“Cercano está el momento en que veremos si el pueblo manda,
si el pueblo ordena, si el pueblo es pueblo y no
una multitud anónima de siervos”
Jorge Eliécer Gaitán
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El Primero de Mayo fue una jornada cargada de simbolismos en Colombia. El presidente Gustavo Petro presentó ante el pueblo y ante el Congreso su propuesta de Consulta Popular a favor de los derechos laborales. Lo hizo en el Día Internacional de la clase trabadora y con imponentes movilizaciones en todo el país en su respaldo. Enarboló la espada de Bolívar desenvainada, tal como había prometido, hecho que escandalizó a la derecha. Es un gesto potente y muy sentido: hace 220 años, un joven Simón Bolívar había jurado a su maestro Simón Rodríguez, en el Monte Sacro, que esa misma espada no sería envainada hasta que su pueblo fuera liberado.
La presentación de Consulta Popular es, en sí misma, otro golpe de efecto: se trata de un mecanismo de democracia participativa previsto en la Constitución de 1991, de la que Petro siente especial orgullo porque fue resultado de negociaciones del Estado con la guerrilla del M-19, donde inició su militancia.
Ahora, el Senado tiene 30 días para aprobar el texto. Puede impugnarlo, y allí reside el primer escollo. En caso de que la iniciativa supere esa instancia, en un plazo no mayor a tres meses deberá realizarse la convocatoria a las urnas.
En Colombia habrá elecciones presidenciales en mayo de 2026. Del destino de la Consulta depende la posibilidad de futuro del “gobierno del cambio”.Para que el resultado sea vinculante debe ir a votar un tercio del padrón electoral, cerca de 13 millones de personas. Eso es más de lo que el actual presidente cosechó en el balotaje de 2022. Los antecedentes tampoco ayudan: el voto no es obligatorio, la Consulta “anticorrupción” de 2018 no alcanzó el umbral y el plebiscito por la Paz de 2016 tuvo una muy baja participación, lo que facilitó una mayoría de votos por el No.
Tras más de dos años y medio de gobierno enredado en líos propios y acechado por la derecha, es difícil pensar que se pueda llegar al nivel de participación popular que requiere la aprobación de la Consulta. Pero Petro no tiene margen para otra estrategia distinta a la confrontación. Las reformas laborales ya fueron presentadas en el Senado, donde tiene mayoría la oposición, y fueron rechazadas. Eso viene sucediendo con las más importantes propuestas que el Gobierno prometió impulsar. Aunque Petro busca cumplir su agenda, las reformas son trabadas por una derecha que perdió el gobierno pero no su poder institucional, mediático y social. Sin embargo, Petro, fiel a su historia, decidió dar batalla. Y eligió darla, además, convocando a la movilización y a la participación popular.
Jornada de 8 horas, economía popular, estabilidad
La Consulta consta de 12 preguntas. Enumerarlas y explicarlas en detalle ayuda a dimensionar los factores claves de esta coyuntura.
1. ¿Está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6 am y las 6 pm?
Dos beneficios directos se desprenden de esta norma: cualquier turno laboral que se extienda más allá de 8 horas deberá pagar “hora extra” y el refuerzo salarial por nocturnidad comenzará a contar a partir de las 6 pm y no de las 9 de la noche, como es ahora.
2. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% por el trabajo los días de descanso dominical o festivo?
Desde la reforma laboral neoliberal que llevó a cabo Álvaro Uribe en 2002, el empresario está obligado a pagar solo el 75% extra por trabajo en días domingos o feriados. El proyecto eleva ese porcentaje a 100.
3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos productivos?
Petro se refirió a este punto como “incentivo a la economía popular”. De ese modo busca fortalecer una línea de trabajo que inició cuando asumió con el impulso de las Asociaciones Público-Populares y el programa de Economía Popular para el Cambio.
4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender citas médicas y licencias por períodos menstruales incapacitantes?
Responde a una demanda de los movimientos feministas, en particular lo que refiere a las licencias por dolencias durante los períodos menstruales.
5. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
Hoy la norma de inclusión solo existe para el sector público y va del 1 al 3 % según el tamaño de la dependencia estatal.
6. ¿Está de acuerdo con que los aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?
