El gobierno uruguayo pasó a la ofensiva en la disputa con Argentina al decidir tres medidas duras. La más fuerte en términos simbólicos, encargar al Ejército la custodia de la planta de Botnia, supone un salto cualitativo de gran magnitud.
“Se está cuidando un predio de que eventualmente pueda suceder algún tipo de cosa.” Con esta explicación, el prosecretario de la Presidencia Jorge Vázquez explicó el miércoles 30 la decisión del Poder Ejecutivo de mover tropas del Ejército para custodiar el predio en el que se construye la planta de celulosa de Botnia, en Río Negro.
Vázquez fue abordado ese día por un grupo de periodistas, cuando todavía se buscaba la confirmación de la noticia divulgada esa mañana por Últimas Noticias. Dijo además que la medida fue tomada por el gobierno uruguayo, sin que mediara petición de la empresa, para encarar “un problema del país”, y que no puede ser interpretada como una demostración de fuerza. Consultado sobre la asignación de la tarea a efectivos militares y no policiales, respondió: “Lo podría hacer la Policía, sí, cómo no. Pero las Fuerzas Armadas están y tienen que cumplir un papel y, bueno, se les ha adjudicado ese papel”.
La labor fue resuelta en una reunión mantenida el jueves 23 por el presidente Tabaré Vázquez y sus ministros del Interior José Díaz, de Defensa Azucena Berruti, y de Trabajo Eduardo Bonomi. Según fuentes del Ministerio del Interior, el pedido fue planteado por los jerarcas de esta cartera, que consideraban necesario tomar medidas “precautorias” respecto a la planta, pero por sentirse “desbordados” pidieron la colaboración de Defensa.
La medida sorprendió a propios y extraños. Es que, según diversas consultas realizadas por BRECHA, no hay un antecedente de este tipo desde el regreso a la democracia.
Es el carácter inusual de la decisión lo que, por el momento, genera muchas más preguntas que certezas. Una de ellas tiene que ver con el marco legal en que se produce, cuestión que preocupa a civiles pero también a los militares involucrados en la medida, que esperan que aparezca el decreto presidencial que le ponga marco a su intervención. El texto sigue en etapa de revisión, y no estará firmado hasta la semana próxima, lo que demorará unos días la puesta en práctica del operativo.
¿Qué pasa si hay un incidente en el que tengan que intervenir los soldados? ¿Tienen idoneidad para hacerlo? Preguntas similares se plantearon cuando, años atrás, se produjo un conflicto de fueros entre la justicia civil y la militar en un caso relacionado con la custodia perimetral de las cárceles (véase recuadro).
Pero más allá de la sorpresa, la entrada a escena de los infantes no es una medida aislada. Se suma a un decreto aprobado en octubre, que -con mucho menos alharaca- aumentó la frecuencia de los patrullajes de la Prefectura Nacional Naval en el río Uruguay y que los ambientalistas argentinos denunciaron como una especie de cortejo a los barcos que atracaron en el “puerto ilegal” de Botnia. La empresa, por su lado, se apuró a negar que la decisión gubernamental de enviar al Ejército a cuidar su planta se haya originado en un pedido suyo. Lo mismo hizo el gobierno finlandés a través de su embajada en Buenos Aires.
Los encargados de la custodia serán los efectivos del Batallón de Infantería Mecanizada 9 con asiento en Fray Bentos, en base a un plan elaborado por el jefe de la División de Ejército III, general Juan Giorello. Al igual que el resto de las unidades militares del país, ésta cuenta con personal especialmente capacitado para lo que podría denominarse “lucha antiterrorista”: han sido entrenados para actuar ante toma de rehenes y para desactivar explosivos, y entre ellos hay francotiradores.
Por el momento se estima que la custodia insumirá alrededor de veinte efectivos, la instalación de casetas en puntos considerados “sensibles” y alejados de la planta, y un buen número de vehículos militares y material que permita levantar un nuevo cerco perimetral en el predio de la firma finlandesa.
La situación en Río Negro tiene aspectos en común con la que se vive en la provincia chilena de Valdivia. Dos meses atrás, el gobierno de Michelle Bachelet ordenó a la Armada proteger la planta de la papelera Celco, fuertemente cuestionada por los pobladores locales por el alto grado de contaminación ya generado por sus desechos. Durante una protesta, los marinos dispararon sobre los manifestantes.
