La violencia policial ha tenido un notable crecimiento en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años debido al impulso de políticas de seguridad más enérgicas contra los ciudadanos de bajos recursos desde la gestión de Mauricio Macri hasta el presente.
Sin embargo, el avance represivo en la Ciudad de Buenos Aires no es una política aislada, sino que se enmarca en un avance de leyes y metodologías a nivel nacional impulsadas por el gobierno de Javier Milei y la gestión indiscutible de Patricia Bullrich.
La ex ministra de Seguridad, ahora senadora, desde sus anteriores gestiones viene esgrimiendo las prácticas de gatillo fácil e implementación de persecución a los sectores que se organizan.
A partir del análisis de fuentes abocadas a la problemática de la violencia institucional como CELS y CORREPI, hemos arribado a conclusiones alarmantes que cuentan con una nula visualización en los medios de comunicación.
Quienes, desde su relato, consienten en algunos casos una política de mano dura propia de un paradigma coyuntural del gobierno nacional y de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.
Las conclusiones establecen que la violencia policial está concentrada en barrios de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde se aloja la población de recursos más vulnerables. En cuanto a la franja etaria, una flagrante focalización de la violencia sobre jóvenes de menos de 25 años.
A partir de 2023, la cantidad de particulares muertos/as en hechos de violencia con participación de fuerzas de seguridad muestra una tendencia ascendente. Registramos 89 muertos en 2023, y 115 en 2024.
Entre enero y diciembre de 2025, se registraron 123 muertos/as. Se observa un aumento cercano al 40% con respecto al año 2023. La mayoría de las muertes fueron con arma de fuego.
Capital Federal y Conurbano Bonaerense
Datos actualizados al 31/12/2025 según CELS
A fines de 2016, la puesta en funcionamiento de la Policía de la Ciudad, que recibió a gran parte del personal de la Policía Federal, hizo que las muertes que acumulaba la Policía Federal se repartieran entre dos fuerzas. En los últimos años, la Gendarmería y la Prefectura Naval disminuyeron sus funciones de prevención en Capital Federal y el Conurbano. El conjunto de las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal) fue responsable de alrededor del 23% (30) de las muertes registradas. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue responsable del 26% (32) de las muertes.
Franja etaria de las víctimas
Mientras que, por otra parte, la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es responsable del 26% de las muertes (32 casos), evidenciando el peso de esta fuerza tras absorber a gran parte de la Policía Federal años atrás. Para cerrar esta estadística, las fuerzas federales en su conjunto suman el 23% de las muertes restantes (30 casos).
El perfil demográfico de quienes murieron por acción de funcionarios/as policiales y de seguridad muestra que los varones jóvenes son el grupo más afectado por la letalidad policial. Entre enero y diciembre de 2025, el 71% de los varones muertos tenía entre 15 y 27 años. En relación a las mujeres, registramos cuatro mujeres fallecidas de 27, 29, 31 y 70 años, respectivamente. Tres de esas muertes se trataron de femicidios policiales. Es decir, fueron casos de mujeres muertas por motivos de género.
De los territorios considerados, la Ciudad de Buenos Aires concentra aproximadamente el 20% de la población, mientras que el 80% vive en el Conurbano. El total acumulado registrado de particulares muertos/as por fuerzas de seguridad se distribuye en esa misma proporción. En los últimos años se observa una tendencia a concentrar mayor proporción de muertes en el Conurbano Bonaerense: desde 2011, cada año los casos registrados en el Gran Buenos Aires representan el 85%. Los valores recolectados durante 2025 acentúan esta tendencia: el 91% de las muertes de particulares ocurrieron en el Conurbano Bonaerense.
A partir de 2012, se registra una tendencia de aumento de particulares muertos/as en hechos de violencia con funcionarios/as de fuerzas de seguridad que no se encontraban cumpliendo funciones. En 2025, el 77% de las muertes de particulares ocurrieron en hechos de violencia con funcionarios/as que se encontraban fuera de servicio.
