A raíz de la arbitraria detención de Milagro Sala (y ahora la de su esposo Raúl Noro), de la persecución de dirigentes y activistas de la organización social Túpac Amaru, y de la violenta represión de los trabajadores del ingenio Ledesma, el gobierno de Gerardo Morales ha sido comparado con las dictaduras militares. Pero a la luz del arbitrario e ilegal manejo del Poder Judicial local, por momentos trae reminiscencias de los tiempos del contubernio y la Década Infame.
Estas analogías son indisimulables, pero hay algo más detrás de la represión y la persecución política y gremial, algo más allá de la desvergonzada utilización del Poder Judicial como penúltimo recurso de los regímenes oligárquicos. Y ese algo más es particularmente siniestro, pues nos remite a tiempos a la vez gloriosos y aciagos de nuestras luchas por la independencia, cuando por detrás de la guerra, con inusitada crueldad una clase social desnudaba su odio político y su desprecio racial.
Vienen a cuento algunos sucesos que tuvieron lugar en el norte argentino y la actual Bolivia cuando, hace 200 años, un pequeño grupo de diputados procedentes de algunas villas y provincias hoy argentinas y algunas villas del Alto Perú, proclamaban la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica
[edgtf_custom_font content_custom_font=»La sublevación del Alto Perú» custom_font_tag=»h5″ font_family=»» font_size=»» line_height=»» font_style=»normal» text_align=»left» font_weight=»» color=»» text_decoration=»none» letter_spacing=»»]
Por más que haya quienes, de Cornelio Saavedra en adelante, insistan en que el “terrorismo” de Juan José Castelli enajenó el apoyo del Alto Perú a la revolución que, triunfante en Buenos Aires, se había iniciado un año antes precisamente en Chuquisaca y La Paz, la causa antiabsolutista siguió gozando de gran popularidad entre la mayor parte de los criollos y, muy especialmente, las masas indígenas del actual territorio de Bolivia. Cumpliendo órdenes de la junta de Buenos Aires, el 15 de diciembre de 1810 Castelli había ordenado fusilar en Potosí al mariscal Vicente Nieto (gobernador presidente de la Audiencia de Charcas), a Francisco de Paula Sanz (intendente de Potosí) y al capitán de navío Córdoba y Rojas, responsables de la sangrienta represión y ejecución de los líderes de la revolución de La Paz de 1809. El acto, que no hacía más que continuar con la política de “guerra a muerte” seguida por las tropas absolutistas, le granjeó la enemistad de las clases acomodadas de la región, no así las de la masa popular.
No se trató de una invasión, como se la quiso presentar con posterioridad: la marcha del improvisado ejército patriota fue precedida y facilitada por diversas insurrecciones, como la que el 14 de septiembre había tenido lugar en Cochabamba liderada por Francisco del Rivero y la que el día 24 tomó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde un cabildo abierto formó una junta de gobierno; pocos días después, el 6 de octubre, la ciudad de Oruro se pronunciaba adhiriendo a la Junta de Buenos Aires. El 14 de octubre, cuando el ejército patriota todavía se encontraba en Yavi, al norte de Jujuy, las milicias de Oruro derrotaban a los 1500 soldados realistas al mando de Fermín Piérola, envidados a reprimirlos. En su retirada hacia La Paz, Piérola había intentado resistir en el pueblo de Sicasica, pero los vecinos se lo impidieron. El 19 de noviembre una división enviada por Rivero entraba en la ciudad de La Paz y días antes, el 13, otra división había ocupado Chuquisaca. Recién un mes después, el 27 de diciembre, llegarían Castelli, Balcarce y 400 soldados de la vanguardia de la expedición auxiliadora.
Las posteriores derrotas de las fuerzas patriotas se debieron a las disensiones internas, la ineptitud de la conducción militar y el inferior armamento de las tropas, pero no a la falta de apoyo popular. Es más, fue desde esos momentos y muy especialmente tras el levantamiento en la sierra peruana del cacique Mateo Pumacahua, que los ejércitos realistas se ensañaron muy especialmente contra los cada vez más numerosos quechuas y aymaras que se sumaban a las fuerzas revolucionarias.
