Hasta hace menos de un mes, cuando Adolfo Pérez Esquivel le entregó el informe elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria sobre el sistema de encierro en la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal no tenía idea -o no quería tenerla- de la crítica situación que arrastra el Servicio Penitenciario Bonaerense ni de las condiciones inhumanas y las vejaciones que sufren los presos sometidos a él.
Con esos papeles en la mano, que describen con datos duros y ciertos un horror cuyo único responsable es el Estado, la gobernadora decidió el desplazamiento del jefe del SPB, Fernando Díaz, junto con toda la cúpula de la fuerza, y anunció una serie de medidas para “democratizar y transparentar” su funcionamiento. De acuerdo con esos anuncios, se pondría en marcha una auditoría externa que pondría bajo la lupa en los nuevos jefes y directores de las 56 cárceles y alcaidías que integran el servicio. En la misma sintonía, el subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense, Juan José Baric, informó que iniciaría una investigación interna, que incluiría el envío de los legajos de cerca de 15.000 agentes penitenciarios al Registro Nacional de Antecedentes. De haberlo hecho antes, habría sabido de entrada que hay más de 350 efectivos que los tienen, entre ellos, el mismísimo jefe desplazado, Fernando Díaz, acusado de irregularidades en la gestión del penal federal de Salta.
En sus declaraciones, tanto la gobernadora como su subsecretario se limitaron a hacer observaciones generales pero se cuidaron muy bien de no reproducir los datos de terror que demuestran que el Servicio Penitenciario Bonaerense es, desde hace muchos años, una bomba de múltiples cabezas, cada una de las cuales puede estallar en cualquier momento. En lugar de blanquear la situación, Vidal repitió las prácticas de sus predecesores. En la introducción de su Informe, la Comisión Provincial por la Memoria lo dice con claridad: “Las primeras y principales medidas adoptadas por los gobernadores Ruckauf, Solá, Scioli y Vidal durante sus gestiones para enfrentar la crisis penitenciaria que todos ellos diagnosticaron fueron promover estados de emergencia; los objetivos fueron los mismos: realizar trabajos de construcción, ampliación o refacción de instalaciones carcelarias, eludir los mecanismos de control y normativas que rigen la transparencia y el control de dichos actos ejecutados por funcionarios del Poder Ejecutivo, colocar al personal en situación de disponibilidad para los cambios que se hicieran, habilitar manejos discrecionales o arbitrarios en el otorgamiento a determinadas empresas de importantes trabajos públicos o favorecer a proveedores vinculados con adquisiciones de materiales y equipos”.
El horror en cifras
Mientras tanto, la situación de los presos hacinados en las cárceles bonaerenses no mejora sino que se agrava y no parece tener retorno. La comparación con el Servicio Penitenciario Federal es por demás elocuente. El Servicio Penitenciario Federal tiene 39 establecimientos carcelarios y alberga a 10.000 de los 70.000 presos que hay en la Argentina. En diciembre de 2015, el Servicio Penitenciario Bonaerense informaba que la población penitenciaria ascendía a 34.096 personas alojadas en las 20.732 plazas de los 56 establecimientos penitenciarios y las 7 alcaidías departamentales; había un 59,8% de sobrepoblación. Por otra parte, según datos obtenidos por la Comisión Provincial por la Memoria, en los últimos diez años la población de las cárceles bonaerenses aumentó de 23.878 presos en 2006 a los más de 34 mil del año pasado. El presupuesto del SPF y el del SPB no son tan distintos pese a que este último triplica la cantidad de presos en sus cárceles. Los resultados de esta desigualdad son notables.
Otro problema grave es el de los procesados que esperan la resolución de sus juicios entre rejas. En el Servicio Penitenciario Federal son el 60% de los detenidos, pero en el Bonaerense alcanza al 70%. La proporción es desmesurada si se la compara con lo que ocurre en otros países del mundo. España tiene un número cercano al 20% de procesados. Brasil, que tiene más de 600.000 presos, llega a un 35%.