La asamblea ambientalista de Gualeguaychú cita el caso de Valdivia como ejemplo de lo que ocurrirá en Fray Bentos con Botnia.
La reacción argentina
Si bien cada país tiene la potestad de mover sus tropas para donde quiera dentro de su territorio, tal como se encargó de recordar el prosecretario Jorge Vázquez, siempre se considera “descortés” (por decir lo menos) hacerlo en una frontera sin que se avise al vecino de al lado. Según supo BRECHA, en este caso hubo una comunicación de las autoridades de defensa uruguayas a sus pares argentinas de que se produciría el movimiento tendiente a darle mayor seguridad a Botnia. Ayer jueves también trascendió que el agregado militar de la embajada argentina en Montevideo se contactó con autoridades del Ejército nacional para conocer de primera mano los detalles del operativo.
Pero inesperadamente, en un acto público por los 200 años de la localidad bonaerense de San Andrés de Giles, ayer por la tarde, el presidente Néstor Kirchner aprovechó para hacer mención al asunto. “¿Por qué mandó a custodiar una papelera? No nos merecíamos semejante afrenta, le pedimos que rectifique ese error. Por Dios, no hay que perder la razón ni hay que buscar réditos internos en algo que nos conmueve, tratando de mostrar xenofobias del pasado”, exclamó el mandatario aludiendo a su par uruguayo.
Por su lado, el ministro del Interior Aníbal Fernández calificó de “desmedida” la decisión de Tabaré Vázquez y evaluó que “esto lo que hace es llevar una suerte de afrenta que hay que resolver”.
El día antes, el vicecanciller argentino Roberto García Moritán había dicho que la medida del gobierno uruguayo puede provocar una alarma “innecesaria” en la opinión pública. El diplomático añadió que “más allá de las necesidades internas uruguayas que originan la decisión y sobre las que no tengo nada que comentar, en las actuales circunstancias no parece ser una buena señal involucrar a las Fuerzas Armadas en una tarea de carácter policial”. En esa línea, aclaró que “no juzgamos las intenciones, pero las percepciones, en la actualidad, tienen un valor particular”.
¿Pero qué origina la inquietud oficial? Al parecer, algunos dichos de los asambleístas de Gualeguaychú. “Sin exagerar, ahora mismo hay más de mil personas dispuestas a cruzar y a hacer lo que sea”, dijo Miguel Campostrino, miembro de la asamblea (El País, 25-XI-06), mientras otro comentó que “puede llegar a aparecer un Bin Laden” que atente contra las instalaciones de Botnia. “Ha habido expresiones que dan para preocuparnos”, dijo el vicepresidente Rodolfo Nin el miércoles 29. “No queremos crear elementos de inseguridad, pero es necesario tomar precauciones, queremos garantizar el desarrollo de las inversiones en Uruguay”, apuntó.
La alusión a un émulo del autor intelectual del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York no parece ser suficiente para explicar el movimiento militar en Uruguay, más teniendo en cuenta que se produce en un contexto en el que cualquier medida es tomada, a uno y otro lado, con particular sensibilidad en el marco de una escalada que se agrava con el paso de las semanas.
Y es que esta decisión del gobierno oriental se suma a otras dos, igualmente molestas para el argentino. La primera es la presentación de un pedido de medidas cautelares ante la Corte Internacional de La Haya contra los cortes de ruta en la frontera. La Corte ya fijó audiencias para el lunes 18 y el martes 19, y aquí se estima que el veredicto podrá conocerse en el correr del mes de enero. Si se produjera un nuevo fallo favorable a Uruguay, la situación de la diplomacia argentina podría verse seriamente comprometida y alterar la actitud que el gobierno de Kirchner ha tenido hasta el momento ante los cortes de ruta.
El otro tema que alimenta la hoguera de las diferencias es la aprobación de un decreto que impone un arancel a las importaciones de varios productos argentinos elaborados en las zonas de promoción industrial de las provincias de La Rioja, San Luis, San Juan o Catamarca, o por grupos económicos que tengan plantas en dichas zonas. La medida podrá tomarse a instancias del Poder Ejecutivo, de oficio o a pedido de productores domésticos.
