De la Redacción de ZOOM. Funcionarios del Viceministerio de Tierras y del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) fueron atacados con piedras, petardos y balas el pasado viernes 4. El hecho ocurrió en inmediaciones de la hacienda Caraparicito, ubicada en la Localidad de Lagunillas, aproximadamente a 80 kilómetros de Camiri. Los autores intelectuales y materiales de la agresión son ganaderos y hacendados, entre ellos un ciudadano norteamericano vinculado a las elites políticas y empresariales de la capital cruceña.
A principios de marzo, el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, denunció que la embajada de los Estados Unidos acreditada en La Paz, la Agencia USAID y la cadena internacional de noticias CNN conspiran contra su Gobierno. El primer presidente indígena del altiplano denunció que Washington hará todo lo posible para evitar la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado que prohíba la instalación de las bases militares extranjeras en territorio boliviano. Ahora, luego de la agitación mediática, el siguiente paso parece ser la desestabilización.
No es la primera vez que los terratenientes de la provincia Cordillera de Santa Cruz impiden con violencia el saneamiento de sus haciendas. El 29 de febrero secuestraron y amenazaron de muerte a las máximas autoridades agrarias nacionales y dispararon a las llantas de su vehículo.
Aunque el saneamiento en la zona beneficiará a 10 mil pequeños propietarios y comunidades indígenas guaraníes, muchas de ellas explotadas laboralmente, los hacendados y ganaderos conformaron “comités de defensa” con gente armada para impedir el ingreso de funcionarios de gobierno y paralizar los trabajos de saneamiento.
La caravana fue detenida en la localidad de Ipati por un grupo de gente a bordo de más de una decena de coches que amenazó a los conductores con quemar los vehículos que transportaban a los funcionarios de gobierno. Sin embargo, el contingente rompió el bloqueo y continuó su camino, bajo asedio permanente de amenazantes ganaderos que los perseguía a bordo de seis automóviles.
A las 15:30, los representantes del gobierno llegaron a la hacienda “Caraparicito”. La vía estaba totalmente bloqueada por un remolque sin llantas de ocho metros de largo, varios troncos y piedras. Detrás de estos obstáculos los hacendados levantaron una barricada y más atrás colocaron una cisterna en medio del camino.
Comenzó una fuerte discusión seguida de insultos y empujones. Los ganaderos desconocieron al gobierno de Evo Morales. “Esto les va a durar unos días más porque ya no estarán ustedes”, dijo uno de los propietarios, en alusión al estatuto autonómico que el empresariado cruceño pretende aprobar el 4 de mayo.
Los ganaderos gritaban que no había cautivos en sus haciendas, aunque los guaraníes que acompañaban a la comisión oficial les desmentían. Los periodistas que cubrían estos incidentes preguntaron por qué se impedía el saneamiento si no existían indígenas cautivos en sus predios, pero los hacendados no respondieron. Luego de un forcejeo se logró retirar el primer remolque y la comisión avanzó con la policía.
En ese momento salió de su hacienda el norteamericano Ronald Larsen, gritando y amenazando directamente al viceministro de Tierras Alejandro Almaraz. En el secuestro del 29 de febrero, este mismo personaje intimidó a Almaraz con armas de fuego. El grupo de choque de los hacendados comenzó a lanzar petardos, cohetes y piedras a diestra y siniestra, hiriendo en la cara a un policía y a un guaraní, y también a un concejal de Lagunillas. La policía tuvo que usar gases lacrimógenos para frenar la agresión. Luego se negoció una tregua, sin que ninguna de las partes haya abandonado sus posiciones: el contingente oficial integrado por 40 funcionarios, 36 policías y alrededor de 50 indígenas guaraníes, frente al “comité de defensa” ganadero integrado por 50 personas, algunas armadas y equipadas con radiorreceptores.
