, según el sitio chequeado.com, el BCRA llevaba girados $ 630.051 millones superando la meta de $613.300 fijada por el Fondo para el tercer trimestre. Debido a ello se confirmó que no habrá más anticipos transitorios del Banco Central y que el Tesoro devolverá $10.000 millones al BCRA.
Otra medida será la segmentación de tarifas. Las personas que hasta el momento no se han anotado en el subsidio ya no tendrán posibilidades de hacerlo. El primer corte alcanza a un universo de cuatro millones y medio de personas que no lo solicitaron. No obstante, 9 millones sí lo hicieron. Para este segmento, la novedad será el tope de consumo. Aunque sólo en el caso de la luz (hasta 400 kWh/mes en electricidad) se detalló, se incluirá a partir de septiembre el servicio de agua y gas .
Por último se anunció el congelamiento para la planta del estado en todos los sectores de la administración pública nacional centralizada. Se aclaró que cada jurisdicción se hará cargo de las empresas descentralizadas y que deberán presentar una declaración jurada mes a mes, la cual se publicará a través del INDEC, responsable del seguimiento de las declaraciones de cada jurisdicción.
