Por Jorge Devincenzi, especial para Causa Popular.- Funcionario de nivel medio en el ministerio de Economía, abogado, con C.I. 01884643, de origen español y 54 años de edad, Juan Carlos Casariego del Bel fue nombrado director del Registro de Inversiones Extranjeras en el ámbito del ministerio de Economía durante 1976. Desapareció el 15 de junio de 1977.
Otro funcionario del área, Miguel Tobías Padilla, fue asesinado. Y un tercero, Aurelio Cid, fue secuestrado y luego estuvo un año preso a disposición del PEN.
Estos casos se suman al ya conocido de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, dueños de la empresa exportadora Sadeco, quienes fueron detenidos el 5 de noviembre de 1976 y liberados el 6 de abril de 1977.
Por el hecho fue imputado José Alfredo Martínez de Hoz en 1983, ya que se constató que mientras los empresarios estuvieron detenidos fueron trasladados en cuatro oportunidades a oficinas del ministerio de Economía donde se los presionó mediante violencia para que firmaran unos contratos de compraventa de algodón en Hong Kong sin los cuales se dificultaban las negociaciones del ex ministro para obtener créditos en esa plaza.
En sede judicial se constató que los decretos de detención y libertad habían sido elaborados y firmados con posterioridad a los hechos para dar apariencia de legalidad al secuestro.
Martínez de Hoz fue indultado en 1990 por Carlos Menem sin que hubiera sentencia firme,
El doctor Carlos Alberto Elías Alvarado era director de Asuntos Jurídicos del ministerio de Economía mientras se negociaba el asunto Ítalo. Bajo juramento de decir la verdad, declaró ante la comisión que investigó en 1985 ese negociado:
– PREGUNTA: ¿Qué le pasó al doctor Casariego del Bel?
– RESPUESTA: Nunca se supo.
– P.: ¿Usted que sabe?
– R.: Yo no se nada, nunca supimos nada… El día que lo secuestraron conversé con él y me dijo que se iba para su casa, y yo me fui a la mía; eran las nueve de la noche. Una hora y media después me habló la mujer para ver si sabía algo. Le contesté que yo lo había visto en el ministerio y que él me había dicho que iba para su casa. A la una de la madrugada me volvió a hablar la mujer nuevamente porque no había llegado. A la mañana siguiente la llamaron indicándole que fuera a un bar entre Libertad y Juncal y que buscara un mensaje escrito en un recorte de diario que estaba en el depósito del inodoro del baño. El aviso decía: «Alicia, estoy bien y haz lo que te digan». Nunca más se supo nada de él. Pidieron rescate por 50 mil dólares. Nosotros juntamos entre los compañeros del ministerio cerca de 40 mil. La policía le aconsejó a la señora que regateara el precio. La cuestión es que un día la llamaron y le preguntaron cuánto tenía; ella les dijo tener 35 mil dólares. Entonces, ellos dijeron: «Está bien, aceptamos los 35 mil dólares, le vamos a entregar a su esposo». Ella les dijo: «Quiero una prueba de que mi marido está vivo». A partir de ese momento no se comunicaron nunca más con la señora.
– P.: ¿Conoce la versión de que la señora fue a hablar con el doctor Klein (N. de R.: secretario de Programación Económica) porque le indicaron que él sabía algo del asunto?
– R.: Me enteré porque me lo contaron algunos amigos.
– P.: ¿Usted era socio del estudio del doctor Casariego?
– R.: Era socio… No tenía actividad política.
– P.: ¿Cuál puede haber sido el motivo del secuestro? ¿Era hombre de fortuna?
– R.: No, tanto es así que ni siquiera el departamento era suyo. Era un individuo muy pacífico… Me ocupé de ver a los tres representantes de las fuerzas armadas en el ministerio para que hicieran alguna averiguación. Y los tres me dijeron que no habían tenido ninguna información positiva de sus servicios de inteligencia. Uno de ellos me dijo: «Vea, Alvarado: por lo menos así me lo dijeron a mí”, o sea que si hubieran sabido algo, tampoco lo habrían dicho.
– P.: ¿Cuál era la función específica del doctor Casariego? ¿El registro de inversiones extranjeras estaba a su cargo?
– R.: El doctor Cid, que era subsecretario en esa época, me pidió un abogado para normalizar la sección de Inversiones Extranjeras porque parecía ser que se había creado un caos. Le presté al doctor Casariego pidiéndole que no me lo retuviera por mucho tiempo… Se había transformado en Subsecretaría la Dirección de Inversiones Extranjeras que luego estuvo a cargo del licenciado Dumas. Cid era subsecretario de Klein.