Desde el CELS advierten que un número alto de intervenciones policiales letales expone dos escenarios posibles y preocupantes. Cabe pensar que las fuerzas de seguridad no están preparadas o que la violencia institucional es promovida y tolerada por las propias autoridades. Este informe concluye que, salvo raras excepciones, las cúpulas políticas y policiales no consideran el uso de la fuerza como un tema relevante.
Crímenes con el arma reglamentaria fuera del horario de servicio de efectivos de la Policía de la Ciudad
Si excluimos del análisis los casos de los que son responsables los integrantes del Servicio Penitenciario, que en casi su totalidad corresponden a muertes bajo custodia, y nos concentramos en los hechos de las demás fuerzas, resulta abrumadora la incidencia del uso del arma reglamentaria fuera de servicio. Un informe publicado en 2024 por ACVI y el Instituto EnFoco calcula que el 66% de las muertes de civiles y de los propios funcionarios en situaciones intrafuerza se produce fuera del horario de servicio, pero con el arma reglamentaria. “Esto se explica por la vigencia del estado policial, que es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen las fuerzas de seguridad y que hace que los policías sigan siéndolo aun cuando se encuentran fuera de servicio o retirados”.
Entre los derechos se encuentra la facultad de portar el arma reglamentaria fuera del horario laboral, haciendo que muchos decidan llevar el armamento a sus casas, cargando con él las 24 horas del día. Esto provoca que, ante cualquier tipo de conflicto que se les presente, hagan uso de la fuerza letal, disparando. Por ello, la mayor cantidad de muertes de civiles o particulares ocurren cuando los funcionarios de las fuerzas federales se encuentran fuera de servicio.
“Dicha situación viene siendo advertida por organismos como el CELS, CORREPI y la Comisión Provincial por la Memoria”, dice el informe. Los datos recabados en este archivo confirman ese dato, que seguramente es un piso mínimo, ya que tenemos 86 casos de gatillo fácil informados por la Comisión Provincial por la Memoria para 2025, de los que aún ignoramos las circunstancias precisas. Es por eso que insistimos en la prohibición a todas las fuerzas de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio y de civil, lo que redundaría de inmediato en una baja importante del gatillo fácil, además de disminuir las muertes intrafuerza.
Esto es particularmente trascendente en el caso de algunas fuerzas, por ejemplo, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires: de un total de 34 fusilamientos de gatillo fácil y dos femicidios registrados en 2024 y 2025, sólo en cuatro casos el policía estaba en funciones. Los otros 32 hechos ocurrieron con el funcionario fuera de servicio, pero con el arma reglamentaria. Y de ellos, 26 fueron fuera de jurisdicción, en provincia de Buenos Aires.
De hecho, resulta que la Policía de la Ciudad es la fuerza más letal del país, ya que, si comparamos la cantidad de casos de gatillo fácil de esa fuerza con la tan temida Policía Bonaerense en el mismo período, desde su creación el 1º de enero de 2017, resulta que la Policía de la Ciudad tiene registradas desde esa fecha 195 muertes (excluyendo muertes bajo custodia), contra 630 en iguales circunstancias de la Bonaerense. Pero, según datos oficiales de los propios ministerios, la Ciudad tiene 27.000 efectivos aproximados, contra más de 100.000 de la Provincia, por lo que su letalidad es muy superior.
Desalojos violentos a vendedores ambulantes
Además de la violencia policial hacia los jóvenes y sectores vulnerables, también se suma el hostigamiento de Jorge Macri y sus efectivos policiales contra los vendedores ambulantes, quienes, al ser desplazados por el sistema laboral como consecuencia de las políticas de ajuste del gobierno nacional, intentan sobrevivir impulsando algún microemprendimiento.
Jorge Macri ataca a quienes intentan ganarse el sustento. Hay hambre, hay crisis, cuesta llegar a fin de mes. Hay menos trabajo, hay más precarización. ¿De qué manera intenta solucionar la problemática Jorge Macri? De ninguna. Solo quita la oportunidad de trabajar a vendedores de ferias como la de Parque Los Andes, que fue desalojada, al igual que tantas otras.
