Chorros sin socios

De Vido, Dromi, Aranguren y Shell: de corrupciones pasivas a corrupciones activas y el lado del mostrador que nunca sale a la luz.

¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no debe ser revelado y nada secreto que no deba manifestarse.

 

Marcos 4,21-25

 

Cuando los empresarios asumen directamente la conducción del Estado, la figura de la coima a veces se vuelve simplemente irrelevante. Nadie necesita coimearse a sí mismo como incentivo para hacer lo que más le conviene.

 

Ezequiel Adamovsky

 

El juez Claudio Bonadío señaló a Julio De Vido y Roberto Barata como “ideólogos de la importación de gas licuado con sobreprecios”, al apuntar que la estafa al Estado argentino alcanzó una cifra cercana a los 7.000 millones de dólares como suma de 8 años de importaciones. La operatoria institucional del desvío del dinero público fue diseñada desde el sector privado –según cuenta Nicolás Gandini en Perfil– por Roberto Dromi, quien fuera el perito de las privatizaciones menemistas y de sus legítimos continuadores. El juez se centró en los delincuentes pasivos y no en los activos que se beneficiaron vendiendo más caro. En la citada edición del diario se afirma que “En la nómina de procesados (23 personas) no figura ningún ejecutivo de las empresas privadas que vendieron el GNL a Enarsa. Es decir, a Bonadío no le pareció pertinente indagar a ningún ejecutivo de los privados que cobraron los sobreprecios que pagó el Estado”.

 

Uno de los argumentos esgrimidos por un ex presidente de Enarsa respecto a la inocencia propia y del ex ministro De Vido consiste en afirmar que no se habría cometido delito porque el juez Claudio Bonadío no investigó ni implicó a ningún empresario petrolero responsable de las importaciones de GNL que realizara y realiza el país. Walter Fagyas, dicho ex presidente, también procesado por el juez de la servilleta, no considera la posibilidad que haya habido delito pasivo de los funcionarios estatales y delito activo de los funcionarios empresariales, más allá de que los últimos sean o no perseguidos por la justicia.

 

Corrupción individual y corrupción sistémica

Todos sabemos distinguir al carterista o al motochorro de los delincuentes institucionales, o de un sistema económico que funciona como nido de corrupción. Parodiando al Contrato Social de Rousseau que recuerda Felipe Pigna en su reciente biografía de Mariano Moreno, refiriéndose a la tiranía, podemos decir que “será tal vez nuestra suerte mudar de corruptos, sin destruir la corrupción”.

 

El Código Penal argentino incrementa las penas cuando se trata de bandas organizadas, pero como consecuencia de su inspiración individual tiene más penas el funcionario público corrompido que el empresario corruptor.

 

Así, en el artículo 210 del Código Penal se establece que “Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 10 años, el que tomare parte de una asociación o banda de 3 o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.

 

El artículo 259 castiga más al funcionario estatal que al funcionario privado cuando dice que “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año”.

 

En el artículo 303 y 304 sobre los delitos contra el orden económico y financiero, la pena se aumenta en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial.

 

En nuestro léxico común el delincuente individual o de pequeña pandilla es el chorro, pero cuando son grandes instituciones privadas, como cuando se trata de las multinacionales del petróleo, según nuestro Código Penal conformarían bandas o asociaciones delictuales.

 

Cuando se ve solamente el delito del funcionario, sea ministro o agente menor de la administración pública, no se quiere ver el delito en forma integral.

 

Activos y pasivos

En la corrupción hay un delincuente activo (el que paga coima) y un delincuente pasivo (el que la recibe). No se trata de un delito de una sola parte; es muy común que por razones políticas y no necesariamente económicas la culpabilidad se centre en el delincuente pasivo, o sea, el corrompido. Por razones de poder económico es también común dejar al activo de lado o en la sombra, no de la cárcel, sino de la investigación.

 

El choreo repetido, sea en la calle o en la casa, hace que muchas personas vivan la zozobra del peligro, incluso de vida, pero en general no pone en peligro a la Nación, ni a su forma republicana de gobierno y de convivencia. El delito institucional de la corrupción, en cambio, sí las pone en riesgo de subsistencia.

 

Por eso no entendemos que se pene más al funcionario público que al privado, ya que ambos son coparticipes en poner en peligro las instituciones sociales, ya se trate de un agente intermedio de la administración estatal o de un presidente de una petrolera, como pueden ser Shell, ExxonMobil, o Total.