– P.: ¿Usted sabe lo que le pasó al doctor Cid?
– R.: Estuvo preso, y antes había sido secuestrado.
– P.: Estuvo un año preso. ¿Sabe por qué?
– R.: No. Pero había dejado de ser subsecretario. Porque el doctor Cid se fue de la Dirección y lo sucedió Miguel Padilla, al que luego mataron.
También declaró el ingeniero Federico Dumas, subsecretario de Inversiones Extranjeras y superior de Casariego del Bel. Dumas era asesor del grupo inversionista ADELA en el que había estado involucrado Adalbert Krieger Vasena, a quién se le atribuyó el vaciamiento del frigorífico Swift. El grupo Motor Columbus no habría sido ajeno a ADELA.
– P.: ¿Recuerda quién ocupaba la Dirección antes de convertirse en Subsecretaría?
– R.: Cuando asumí había un señor llamado Casariego de Bel, director del departamento jurídico e interinamente a cargo.
– P.: ¿Es la misma persona que fue secuestrada?
– R.: Sí.
– P.: ¿Eso ocurrió durante su gestión?
– R.: Sí.
– P.; ¿Se nombró a un sucesor?
– R.: No, el cargo quedó vacante.
– P.: ¿Cuáles eran las funciones de la subsecretaría?
– R.: Es la autoridad de aplicación de la ley de inversiones extranjeras para determinar el capital repatriable de las inversiones y la tramitación de nuevas inversiones.
– P.: ¿Con quién estaba más directamente relacionado en su función?
– R. Mi superior jerárquico inmediato era el secretario de Programación Económica, doctor Klein, pero yo estaba vinculado con el ministro.
– P. ¿Tenía relación directa con el ministro?
– R. Así es.
– P. ¿Conocía al doctor Padilla?
– R.: Lo conocí en el ministerio.
– P.: Él era su subordinado. ¿Cuál era su función?
– R.: No conozco en detalle cuáles eran las responsabilidades que el tenía.
– P.: ¿Usted analizó el capital repatriable en el caso Ítalo?
– R.: Sí… La ley establece que el inversor extranjero puede repatriar anualmente el 12 por ciento del capital invertido sin pagar impuestos. Sobre ese porcentaje, sí los pagaba.
– P.: ¿Qué sucedió en el caso Ítalo?
– R.: Recuerdo que hubo dificultades en ese y en otros casos, porque no había documentación probatoria de las inversiones. Yo delegaba tareas. Recuerdo que el funcionario al que le delegaba la tarea venía y me decía: “tenemos problemas para determinar esto, trate de determinarlo usted”, y yo lo hacía.
– P.: En el caso Ítalo se exceptuó del pago de impuestos la repatriación de capitales. ¿Fue una operación excepcional?
– R.: Sí.
– P.: ¿La Ítalo era una empresa extranjera?
– R.: … Se interpretaba y se presumía.
– P.: ¿Partía de la presunción de que era extranjera?
– R.: Que recuerde, sí.
– P.: Pero no le consta.
– R.: No miré los papeles porque la tarea la hacía la dirección de inversiones extranjeras. Yo establecía las pautas generales. No podía dedicarme a los mil quinientos casos que había.
– P.: ¿Usted tomó alguna resolución fijando que la Ítalo era extranjera?
– R.: No recuerdo.
– P.: ¿No recuerda si la ley dice que para el caso de que fuera extranjera debe mediar una resolución del ministerio? ¿Recuerda si la Ítalo presentó pruebas?
– R.: No me acuerdo.
Aunque no se conocen más detalles sobre el secuestro y muerte del doctor Casariego del Bel, la trascripción de las declaraciones de Alvarado y Dumas, socio y superior del desaparecido, junto con la muerte violenta del doctor Padilla y el secuestro y posterior pase a disposición del PEN de Aurelio Cid, más las pruebas acumuladas en el caso Gutheim, permiten inferir que Casariego del Bel no fue secuestrado por delincuentes comunes: que Dumas calculó las inversiones de la Ítalo a ojo de buen cubero, trasgrediendo la normativa; que Martínez de Hoz no era ajeno a los hechos, y que la oscura negociación del caso Ítalo sólo podía hacerse, tal como se hizo, al margen de la ley.
La Federación de Entidades Gallegas en Argentina ha solicitado ser considerada parte querellante en la desaparición de Casariego del Bel y otros once ciudadanos gallegos, dentro de la causa que investiga el juez Rafecas por violaciones a los derechos humanos en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.