“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ensaña con los que buscan ganarse la vida dignamente, trabajando. Una vez más nos preguntamos: ¿a dónde quieren que vaya toda la gente que sacan de la venta?”, sentenció un vendedor. La feria de Parque Los Andes surgió por la necesidad económica y en 2024 tuvo un crecimiento exponencial gracias a la política de desalojos que llevó a cabo Jorge Macri con Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacios Públicos e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires.
Eduardo tiene 63 años. Laburó toda la vida como pudo. Ni siquiera puede aspirar a una jubilación digna. Se gana la vida como vendedor ambulante. Este fin de semana, tal vez el último de calor de este otoño en Buenos Aires, podía juntarse unos mangos vendiendo helados en el Parque Los Andes, barrio de Chacarita. Pero parte del protocolo del operativo de seguridad ejecutado por el gobierno de Jorge Macri para desalojar a los manteros de la zona es prohibir cualquier tipo de venta callejera en los alrededores. Entonces, este fin de semana Eduardo no pudo vender helados y los pibes y las pibas que jugaban en la plaza no pudieron refrescarse con un heladito.
Estos desalojos ejecutados por la Policía de la Ciudad ya se realizaron en Once, Flores y en Parque Centenario, entre otros lugares. “Si te sacan de todos lados, ¿cómo vas a hacer para trabajar? No quieren dejarte laburar”, explica el vendedor de helados.
A esta feria se acercan los fines de semana vecinos y vecinas a pasear y comprar a precios muy accesibles; sin embargo, sin mediar palabra con los feriantes, se decidió de manera violenta negarles el derecho a trabajar a muchísimas personas que hoy no tienen una propuesta de reubicación.
Con la crisis económica, los salarios se encuentran por debajo de la canasta alimentaria y, mientras el mercado no les da lugar a estos trabajadores y los expulsa a la exclusión, tienen que rebuscárselas para poder comer.
Se excusan diciéndoles a los feriantes que deben anotarse para ingresar como feriantes y los puestos que se asignan son a cuentagotas. Estamos hablando de una feria de más de dos mil trabajadores, entre los cuales se encuentran mujeres jefas de hogar, personas discapacitadas, adultos mayores jubilados, pensionados e inmigrantes.
Conclusión
Es evidente que toda práctica represiva y de desalojos es parte de un mecanismo de disciplinamiento y control sobre sectores focalizados de la población.
La Ciudad de Buenos Aires es el epicentro y el laboratorio pródigo de las políticas de Javier Milei y Patricia Bullrich. Es necesario controlar una población que cada día se encuentra con mayor vaciamiento en sus bolsillos y en sus heladeras.
Sectores cada vez mayores, producto de políticas de ajuste y despojo, buscan la manera de poder sobrevivir; en ese marco salen a la calle a buscar su sustento y a recuperar sus derechos pisoteados por estos gobiernos neoliberales, que les van quitando sin prisa pero sin pausa la salud, el trabajo, el estudio a sus hijos; en conclusión, sus derechos humanos elementales.
La situación en los barrios de la zona sur de CABA son los más afectados por la violencia policial; sin embargo, también la padecen jóvenes y adultos mayores que intentan ganarse la vida en franjas geográficas centrales como Retiro, Constitución y Once, en donde pueden llegar a generar alguna ganancia vendiendo algo.
Desde hace unos años, y como corolario de una sucesión de gobiernos de corte derechista comenzado con la gestión de Mauricio Macri, posteriormente Rodríguez Larreta y actualmente Jorge Macri, podemos hablar de la maldita Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Sumado a los problemas de violencia policial, subsistencia y falta de empleo, también se acrecienta la problemática de vivienda, que ocasiona el hacinamiento de las familias en espacios reducidos e incomodidad.
La solución pasa por un cambio de paradigma en las políticas sociales, de seguridad y de inserción social. La salida no es mayor mano dura y violencia policial para invisibilizar el problema.
Es necesario concientizarnos de dicha situación a partir de las estadísticas y testimonios concretos de los ciudadanos.
Fuentes Consultadas
https://www.cels.org.ar/web/ Centro de Estudios Legales y Sociales.
https://www.correpi.org/ ARCHIVO Anual 2025, CORREPI.