A pesar que del gobierno del ingeniero Macri nunca se esperó otra cosa que el regreso de las peores prácticas neoliberales, hasta el momento no se ha logrado articular una respuesta de conjunto que contemple a los diversos actores de la ciudad. Así y todo, a paso lento pero sostenido, empiezan a agrietarse tanto la pasividad de los trabajadores como los discursos del oficialismo porteño.
Si el conflicto entre el gobierno nacional y las patronales del campo ha provocado una lectura en común de todas las fuerzas políticas, es aquella circunscripta a la realidad política de la ciudad de Buenos Aires. No hay dudas que la discusión generada por la suba de las retenciones y su carácter móvil le vino como anillo al dedo a Mauricio Macri, en un contexto en el que se profundiza la sangría de funcionarios propios, que ya suma 14 renuncias. Aunque sea por unos meses, el monotema del lock out del agro permitió ocultar los incipientes y algo desorganizados pero numerosos y sostenidos conflictos gremiales en los que se ve involucrada la administración actual. Los años de experiencia acumulada en la gerencia de las empresas del grupo SOCMA, también se hacen presentes a la hora de disciplinar los reclamos.
Posicionamientos gremiales
Una de las noticias más trascendentes para los asalariados estatales del distrito fue el fallo emitido el 12 de julio pasado por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, mediante el cual se ordenó que la Asociación de Trabajadores del Estado, integrante de la Central de Trabajadores Argentinos (ATE-CTA), sea incorporada no solo a las paritarias sino que formara parte de cualquier mesa de discusión gremial en la ciudad. Así, por la vía judicial y por primera vez en el distrito se reconoce la libertad sindical negada de manera sistemática a una organización que posee la personería gremial desde el año 1926. Si bien este fallo fortaleció el marco formal de buena parte del activismo gremial, las medidas de lucha fueron sostenidas, aún sin ese reconocimiento, durante todo el semestre con escasa repercusión mediática.
La decisión judicial surge en un contexto en el que la CTA se encuentra en una feroz interna en la que está en discusión el concepto mismo de autonomía de una central de trabajadores ante el Estado. A la par, la CGT se muestra más preocupada por garantizar la caja que por el futuro de sus representados. Frente a este panorama, el debate de los asalariados porteños sobre los desafíos que se vienen se torna imprescindible. Más allá de la realidad al interior de cada una de las centrales gremiales con capacidad de representación, los trabajadores se encuentran a la búsqueda de herramientas en las que apoyarse.
Una decena de focos de conflicto
La lista es contundente.
– Los cuatro gremios docentes (UTE, SADOP, ADEMYS, AMC) convocaron a un paro para el próximo 17 de julio para protestar por la falta de políticas sociales del gobierno de Mauricio Macri.
– Denuncias de persecución gremial y despidos en la Dirección General de Festivales y la Dirección General de Música, ambas del Ministerio de Cultura.
– Reclamo para que se declare la emergencia sanitaria en los hospitales públicos.
– En la Dirección General de Niñez y en el Programa Ciudadanía Porteña dependiente del Ministerio de Desarrollo Social se contabilizaron 14 despidos en el correr de la semana pasada.
– Recortes en el Programa Cultural en Barrios.
– En el Banco Ciudad se realizó un paro por 48 horas el pasado 10 de julio.
– Los trabajadores del Centro de pedagogías de Anticipación (CePA), dependiente del Ministerio de Educación porteño y abocado a la capacitación y perfeccionamiento docente, se encuentran en asamblea permanente denunciando el intento de vaciamiento del Centro.
– Despidos a delegados gremiales en el Ballet del Teatro San Martín.
– Denuncia de vaciamiento del Programa ZAP (Proyecto Red de Inclusión Escolar) ante la falta de nombramientos y atraso en los pagos.
Actualmente los conflictos que se abren están atravesados por un fuerte descontento ante el congelamiento salarial al que se ven sometidos los trabajadores de la ciudad bajo modalidades de contratación precaria. Con la implementación del Plan de Empleo Público en noviembre de 2005, bajo el gobierno de Aníbal Ibarra, se congelaron virtualmente los salarios del grueso de los agentes que no se encuentran contratados en planta permanente. De estos, una importante mayoría percibe salarios por debajo de la línea de indigencia marcada hoy por los 1300 pesos de remuneración. El aumento del 19.5% acordado por arriba con la burocracia sindical, no solo es insuficiente, sino que en realidad dicho aumento solo representa un 12% más del salario real ya que está implementado de forma escalonada a partir de los haberes de marzo como referencia. Si a este dato se le suma la información aportada por un estudio del Instituto de Estudio y Formación (CTA), el cual sostiene que el gasto destinado a salario según el presupuesto 2008, incluidos los nuevos puestos creados por la actual gestión, es solo un 9% superior con respecto al del año pasado, ya no estamos ante una suba insuficiente sino ante una situación en la que los asalariados llegarán a fin de año con el poder adquisitivo por debajo del que poseían al comenzar el mismo período.
