La gran contribución teórica de la reforma previsional fue haber extendido la doctrina de la “posverdad” al campo del cálculo matemático a través de lo que se podría denominar el “Teorema de Macri”. Su enunciado: “Si a los jubilados se les otorga 3.600 millones de pesos en compensación a una quita de 100 mil millones, ellos no pierden poder adquisitivo”. Una simpleza.
Pero su correlato parlamentario fue más complejo: el carácter extorsivo de la “persuasión” ejercida por el Poder Ejecutivo sobre ciertos gobernadores del peronismo no kirchnerista afecta –desde el punto de vista constitucional– la validez misma de la ley sancionada por la violencia del acto jurídico.
Por eso no debe asombrar la represión del 14 y 18 de diciembre en los alrededores del Congreso Nacional. Y con un despliegue jamás visto. Aunque con un plan operativo de manual que remite a otras tragedias históricas. Tanto es así que su esquema táctico fue casi un calco del que supo implementar el presidente interino Eduardo Alberto Duhalde durante la ya remota mañana del 26 de junio de 2002 en el Puente Pueyrredón.
Ya se sabe que ese hecho derivó en el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán ante numerosos testigos, algunos con cámaras fotográficas y televisivas. Pero la trama de aquel miércoles negro había comenzado semanas antes, cuando el entonces titular de la SIDE, Carlos Soria, sorprendió a todos con un inquietante informe de inteligencia. El paper revelaba la existencia de “un plan insurreccional en marcha”. Así, para el día de los hechos se tejió una fina maniobra con el propósito de deslucir una marcha piquetera, impulsando con provocadores e infiltrados una situación de caos para luego aplicar sobre ésta una represión medida, disciplinante y con un alto contenido mediático, a los efectos de instalar así la ilusión de que el “orden” había sido restaurado.
Pero no contaban con la sutileza de La Bonaerense.
¿Acaso las dos recientes cacerías humanas emprendidas por las fuerzas macristas de seguridad tuvieron otra casuística?
“En las esferas más altas del gobierno se manejaba un paper de la AFI con datos antojadizos. El más delirante: ‘un plan insurreccional en marcha con 1.200 manifestantes dispuestos a tomar el Congreso’”
Al respecto resulta curioso que el gobierno se apurara en hacer circular a través de periodistas afines la versión de su “malestar” hacia el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Majdalani, por la “inexistencia de información para prevenir desmanes” a raíz de la reforma jubilatoria. Que por ese motivo “no se sabe quienes estuvieron detrás de los incidentes” y que únicamente pudieron “apuntar (en el sentido investigativo de la palabra, claro) sobre barrabravas y militantes aislados”, tal como supo consignar el portal La Política Online.
No menos significativo fue el hermetismo oficial luego de la desaforada acción represiva del jueves. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, eludió todo dato sobre su operatoria. De modo que mantuvo en secreto bajo qué ejes fue planeada, cuál fue la justificación para movilizar cuatro fuerzas federales, qué órdenes obedecían y quién fue el funcionario ministerial que las coordinó. Aún así ciertos datos al respecto afloraron con el paso de las horas.
De hecho, se pudo confirmar que exactamente a las 12.00 de aquel día el Presidente mantuvo una reunión en la Rosada con la señora Bullrich y otros cuatro personajes claves de esta historia: el jefe máximo de la Gendarmería, Gerardo Otero, el de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, el de la Prefectura Naval, Eduardo René Scarzello, y el de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alejandro Itzcovich Griot. Una fuente gubernamental admitió la existencia del cónclave, pero atribuyéndolo a “un reconocimiento hacia la labor de aquellas fuerzas”. Lo notable es que ello no mereció ningún comunicado de prensa.
En realidad –a imagen y semejanza del “informe Soria”–, en las esferas más altas del gobierno se manejaba un paper de la AFI con datos antojadizos. El más delirante: “un plan insurreccional en marcha con 1.200 manifestantes dispuestos a tomar el Congreso”. Aquella “hipótesis de conflicto” acuñada a la medida de los requerimientos oficiales fue repetida desde entonces a coro por funcionarios, legisladores y dirigentes del macrismo. Desde luego que eso dio pié –al igual que el operativo de Duhalde en 2002– a una fina maniobra con el propósito de opacar las marchas contra la reforma previsional, impulsando con provocadores e infiltrados una situación de caos para luego aplicar sobre ésta una represión medida, disciplinante y con un alto contenido mediático. Pero no contaban con la sutileza de la ministra “Pato”.
En el plano estructural se diseñó un dispositivo con 1500 uniformados (550 de la Gendarmería, 450 de la Policía Federal, 350 de la Prefectura Naval y 150 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria). El propósito, militarizar el centro de la ciudad para así impedir que los manifestantes llegaran hasta las vallas del Congreso. Semejante despliegue –tal como lo reveló Horacio Verbitsky el 17 de diciembre en su plataforma digital, El cohete a la luna– fue ideado por el brigadier retirado Vicente Autiero, actualmente a cargo de la subsecretaría de Coordinación en la Secretaría de Fronteras del Ministerio de Seguridad.
