El Abril Club de Campo, situado en la localidad bonaerense de Hudson, supera con creces el concepto de “country”, ya que es una suerte de ciudad privada. En sus 312 hectáreas posee más de mil lotes. Allí, junto a las residencias, hay una zona comercial, instalaciones deportivas y colegios. Todo está subdividido en varios barrios internos. He aquí una fortaleza del buen vivir.
Como tal, los recaudos frente a los peligros del mundo exterior –léase: la “inseguridad”– no son menores. Eso incluye, a través de un pequeño ejército de sujetos armados, patrullajes (con vehículos identificables y otros que no lo son), monitoreos perimetrales, un sistema de cámaras que abarca la totalidad de su territorio y severos controles tanto de ingresos como de salidas.
Dicho sea de paso, estos últimos no dejan ningún detalle librado al azar, dado que se anotan los datos de los visitantes, junto a las características de sus autos (modelos y patentes), el nombre de quienes firman las autorizaciones que exhiben y la identidad del residente al cual verán, además del motivo y el tiempo de la visita en cuestión.
En consecuencia, semejante base de datos constituye un verdadero tesoro en lo que hace a la información cotidiana del lugar. Desde un punto de vista más amplio, se podría decir que allí flota un clima policíaco. Y con un agregado: las presuntas tareas de inteligencia realizadas –desde luego que con intenciones non sanctas– sobre integrantes puntuales de su población. Tareas que, es de suponer, contarían con el pedido o la anuencia de ciertos vecinos en perjuicio de otros o por conflictos intrafamiliares, aunque también por iniciativa de custodios con propósitos de chantaje. Y a eso se le suman ciertos “aprietes” aún menos sutiles.
De hecho, actualmente se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Berazategui una causa a raíz de un secuestro en grado de tentativa, iniciado por la propietaria de un lote (cuyo nombre no se revelará en resguardo de su integridad física).
Pero no nos adelantemos a los acontecimientos.
Antes que nada, es necesario precisar que esta comarca se encuentra al cuidado del Grupo San Miguel, una de las agencias del ramo más grandes del país y por 200 mil dólares mensuales.
Su jefe es un septuagenario de aspecto afable, pero enérgico, quien suele sorprender a la prensa con opiniones muy originales; por ejemplo: “En razón de que actuamos sobre un flagelo que causa muertos, la Seguridad es una ciencia”. Él sabe que frases de esa clase son música para los oídos de su clientela.
Se trata del subinspector retirado de la Policía Federal, Juan Carlos Bruno Moreno. Y resulta sorprendente su nivel de exposición, en vista del secreto que lo envuelve. Porque, en realidad, el tipo es un viejo pájaro de cuenta que, desde mediados de los ’80 hasta comienzos de la década siguiente, supo ser parte de una falange clandestina de extrema derecha, vinculada con ominosos episodios de aquel período. El mundo es un pañuelo.
Cristo vence
A los 33 años, Bruno Moreno obtuvo las jinetas de subinspector. Sin embargo, ya atesoraba contactos muy valiosos; entre ellos, el del doctor Jorge Quadro, quien era secretario del Juzgado en lo Criminal N° 14 de San Isidro. Un hombre también muy singular.
En su despacho, detrás del escritorio, la Virgen de Fátima, encarnada en una imagen de yeso, parecía levitar sobre su cabeza. Y lo cierto es que él sentía una exagerada devoción hacia aquella figura celestial.
Bruno Moreno lo visitó allí el 18 de noviembre de 1988.
En aquella oportunidad, el anfitrión le confió algo que estaba por ocurrir.
Dos días después, ya de madrugada, una patota de matones provistos de armas cortas y largas irrumpió en la discoteca Latex, de San Miguel, atiborrada de punks a la espera de que la banda Los Violadores comenzara su show.
Los atacantes vestían buzos negros con una inscripción en la pechera que decía “Prolatin”. Era la abreviatura de la hasta entonces ignota “Liga Católica Argentina Pro Campaña Latinoamericana de Ayuda al Drogadependiente”.
Bajo esas diez palabras anidaba un grupo parapolicial liderado por el cura Moisés Jardín, en cuyo organigrama Quadro figuraba como “presidente”. Esta horda, vinculada al proyecto carapintada del coronel Mohamed Alí Seineldín, ostentaba un alfil en La Bonaerense –el comisario Juan Carlos Rebollo (a) “El Loco”– y otro en la Federal –nada menos que el bueno de Bruno Moreno–. Cabe destacar que las “operetas” de Prolatin en boliches y actos de izquierda con poca concurrencia solían concluir con allanamientos y detenciones efectuados por ambas fuerzas, bajo las órdenes de estos uniformados.
Pero los quehaceres, diríase, paralelos de Bruno Moreno no se limitaban a sus acciones al servicio de Prolatin.
Es que la parte oculta de su currículum también lo sitúa en las cercanías de la inteligencia militar (el Batallón 601 del Ejército) y del sector más vidrioso de la Justicia Federal. En esos ámbitos su rol era profuso.
No obstante, aún nada se sabía al respecto, hasta comienzos de 1989.
El 23 de enero sucedió el intento de copamiento al cuartel del Regimiento de Infantería Mecanizada (RIM) 3, en La Tablada, por células del Movimiento Todos por la Patria (MTP).
