Los más odiadores
A casi un tercio del mandato cumplido de Javier Milei es un secreto a gritos que vinieron a someter al conjunto de la clase trabajadora y al pueblo argentino en su conjunto. Sumisión que implica un ajuste histórico y sin precedentes cueste lo que cueste, con prebendas y amenazas a gobernadores. Periodistas ensobrados amigos, persecución y silenciamiento a la prensa opositora y esencialmente represión brutal y sin atenuantes.
Más allá de cualquier ideología trasnochada que expresan en su estéril retórica, los incentiva un odio desmedido hacia el pueblo. Un desprecio de clase los estimula a llevar adelante planes de miseria y exterminio inéditos en nuestro país. El odio y ciertas ideologías que buscan la inequidad y la cancelación de los derechos democráticos y sociales van de la mano. El neoliberalismo es el mejor ejemplo de una teoría económica y política basada en la exclusión y la intolerancia. Javier Milei y su gobierno libertario son un ejemplo taxativo de odiadores seriales en el poder.
“Creo que la democracia tiene muchísimos errores”. La frase es de Javier Milei, en una entrevista con Luciana Geuna a fines de 2021. La dijo luego de que la periodista le repreguntara tres veces sobre si “creía” en este sistema de gobierno, esperando encontrar una respuesta afirmativa que jamás llegó. Hay muchos que piensan que esa oración fue uno de los tantos exabruptos que caracterizaron siempre al economista. Los que creen eso no conocen al libertario. Es que esa reflexión estuvo lejos de ser un descuido, sino que es uno de los postulados más profundos del anarcocapitalismo, al cual Milei adscribe.
Tanto su fundador, Murray Rothbard, como su discípulo más célebre, Hans-Hermann Hoppe, le dedicaron mucho trabajo a criticar este sistema. Aunque Rothbard lo postula en su canónico “Hacia una nueva libertad” —que podría ser el equivalente al “Manifiesto comunista” para un marxista—, es su alumno alemán quien más elaboró la idea. Tanto que hizo un libro que se llama “Democracia, el Dios que fracasó”. “Bajo la democracia la propiedad personal se vuelve alcanzable por los demás.
La mayoría tratará de enriquecerse a costa de la minoría. Al obligar a los dueños de propiedades y a los productores a subsidiar a los políticos, a sus partidos y a la burocracia, habrá menos creación de riqueza, menos productividad y más parásitos. Y aunque cientos de parásitos pueden vivir de miles de cuerpos, miles de parásitos no pueden vivir de cientos de cuerpos”, dice Hoppe, que postula que esta forma de gobierno conduce a algún tipo de comunismo. Para el escritor habría que buscar la desaparición del Estado y de quienes lo manejan, dejando al mercado con un control total de la economía y de la vida política. La lista de reproches de Milei a los límites que impone la división de poderes es larga y podría seguir, por ejemplo, con el apoyo público que le dio a los levantamientos antidemocráticos en el Capitolio y en Brasil.
Patricia Bullrich, pieza clave para reprimir.
El accionar de las fuerzas que comanda, aun ya afuera de su cargo como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich es autoritario en lo discursivo y en lo estético, con escenas que a veces parecen sacadas de “1984”, el libro de George Orwell. Sin embargo, la realidad es mucho más cruda que lo que se ve en la superficie. Pasó casi desapercibido en medio del drama cotidiano en el que está envuelta Argentina hace mucho tiempo, pero desde que asumió en su cargo la ministra viene llevando una decidida política que apunta a un solo lugar: cambiar la lógica con la que funcionan las fuerzas de seguridad, transformar su condición de ser “auxiliares” del Poder Judicial —es decir, que responden ante la decisión de un juez o de un fiscal— a ser un ente con autonomía y poder propio. Y que, encima, tienen la mano suelta. Bullrich comenzó ese sendero a días del nuevo gobierno, cuando promulgó el famoso “protocolo antipiquetes”. Todas las luces de esa medida se las llevó la decisión de prohibir los cortes de calle, de que los operativos de seguridad comiencen a ser pagados por las organizaciones que marchaban y la eliminación de la norma que impedía a los agentes tener armas de fuego cerca de una movilización.
