Arriba los salarios, abajo la reforma

Se endurece el conflicto de los docentes jujeños con el gobierno y continúa el paro por tiempo indeterminado. Es la medida de fuerza más grande desde que el gobernador Gerardo Morales llegó al poder en diciembre de 2015.

El conflicto salarial docente en la provincia de Jujuy comenzó el pasado 5 de junio y continúa su segunda semana de reclamos con un paro por tiempo indeterminado y masivas movilizaciones en la capital provincial y principales localidades del interior.

Esta es la medida de fuerza más grande de los trabajadores de la Educación desde que el gobernador Gerardo Morales llegó al poder en diciembre de 2015.

Con este panorama inquietante afloraron tres factores claves: la inflación que licuó los sueldos de los trabajadores estatales, el cierre permanente de una mesa de negociación salarial, y la reforma de la Constitución que se lleva adelante en la provincia.

La Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) y el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) son las centrales sindicales que lideran las manifestaciones y asambleas zonales con el fin de vigorizar la «lucha salarial» de maestros y profesores jujeños.

A esto, ADEP y CEDEMS recibieron el respaldo de la Central de Educadores de Argentina (CEA) y de la CTERA para el pedido de apertura de paritarias al Gobierno. A la par, rechazaron la primera oferta salarial de un 10% de aumento y marcaron su desacuerdo a la reforma constitucional de Jujuy, que busca criminalizar la protesta social.

Justamente, dentro del proyecto de la reforma de la Constitución se encuentra un artículo muy cuestionado con relación a las manifestaciones políticas y sociales, por lo que los gremios docentes criticaron duramente al actual oficialismo radical por el intento de «restringir el derecho constitucional de protesta y huelga» en Jujuy.

Como consecuencia de esa disputa, convocaron el último viernes a los docentes para una «marcha de las antorchas», la cual se completó con el pleno apoyo de otras centrales sindicales y gremiales locales y nacionales. Más de 20.000 personas participaron de esa medida de protesta, que además rompió definitivamente el blindaje mediático que tenía el Gobierno jujeño.

A contraparte, se conoció el decreto 8464 que lleva la firma de Gerardo Morales para avanzar sobre la criminalización de la protesta, ya que autoriza la represión policial, la intervención de la justicia penal, multa a quienes corten calles o permanezcan en espacios públicos por protesta, y en el caso de ser empleados públicos (ya sean docentes, estatales y municipales) podrán ser cesanteados.

El decreto del aspirante presidencial por la UCR derivó en una denuncia de la CTA de los Trabajadores ante la OIT «por violación a los convenios internacionales» y cosechó el repudio de partidos políticos de izquierda y de organizaciones sociales.

Lo que señala el polémico decreto «antimarchas»

El decreto 8464 que se publicó en el Boletín Oficial jujeño y que modifica el artículo 113 de la Ley N° 5860 “Código Contravencional de la Provincia de Jujuy”, señala en su artículo 1º que «serán sancionados con hasta mil unidades de multa quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos».

«Nos quieren someter a salarios de la miseria»

El ministro de Hacienda y gobernador electo de Jujuy, Carlos Sadir, es el que encabeza la negociación para destrabar el conflicto docente que atraviesa su segunda semana, porque Gerardo Morales se encuentra en plena campaña electoral dentro de la interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional.

En esa noche de las «antorchas», las secretarías generales de ADEP y CEDEMS, Silvia Vélez y Mercedes Sosa, fueron citadas a la Casa de Gobierno. Allí conocieron el último ofrecimiento consistente en un piso salarial de 179 mil pesos, un aumento del 10% al salario básico, la inclusión de ítems bonificables y no bonificables al básico, un adicional de 7 mil pesos por título profesional y premio por presentismo laboral.

Con esos datos formalizaron durante el fin de semana diferentes asambleas zonales en la región y un congreso provincial donde el grueso de los maestros y profesores votaron por la «negativa» a la oferta de Sadir y la continuidad del paro por tiempo indeterminado.