Su táctica no fue muy feliz. En vez de establecer un comando táctico unificado –con monitoreo televisivo de cada ángulo del teatro de operaciones y diálogo permanente con los jefes de calle–, el brigadier prefirió desplegar las cuatro fuerzas sin comunicación entre sí y con el gatillo libre para actuar. Así transcurrió aquel festival del garrote y la pólvora.
Mientras tanto el recinto de la Cámara de Diputados era un caos. Gritos, forcejeos y acusaciones cruzadas alimentaban la comedia del quórum. De a poco comenzaban a llegar las noticias iniciales de la represión con proyectiles de goma y gas pimienta junto a las imágenes televisivas de los heridos; entre ellos, los legisladores Matías Rodríguez y Mayra Mendoza, del FpV.
“’¡Vos no podés hacer esto sin consultarnos!’. Era el jefe de gabinete del Gobierno de la Ciudad, Felipe Miguel. Se refería a que las fuerzas federales actuaban en las calles porteñas como una tropa de ocupación”
Fue cuando la inefable Lilita Carrió se permitió un chascarrillo: “Tienen que tener cuidado los diputados de no atropellar a las fuerzas del orden”.
Al atardecer, ya sin un átomo de broma, soltó: “¡No se necesitan tantos gendarmes! ¡La ministra de Seguridad tiene que parar!”.
Hubo quienes interpretaron en esa frase un pedido de renuncia.
En ese mismo instante la ministra, pálida y desencajada, enmudecía con el celular en la oreja. Desde el otro lado de la línea, alguien le bramaba: “¡Vos no podés hacer esto sin consultarnos!”. Era el jefe de gabinete del Gobierno de la Ciudad, Felipe Miguel. Se refería a que las fuerzas federales actuaban en las calles porteñas como una tropa de ocupación.
Tras la caída de la sesión parlamentaria, la remake del asunto fue fijada para el lunes. Y sin Bullrich de por medio. Había llegado el turno de la Policía de la Ciudad. Pero con una estrategia similar: crear una situación de caos para así legitimar –o al menos, diluir– ante la opinión pública el saqueo jubilatorio. Eso sí: con aparente transparencia previa, cosa que incluía la difusión de los detalles numéricos del esquema de seguridad y el acatamiento a regañadientes de las reglas impuestas por la jueza Patricia López Vergara en relación al uso limitado de armas no letales, entre otras disposiciones.
La mazorca porteña movilizó a medio millar de uniformados en la zona perimetral del Congreso y una cantidad similar en las calles y avenidas de los alrededores. La tropa, acantonada en sus puestos desde la noche del domingo, se encontraba bajo el mando estratégico del secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, un abogado sin formación policial.
Ya concluido el mediodía sus mastines humanos cometían los primeros excesos. Por caso, rociar con gas pimienta a una jubilada en la calle Rodríguez Peña, antes de prodigarle un bastonazo.
Las hostilidades –debidamente televisadas– comenzaron en el flanco izquierdo de la plaza al momento de iniciarse el debate en la Cámara Baja. Y por obra de encapuchados de confuso pedigree. Dos de ellos, con pecheras de la CTA, se perdieron luego en una columna de la infantería policial. Por ese entonces unos 40 militantes de agrupaciones pequeñas o casi desconocidas se sumaron a la refriega. Con el correr de las horas, mientras los uniformados en ese sector aún contenían tal “rechifle” –con escenas dignas de Eisenstein–, la represión comenzaba a extenderse en las zonas tranquilas de la plaza. Era ya el momento de la cacería. Los efectivos disparaban sin miramientos a la cabeza de los manifestantes. Las embestidas con motos y patrulleros contra personas pacíficas eran practicadas casi como un deporte. Hasta la estación Sáenz Peña de la línea A del subte, repleta de gente, fue gaseada. Al atardecer, cuando la violencia había decrecido a su mínimo nivel, la inoportuna intervención de la Gendarmería y la Federal –ordenada por Bullrich con el aval presidencial–reinstauró la bestialidad represiva, además de causar nuevas batallas campales sobre la avenida 9 de julo.
El saldo del día: 88 policías y 74 civiles heridos, junto con 60 detenidos.
Entre la noche y la madrugada, un multitudinario cacerolazo circundó al Palacio del Congreso, mientras otros 35 se hacían sentir en todos los barrios. Aquella oleada de protestas también se extendía en las ciudades y pueblos del interior de país.
Ya al alba la reforma previsional fue finalmente aprobada. Una victoria pírrica del gobierno en medio de su primera crisis política. Una circunstancia de imprevisibles consecuencias.