Pero hubo algo de fondo que aquel día cambió: a partir de aquel decreto se resolvió que las fuerzas puedan actuar sin orden judicial, al sostener que las marchas se tratan de un “delito flagrante”. Ese cambio de paradigma significó una zona liberada para arrasar con los derechos democráticos de todos aquellos que quisieran expresarse en la calle. Si un gobierno autoritario se define en base a cuántas atribuciones del resto de los poderes del Estado el Ejecutivo clama para sí, lo que está haciendo Bullrich se podría definir en ese sentido. Es que desde entonces todos los pasos que dio la ministra fueron para sacarse a la Justicia de encima. En junio publicó el decreto 496, que le dio la facultad de incorporar al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y Financiamiento (Repet) a “toda persona humana, jurídica o entidad” sobre la que “tuviera motivos fundados para sospechar que se encuentra vinculada a una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional”.
La degradación del poder y de la importancia de esa pata de la república es central para cualquier gobierno autoritario: desde la Alemania de Hitler hasta El Salvador de Bukele. Milei impulsa ese desempoderamiento de distintas maneras. Una es discursiva y estética. Insulta al Congreso en discursos y entrevistas, calificándolo de “parásitos” o de distintos animales, y comparte en las redes memes donde se ve cómo un león le tira gas a las ratas en el recinto.La otra es gobernando a través de decretos, a lo que se le podría sumar lo que sucede cuando está obligado a pasar por el Congreso.
Donald Trump
En la actualidad la figura del presidente de Estados Unidos resulta ser un ícono indiscutible para todos aquellos que esgrimen ideas de ultraderecha. Un presidente repudiado por millones de sus ciudadanos en las calles por aplicar políticas nefastas en la órbita nacional y en el aspecto geopolítico. Sin lugar a dudas, un mandatario que coloca como su paradigma el hostigamiento y la aniquilación hacia todo aquello que considera diferente o con otra perspectiva ideológica o cultural. Con el trágico atenuante de que esa intolerancia la convierte en invasiones y guerras a demás naciones.
Javier Milei, que siempre elige el lado oscuro de la luna, en estos últimos tiempos se caracteriza, entre otros desvaríos, por acompañar en todas las cruzadas que emprende el primer mandatario estadounidense, que al igual que Javier Milei es una bomba de tiempo. La estética de Donald Trump y su verborragia violenta es imitada al pie de la letra por el mandatario argentino, sin más asidero que la intolerancia y el afán destructivo como marco teórico y existencial. Ambos configuran un enclave donde las ideas de odio se potencian y fusionan. Sin embargo, hay otros jefes de Estado que los colocan como referentes. La tendencia ultraderechista de los nuevos gobiernos en el mundo es una lamentable tendencia que va en aumento.
En el caso de Javier Milei es alarmante porque está arrasando nuestra Nación sin prisa y sin pausa. Empoderado por la figura del primer mandatario estadounidense, que tiene una imagen en franca caída en su propio país. Sus provocaciones incesantes y el accionar sincronizado de periodistas leales y un batallón de trolls conforman un ejército siniestro, con un comandante que no goza de buena salud emocional, para embestir contra una democracia que no está pasando sus días más homéricos, justamente. El deterioro del régimen democrático en nuestra realidad cotidiana es evidente en las políticas de hambre y miseria hacia nuestro pueblo.
Democracia restringida
Años atrás, durante el gobierno de la Alianza Cambiemos con Mauricio Macri presidente y Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, desde la CORREPI aseguraban que de la mano del más brutal ajuste conocido desde 1983 se había instalado “un verdadero estado de excepción no formalmente declarado, con suspensión de derechos y garantías”.