 

Ambas formas de delito económico, la estafa o choreo individual, y el robo a los bienes y recursos comunes que se administra por sí o por intemediarios, tienen dos responsables; el corruptor y el corrompido.

 

Otras veces se considera que el dueño de la idea define ser activo o pasivo; en la referencia de esta introducción Roberto Dromi sería el activo por crear el modelo de corrupción, aunque ha sido activo por participar de una empresa que habría coimeado a funcionarios. El modo de corrupción, por ejemplo pagar más caro la obra pública, o pagarla incluso cuando no se la hace, configura la actividad o pasividad del delito porque se hace para recibir coimas de las empresas: el activo es el que paga, y pasivo el que recibe los dineros de origen común.

 

Hasta etimológicamente el uso de corrupción (y de corruptela) conlleva el sentido de la coparticipación. “Co” o “cor” acompaña a “-rupción”, que es ruptura, quebranto, fractura de una norma legal o moral, o de una costumbre u orden. Que esa ruptura sea grande y abundante o pequeña y de menor importancia hace que también se clasifique en Gran Corrupción y Pequeña Corrupción. Dice el mataburros moderno que es Wikipedia que la gran corrupción “genera la desconfianza en las autoridades centrales, pervierte el funcionamiento del aparato estatal y desvía recursos”, mientras que la pequeña corrupción “tiende a movilizar pequeños montos de recursos económicos u otros bienes, y se ubica en el escenario procedimental de atención al ciudadano.”

 

El caso De Vido

Las implicancias de las importaciones de GNL llegan a De Vido no en el año que fuera desaforado. Ya en 2014 comenzaron las acusaciones a los funcionarios públicos sin alcanzar a los ejecutivos privados. Fueron denuncias de la ex diputada Laura Alonso, muy permisiva con las responsabilidades de Chevron en la firma y el ocultamiento del contrato secreto que firmara con la empresa mixta YPF. También fueron denunciantes el actual senador Federico Pinedo y la actual ministra Patricia Bullrich. Todos denunciaron a los funcionarios públicos pero no a los ejecutivos privados de las compañías petroleras.

 

Los antecedentes económicos y políticos de las importaciones con sobreprecios son de materia sistemática institucional, que no se investigan integralmente.

 

Por ejemplo, nadie podría decir que es incoherente afirmar que la privatización produjo la falta de inversiones, y ella la necesidad de importar más que extraer o producir. El Estado productor, al pasar a ser Estado concedente y regulador, debe realizar estas funciones con las capacidades que tuvo cuando extraía, industrializaba y lograba superávits (de grandes utilidades sociales) que le permitían disminuir la importación de petróleo que hacía sangrar al fisco argentino hasta los 80. Con Gas del Estado, una de las más eficientes empresas de gas del mundo, ocurría lo mismo en la comercialización de ese hidrocarburo.

 

El Estado concedente debe fijar la obligación de invertir a las empresas concesionarias: esto no se hizo, y así pasamos de ser país autoabastecido a ser un país importador neto de petróleo crudo y gas natural.

 

Pero la adicción a las ganancias mayores con menores producciones y pocas inversiones se hizo crisis, mientras se impuso un rentismo petrolero con la creación local de subsidiaje a las grandes petroleras del mundo: el “globo criollo” para elevar el precio que reciben las petroleras por el gas natural, y el “barril criollo” que les permitió un sistema de extracción de rentas sin aumento de extracción de hidrocarburos. Este acuerdo de políticos y petroleros instituyó estos artificios. Para justificar el barril criollo, primero se lo aplicó a la extracción por fracking, afirmándose que por ser más cara debía tener mejor precio: fue una gran excusa. Enseguida se extendió a todo el sector.

 

El beneficioso precio del gas a las petroleras también se justificó para el aumento de extracción que venía en descenso. El criterio de la simple declaración jurada de lo extraído por la parte interesada quedó como otro hito criollo, único en el mundo.

 

Inquietante combinación de políticas que terminó con resultados inimaginables en Argentina: con combustibles entre los más caros del mundo, con juicios por precios de importación de gas, con subsidios insostenibles donde los Estados nacional y provinciales, deficitario el nacional y también la mayoría de las Provincias con petróleo, mantenían un subsidios a compañías petroleras extranjeras y superavitarias. Nada más patético: los Estados deficitarios subsidian a las compañías petroleras superavitarias del mundo.

