Un decreto PRO dejaba en la calle, a partir de este mes, a 292 familias que viven en hoteles subsidiados por el Estado. Los “colchonazos” y las numerosas presentaciones ante la justicia lograron que la medida se suspenda hasta diciembre. Ahora el Gobierno porteño abrió una negociación y la discusión principal será el acceso a una vivienda definitiva, un reclamo histórico de los hotelados.
El debate sobre la situación habitacional de las personas que viven en hoteles subvencionados por el Estado estalló hace un mes, con la publicación del polémico Decreto 574, a través del cual el Gobierno de la Ciudad se propuso suspender el Programa de Apoyo Habitacional del Ministerio de Desarrollo Social. A cambio, ofrecía un subsidio de entre 25 mil y 40 mil pesos a cada familia para que solucionaran su situación. La medida despertó una fuerte reacción por parte de los damnificados y movilizó a legisladores opositores al macrismo, que presentaron una cascada de amparos judiciales. “El decreto empeora la situación de las personas que viven en hoteles y responde a una política del desalojo, por eso la primer medida fue recurrir a la justicia”, explicó el abogado Carlos Figueroa, asesor del legislador kirchnerista Juan Cabandié.
La norma también fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que el 21 de julio emitió una resolución en su contra. “Pedimos que el Gobierno suspenda el decreto y que cumpla con el deber de brindar una solución sustentable a las familias”, señaló a este medio la jefa del área de vivienda del organismo, Silvina Pennella. Según la especialista, “la medida es regresiva en materia de derechos y marca un retroceso en las políticas habitacionales del Estado”.
Marcha atrás
Frente a estas denuncias, el lunes 27 de julio el Gobierno de la Ciudad tuvo que dar marcha atrás y abrir las puertas para una negociación. La secretaria de Mauricio Macri, Susana Martinengo, y el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, fueron los encargados de recibir a los hotelados, luego de un “colchonazo” que se realizó ese mismo día frente a la jefatura de Gobierno como medida de fuerza. Los funcionarios se comprometieron a suspender los desalojos hasta diciembre y llamar a una mesa de trabajo, que estaría integrada por representantes del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y del Ministerio de Desarrollo Social. “Esperamos ser convocados esta semana”, sostuvo Gladys Araujo, del Frente de Hoteles de la Ciudad. “Vamos a pelear por el derecho a una vivienda digna, como dice la Constitución Nacional, que para nosotros significa una vivienda definitiva”.
Una de las opciones que piensan poner sobre la mesa de discusión es el acceso a créditos hipotecarios de la Ley 341 del IVC, que actualmente ofrece un monto máximo de 75 mil pesos por grupo familiar. El problema es que serían pocas las personas en condiciones de acceder, ya que en la mayoría de los casos el sostén del hogar trabaja en negro. Otra posibilidad consiste en reclamar un subsidio de 150 mil pesos para la compra directa de una vivienda por parte de los beneficiarios. Si el ejecutivo no les ofrece ninguna solución, planean volver a realizar un “colchonazo” el 10 de agosto próximo.
En total son 292 las familias beneficiarias del Programa de Apoyo Habitacional, pero no todas participan de las medidas de lucha. Hay 40 que aceptaron el subsidio que les ofreció el Gobierno. El monto, de entre 25 mil y 40 mil pesos, no alcanza para obtener una vivienda a los valores actuales del mercado inmobiliario. De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo porteña, el subsidio representa, para una familia tipo de cuatro integrantes, el equivalente a 15 meses de alojamiento, siempre y cuando se trate del mismo valor que abona actualmente el Programa de Apoyo Habitacional. En el caso de una familia de diez personas, la equivalencia es solo de ocho meses.
Herencia de los ’90
La problemática de los hotelados de la ciudad nació a fines de los ’90, cuando el Estado comenzó a brindar alojamiento en hoteles como parte de sus políticas de emergencia habitacional. En julio de 1997, a través del Decreto 607, se creó el Programa Integrador para Personas o Grupos Familiares en Situación de Emergencia Habitacional, que tuvo el objetivo de dar una solución rápida, de carácter transitorio, a las personas en situación de calle. La crisis económica y social que se desató en los años siguientes hizo que la modalidad se prolongara en el tiempo, convirtiéndose en la única opción de vivienda para las familias alojadas.
En el año 2000, el Estado llegó a destinar 16 millones de pesos anuales a los hoteles, para responder a la necesidad habitacional de más de 6 mil personas. Hoy la cifra se ubica cerca de los 7,2 millones de pesos anuales, siendo mil la cantidad de alojados. “Con la plata que el Estado le pagó a los hoteles durante todos estos años, ya podrían habernos comprado una vivienda a cada uno de nosotros”, razona Rita Nodar, una hotelada de la zona de Constitución.
Como el Gobierno asigna al hotel un monto por persona (que hoy se ubica en 600 pesos mensuales), el negocio para el dueño es ingresar la mayor cantidad de gente posible en una misma habitación. Esta lógica llevó al hacinamiento de familias numerosas en dormitorios que no reunían las dimensiones exigidas, subdivisiones clandestinas y falta de higiene. El mecanismo, según los hotelados, también dio lugar a manejos oscuros, como los sobreprecios.
Ante la presentación de numerosas denuncias por irregularidades y precariedad habitacional, en 2001 el Gobierno porteño decidió dar de baja el programa y les comunicó a los beneficiarios que en un plazo de cinco días deberían optar por un subsidio o por la entrega de tres cheques equivalentes a la mitad de lo que se abonaba mensualmente por habitación. La medida motivó la interposición de 150 acciones de amparo y la justicia local en primera instancia obligó al Gobierno a garantizar el derecho a la vivienda de los damnificados, hasta tanto cesaran las causas que habían originado la asistencia. En 2002, se dictó el Decreto 895, que ofrecía abandonar los hoteles a cambio de un subsidio de 1.800 pesos. “Se armó un quilombo bárbaro”, recuerda Gladys Araujo. “En ese año nació el Frente de Hoteles de la Ciudad y empezamos con los colchonazos”, agregó.
El intento por parte del Estado de otorgar a una solución habitacional sustentable llegaría recién dos años después, bajo la gestión de Aníbal Ibarra. A través de los Decretos 1234 y 97, la gestión buscó brindar una mayor estabilidad a estas familias, a través de créditos para la compra de vivienda. En un primer momento, se ofreció una línea hipotecaria del Banco Ciudad y después, una operatoria enmarcada en la Ley 341 del IVC. Pero el ensayo fracasó por exigir requisitos bancarios y administrativos difíciles de cumplir. “Eran créditos inalcanzables. Nos pedían un recibo de sueldo en blanco”, explica Araujo.
Desde hace más de diez años, los hotelados de la ciudad reclaman un techo definitivo. No quieren ser subsidiados, sino pagar por su vivienda. Hoy la mayoría de las familias cuenta con un ingreso, gracias a que alguno de sus miembros consiguió trabajo. Por eso se sienten en condiciones de afrontar un crédito, siempre y cuando los requisitos de acceso estén dentro de sus posibilidades.
El análisis de Martín Rodríguez sobre este tema, clicando acá.