“El entrecruzamiento de datos recopilados por la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la CPM, muestra que las diez cárceles con más muertes violentas entre 2009 y 2014 se ubican casi todas en Buenos Aires”
Para potenciar el problema, la superpoblación de las cárceles bonaerenses hace que condenados y procesados no estén separados, lo que suele provocar más de un conflicto. “Esa proporción cambia la finalidad de la cárcel como lugar de condena, y hace que su prioridad sea un espacio de retención y custodia. Qué le pasa por la cabeza a un tipo que no sabe si lo van a absolver o condenar. El que tiene condena se pone a pensar cómo va a pasar esos años. En cambio todos los procesados creen que van a salir en libertad, que va a haber alguna nulidad, aun los que los engancharon con todas las pruebas. Esa es una gran división. Y, por ley, no deberían juntarse pero como hay tantos procesados están todas las cárceles mezclados”, explica Alejandro Marambio, jefe del Servicio Penitenciario Federal entre 2007 y 2011.
El entrecruzamiento de datos recopilados por la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la CPM, muestra que las diez cárceles con más muertes violentas entre 2009 y 2014 se ubican casi todas en Buenos Aires. Según el informe anual de 2016 de la Comisión Provincial por la Memoria, la tasa de personas muertas en instalaciones del SPB asciende a 4,3 por cada 10.000 detenidos. En 2015 fueron 145, un notable incremento con relación a las 129 muertes de 2014. De las 145 del año pasado, el 65% fue por enfermedades curables no asistidas, como por ejemplo la tuberculosis, que produjo 15 decesos.
Torturas e impunidad
Las torturas en las cárceles bonaerenses siguen siendo un problema sin solución. En pocos días más, el defensor de Casación Penal de la Provincia, Mario Coriolano -que también es miembro del Consejo asesor de Derechos Humanos de la ONU-, presentará un informe donde denuncia que en los primeros cuatro meses de 2016 hubo 276 casos de tormentos en cárceles bonaerenses y en otras dependencias dependientes del Ministerio de Seguridad.
El relevamiento realizado por la CPM también es revelador hasta el detalle de una realidad que sólo cambia para empeorar. “Durante 2015 se realizaron 6.719 entrevistas a personas detenidas o sus familiares. En estas entrevistas se registraron 18.557 hechos de agravamiento de las condiciones de detención de las personas detenidas, que dieron origen a 3.916 habeas corpus o acciones urgentes en las que se denunciaron judicialmente 12.787 hechos de torturas o malos tratos. A esto deben agregarse las 42 presentaciones o ampliaciones de habeas corpus colectivos sobre 22 unidades penitenciarias. El Registro Nacional de Casos de Torturas y Malos Tratos (RNCT) relevó 2.514 hechos padecidos por 596 víctimas. El cuadro se completa con 12.048 hechos de violencia ocurridos en las cárceles y que fueran informados a la justicia por el propio Servicio Penitenciario, aunque suele ser un subregistro por la gran cantidad de hechos que no se informan o que la justicia no informa a la CPM. Contempla peleas entre varios detenidos, amenazas, represión, agresiones entre dos detenidos, suicidios y muertes traumáticas”, registra.
“A lo largo de la historia argentina del crimen y el castigo se pueden registrar dos vertientes en la formación y en la cultura penitenciaria”
En la mayoría de los casos, estos hechos quedan impunes o con castigos escandalosamente atenuados. Aunque el año pasado se iniciaron 1275 causas contra agentes penitenciarios, casi las tres cuartas partes de ellas (73,2%) fueron caratuladas como “apremios ilegales” o “severidades y vejaciones”, delitos que contemplan penas menores, mientras que sólo 11 casos (0,3%) fueron tipificados como “torturas”, cuya pena es equiparable a la de un homicidio. Siempre según la CPM, sólo el 2,6% de estas causas fueron elevadas a juicio. “Con la carátula más benévola, los pocos agentes atrapados por el sistema penal accederán a excarcelaciones o mejoras en su situación procesal. Estos indicadores señalan una vez más el posicionamiento de los operadores judiciales frente a la tortura, y la naturalización y minimización de estos hechos gravísimos”, denuncia el informe.
A lo largo de la historia argentina del crimen y el castigo se pueden registrar dos vertientes en la formación y en la cultura penitenciaria. Una de ellas es democrática, centrada en el respeto a los derechos de los detenidos y con un objetivo de reinserción social. La otra es exclusivamente punitiva, potenciada aún más por los períodos de militarización del sistema carcelario, practicante de una mano dura que justifica en la necesidad de someter a los presos porque estos son irrecuperables.
En la segunda década del siglo XXI, el Servicio Penitenciario Bonaerense parece no haber tenido noticias de la existencia de la primera y dedica toda su fuerza y la arbitrariedad de su poder sobre los detenidos para aplicar la segunda.