En este sentido y ante la inocultable suba de los precios en los productos de la canasta básica de alimentos, se espera la apertura de una mesa paritaria en el distrito que posee el superávit fiscal más alto del país, que crece a un ritmo directamente proporcional a la brecha que separa a los porteños más ricos de los más pobres.
A continuación repasamos algunos de los conflictos más importantes de este primer semestre, siendo el campo de la cultura uno de los sectores con mayor resistencia a las políticas neoliberales de la administración PRO.
Los talleres culturales
En el año 1984 se implementó la política de talleres culturales en los barrios. Las escuelas públicas fueron las encargadas de acoger esta iniciativa, incorporando clases de diferentes disciplinas artísticas en horarios extracurriculares. En abril de este año el ex radical y actual macrista ministro de Cultura, Hernán Lombardi, anunció una drástica reducción de los talleres culturales dependientes del Programa Cultural en Barrio, a pesar que la matrícula de los cursos había crecido en un 15% con respecto al año anterior, llegando a inscribir más de 20 mil alumnos.
A la intención de reducir los talleres se le sumó el recorte de horas cátedra para los profesores-talleristas, por lo que muchos quedarían sin trabajo y otros tanto con importantes mermas salariales. Esta medida quiso ser justificada por medio de una denuncia que sostenía que un 44,8% de los participantes de los talleres encuestados pagó un bono de entre 2 y 5 pesos, pese a que las actividades eran gratuitas. Este cobro fue confirmado por los mismos trabajadores quienes sostuvieron que el objetivo de los pagos es cubrir las horas de trabajo del personal de mantenimiento y celadores que no perciben horas extras ni compensaciones por las horas de trabajo por fuera del horario escolar, destacando también que el pago de ninguna manera era compulsivo.
A partir del dictamen del ministro, se realizaron un sinfín de acciones tendientes a retrotraer las medidas. La novedad fue la confluencia entre docentes, alumnos y trabajadores de diferentes dependencias de la cultura en un mismo bloque que llevó el reclamo a diferentes puntos de la ciudad. Una de las medidas que mayor impacto tuvo fue la realización de un acampe de 24 horas en la puerta de la Jefatura de Gobierno. Allí más de 500 personas, acompañados de artistas populares, expusieron el trabajo que se realiza en los talleres.
Finalmente, y tras el escrache sufrido en plena función de apertura del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, el Ministro Lombardi cedió a los reclamos y restituyó todos los talleres con sus correspondientes horas cátedra, a la vez que se comprometió a tramitar el aumento salarial a los talleristas, congelados desde 1996, y a comenzar a discutir un sistema de concursos para los trabajadores de los centros culturales barriales.
Kive Staiff, o el despotismo cultural
El Complejo Teatral Buenos Aires, conformado por los Teatros General San Martín, Regio, Sarmiento, De La Ribera y Presidente Alvear, es conducido por Kive Staiff. Santafesino de origen, se incorporó por primera vez a la dirección del Teatro San Martín durante la dictadura de Agustín Lanusse, dejando el cargo en el ’73 y volviendo, otra vez en dictadura, en abril de 1976. No abandonó ese cargo hasta el final del gobierno de Alfonsín en 1989. Más allá de algunos años sin estar a cargo de esa dependencia, podríamos afirmar que es uno de los personajes que no tuvo problemas en convivir con cuanto gobierno, democrático o militar, estuviese en el poder en las últimas tres décadas. De hecho, en 1998 Staiff retornó a la dirección del Complejo Teatral (habitualmente sintetizado en el Teatro San Martín pero que lo excede) para ocupar el sillón en los últimos 10 años.
La permanencia en ese puesto se consolidó por las buenas migas tejidas con el gremio mayoritario de la ciudad, el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), que conduce el octogenario Amadeo Genta y forma parte de la Confederación General de los Trabajadores. Nunca en la historia del Teatro San Martín los reclamos de los trabajadores pudieron ser encarrilados por fuera de este gremio, y de esta manera se consumaron por décadas lamentables condiciones de trabajo.