 

Ahora se comienza rastrear para atrás y buscar a quién culpar, pero tratando de mantener la responsabilidad en los políticos sin tocar a las empresas cómplices: ¿por qué tan caras las importaciones de gas? ¿porqué tan bajos los impuestos a la renta petrolera?

 

No se trata de terminar con malhechores que aprovechan las oportunidades de delinquir, sino de eliminar los sistemas que crean una forma corrupta de producir y comercializar.

 

Es claro que el barril criollo y el “globo criollo” para el gas, al aumentar el precio establecido dentro del país, facilitan la importación de gas, ya sea de Bolivia, como se venía haciendo desde la década de los 70, hasta la importación de GNL desde varios países del mundo pero comercializados por un conjunto no mayor de quince empresas (petroleras y comercializadoras de hidrocarburos) durante trece años, conformando una práctica que favorecía el establecer los sobreprecios.

 

Los sobreprecios de la importación

En pleno proceso electoral y de juzgamiento de algunos ex ministros, el juez Claudio Bonadío se dio a la tarea de encontrar sobreprecios en la importación de gas natural licuado.

 

Hacia el mes de abril inició la investigación. Antes de seguir reflexionando hay que repetir que la corrupción es un delito muy difícil de comprobar, porque, a diferencia de otros crímenes, aquí hay asociación. En el asesinato o desaparición de personas hay un activo asesino y un pasivo asesinado o desaparecido. En la corrupción la víctima es el pueblo, que se supone es el propietario de los recursos naturales del país que administra el Estado. El pacto de omertá de los ladrones es manifiesto, pero la víctima tiene pocos defensores. En el delito de corrupción hay socios que con sus silencios se resguardan entre sí.

 

El juez Bonadío, ante las denuncias de Pinedo, Alonso y Bullrich constituyó un grupo de peritos, dos judiciales de oficio que son sorteados y otros cinco de parte (incluso Enarsa se hizo parte del peritaje).

 

Uno de los peritos, presidente del Consejo Nacional de Ingeniería Industrial, hizo su dictamen, que los demás peritos no aplaudieron precisamente, pero que tiempo después los llevó a conformar un segundo peritaje donde se juzga de inocente a las prácticas importadoras, pero que tampoco son liberadas expresamente las empresas petroleras y comercializadoras que trajeron y vendieron el GNL.

 

Para obtener una respuesta a la razonabilidad de un precio, o de sus excesos de sobre y subvaloraciones hay dos maneras de hacerlo.

 

El perito Ing. David Cohen, ex funcionario de YPF, utilizó la metodología de comparar los precios de las importaciones pagadas por Argentina con el precio teórico que deviene del cálculo del valor promedio del gas extraído comerciado en gasoducto en Estados Unidos (el Hub Henry), más los gastos de licuación, de puerto y fletes de transporte. La diferencia le resultaba notable: entre 2008 y 2015 sobre un total de operación de U$S 15.316.193.280, con un desvío por sobreprecios de 6.995.926.798, llega a la conclusión de que hubo desvío superior al 45%. Este es el monto que acepta no solamente Bonadío, sino también el que difunden los diarios Clarín y La Nación, y algunos periodistas televisivos como Rolando Graña.

 

El otro método más directo consiste en un análisis de precios comparados: se cotejan los de importación que realmente pagó Argentina con algún país que tenga alguna similtud (distancias, tasas portuarias, costos de extracción, etc.) para ver el desvío comparado. El Ing. Martín Scalabrini Ortiz, nieto del afamado ensayista, afirma que se debió comparar con el precio de importación de GNL que hace el Japón, u otro país asiático: afirma que se debe comparar el precio que pagó Argentina con los precios que pagaron otros países. Este segundo procedimiento se basa en precios reales negociados en el mercado mundial; rechaza el análisis con que se construye un precio teórico en base al gas natural en gasoducto de Estados Unidos por no tratarse de un precio internacional y porque el gas natural de gasoducto HH de Estados Unidos no es un precio del mercado internacional.

 

Con argumentos parecidos el ex presidente de Enarsa, Walter Fagyas denunció penalmente por falso testimonio agravado a David Cohen por la presentación de su peritaje judicial.

