Ex defensor de menores en el Penal Juvenil de la Provincia de Buenos Aires, actualmente a cargo de la Dirección de Acceso a la Justicia, el poeta y abogado Julián Axat es también integrante de la agrupación Justicia Legítima. En esta entrevista con revista Zoom, analiza la reforma judicial reciente impulsada por el gobierno de Alberto Fernández.
Con cuestiones judiciales siempre da la sensación de que no se termina bien de entender lo que se trata, al menos para la inmensa mayoría de personas que no estamos involucrados de manera directa. El gobierno del Frente de Todos impulsó una reforma que, se supone, dispone a la Justicia a un proceso de democratización, y desde la oposición y los medios hegemónicos de comunicación se salió enseguida a plantear el slogan de la “Reforma Judicial K” y criticar la iniciativa oficial. Para empezar la conversación, ¿cómo evaluás la propuesta?
Creo que la reforma de la Justicia Federal tiene varias partes. En primer lugar, en diciembre de 2019, Alberto Fernández anunció la modificación de las normas que regían hasta entonces los servicios de inteligencia. “Los sótanos de la democracia”, dijo entonces el presidente a modo de metáfora. A esto le siguió la intervención de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), que buscó interrumpir ese modo promiscuo de proceder que tienen las agencias de inteligencia del Estado, y con agencias me refiero también a los servicios de inteligencia de Gendarmería, de la Policía Federal, del Sistema Penitenciario, de las policías provinciales: todo ese hueco oscuro que dejó la dictadura y que la democracia no se animó aun a tocar a fondo (a pesar de la intervención de la AFI que dispuso Cristina Fernández, pero que se fue para atrás ni bien Mauricio Macri asumió la presidencia). Porque nombrar a Cristina Caamaño, que lo primero que hizo fue licuar el poder de algunos sectores dentro de la AFI -sobre todo de aquellos que tenían una íntima relación con jueces federales- y limitar que los servicios de inteligencia puedan tener participación en causas federales, es una forma de intervenir en la Justicia. Esa es una primera parte, a la que debe sumarse la decisión administrativa que tomó Caamaño respecto de la limitación en el uso de los fondos reservados, junto con el desguace de áreas enteras de inteligencia, que tiene que culminar con una nueva ley de inteligencia. Entiendo que ésta se está escribiendo y se introducirá en este proceso de reformas profundas, sin el cual sólo se estaría ante un simple reformismo. Soy de los que entienden que hay que hacer un corte estructural y transversal respecto de cómo los servicios de inteligencia actuaron y tienen que actuar en un futuro, separando dos conceptos fundamentales: la inteligencia criminal y la estratégica. Antes venía todo mezclado, y hacer inteligencia era hacer espionaje político, investigación criminal, estratégica. Bien, hasta acá la primera parte del proceso de reformas.
Los recientes anuncios del presidente nos harían entrar en la segunda etapa…
Exactamente, la reforma judicial avanza sobre la licuación del poder que manejan los doce de Comodoro Py, los famosos doce jueces. Este proyecto ya había sido anunciado, y en su momento le costó la cabeza a Gustavo Beliz. Su enfrentamiento con Jaime Stiuso implicó además ir en contra de ese poder que había instaurado el menemismo en los años noventa. Ahora, sin embargo, aquella idea se renueva, porque éste ya no es el viejo proyecto de Beliz.
¿Podrías abordar un poco los rasgos generales de este nuevo proyecto, compartir una mirada al respecto?
Bueno, por un lado se propone la unificación con el Fuero Penal Económico, que tiene otros trece jueces. De esta forma se recorta la competencia que tienen los famosos doce, con la adicional intención de ampliar eventualmente la cantidad de jueces, concursos mediante. Así, por lo menos el fenómeno lawfare -bien circunscripto a esta estructura judicial- puede reformularse, además de los poderes fácticos que tenían comprados a una parte de estos jueces. Entonces, una forma de licuar esa incidencia de los poderes fácticos sobre los jueces y el poder político es ampliando su competencia, y obviamente, removiéndolos a través de juicio político. Esta iniciativa es también un intento de ampliar la estructura federal, creando nuevos juzgados, fiscalías y defensorías en las provincias, cuestión que considero interesante a la hora de pluralizar estructuras y licuar otros poderes de esos lugares. En muchos feudos provinciales, los jueces federales se encuentran muy cómodos en sus despachos: el hecho de que exista un sólo juez federal para una provincia los transforma en patrones de estancia.
Por otra parte, los juzgados dejan de ser multifueros para tener una estructura con fuero civil y penal, anulando así ese poder de concentración donde un mismo juez en una provincia aborda temas civiles, de trata, de medio ambiente y toda una bolsa de competencias en las que se transforman los multifueros. Así, que mientras que se pluraliza, también se unifica el Fuero Contencioso Administrativo de la capital, actualmente con mucho poder de incidencia sobre los poderes nacionales; con él se controla toda la actividad administrativa del Estado central, marcándole la cancha al poder político de turno. De nuevo: aquí se descompone un poder que históricamente se fue asentando sobre una noción administrativa vinculada a los poderes fácticos. Muy afines a gobiernos como el de Menem y el de Macri, queda claro que son quienes supieron cerrar filas para voltear la Ley de Medios y bloquear muchas propuestas transformadoras.