[edgtf_custom_font content_custom_font=»El cerco a La Paz» custom_font_tag=»h5″ font_family=»» font_size=»» line_height=»» font_style=»normal» text_align=»left» font_weight=»» color=»» text_decoration=»none» letter_spacing=»»]
Tras la primera gran derrota de las fuerzas patriotas, sorprendidas el 20 de junio de 1811 en Huaqui por un poderoso ejército, y atribuida por Cornelio Saavedra al extremismo de Castelli, el jefe realista José Manuel Goyeneche volvió a vencer el 13 de agosto a Díaz Vélez en la batalla de Amiraya y se apoderó de La Paz y Chuquisaca, mientras los restos del ejército patriota conseguían llegar a Salta.
En una suerte de demostración de que no era acertado el juicio de Saavedra, entre el 14 de agosto y el 14 de octubre la ciudad de La Paz fue asediada por entre 15 y 19 mil indígenas conducidos por el jefe revolucionario Juan Manuel Cáceres, los curacas Titicocha, Santos Limachi, Vicente Choque, Pascual Quispe y el cura Jiménez Manco Capac, quienes habían elaborado un programa de doce puntos suprimiendo el tributo indígena, la mita y el yanaconazgo, mientras establecía el reparto de las tierras pertenecientes a los españoles.
Cáceres cercó la ciudad e intentó tomarla numerosas veces, lo que no consiguió, no obstante haber recibido el refuerzo de cinco mil indios conducidos por Esteban Arze, hasta ser desalojado por la llegada de un ejército realista.
Desde entonces, dos expediciones patriotas habían fracasado en el Alto Perú y, tras el desastre de Sipe Sipe, el 29 de noviembre de 1815, el destrozado Ejército del Norte llegaba a Jujuy y pronto retrocedería hasta Tucumán, mientras las tropas de Joaquín de la Pezuela estaban ya en la quebrada de Humahuaca, donde eran a duras penas contenidas, entre otras, por las montoneras de Juan José Fernández Campero, marqués de Yavi, comandante de la Puna bajo las órdenes de su primo Martín Güemes.
¿Cómo fue entonces que las localidades de Chichas (Potosí), Mizque (Cochabamba) y Chuquisaca pudieron enviar diputados al congreso?
[edgtf_custom_font content_custom_font=»Las republiquetas» custom_font_tag=»h5″ font_family=»» font_size=»» line_height=»» font_style=»normal» text_align=»left» font_weight=»» color=»» text_decoration=»none» letter_spacing=»»]
El de Güemes no fue el único “ejército gaucho”. Varias montoneras y grupos guerrilleros (llamados “republiquetas”) resistieron el dominio realista sobre el Alto Perú e impidieron, no siempre exitosamente, su avance sobre Jujuy y Salta: la seguramente más recordada en la actualidad fue la que comandada por Manuel Ascencio Padilla y su esposa Juana Azurduy, resistía desde 1809 al norte del departamento de Chuquisaca, con centro en el pueblo de La Laguna. No obstante el destrato recibido por parte de Rondeau, Padilla se mantuvo activo hasta su muerte ocurrida el 14 de septiembre de 1816. Pero mayor tamaño y significación tenían la de Santa Cruz de la Sierra, donde Ignacio Warnes había sido designado gobernador, la que con epicentro en Mizque y Vallegrande conducía Juan Antonio Álvarez de Arenales, el vencedor de La Florida, comandante supremo de todos los grupos guerrilleros del Alto Perú, y la de Larecaja, que operaba a las orillas del lago Titicaca acaudillada por el sacerdote tucumano Ildefonso Escolástico de las Muñecas.
Sobreviviente de la revolución de La Paz de 1909, donde le fue perdonada la vida en razón de su investidura, y de la sangrienta batalla de Umachiri, tras la que fueron ejecutados todos los jefes quechuas, incluido Mateo Pumacahua, el cura se había instalado en la otra orilla del lago Titicaca, donde llegó a reunir varios miles de combatientes, pero apenas armados con palos y hondas. Desde Larecaja, Muñecas envió varias pequeñas expediciones sobre La Paz, a la que también hostigaba la “División de los Aguerridos” de José Miguel Lanza, otro sobreviviente de la Junta de La Paz y líder de la invicta republiqueta de Ayopaya, que resistiría hasta la llegada de Sucre a La Paz, en 1825.
