La historia del juzgamiento de los crímenes cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU) platense se podría titular el cuento de nunca acabar, pero en realidad es el de nunca empezar. A más de cuarenta años de los hechos, los criminales todavía siguen impunes y el juicio oral en el que dos de los más conspicuos integrantes de la patota deberán sentarse en el banquillo sufrió una nueva postergación. En este caso por reciente excusación -luego de recibir amenazas relacionadas con la causa- del juez Carlos Alberto Rozanski, titular del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, que poco después renunció a su cargo tras denunciar una serie de operaciones periodísticas, políticas y judiciales en su contra.
Se trata de la llamada Causa N° 9 o “Causa Domínguez” (por el apellido de una de las víctimas), en la que Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi están acusados de homicidios agravados y calificados, torturas, secuestros, robo y violación de domicilio, cometidos en tres operaciones parapoliciales realizadas por la CNU el 12 de febrero, el 4 de abril y el 19 de abril de 1976.
La Justicia platense se mostró históricamente reacia a avanzar en la investigación del accionar de la CNU. La instrucción de la Causa N° 9 estuvo durante años en manos del juez Arnaldo Corazza, que la fue demorando hasta su jubilación, a principios de 2013. Pasó entonces a la órbita del juez Manuel Humberto Blanco -que estaba instruyendo otras causas relacionadas con el mismo grupo- quien murió en septiembre de 2014 sin haberla elevado a juicio. Finalmente, en marzo de 2015, el juez Jorge Di Lorenzo acusó a Castillo y Pomares casi sin tocar la instrucción que habían dejado Corazza y Blanco, plagada de defectos y flagrantes omisiones.
Crímenes que siguen impunes
La Concentración Nacional Universitaria fue creada a fines de la década de los ’60 en La Plata por el latinista Carlos Disandro. Se nutrió, en un principio, de integrantes del Movimiento Nacionalista Tacuara (MNT) y de su rama en los colegios secundarios, la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios (UNES). Grupo de choque de la ultraderecha peronista en la Universidad, con una fuerte impronta antisemita, la CNU devino en una organización parapolicial a principios de los ’70. En sus grupos de tareas convivían estudiantes universitarios, policías, culatas sindicales y lúmpenes de pelaje variopinto. A partir de enero de 1974 operó en zonas liberadas por la policía bonaerense y al servicio del gobernador provincial, Victorio Calabró. En octubre de 1975 pasó a actuar en estrecha colaboración con el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Entre 1974 y hasta abril de 1976 cometió cerca de un centenar de secuestros y asesinatos, la mayoría en la ciudad de La Plata, entre ellos los que deberá juzgar el TOF N°1 cuando quede finalmente integrado.
«A partir de enero de 1974, la CNU operó en zonas liberadas por la policía bonaerense y al servicio del gobernador provincial, Victorio Calabró. En octubre de 1975 pasó a actuar en estrecha colaboración con el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército»
En el primer hecho que integra la causa, el grupo de tareas dirigido por Castillo secuestró y asesinó -por órdenes directas del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Victorio Calabró- al secretario del gremio del Turf platense, Carlos Antonio Domínguez. El cuerpo del sindicalista apareció horas después del secuestro con cerca de cuarenta balazos de diferentes calibres en el camino que une La Plata con la localidad de Magdalena. Castillo es el único acusado por este crimen. Sin embargo, la investigación que Alberto Elizalde Leal y quien esto escribe realizaron durante cinco años en el semanario Miradas al Sur estableció que, además de Castillo, de esa acción participaron, entre otros miembros de la patota, Dardo Omar Quinteros, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, Juan José Pomares (a) Pipi, Alfredo Lozano (a) Boxer, Ricardo Calvo (a) Richard y Gerardo Blas (a) El Flaco. En esa misma operación, la banda también secuestró a otro gremialista del hipódromo, Roberto Fiandor, quien salvó su vida al saltar del baúl del vehículo en que lo trasladaban para matarlo.