“Era difícil, entonces, imaginar una situación peor, pero el gobierno de La Libertad Avanza, encabezado por Javier Milei y Victoria Villarruel, al que se incorporaron como ministros en las áreas clave de Seguridad y Defensa Patricia Bullrich y Luis Petri de Juntos por el Cambio, lo lograron”, señalaron desde la Coordinadora en la apertura del informe. “Desde el primer minuto, se lanzaron a reestructurar profundamente el Estado y todo el sistema normativo público y privado.
A fuerza de decretos, resoluciones ministeriales y leyes que, con poca resistencia, atravesaron el trámite parlamentario, vimos, en apenas un año, cómo buena parte de nuestros derechos en todos los órdenes de la vida eran recortados o destruidos”, afirmaron desde el organismo. “Simultáneamente, se redujeron o eliminaron las garantías que en otros tiempos nos permitían defenderlos y no quedó libertad democrática sin ser atacada”.Las relaciones laborales, la salud, la cultura, la educación, la vivienda, los derechos de las niñeces, tercera edad, disidencias, mujeres, hasta el básico derecho a la alimentación se han reducido desde el 10 de diciembre de 2023.
Estamos en el nivel histórico más bajo de consumo de leche, carne, frutas y verduras, de personas sin cobertura médica ni social, de estallido de gente precarizada y desocupada, en muchos casos arrojada a situación de calle, de destrucción de la pequeña industria, mientras un puñado ínfimo de especuladores incrementan exponencialmente sus ganancias”. En este contexto “nos vienen quitando las herramientas y recursos para defendernos, que pese a todas las deficiencias en su implementación nos permitían, en alguna medida, garantizar la vigencia de esos derechos, a la vez que la ampliación de facultades de las fuerzas de seguridad y los nuevos protocolos de actuación optimizan la represión a cualquier manifestación de protesta”.
El DNU 70 y la denominada Ley “Bases” son las que iniciaron “la sistemática destrucción de todo el sistema de derechos y garantías que por tanto tiempo dimos por sentado”, plantearon desde la CORREPI. A ello se suman las iniciativas parlamentarias que ya han tenido sanción, como las de reiterancia y la ley “antimafias”, que en realidad es anti-organización, que suspende los principios de legalidad, de inocencia y de responsabilidad, enfatizaron desde el organismo. Las brutales consecuencias de estas medidas “justifican que definamos la etapa como cambio de régimen con sistemática destrucción de derechos y garantías”, aseguraron.Más poder a las fuerzas para detener y matar
En junio y julio de 2025, el Poder Ejecutivo Nacional modificó las leyes orgánicas y estatutos de las fuerzas de seguridad federales a través de decretos y resoluciones ministeriales. Primero fue el decreto 383/2025, que reformó la ley orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA). Unas semanas después, se publicaron los decretos 454/2025, 455/2025, 456/2025 y 457/2025 sobre Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Servicio Penitenciario Federal (SPF), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Prefectura Naval Argentina (PNA). Estos decretos fueron dictados —como tantísimos otros— en ejercicio de las facultades legislativas delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo por la Ley Bases, lo que ya genera una primera objeción porque abarcan cuestiones penales ajenas a las cuatro materias a las que la negociación parlamentaria redujo las once iniciales (administrativa, económica, financiera y energética).