El SENA es el Servicio Nacional de Aprendizaje, una institución de formación técnica de la cual las empresas con más de 10 empleados deben contratar estudiantes. Hasta el momento esos jóvenes no cuentan con los derechos laborales que sí tiene un trabajador que realiza las mismas tareas.
7. ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?
En la actualidad, el empleado y la plataforma empleadora pueden acordar una relación de “independencia”; en ese caso, la empresa debe asumir el 60% de los aportes pensionales y de salud. Con esta propuesta, sea cual fuera la relación acordada entre las partes, el aporte en seguridad social deberá ser del 100 % a cargo de la empresa.
8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?
Esta propuesta busca eliminar la informalidad del trabajo en el campo. Las entidades del sector propusieron que directamente se prohibiera contratar por horas, pero la pregunta no resuelve esa cuestión.
9. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales?
En Colombia, los sindicatos pueden realizar contratos con las empresas para realizar determinadas labores, lo que legitima la tercerización. Esta norma anula esa posibilidad.
10. ¿Está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, y demás trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?
El trabajo informal ronda el 60 % en Colombia. La pregunta no especifica qué mecanismos se aplicarían para que esa enorme masa laboral sea “formalizada”, pero fija como piso el establecimiento de acceso a los derechos laborales básicos.
11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
Este planteo apunta a que el trabajador o trabajadora pueda reclamar su contratación a término indefinido cuando se cumpla un tiempo de realización de tareas “con un mismo objeto”. Hasta ahora ese plazo es de dos años, por lo que las empresas (y el propio Estado) se las arreglan para cambiar el “objeto” de la contratación y evitar la estabilidad laboral.
12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?
Refuerza los puntos referidos a la formalización del trabajo en el campo y a garantizar seguridad social a los trabajadores informales. El resultado sería una especie de pensión (jubilación) universal para el campesinado.
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En el caso de obtener el umbral necesario de votos, las preguntas que logren respuestas mayoritarias por el Sí resultarían vinculantes, es decir, deberían obligatoriamente convertirse en ley.
Lo que vendrá
Se trata de preguntas sencillas, bien explicadas, que fácilmente podrían concitar la adhesión popular. Sin embargo, desde el propio oficialismo reconocen que es probable que la iniciativa no logre el piso necesario de participación en las urnas. En Colombia, al igual que en la mayoría de los países de la región, las mayorías populares sienten un considerable nivel de desapego respecto a la dirigencia política y a las instituciones, situación que envuelve también a un “gobierno del cambio” bien intencionado, pero no exento de errores no forzados, internas y resabios de la politiquería tradicional.
En las filas del petrismo creen que la Consulta puede lograr la aprobación inicial del Senado. Y que, después de eso, aun cuando no se logre aprobar la iniciativa en las urnas, servirá para clarificar ante el pueblo quién está a favor de sus derechos y quienes en contra. La idea de una “derrota digna” es parte del ADN petrista. En la autobiografía que el presidente escribió cuando era candidato, esboza un balance de su gestión al frente de la Alcaldía de Bogotá en el que valora todo lo bueno que era su programa de gobierno, pero lamenta que la oposición no lo dejara avanzar. Petro se muestra conforme con esa evaluación; similar razonamiento muestra cuando se compara con Salvador Allende o Jorge Eliécer Gaitán. Pero lo cierto es que, si esa lógica se vuelve constante, los pueblos suelen cansarse de ponderar solo las buenas intenciones. Sin resultados, es difícil pensar en la continuidad del apoyo popular.
Como fuera, la batalla está en curso. Más allá de Petro, el pueblo de Colombia está haciendo su propio ejercicio de movilización y defensa de sus intereses. A finales de abril se cumplieron cuatro años de la última rebelión popular protagonizada por una juventud rebelde y consciente de su fuerza. Se trató de un estallido de bronca y esperanza, condición necesaria para que la derecha criminal de este país perdiera el gobierno por primera vez en la historia. Esa juventud, al igual que el movimiento indígena, los campesinos, las mujeres y diversidades, las mayorías trabajadoras y el conjunto del pueblo pobre, sea cual fuera el resultado de la consulta y de las próximas presidenciales, tiene claro que no se dejará atropellar. Una de las expresiones más vitoreadas del discurso de Petro el 1° de Mayo fue en ese mismo sentido: “¡Es la hora del pueblo! ¡Ni un paso atrás, no pasarán!”