En respuesta a esto, el Gobierno provincial emitió una solicitada que fue publicada en los medios de comunicación afines y en redes sociales marcando que los aumentos salariales otorgados en el presente año a los docentes acompañan «la inflación» y superan «la pauta nacional».

«Es falso que estemos recibiendo un 40% por encima de los índices inflacionarios, y como ejemplo de esto es que en la educación de nivel medio tenemos un cargo de preceptor que se toma como base para las paritarias y con los aumentos llega a un básico de 34 mil pesos», sostuvo Andrés García, prosecretario gremial del CEDEMS.

«En los recibos se sueldo se pueden ver los adicionales ‘en negro’ y el salario está muy por debajo de la canasta básica familiar», sostuvo la secretaria general de ADEP, Silvia Vélez, quien agregó que «el gobierno calcula los aumentos sobre el básico, no sobre el salario total, que es muy bajo para cualquier maestro jujeño».

«Nos quieren someter a salarios de la miseria», expresó Mercedes Sosa, secretaria general del CEDEMS, ante una nueva multitud de trabajadores que acompañó la sexta marcha de este lunes denominada «Arriba los salarios, abajo la reforma», y pidió a los docentes continuar el apoyo «hasta que el Gobierno entienda que estamos mal, que cobramos mal, que queremos mejores sueldos y mejores condiciones de trabajo. No nos vamos a ir hasta que podamos vivir de nuestro trabajo».

El temor de un efecto «espejo»

El Gobierno provincial llamó para este miércoles al resto de los gremios y sindicatos estatales a una reunión de paritaria en general.

Las centrales manifestaron públicamente su acompañamiento a la huelga docente y remarcaron que la situación es preocupante para todos los trabajadores. “Ahora (por el Gobierno) quieren hacer una reunión salarial cuando nos cerraron las puertas o no nos atendieron ni un llamado”, se quejaron.

Según señalaron voceros gubernamentales, con esto se propone establecer pautas salariales que permitan encaminar un nuevo aumento de los haberes del trabajador de la Administración Pública, “en atención a las complejidades sociales y económicas resultantes del proceso inflacionario nacional”.

En el ínterin, Morales –acompañado por Sadir— dio el martes por la mañana una conferencia de prensa donde pidió a los docentes a volver a las aula, a fin de reanudar el dictado de clases a niños y jóvenes “y evitar el descuento de días no trabajados y el presentismo”, que ronda los 20 mil pesos.

Allí el gobernador jujeño indicó que habrá «paritaria permanente» y confirmó la liquidación de los haberes de junio y aguinaldo al sector docente tomando la última propuesta salarial que contempla un piso de 179 mil pesos

A esto, anunció la derogación del polémico decreto “antimarchas”, pero reiteró que si los docentes no levantan las medidas de fuerza «se descontarán los días de huelga». Además, confirmó que su gestión seguirá adelante con la reforma constitucional.

«Acá hay un objetivo político que busca neutralizar esta reforma que va a mejorar la calidad institucional de Jujuy y que el pueblo ya ha votado», expresó el mandatario jujeño y agregó que «vamos a prohibir el corte de ruta y calles que es un delito, lo anuncié el año pasado, de modo tal que la reforma de Constitución se va a empezar a votar este miércoles».

Finalmente Morales cargó culpas contra la izquierda, el kirchnerismo y Milagro Sala al sostener que son los que quieren “generar violencia».

Las reacciones no tardaron en llegar y por la tarde en la sede central del CEDEMS, más de 15 sindicatos y gremios conformaron la denominada “Intergremial”, que ratificó la continuidad de las medidas de fuerza hasta el próximo viernes, con paro y movilización “por una verdadera recomposición salarial y para frenar la reforma de la Constitución”.

Por último, devolvieron el guante a Morales y acusaron que el gobernador describió a los docentes como pacíficos, mientras que a la conducción sindical del CEDEMS la trató de violenta, “lo que marca sus expresiones infundadas y sin sentido de la realidad por la cual estamos aquí peleado por mejores salarios”, indicaron.

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