La expansión de la frontera agropecuaria está causando un impacto de características catastróficas en el ecosistema y la vida de las comunidades indígenas de la Argentina. La deforestación, por ejemplo, en la Región del Chaco Seco, pone a ese territorio como el segundo afectado en cantidad de hectáreas de toda Sudamérica, después del Amazonas.
Este proceso se aceleró de manera ostensible durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, durante los cuales el porcentaje anual de pérdida de bosque nativo –respecto del total de bosque nativo remanente– aumentó en todo el territorio nacional de un 0,34% anual en 2015 a un 0,42% en 2018, lo que equivale a una superficie desmontadas de 183.368 hectáreas.
Un reciente estudio realizado por la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD) ubica a la Argentina “entre los diez países con mayor pérdida neta de bosques en el mundo durante el período 2000-2015”. Asimismo, señala que desde la sanción de la Ley de Bosques Nativos, en 2007, la pérdida de superficie boscosa en el decenio 2008-2018 fue de aproximadamente 2,8 millones de hectáreas.
Durante el último año, la situación en la región llegó a un pico aún más alarmante: “el deterioro continuó en el año 2019, en el que se registraron 102.023 hectáreas deforestadas, totalizándose la suma de 6.011.867 hectáreas de bosques desmontados en el Chaco Seco para el período 1996 a 2019. Es decir, 60.118,67 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a casi tres veces la provincia de Tucumán”, grafica el estudio de APCD.
En el mismo sentido, el último informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, titulado “Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos de Argentina y propuestas de desarrollo alternativas”, señala que “desde el año 2016 la deforestación provocó, además, el desplazamiento de comunidades que desarrollan su economía y cultura en base al bosque nativo, suponiendo así un proceso de concentración de la tierra y riqueza acompañado por una homogeneización de la producción en base a los monocultivos y la pérdida de generación de servicios ambientales forestales”.
El impacto social
Migraciones forzadas, pérdida de identidad individual y colectiva, desarraigo histórico-espiritual y aumento de la inequidad y la pobreza son algunos de los efectos que la deforestación desenfrenada provoca en los habitantes de las zonas afectadas, principalmente en las comunidades indígenas.
“La destrucción del ambiente natural que suponen los bosques nativos tiene graves consecuencias para las poblaciones locales, compuestas principalmente por pueblos indígenas, familias campesinas y pequeños productores. Debido a la destrucción de su entorno, estos sectores muchas veces se ven forzados a desplazarse a grandes centros urbanos, aumentando así la concentración inequitativa de la población, los índices de pobreza y la pérdida de saberes culturales que hacen a una sociedad más diversa, justa e inclusiva”, remarca el estudio realizado por APCD.
En el lugar de las poblaciones afectadas por la deforestación -y subsecuente expansión de la frontera agropecuaria-, se produce la aparición de nuevos actores económicos y rurales con una concepción totalmente diferente de la tierra y su relación con la vida humana. Se pasa de una visión de intercambio mutuamente enriquecedor a una meramente extractiva, un verdadero saqueo de la riqueza que encierra la tierra.
“Los nuevos actores rurales que surgen luego del proceso de deforestación y reconversión de las tierras para fines de explotación agroganadera traen consigo otros criterios valorativos sobre la región, que se expresan, centralmente, en una visión reducida a lo meramente productivo. De esta manera, el ambiente se convierte solamente en un dispensario de recursos económicos que es preciso explotar con la mayor celeridad posible, sin tener en cuenta otras dimensiones que se juegan en el territorio”, describe el informe.
Pequeños productores y pobreza
Las comunidades indígenas no son el único colectivo damnificado por el proceso de deforestación. En las últimas décadas, la expansión de la frontera agropecuaria afectó de manera regresiva a la diversificación productiva y, consecuentemente, a la posibilidad de supervivencia de los pequeños productores agropecuarios que históricamente tenían sus emprendimientos en las zonas deforestadas.
El informe de APCD detalla que “en el período 1988-2002, los pequeños productores agropecuarios vieron caer sus explotaciones en un 26%, porcentaje que asciende al 48% si se considera el período 1988-2018. Esto equivale a decir que casi la mitad de los pequeños productores ha desaparecido en sólo 30 años, llevando a una mayor concentración de la riqueza y aumento de las desigualdades”.
Las consecuencias son migraciones forzadas y pobreza.
“El 61,5% de la población residente en el país que presenta algún grado de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) reside en zonas de bosques nativos con elevados índices de degradación”, describe el estudio, y agrega: “La menor disponibilidad de posibilidades de desarrollo y oportunidades de futuro que genera este escenario se traduce en el aumento de la emigración de estas. Es así que la mayor parte de los departamentos del país que tienen bosques nativos presentan saldos migratorios negativos, lo que refleja la expulsión de la población, especialmente de los sectores más jóvenes de la pirámide demográfica (…) por ello es posible afirmar que la expansión del modelo agroindustrial de producción sobre los territorios de los bosques nativos ocasiona perjuicios económicos tales como la pérdida de empleo y el aumento de la pobreza y la indigencia, que se traducen, a su vez, en conflictos sociales caracterizados por el despojo del territorio, las migraciones no planificadas y el aumento de la violencia junto con una escalada en la criminalización de las resistencias al avance de la destrucción de los bosques nativos”, concluye.