 

Por otra parte, el periodista Nicolás Gandini informa que al menos tres de los 25 procesados por Bonadío pidieron que se citara a declarar a los ejecutivos de las empresas.

 

Quienes vendieron GNL a Argentina, o siga el baile…

Entre 2008 y 2015 se encuentran las compraventas que habrían sobreestimado el precio del GNL importado por Argentina.

 

La investigación de Bonadío alcanza hasta el año 2015, pero no analiza el año 2016 con el cambio de gobierno y las continuidades o discontinuidades en la política energética.

 

Quien fuera presidente y CEO de una de las empresas vendedoras de GNL a Argentina es ahora ministro de Energía y Minería. Manifiesta incompatibilidad por intereses cruzados. Como ejecutivo de Shell estaba de un lado del mostrador vendiendo GNL, mientras que ahora está del otro lado del mostrador comprando GNL. No era muy neutral la relación: casi cuarenta años como ejecutivo de la empresa vendedora y apenas dos años de ministro comprador, pero siempre accionista de la británica Shell central, ahora con única sede en La Haya.

 

En 2016 Enarsa contrató 79 embarques, 50 por Escobar y 29 por Bahía Blanca. Shell vendió 8 cargamentos de gas natural licuado, 4 por Escobar y 4 por Bahía, o sea que en 2016 tuvo una participación del 12,7% de los embarques.

 

El precio más alto de Shell alcanzó a 6,95 dólares el millón de BTU (d/MMBTU) introducido por Escobar (su precio osciló entre 5,36 y 6,95 d/MMBTU), mientras que el promedio de compra de los 79 embarques fue de 5,641 d/MMBTU.

 

Las empresas vendedoras en 2016, entre petroleras y comercializadoras de recursos primarios, alcanzaron un número total de 15 (10 por Escobar y 11 por Bahía) y son las siguientes:

 

Empresas
Escobar
Bahía Blanca
Total
1. GNA 21 0 21
2. Trafigura 12 3 15
3. Shell 4 4 8
3. Gazprom 5 3 8
5. Vitol 1 6 7
6. BP 0 6 6
7. Petrobrás 5 0 5
8. Statoil 0 3 3
9. Iberdrola 1 0 1
9. Engie 1 0 1
9. Vitol 1 0 1
12. Cheniére 0 1 1
13. ENI 0 1 1
13. Koch Industries 0 1 1
13. Gunvor 0 1 1
Total 2016 50 29 79

 

Por su parte, en Bahía Blanca el precio más alto de Shell fue de 5,88 d/MMBTU (osciló entre 4,66 y 5,88), el más alto lo obtuvo Vitol (6,78) y el promedio de los 29 embarques fue de 5,272.

 

Es curioso cómo Shell, durante el año de cambio de gobierno y de asunción de muchos CEOs a la función pública, bajó su provisión de embarques a sólo el 12,7%, que fueron contratados por el gobierno anterior. Ya se discutía la situación de los sobreprecios. Pero en este año 2017, con el ministro de Shell, se acuerdan 8 embarques, lo que la coloca en tercer lugar junto a la estatal rusa. Así, salta a convertirse en el mayor vendedor con 22 embarques.

 

En 2017 el precio máximo de Shell fue de 6,18 d/MMBTU por Bahía Blanca (oscilando entre 5,21 y 6,18) y de 6,95 por Escobar. Durante este año la participación de Shell ha sido el 31,9% de los embarques superando ampliamente los embarques del año anterior.

 

En 2017, las operaciones, que antes Enarsa no hacía públicas, fueron con mayor concentración que el año anterior, y abarcó a las 10 empresas siguientes:

 

Empresas
Escobar
Bahía Blanca
Total
1. Shell 13 9 22
2. Trafigura 12 6 18
3. Glencore 6 3 9
4. GNA 7 0 7
5. BP 0 5 5
6. Chéniere 0 3 3
7. Petrobrás 2 0 2
8. Engie 1 0 1
9. Vitol 1 0 1
10. Gunvor 0 1 1
TOTAL 2017 42 27 69

 

La nacionalidad jurídica de las empresas está dispersa en 7 países, entre los que priman las europeas (9), con solo una de Estados Unidos (Cheniere). Hay dos empresas de Reino Unido, Suiza y Holanda. Por ejemplo, en este año la primera empresa es la británica Shell, y le siguen las suizas Trafigura y Glencore. En cuarto lugar está la española GNA seguida por la hoy BP (antes British Petroleum).