Al redefinir las tareas y funciones de las fuerzas, ampliar aún más sus facultades para intervenir en cualquier circunstancia sin orden ni control jurisdiccional, a mero requerimiento del Ministerio de Seguridad, tanto en el patrullaje urbano cotidiano como en contextos de protesta social, y habilitar tareas altamente cuestionables, como el “análisis criminal” por fuera de las disposiciones de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 y sus modificaciones, se ingresa francamente al ámbito penal, no solo excluido por la Ley Bases sino prohibido por el artículo 76 de la Constitución Nacional. Un eje que atraviesa los cinco decretos es la sustitución de la expresión “seguridad” referida a las personas y sus bienes por la de “seguridad nacional”, expresión que remite inexorablemente a las más graves etapas de ataque a la democracia y a los derechos humanos en nuestra región. El decreto 58/2025 de principios de febrero de ese año modificó la denominación del Ministerio de Seguridad por la de Ministerio de Seguridad Nacional.En la misma línea, estos decretos refuerzan esa definición que cambia de raíz la naturaleza y funciones de las FFSS. Por ejemplo, la PFA, que antes se definía como “policía de seguridad y judicial para la protección de bienes y personas de particulares, funcionarios y empleados y bienes del Estado Nacional”, ahora pasó a ser “garante de la protección de la Seguridad Nacional”. “Protección de las personas” y “protección de la seguridad nacional” no son lo mismo. De hecho, la historia prueba que son expresiones antitéticas.
En ese rol de ejecutora de la “seguridad nacional”, el decreto autoriza a esa fuerza a “colaborar en el mantenimiento del orden público y de la seguridad de manera espontánea en caso de delitos flagrantes, a requerimiento del Ministerio de Seguridad Nacional” y a recabar información y asegurar pruebas que luego sean presentadas al Ministerio Público o a los jueces competentes, para facilitar el inicio o la continuación de una investigación. O sea, en lugar de investigar hechos o personas a pedido del Poder Judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego iniciar una causa judicial.Para eso, también pueden acceder a información y bases de datos públicas y privadas y elaborar sus propias bases de datos y sistemas de información. Finalmente, también puede la PFA decidir qué allanamientos, detenciones o secuestros hay que efectuar y requerir a los magistrados la autorización para hacerlos, y amplía el uso del ciberpatrullaje sin autorización ni orden judicial, en todo tipo de espacio público digital.
Si bien la norma establece que la PFA se regirá por las disposiciones procesales federales vigentes, se exceptúa cuando la autoridad jurisdiccional brindare precisiones o indicaciones específicas respecto de las formalidades que deben observarse para el cumplimiento de la medida, es decir, si los mandos políticos dan una orden contraria al Código Procesal.Por último, en consonancia con el protocolo de uso del arma de fuego vigente desde diciembre de 2023 y el proyecto de reforma del artículo 34 del Código Penal presentado por el Poder Ejecutivo en el Congreso, la resolución faculta a la PFA a hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones y, en concreto, a esgrimir ostensiblemente armas, sin referencia alguna a las leyes y convenios internacionales supraconstitucionales que imponen como requisito para usar el arma una amenaza equivalente y del mismo grado.
El decreto 454/2025 define a la GNA como fuerza federal de seguridad militarizada, estructurada para cumplir las misiones que precisa este Estatuto, en la zona de Seguridad de Fronteras y demás lugares en los que se le ordene actuar. La faculta para actuar en forma “dinámica y flexible” en cualquier lugar del territorio nacional y en objetivos declarados de “valor estratégico” a instancias de la Justicia Federal o del Ministerio de Seguridad Nacional, que podrá asignar otro tipo de función que no se encuentre descripta anteriormente, además del análisis criminal por fuera de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520.El decreto 455/2025 modificó la estructura del Servicio Penitenciario Federal, fuerza que desde la ley de Ministerios pasó de depender del Ministerio de Justicia al de Seguridad, y le dio la tarea de cooperar, a requerimiento del Ministerio de Seguridad, en la elaboración de políticas de prevención y lucha contra el crimen organizado nacional, transnacional y narcotráfico, a producir inteligencia, a integrar equipos de investigación o grupos de trabajo conjuntos con otras fuerzas para investigar o compartir inteligencia criminal, a organizar bases de datos y sistemas de información, todo en cumplimiento de órdenes del Ministerio.Así, empezamos a ver guardiacárceles desplegados en Congreso en más de una represión a jubilados y jubiladas.