A todas luces, fue una trama con un enigma de origen que aún perdura. Porque el MTP, una estructura residual del ERP, tenía el hábito de subordinar sus análisis políticos a los papers de inteligencia que caían en sus manos, y no sin vanagloriarse de su acceso a los mismos. Pues bien, por esas vías llegaron a convencerse de que, precisamente en aquella fecha, Seineldín iniciaría un golpe de Estado con la toma del RIM 3. Y para abortarlo, se le adelantaron.
La hipótesis más razonable sobre este asunto indica que la difusión de tal embuste no tuvo por destinatario al MTP, ni el propósito de que sus militantes atacaran dicha unidad castrense “en defensa de la democracia”, sino que algún sector de las Fuerzas Armadas habría echado a rodar la versión de aquel putsch para que el presidente Raúl Alfonsín accediera a sus demandas. Claro que eso jamás fue probado. Y ya se sabe que el tiempo que pasa es la verdad que huye.
Pero la resbaladiza silueta de Bruno Moreno se filtra en esa trama. Bien vale, entonces, explorar las nieblas de su ser.
El olfato policial
En definitiva, lo sucedido en el RIM 3 fue un golazo del mal. Tras casi un día de combate, el MTP sufrió 32 bajas (entre caídos y fusilados), 4 desapariciones y 21 detenidos. También hubo 9 militares y dos policías muertos.
Fue notable que, ese mismo lunes, al filo de la medianoche, el cura Jardín “encontrara” sobre el altar de su parroquia, en Villa Concepción, nada menos que los documentos de identidad pertenecientes a Jorge Baños y Osvaldo Farfan (dos guerrilleros caídos en La Tablada), junto a cinco hojas manuscritas con el “rol de combate” (es decir, el organigrama operativo del copamiento), algunos panfletos del MTP y bolsitas con un polvillo similar a la cocaína (pero que, en realidad, era harina).
¿Acaso tal hallazgo fue obra de la Divina Providencia?
No fue menos notable, durante aquel mismo lunes y también al filo de la medianoche, que el subinspector Bruno Moreno, secundado por varios federales de civil, allanara (sin orden judicial) las viviendas de Roberto Sánchez y Claudia Acosta (dos atacantes ejecutados después de rendirse), cuando en la Justicia aún no se sabían sus datos personales.
¿Acaso el accionar de Bruno Moreno fue solo fruto del “olfato policial”?
En este punto no está de más reparar en la mazorca a la que pertenecía.
Lo cierto es que hasta entonces se ignoraba públicamente la existencia de “Los Arcángeles”, una “orga” con orientación neofascista que, en el mayor de los sigilos, palpitaba en las entrañas de la Federal. Sus miembros, en su mayoría oficiales de alto y mediano rango, se financiaban mediante actividades reñidas con el Código Penal; desde el narcotráfico hasta la piratería del asfalto, pasando por la duplicación de automóviles, los secuestros extorsivos y las “boletas” por encargo, sin descartar el espionaje con fines políticos espurios.
El hecho es que Bruno Moreno era uno de sus cuadros.
Por lo pronto, luego de La Tablada y hasta fines de 1989, buena parte de su “doble vida” latió junto a una fuente de información sensible: el ministro del Interior alfonsinista, Enrique Nosiglia, en cuya custodia se había infiltrado.
Pero ni por las tapas imaginaba que, ya en el alba del menemismo, se le vendría la noche.
Transcurría el 16 de octubre de 1990 cuando efectivos de la comisaría 29ª detuvieron a tres sujetos que se identificaron como “personal de inteligencia del Ejército”. Pero, al igual que sus captores, eran policías de la Federal. El problema fue que transportaban un arsenal en una pick up sin poder justificar su procedencia. Y al día siguiente cayeron otros nueve integrantes de esa fuerza, con más “fierros”. Hay que reconocer que, ante el juez, se mostraron locuaces.
Así fue como la banda de “Los Arcángeles” quedó al descubierto.
El anuncio de su desarticulación fue realizado el 3 de noviembre por el ministro del Interior, Eduardo Bauzá, en una conferencia de prensa. Y allí dijo que, entre los arrestados, estaba el subinspector Bruno Moreno.
El tipo pasó dos años y medio tras las rejas.
Al salir, buscó nuevos horizontes en el negocio de la seguridad privada. Así surgiría el Grupo San Miguel. Desde entonces hizo lo posible para simular su hombría de bien. Y el paso del tiempo fue su aliado.
El bajo perfil que había cultivado durante cinco lustros lo preservó de disgustos ante la opinión pública, mientras el Grupo San Miguel crecía como una bola de nieve, facturando a manos llenas.
Claro que su silencio no fue eterno, en vista de sus recientes apariciones mediáticas para darse dique sobre sus teorías filosóficas sobre la Seguridad. Al fin y al cabo, ¿quién diablos se acordaría de sus añejas trapisondas?
Pero la causa penal que actualmente tramita la UFI N°4 de Berazategui por la denuncia de una mujer que reside en el Abril Club de Campo (sobre un secuestro en grado de tentativa), involucra al personal que custodia el lugar. Y con Bruno Moreno de por medio. De modo que así, sus secretos quedaron a la intemperie. A veces, el pasado es traicionero.