El nivel de aprobación a la gestión de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, alcanza al 41,4 por ciento, el peor de su mandato, informa hoy el diario “El Mercurio” en su sitio web. La encuesta la hizo la consultora local Adimark en mayo pasado y muestra que la imagen del Gobierno cayó dos puntos, acumulando un retroceso de 13 en los últimos seis meses, ya que en diciembre de 2006 el indicador marcaba un 54,3 por ciento. No obstante, el nivel de desaprobación también retrocedió este mes en dos puntos, arribando al 38,5 por ciento.
De acuerdo con el estudio, la causa principal de este constante descenso parece ser el plan Transantiago, ya que, entre otros antecedentes arrojados por la medición, en la ciudad de Santiago la jefa de Estado es evaluada apenas con un 36,4 por ciento, mientras que el interior de Chile el porcentaje sube al 44,4, lo que constituye una significativa diferencia.
Además, el plan de transportes de la capital es el área peor evaluada de la gestión del Gobierno, siendo sólo igualada por el crecimiento de la inseguridad.
Los porfiados datos
La presidenta Michelle Bachelet afirmó que sólo el 3,2 por ciento de los ciudadanos está en situación de miseria, y que en tres años ya no habrá personas en esa condición.
Al dar a conocer una encuesta oficial, BACHELET explicó que el país está «al borde» de eliminar la miseria, y aseveró que el 13,7 por ciento de la población chilena vive hoy en la pobreza.
«Esta encuesta -recalcó- nos revela que hemos reducido la pobreza, la indigencia y que hemos disminuido la odiosa brecha de desigualdad entre los que tienen más ingresos y los que tienen menos ingresos en este país», añadió la mandataria
Pero los datos de la misma encuesta revelan que el 20 por ciento más pobre percibe ingresos 13 veces inferiores a los del 20 por ciento más rico. Además el 70 por ciento de los chilenos gana menos que el promedio nacional y pueden caer en pobreza si uno de sus miembros pierde el empleo.
El nudo de la disparidad son los desiguales accesos a la educación, la salud y la participación política.
Mientras sólo un 8 por ciento de los pobres accede a educación superior, un 72 por ciento de los jóvenes ricos lo logra. En el nivel preescolar, cuna de las asimetrías, sólo un 44 por ciento de los niños pobres accede a ese nivel de formación. Tres de cada cuatro niños ricos tienen el beneficio.
En salud, las magras atenciones sanitarias han logrado que hoy los pobres padezcan tres veces más complicaciones cardíacas, al tiempo que su deterioro cognitivo sea 17 veces superior al de los ricos, según estudio de gobierno.
Por ello, la prestigiosa y multipartidaria Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza plantea la necesidad de diseñar políticas desde los marginales, para dar mayor gobernabilidad al modelo de desarrollo y dar el salto final. Ese implica eliminar la miseria en 2010, cuando expire el gobierno de Bachelet y la Concertación Democrática cumpla 20 años en el poder. El camino aún es largo, aunque se elimine la miseria en 2010 como prevén expertos. La distribución del ingreso es muy desigual y exhibe un índice Gini de 0,54.
El problema de fondo
La presidenta Bachelet ha reiterado la necesidad de la inclusión y la participación, sin embargo esto parece más una “muletilla” que una realidad, pues participación significa democracia, escuchar al otro, significa producir reformas o cambios de fondo, cuestión que los tecnócratas y neoliberales de su gobierno y la Concertación no están dispuestos a aceptar.
Participación y democracia significa dar pasos efectivos en el llamado a crear una Asamblea Constituyente, para la elaboración de una nueva Constitución, representativa de todos los sectores de la vida nacional. Inclusión y democracia significa crear un gran movimiento social para terminar con el sistema electoral anti democrático (binominal) y que beneficia de una manera perversa al pinochetismo representado por la UDI y RN.
En el Chile de hoy, cualquier proyecto de ley que envié el Ejecutivo al parlamento y que acoja medianamente las demandas populares está condenado al más completo fracaso, pues éste depende de la legalidad de la Constitución de la dictadura, así ha quedado demostrado recientemente cuando se ha intentado legislar para que los chilenos que residen fuera del país tengan derecho a voto. Recientemente la anti democracia representada por el pinochetismo (UDI-RN), rechazaron dicho proyecto producto de la falta del quórum necesario que se requería para su aprobación, en definitiva la minoría parlamentaria es la que tiene “la salten por el mango”.
De allí que mientras permanezca la institucionalidad heredada de la dictadura, los cambios o reformas a la ley de educación, de reforma previsional, las modificaciones al sistema electoral o cualquier otra que beneficie a las grandes mayorías del país están destinadas al más completo fracaso.
Esto es el reflejo de las graves carencias que aún permanecen en la democracia restringida y tutelada chilena. Es la herencia de la dictadura que se expresa además en la mantención de toda la institucionalidad política y económica de la dictadura que no permite que en Chile funcione el Estado de derecho de forma integral, y menos que se reestablezca plenamente la soberanía del pueblo chileno.
Como bien lo expresa Juan Pablo Cárdenas, en “El Periodista” de Chile
“….El fracaso de la iniciativa de otorgarle voto a los chilenos que viven en el extranjero, cuanto aquella que se proponía modificar el sistema electoral, reiteran que la actual Constitución no sólo es ilegítima en su origen sino en su mismo contenido. Aunque existe una evidente mayoría que reclama estos cambios, la legalidad pinochetista que todavía nos rige se demuestra exultante en sus trampas y en la imposibilidad de derogarla o modificarla severamente….”
– Ver Chile: La esperanza mutilada
– Ver Informe: Combatiendo al Transantiago