El decreto 456/2025 habilita a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, más allá de las tareas específicas en el ámbito aeronáutico, a brindar “otros servicios relativos a la seguridad interior” a requerimiento del PEN; a efectuar análisis criminal (igual que PFA, GNA y PNA), de políticas de seguridad y de operatoria policial, lo cual no se encontrará alcanzado por el secreto previsto en la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 y sus modificaciones; a organizar y administrar bases de datos, archivos, sistemas de información y antecedentes; a acceder a información y bases de datos públicas y solicitar acceso a bases de datos privadas, todas tareas que podrán ser ampliadas a requerimiento del Ministerio de Seguridad Nacional.
Finalmente, el decreto 457/2025 otorgó a la Prefectura Naval Argentina la tarea de mantener el orden público y contribuir a la Seguridad del Estado Nacional, intervenir en el restablecimiento del orden y la tranquilidad pública fuera de su jurisdicción cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo Nacional y toda otra función que se le asigne de acuerdo con su misión y capacidades.
Estos decretos y sus anexos se suman al conjunto de otras medidas ya implementadas desde el gobierno nacional para ampliar al infinito las facultades policiales, al mismo tiempo que reducen los controles antes existentes y garantizan la impunidad de sus ejecutores y mandantes. El abultado aumento de los fusilamientos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social son la consecuencia directa.Como surge de los elementos comunes en cada caso, todas las fuerzas de seguridad son compatibilizadas expresamente con la reinstalación de la Doctrina de la Seguridad Nacional y las fronteras ideológicas, para perseguir a los “enemigos” marcados desde el gobierno y en especial por el Ministerio de Seguridad Nacional, dejando en evidencia el rol de ejecutor de las políticas de EEUU y su socio, el Estado de Israel.
En el paquete de proyectos de leyes represivas que el gobierno, a través de sus ministros Bullrich y Petri, envió al Congreso en marzo de 2024, estaba incluida la reforma de la ley de Seguridad Interior para habilitar la intervención de las fuerzas armadas en operaciones internas en el territorio. Algunos de esos proyectos obtuvieron suficiente consenso, como la ley “antimafias” o el que reformó la reincidencia e introdujo la reiterancia, pero otros todavía no han sido tratados. Como ya lo hicieron en otros casos, como la reestructuración de las fuerzas, la represión y las leyes antiorganización de seguridad y la ampliación de sus facultades, ante la demora en su sanción el gobierno dictó el decreto 1112/24 que habilitó la complementación de las Fuerzas Armadas junto con las de Seguridad “de acuerdo con el plan trazado, toda vez que resulte necesario”, que fue implementado en 2025 con la resolución 68/25, que creó la Mesa Conjunta de Coordinación entre los ministerios de Defensa y Seguridad Nacional para planificar, coordinar, supervisar y evaluar “actividades conjuntas de las FFAA y las FFSS en el marco de operativos territoriales desplegados para vigilancia y control por los ministerios”.
Así, eludiendo el trámite legislativo, agregaron a la única hipótesis legalmente autorizada de intervención de las fuerzas armadas en el conflicto interno (la provisión de apoyo logístico en casos de catástrofes naturales o similares) otro tipo de operativos territoriales en las zonas y objetivos estratégicos que ambos ministerios determinen. Aunque en la letra de la resolución se mencionan formalmente la ley de Seguridad Interior y la de Defensa Nacional, se eluden disposiciones al crear un ámbito permanente de intervención conjunta de las FFSS y las FFAA en el territorio por mera resolución ministerial. Intervenciones, por cierto, de puro contenido represivo en defensa de los intereses de siempre, ya que no los vemos asistiendo gravísimas emergencias como inundaciones e incendios que azotan grandes zonas del país.La resolución menciona en sus considerandos “un mayor control de zonas de frontera” como objetivo general, pero en definitiva será el Poder Ejecutivo el que diga cuándo, cómo y dónde intervendrán las Fuerzas Armadas. De hecho, el Gobierno ya tiene desplegados operativos conjuntos con participación del Ejército en el norte del país, con el poco sutil nombre de “Operación Julio Argentino Roca”, que se sumó en abril como complemento del “Plan Güemes” de Gendarmería. Recordemos que fue en el marco de ese plan que, el 18/12/2024, en Orán, Salta, varios gendarmes dispararon con balas de plomo contra un grupo de “bagayeros” que transportaban hojas de coca (legales en la zona) y otras mercaderías desde Aguas Blancas. Hirieron a 25 personas, cuatro de gravedad, y mataron a Fernando Martín Gómez, de 27 años, por la espalda.Un mes y medio después, el 06/02/2025, en La Quiaca, Jujuy, cuatro gendarmes —tres hombres y una mujer— dispararon cinco veces por la espalda y mataron a Ivo Rodrigo Torres (21). El pibe, de la comunidad del Pueblo Kolla de San Juan de Quillakes, en la Puna jujeña, iba en moto transportando hojas de coca.