Finalmente, una cuestión elemental: la reforma introduce modificaciones sobre los concursos en el Consejo de la Magistratura.
¿Podrías ampliar un poco sobre estas modificaciones?
La cuestión es así: cuando los jueces federales concursan, pasan por el Consejo de la Magistratura. Allí realizan un examen escrito, que vale cincuenta puntos. Los otros cincuenta puntos salen de la entrevista personal, y de los pergaminos que podés tener en tú currículum. Aquí lo que pasa es que vos podés dar un examen brillante pero podes quedar en el camino porque los que vienen atrás, cuyo escrito puede no ser tan bueno como el tuyo, luego hacen buenas entrevistas – sea porque tienen mucha palanca política, conocen a los consejeros o a los servicios de inteligencia-. Con la reforma eso se termina, porque se establece que sólo en un 15% la parte de entrevistas y pergaminos puede modificar el resultado final de su posición de mérito tras el examen.
¿Y en qué otros aspectos te parece que es importante el impacto que tendrá esta reforma?
Bueno, se mete el cuchillo en las burocracias buscando mayor pluralidad para licuar poderes concentrados. Se insiste en una ampliación de las burocracias, que hasta ahora resultan crípticas, distantes, reproductoras de lógicas de distinción. En una palabra: clasistas. Por eso es una reforma por arriba, más que por abajo. Sabemos que agigantando la burocracia del Estado compramos un montón de problemas, porque los poderes fácticos pueden seducir a ese nuevo elefante burocrático. Por esto diría que la reforma está muy bien pero tiene algo ingenuo; intenta modificar en algo ese poder tal como se encuentra hoy en día, pero no hace algo que, desde Justicia legítima, vemos importantísimo: una tercera parte de reformas que implique una reforma por abajo. Hay que acercar la justicia a los territorios, tratar de modificar las sensibilidades de los operadores del derecho, generar mecanismos y dispositivos para llevar a los territorios formas de administración de justicia acordes a las necesidades de los sectores más vulnerables. Decimos que, luego de meterse con los sótanos de la democracia y licuar el poder judicial federal, tras reformular el vínculo que éste tiene con los poderes fácticos, una tercera parte del proceso de reforma debe ser garantizar el acceso a la justicia. Es lo que venimos promoviendo desde ATAJO, con todo un trabajo cotidiano relacionado con tratar de hacer que la Justicia no se reduzca a esos lugares que están en las grandes ciudades, sino que esté vinculada también con los barrios, villas y asentamientos, con los distintos territorios donde la gente tienen necesidades jurídicas, y que requiere crear Casas de Justicia en los territorios, defensorías populares y servicios de acceso a la justicia. Por supuesto, esto necesita la incidencia de las universidades públicas y los movimientos sociales. Al fin y al cabo son esas dinámicas las que hacen que la gente de a pie tenga confianza en la Justicia, y no la vea como algo tan lejano; es precisamente esa lejanía el caldo de cultivo de los discursos como los que están circulando, que reducen los anuncios a una suerte de maniobra para beneficiar a Cristina.
De allí los “cacerolazos”, centrados en el discurso contra la corrupción, y todo el discurso de los medios hegemónicos de comunicación, ¿no?
Claro, no es ingenuo ese discurso, aunque sí mentiroso. Pero bueno, de todos modos, también habría que revisar las formas en que se comunican las cosas. Los medios insisten en que toda la reforma busca evitar que Cristina sea juzgada, pero eso no es así. La propuesta ni siquiera impacta sobre las causas en curso, y quienes juzgan a Cristina van a seguir teniendo las causas en sus manos.
La propuesta oficial también contempla contar con un Consejo Consultivo de Especialistas. ¿Qué te pareció esa propuesta?
Me pareció muy académico pero está bien. Es muy interesante porque la Corte Suprema es la cúspide del sistema de administración de Justicia y hay que modificarla. En el siglo XIX, tenía nueve miembros, luego doce en el siglo XX, después tuvo siete, y más tarde nueve otra vez. Hoy son cinco, sin representar la cuota de género, ni las minorías, ni siquiera a las ramas del derecho, la pluralidad del saber jurídico. Con las jubilaciones y los fallecimientos, lo que ha quedado es un grupo de cinco jueces, de los cuales dos están por jubilarse. Y no dan abasto con la cantidad de recursos que se presentan día a día. Para colmo, al tener un artículo del Código Procesal Penal (número 280), que les permite desechar los recursos, directamente ni los tratan. Esto, desde el punto de vista del acceso a la Justicia, es terrible. Injusticias en los Tribunales Federales hay todo el tiempo, de las conocidas y sobre todo, de las causas que no conoce nadie. Por eso es urgente reformar la Corte también a través del recurso federal, y tener un cuerpo digno que represente la autoridad del derecho y no que suceda como ahora, que llegás a la Corte seis años después, cuando el conflicto se diluyó. En ese sentido es muy importante la iniciativa propuesta por el presidente, tratando de equilibrar las miradas del partido de gobierno con académicos, especialistas, y con integrantes de la oposición, en una herramienta que además no es vinculante, sino que asesore. Me parece sano.
