Apenas dos semanas después de conmemorarse un nuevo aniversario del Cordobazo, la ciudad de Córdoba amaneció ayer en medio de un clima espeso. Tras ocho días consecutivos de huelga de transporte, provocado por otra paritaria irresuelta, la Municipalidad decidió sacar a la calle su “Plan de Emergencia del Servicio de Transporte”: unas cien unidades de colectivos, pertenecientes a 9 de las 72 lineas troncales, comenzaron a realizar sus recorridos sin cobrar boleto, manejadas por choferes convocados la noche anterior, vía Twitter, por la empresa ERSA, una de las cuatro que funcionan en la ciudad. Un escenario similar a cuando el gobierno de Mauricio Macri convocó a “voluntarios” para quebrar la huelga docente bonaerense, con la diferencia obvia de lo que implica conducir un colectivo (de hecho hubo más de un choque provocado por estos “colectiveros voluntarios”), amén de que en este caso no fue sólo una expresión de deseo sino una realidad efectivizada con un predio de la Fuerza Aérea funcionando como “cabecera de línea” de los colectivos que circularon todo el día con un gendarme en el primer asiento o efectivos policiales siguiendo cada unidad.
El conflicto culminó con versiones encontradas, luego de que a las 23.55 horas de ayer, lunes 12 de junio, el intendente radical Ramón Mestre (hijo) realizara las siguientes y polémicas declaraciones a Cadena 3 Noticias:
“La información que tenemos es a través de los medios de comunicación. No tenemos ninguna notificación por parte del ministerio de Trabajo. Nosotros queremos que el servicio se vuelva a restablecer, pero vuelvo a repetir: seguimos instando a los trabajadores para que dejen de estar en la ilegalidad y vayan a trabajar, porque actúan en forma individual y en este conflicto quien tiene la representación, la tiene de manera colectiva, porque es la UTA a nivel nacional, por estar intervenido el sindicato UTA Córdoba, quien tiene la representación. Nosotros no ponemos en peligro nada. Si el ministro llega a tomar la determinación de introducir a aquellos que están con derechos individuales a someterse a una conciliación obligatoria, yo ya estoy fijando una posición, y es que las horas no trabajadas no van a ser abonadas y los trabajadores despedidos han perdido sus trabajos”.
Las declaraciones del intendente radical-amarillo se produjeron apenas un rato después de que los trabajadores en huelga hubiesen arribado a un acuerdo con las empresas en el ministerio de Trabajo de la provincia, en el que se comprometían a retornar a sus puestos de trabajo, sin que les descontaran los días de paro y se reintegraran a los empleados despedidos, para seguir discutiendo el trasfondo del conflicto sin la medida de fuerza de por medio. Ya entrados los primeros minutos de hoy, martes 13 de junio, los trabajadores volvieron a autoconvocarse sobre la calle Vélez Sarsfield (casi esquina San Luis), frente a la Sede Córdoba de la Unión Tranviaria Automotor (UTA).
Algo más que el salario en juego
La huelga que provocó ya dos denuncias penales, 88 despidos y dos detenidos comenzó el lunes pasado, luego de un primer conflicto desatado el viernes, cuando los choferes de colectivos y las conductoras de trolebuses comenzaron a poner en discusión la paritaria nacional aprobada por el gremio días atrás. La medida se desató por una diferencia, no menor, del 11,5% en los aumentos salariales. Los delegados de base denuncian que para este año solo les corresponde un aumento del 8%, sin retroactivo, y por eso reclaman que el pago del 21% escalonado en tres cuotas para el segundo semestre que se acordó con el gobierno sea en un pago, retroactivo al mes de enero y aplicado a la escala nominal de Córdoba, con lo que el aumento salarial rondaría así en un 32%.