En la zona de Tarija, entre los ríos Grande y Pilcomayo, actuaban Eustaquio Méndez, Francisco Pérez de Uriondo y José María Avilés, mientras desde Cinti, en el actual departamento de Chuquisaca, las montoneras del curaca aymara Vicente Camargo amenazaban la fortaleza realista de Cotagaita, en Porco y Colpa, José Manuel Zárate y Miguel Betanzos cortaban las comunicaciones entre Potosí, Oruro, Chuquisaca y Cochabamba, en Azero el grupo guerrillero era liderado por el “semisalvaje, feroz, astuto y desconfiado” Vicente Umaña y las selvas de Santa Cruz eran dominadas por el jefe guaraní Pedro Cumbay.
[edgtf_custom_font content_custom_font=»Un año fatídico» custom_font_tag=»h5″ font_family=»» font_size=»» line_height=»» font_style=»normal» text_align=»left» font_weight=»» color=»» text_decoration=»none» letter_spacing=»»]
No obstante el enorme apoyo popular con que contaba el Ejército del Norte, la impericia de sus jefes y los “hechos y lubricios” que Padilla le echaría en cara a Rondeau, lo llevaron a una completa derrota en la batalla de Sipe-Sipe, tras la que debió replegarse, dejando a las republiquetas y sus jefes guerrilleros librados a su suerte.
El 27 de febrero de 1816 los ejércitos realistas derrotarían al más numeroso pero mucho peor armado ejército de Larecasa. Todos los prisioneros fueron ejecutados, entre ellos el segundo de Muñecas, Juan Crisóstomo Esquivel; pero, una vez más, el cura lograría escabullirse, hasta ser capturado poco después. Su condición sacerdotal lo libró de la ejecución y por orden de Pezuela, fue trasladado a las Casamatas del Callao, donde jamás llegaría: en julio de 1816, desde el frente de combate, Fernández Campero, diputado por Chichas, coronel guerrillero y marqués de Yavi, comunicaría al Congreso que, en la ribera del río Desaguadero, el cura Muñecas había sido asesinado junto a sus acompañantes en un falso intento de fuga fraguado por sus captores.
Poco antes, Fernández Campero había informado que en Cinti, el 3 de abril de 1816, tras una horrenda carnicería, el caudillo Vicente Camargo era capturado y degollado en persona por el comandante español Buenaventura Centeno. Luego de eso, más de 500 patriotas fueron torturados y murieron frente al pelotón de fusilamiento en la denominada masacre de Arpaja. La cabeza de Camargo fue enviada como trofeo de guerra al general Pezuela, quien ordenó colocarla en la plaza de Cotagaita, mientras sus brazos, piernas, pies y manos fueron expuestas en diferentes puntos del camino desde Arpaja y a lo largo del río a Cotagaita.
Pero no le fue mejor al comandante de la Puna: derrotado en la batalla de Yavi el 15 de noviembre de 1816, Fernández Campero fue tomado prisionero por los realistas. Bárbaramente maltratado, tras ser recluido cuatro años en la fortaleza del Callao, no pudo sobrevivir al largo viaje rumbo a la prisión que lo aguardaba en España y en 1820 falleció de paso por Jamaica.
Junto con Fernández Campero, los realistas tomaron prisioneros a treinta seis oficiales y otros trescientos cuarenta combatientes, entre los que Diego Cala fue asesinado de inmediato por ser de “raza indígena”.
Los habitantes de Yavi fueron trasladados en masa hasta Potosí, donde más de cuarenta de ellos, incluidos mujeres y niños, fueron degollados el 6 de enero de 1817 por el mismo “delito” que el comandante Cala.
Durante ese fatídico 1816, Manuel Ascensio Padilla era capturado tras la batalla de Laguna y ejecutado por el coronel absolutista Francisco Javier Aguilera, quien ordenó que su cabeza fuera colocada en una pica en la plaza de La Laguna, donde permanecería varios meses, hasta ser rescatada por los guerrilleros comandados por su viuda Juana Azurduy.
El 21 de noviembre, tras la batalla de Pari, el mismo Aguilera entraría en Santa Cruz con la cabeza de Ignacio Warnes en la punta de una pica, para de inmediato asesinar a más de 900 indígenas como castigo por su adhesión a la causa patriota. Lógico: encima de indios, retobados.
Hasta donde se sabe, ninguno de esos asesinos se llamaba Gerardo Morales, pero no nos hubiera extrañado en lo más mínimo.