 

En el año 2016 Argentina se proveyó de GNL en un 29% desde Trinidad y Tobago, y por Catar (21%), Nigeria (15%), Estados Unidos (11%), Noruega (9%). El total de GNL importado en ese año fue de 182.033.382 millones de BTU.

 

La tasa de corrupción

De Vido es seguido judicialmente por la causa Río Turbio. En ese caso se lo investiga porque empresas de la construcción no realizaron los trabajos comprometidos, pero habrían cobrado por ellos.

 

La tasa de corrupción, como dijimos, según uno de los peritajes que está en la causa del juzgado, es del orden del 45%. Debemos pensar que esta tasa de robo o corrupción oscila entre 0 y 100; 0% cuando hay funcionarios honestos y ausencia de empresarios deshonestos. La tasa del 100% es irreal, el cien por ciento del contrato se cobró, lógicamente en forma adelantada, y nunca se hizo ninguna inversión. Sucede cuando alguien cobra por hacer una obra y no la hace: el monto total del contrato es igual al del robo. Algo de esto hubo, en algún caso, en el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, pero por los datos periodísticos, la tasa de corrupción total en este caso sería del 21%,

 

Las tres posiciones

El debate sobre el desafuero de De Vido fue instructivo, porque marcó acentuadamente las tres posiciones.

 

a) Quienes consideran que De Vido es inocente, ya sea en Río Turbio y los sobreprecios del GNL. Es cierto que mientras no sea sentenciado no es delincuente.

 

b) Los que no dudan de que De Vido sea culpable, por lo que antes de octubre votaron sin lograrlo su desafuero. Razones electorales habrán tenido pero no se puede tomar esta medida tan importante sin seguir rigurosamente los pasos legales.

 

c) Quienes creen que hay fuertes presunciones delictuales en cabeza de De Vido y de 21 funcionarios de Enarsa y del ministerio de Planificación, pero que la responsabilidad en la importación de gas licuado y de las obras de YCRT no se agota en los funcionarios, sino que se debe completar con los responsables de las firmas exportadoras.

 

Cuando en la segunda oportunidad, días después de las elecciones, se desaforó al ex ministro de Planificación, diputadas como Alcira Argumedo, Araceli Ferreyra y Nathalia González preguntaron, sin obtener respuesta, por qué las acusaciones se paralizaban en la figura de De Vido. La diputada González afirmó que “no alcanza con juzgar sólo a De Vido si se quiere combatir la corrupción” y se preguntaba por qué el nuevo ministro estaba eximido de indagación.

 

Y la importación sigue hasta… dale que va.

Nadie ignora que el déficit comercial de la balanza de pagos se debe en gran parte al verse convertido el país de autoabastecido a importador. El tema resulta patético: los gobiernos privatistas aceptaron la construcción de gasoductos para exportar, hoy son cañerías que traen el gas, incluso el GLP que importa Chile. La caída de la extracción petrolera produce que el país importe crudo. Hasta electricidad de Paraguay o Brasil hemos traído en algunos veranos.

 

El estudio de Bonadío alcanza a 8 años (2008/15) pero en el año 2016 y en el presente se continuó importando GNL.

 

A la corrupción se la combate de verdad y en plenitud o se es socio de ella. Usar la corrupción como arma política partidaria o electoral va en menoscabo de la construcción de una política moderna y honesta. La lucha contra la corrupción nunca debe ser instrumento partidario o ideológico.

 

La corrupción no es un simple acto asociado entre el corruptor y el corrompido: es parte de un sistema preparado para permitir dichos actos. Para extraer coima en el petróleo se creó un gran sistema de subsidios al crudo: el barril criollo. Este es el modelo de la gran corrupción. Este nuevo partido político se introduce en los países para explotarlos y debilitarlos. Con razón Xi JinPing en su reciente discurso al PC chino afirmó que el gran enemigo de China es la corrupción.

 

En resumen, De Vido es un corrupto pasivo que no hace historia, Aranguren un CEO devenido en ministro que mantiene la práctica corruptiva en el país, y Macri un cómplice del delito que su gobierno denuncia mientras silencia gran parte de la realidad.

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