La noche del 3 al 4 de abril de 1976, el grupo de tareas de la CNU platense interceptó en la localidad de Villa Elisa, cerca de La Plata, el vehículo en que viajaban Daniel Pastorino, Úrsula Barón, Néstor Di Notto y Graciela Martini, todos ellos militantes de la izquierda peronista. Luego de ser sometidas a un simulacro de fusilamiento, las víctimas fueron trasladadas a una casa operativa del grupo, ubicada en el predio de la Facultad de Agronomía de La Plata, donde fueron torturadas. Pastorino y Barón salvaron sus vidas por la intervención de un miembro de la banda, Patricio Errecarte Pueyrredón, que conocía a la familia de Barón. En cambio, Di Notto y Martini fueron asesinados con disparos de por lo menos tres armas de fuego y sus cadáveres aparecieron al día siguiente en la localidad de City Bell. Por estos hechos están acusados Castillo y Pomares. La muerte le evitó a Errecarte Pueyrredón tener que responder ante la Justicia.
Leonardo Miceli era integrante de la comisión interna de una empresa tercerizada que prestaba servicios en Propulsora Siderúrgica. Fue secuestrado de su casa la noche del 19 de abril de 1976 por un grupo de tareas conjunto de la CNU y el Ejército. Su mujer, Ana María Bossio, que también estaba en la vivienda, reconoció a Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio como quien daba las órdenes en la patota que irrumpió en la casa y se llevó a su marido. Esa misma noche, el mismo grupo secuestró y asesinó a un compañero de Miceli, Carlos Saticq, y al militante gremial peronista Horacio Urrera, a quien la patota se la tenía jurada desde hacía por lo menos dos años.
«La Justicia platense se mostró históricamente reacia a avanzar en la investigación del accionar de la CNU»
La causa cuyo juicio sigue demorado está irremediablemente incompleta, ya que se elevó el caso de secuestro seguido de muerte de Miceli sin tener en cuenta que formó parte de una misma operación de terrorismo de Estado en la que también fueron secuestrados y asesinados Satich y Urrera. Los tres crímenes fueron cometidos la misma noche por el mismo grupo de tareas de la CNU, al mando del Indio Castillo. Los cadáveres de Miceli, Saticq y Urrera aparecieron juntos, con numerosos impactos de armas de guerra, en las aguas del Arroyo Santo Domingo, en la localidad bonaerense de Sarandí. La exclusión de las muertes de Saticq y Urrera de la causa -cuando ya ha sido presentada toda la prueba existente- lleva a preguntarse cuándo se investigarán y se juzgaran. Lo más probable es que queden como una causa residual, lo que obligará a juzgar dos veces, separando tres crímenes que por sus características forman parte de una sola operación criminal.
¿Nunca más… se hará justicia?
Con estos antecedentes, el debate oral y público debía comenzar el 12 de agosto pasado ante el TOF N° 1, integrado por Carlos Rozanski, César Álvarez y Germán Castelli. Sin embargo se suspendió de manera sorpresiva cuando Álvarez pidió licencia por razones de salud.
El escenario se complicó aún más cuando el Consejo de la Magistratura designó para subrogarlo a Alejandro Esmoris, que fue recusado por las querellas, y luego a Nelson Javier Jarazo, ambos integrantes del TOF N° 2 de La Plata. Los dos magistrados están cuestionados por haber liberado en abril de este año al represor Alejandro Duret, condenado por torturas y desapariciones, aplicando una discutible interpretación de la “ley del 2×1”. “Ya no era un buen tribunal. Álvarez es un técnico aséptico y Castelli siempre vota en disidencia, además de ser muy permisivo con las domiciliarias de los represores. Llama la atención que después de la recusación de Esmoris lo nombren a Jarazo, a quién se lo debería recusar por la misma causa”, explicó a este cronista un abogado de las querellas.
Ahora, la salida de Carlos Rozanski no sólo significa una nueva postergación sin plazo establecido sino que siembra aún más dudas sobre la posibilidad de que la Justicia alcance alguna vez a los responsables de los crímenes cometidos por la CNU platense. Más aún en un contexto político en el que un importante sector del Poder Judicial se muestra cada vez más renuente a avanzar en los juicios por delitos de lesa humanidad.