El caso testigo es el del Ballet del Teatro San Martín, fundado en 1968. Hasta hace pocos días el elenco de esta compañía debía prestar tareas sin ningún tipo de cobertura médica. Quien mínimamente conoce de danza sabe los niveles de exigencia a los que se ven sometidos los bailarines. Así fue que durante el año 2007 se contabilizaron al menos cinco accidentes que precisaron de intervenciones quirúrgicas y que debieron ser costeados desde los propios bolsillos de los bailarines ante la negativa de la dirección del teatro a desembolsar los recursos. A partir de esto, varios bailarines se dispusieron a rever las condiciones de trabajo y dieron con la noticia que, aunque cuenta con más de 40 años de existencia, el Ballet del Teatro San Martín nunca había sido creado de manera formal.
De esta manera los bailarines comenzaron a ver más viable la posibilidad de organizarse sindicalmente. Algunos meses después, pese a la resistencia de las autoridades, llamaron a elecciones internas en el Ballet de la que salieron electos 3 delegados. Entre ellos se encontraba Ernesto Chacón Oribe, uno de los bailarines de danza contemporánea más destacados del medio, quien en 2007 ganó el Premio Clarín de esa disciplina. El día que recibió la mención dio un discurso que sellaría su suerte.
Días después, tras el cierre de la temporada, todos los integrantes de la compañía se disponían a realizar un balance sobre el año que terminaba. Esa ocasión fue la elegida por el director artístico del Ballet, Mauricio Wainrot, para comunicarle a Chacón Oribe, a Bettina Quintá (delegada gremial), a Silvina Cortés, a Jack Syzard, a Ariel Caramés, a Ana Clara Goswailer y a Guillermo Gonzáles Sevilla, que por cuestiones estéticas no se les renovaría el contrato.
Por los despidos, los estrenos previstos para marzo recién pudieron presentarse a fines del mes pasado. En una de las funciones de apertura de la temporada, los despedidos se hicieron presentes dando a conocer las problemáticas de la compañía. Días después los integrantes del Ballet fueron notificados de la creación formal del mismo, así como la asignación de una ART y demás mejoras en las condiciones. Por supuesto que nada es gratuito, ya que inmediatamente después del anuncio fueron despedidos los bailarines Wanda Ramírez, la única delegada que permanecía activa, y Pablo Fermani. Actualmente los cesanteados se encuentran llevando adelante una campaña que denuncia la persecución gremial a la que son sometidos, y a su vez, esperan el pedido de audiencia con el actual ministro.
La salud para pocos
En nombre de la implementación de un Plan de reformas del sistema de atención de Salud Mental y la recuperación de la zona sur de la ciudad, el gobierno de Macri anunció el cierre o reducción de 5 hospitales públicos. Este anunció se da en una momento en el que la mayoría de los trabajadores de la salud bregan por declarar la emergencia sanitaria en la ciudad ante la pésimas condiciones de los nosocomios porteños.
Los Hospitales afectados a dicho plan son los hospitales de salud mental Moyano y Borda, el infanto juvenil Tobar García y los Talleres Protegidos, todos en el barrio de Barracas y el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear en Agronomía. Estos establecimientos, que cuentan actualmente con poco más de 2.000 internados crónicos y un millón trescientas mil consultas anuales, pretenden ser cerrados por considerarlos poco eficientes. Al respecto de este tema, ZOOM conversó con Marcelo Nono Frondizi, secretario gremial de ATE Capital e integrante histórico de la Junta Interna de los Talleres Protegidos. Según Frondizi “esta es una maniobra para hacerse de los terrenos en los que están ubicados los hospitales de salud mental. La idea de Macri no es mejorar el sistema público de salud, sino desmantelarlo y quedarse con los terrenos para regalárselo a sus socios de empresas inmobiliarias. Si no que nos explique seriamente cómo van a atender a ese millón de personas que concurre a los hospitales con solo 10 centros de día que dicen que van a construir.”
Al anuncio de la nueva política de salud mental, se le suma el inminente cierre del Hospital Udaondo, especializado en gastroenterología, que según denuncia María Elena Juárez se encuentra en una situación de emergencia por falta de insumos. “Yo trabajo hace 30 años en hospitales públicos y nunca viví una cosa así. Es una vergüenza, tenemos que decirles a los pacientes que compren guantes, jeringas, gasas u otros insumos descartables porque de lo contrario no podemos atenderlos. A esto hay que sumarles que faltan enfermeros, camilleros… falta de todo.” A partir de la decisión oficial de centralizar la compra de insumos la situación en los hospitales ha empeorado notablemente.
Con respecto al atraso de los nombramientos, se calcula que para que los hospitales porteños puedan funcionar de manera normal se precisa incorporar cerca de 10 mil enfermeros.