Así es como los gatilleros de Milei y Bullrich “combaten el contrabando y el narcotráfico”.Es imposible no vincular este nuevo salto represivo del gobierno nacional con su sostenida política de sumisión a los intereses yanquis y de su aliado el Estado de Israel, como lo revela la constante participación de personal de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en cursos y capacitaciones de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), que depende del Departamento de Estado, una especie de Escuela de las Américas remozada, y otras agencias yanquis, como el reciente acuerdo del gobernador de San Luis, Claudio Poggi, con la DEA para “capacitar” a las fuerzas de seguridad provinciales. Se sumó a este panorama el decreto 941/2025, que reformó la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y modificó la Ley de Inteligencia Nacional. El DNU, además de convertir en clandestinas todas las operaciones de la SIDE, le permite intervenir sin control alguno en la vida privada de las personas, con facultades para detener sin orden, control judicial ni derecho a la defensa e intervenir en todos los ámbitos sociales, políticos e individuales que hasta ahora no tenía permitido. El DNU fue publicado el último día del año, cuando terminaban las sesiones ordinarias del Congreso, y legisla sobre cuestiones penales totalmente vedadas al Poder Ejecutivo, sin que se advierta circunstancia alguna de necesidad o urgencia. Si bien diversas organizaciones, como el CELS, presentaron recursos de amparo contra esta medida, la Justicia decidió no habilitar la feria judicial para tratarlo, argumentando que no advertía “razones de urgencia”.
Conclusión
En síntesis, el gobierno de Javier Milei, que venía a destruir el Estado, se valió y lo sigue haciendo de la columna vertebral del mismo, que son justamente sus fuerzas represivas. Le dio un poder a las fuerzas de seguridad que históricamente, excepto en dictadura, nunca habían tenido para reprimir y realizar todo tipo de excesos en desmedro de los sectores populares, ya sean trabajadores pasivos, desocupados o despedidos de fábricas.
Aplicando los métodos más salvajes en las jornadas donde dichos sectores se manifiestan para ejercer su derecho democrático de reclamar derechos pisoteados por las políticas de este gobierno, cuya única plataforma es el ajuste, la miseria y la destrucción de la soberanía nacional.Su política responde a los dictados internacionales del presidente de Estados Unidos, que busca recuperar a sangre y fuego la histórica hegemonía norteamericana perdida a manos del avasallante China, que tecnológica y comercialmente viene castigando al Tío Sam en dicha hegemonía.El delirio de Javier Milei lo lleva a tejer alianzas perjudiciales para el pueblo argentino. Lo impulsa su capacidad creativa de odiador serial a los sectores oprimidos y a toda oposición política o meramente retórica. Su mayor virtud, y tal vez la única, es su capacidad de odiar y destruir todo a su paso.En ese afán construye junto a Patricia Bullrich un mecanismo represivo inédito en la democracia argentina reciente. Todo en pos de su plan económico y político de exterminio explícito de las clases populares.