Desde que Ramón Mestre asumió la intendencia de la capital provincial, en 2011 a hoy, el boleto de colectivos aumentó de $2,50 a $12,55. El año pasado la paritaria nacional cerró en 27%, mientras que la inflación anual fue del 35%. “El índice inflacionario dice que en el primer cuatrimestre tenemos el 11% de inflación, entonces por todo el año tenemos un 33% de inflación y consideramos que un aumento de 8% es una burla y sentimos que es una provocación”, declaró al respecto Érica Oliva, delegada de la empresa Tamse trolebuses. A esto debemos sumarle que en septiembre pasado la Seccional Córdoba de la UTA fue intervenida por la conducción nacional del gremio, bajo argumento de que no se estaban acatando todas las cláusulas estatutarias. El saliente secretario general local, Ricardo Salerno, denunció entonces un “golpe institucional” y desde las esferas nacionales del gremio, sostuvieron que en un mes, o a lo sumo dos, se normalizaría la situación, cosa que no ha sucedido hasta el día de hoy. En el medio, delegados de base comenzaron a tomar cada vez más protagonismo y a denunciar la falta de democracia sindical. En un proceso muy similar al que desarrollaron en su momento los denominados “metrodelegados” del subterráneo de Buenos Aires, estos choferes cordobeses también pusieron en entredicho en estos días la rigidez del “imperio Fernández”, según denominan muchos trabajadores a los modos en que Roberto Fernández, secretario general de UTA, maneja el gremio, quien luego de declarar que “desde Córdoba no nos van a manejar el sindicato”, firmó un duro comunicado en el cual expresa -entre otras cuestiones- que “de persistir los trabajadores en el incumplimiento al acatamiento de las directivas de nuestra entidad, quedarán fuera de la cobertura gremial de UTA, debiendo asumir las consecuencias de su incorrecto proceder”. Tras solicitar a sus afiliados que “depongan su actitud”, la conducción nacional de UTA recordó que “solo nuestro sindicato está legitimado para lograr la reincorporación de los despedidos, el cese de las intimaciones y la recuperación de los días perdidos” y exigió a los otros gremios y partidos políticos que se habían solidarizado con la protesta, que desistan su actitud, ya que consideraron que su accionar estaba “socavando las bases del estado de derecho y del sistema democrático”.
Este es el contexto de fondo en el cual se inscribe la huelga de choferes en Córdoba.
Unidad, solidaridad, organización
Con la ausencia de los secretarios generales pero con la participación activa de los cuerpos orgánicos, los principales gremios de Córdoba participaron ayer del acto que se realizó frente a la sede de UTA tras una movilización por las calles de la capital provincial, de la que también participaron organizaciones y partidos políticos, agrupaciones estudiantiles y movimientos sociales, entre los que se destacaron la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) y la Federación de Estudiantes Secundarios (FES), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el sindicato de Luz y Fuerza, el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC), las dos CTA y el Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC), cuyo secretario general, Mauricio Saillén, reclamó desde el escenario que se realizara un referéndum revocatorio del mandato del intendente, en contraposición con los dichos de Ramón Mestre, quien había solicitado realizar una consulta popular para que la población votara sobre la posibilidad de hacer del transporte un servicio esencial (postura que el diputado radical, su hermano Diego, también llevó al Congreso de la Nación).
Según el artículo 146 de la Carta Orgánica Municipal, la Revocatoria “puede ser promovida por no menos del diez por ciento (10%) del electorado para revocar los mandatos a las autoridades municipales electivas”, en una elección de carácter obligatorio.
El orden cordobesista contra los trabajadores
Todas las fuerzas del orden se posicionaron durante la semana contra la huelga protagonizada por los trabajadores de UTA: la conducción nacional del gremio, la intendencia de Cambiemos, la gobernación justicialista, las empresas de transporte, la Cámara de Comercio y los medios hegemónicos de comunicación, que promovieron cada día una violencia inusitada contra la medida de fuerza, reclamando despidos y fomentando la violencia social. Todas las fuerzas del orden cordobesista alzaron su voz y mostraron unanimidad contra este sector de la clase trabajadora cordobesa, que se debate en torno a un conflicto que comenzó siendo salarial y que hoy se ha transformado en el principal elemento de una crisis política que atraviesa todos los estamentos de gobierno local y provincial.