Todos somos Botnia
La defensa de la inversión extranjera como una forma de dar empleo y mantener el desarrollo -argumento clave en el discurso del equipo económico uruguayo- es uno de los pilares de la reacción nacionalista que campea de este lado del río.
Ana Filippini, integrante de la organización ambientalista uruguaya Guayubira, se queja de que ya no es posible brindar información crítica que aporte a un profundo debate nacional sobre el monocultivo forestal. “Nuestra posición es la misma de hace cinco años: que la información que se le está dando a la gente es insuficiente y que debió haberse propiciado desde el gobierno un ámbito de discusión para que la gente abra los ojos”, dijo Filippini a BRECHA.
Asuntos como las consecuencias de los monocultivos o las denuncias de incumplimientos laborales por las empresas del sector son, ahora, poco menos que intratables. “Habría que ponerse a discutir qué tipo de país productivo queremos.
Nosotros, por lo pronto, perdimos toda posibilidad de comunicación para plantear estos problemas, no hay espacio para nosotros en la televisión desde que asumió este gobierno”, se lamentó.
En cuanto al manejo de los términos del conflicto con Argentina, Filippini estimó que “ha sido planteado como un partido de fútbol entre uruguayos y argentinos, y no como la agresión que sufrimos los ciudadanos de parte de las empresas que vienen a buscar agua gratis, tierra y mano de obra barata, exoneraciones tributarias” y que se benefician por los “escasos controles ambientales y la inversión estatal para la construcción de carreteras”.
En este contexto, la integrante de Guayubira consideró que una medida que podría bajar los decibeles de la discusión sería que el gobierno uruguayo dispusiera habilitar un debate sobre los monocultivos forestales y suspendiera mientras tanto su desarrollo. “Sería bien visto por quienes ya se sienten perjudicados en Uruguay y también en Argentina”, señaló.
Sin embargo, “con la intransigencia de la empresa de seguir adelante pase lo que pase parece difícil que esto se pueda solucionar”. Es que en medio del conflicto, los ambientalistas uruguayos estiman que el panorama para ellos no puede más que empeorar. “El gobierno debería haber cambiado el rumbo. Es increíble que la gente se haya olvidado que estos que hoy se aplican eran los planes de los gobiernos de derecha anteriores. Habría que privilegiar a los sectores postergados que tanto trabajaron para el cambio”, dijo.
En tanto, para el sociólogo Agustín Canzani hay un elemento sobre el que hasta ahora no se ha trabajado, y es la situación que quedará en Gualeguaychú cuando pase el conflicto entre los gobiernos. Si bien admitió que hoy es difícil pensar en esa perspectiva dada la gravedad que adquirió el conflicto, estimó que ese elemento debería preocupar el gobierno uruguayo a mediano plazo, ya que no depende del acuerdo al que puedan llegar los gobiernos.
La cuestión podría abordarse buscando la forma de que los pobladores de la ribera argentina tuvieran algún beneficio, y no sintieran que reciben únicamente agresiones o perjuicios, como lo están percibiendo ahora, subrayó.
Respecto a la baja exposición pública de las posturas más críticas hacia la actual estrategia forestal del gobierno, Canzani consideró comprensible que haya un retraimiento en un momento en que toda marginación de una causa vista como “nacional” es leída como una “traición”. De todos modos, coincidió en la necesidad de una mayor discusión sobre la política forestal y la cuestión ambiental, evitando, precisó, una falsa oposición entre defensa del entorno ecológico y generación de empleo.
En este último aspecto fue que puso énfasis el pit-cnt al aprobar la semana pasada una declaración contra los cortes de ruta y convocando a una “movilización nacional en defensa de la soberanía y los puestos de trabajo”.
El secretario de organización de la central, Marcelo Abdala, dijo a BRECHA que al discutir el asunto el secretariado ejecutivo tuvo en consideración el daño que causa la situación actual a la perspectiva de integración latinoamericana y el impacto de los cortes, que terminan pagando los trabajadores. “De ninguna manera esto es alinearse con los intereses de Botnia, esto está dicho expresamente en la declaración, donde también hay una crítica al manejo de la contratación de personal que ha hecho la empresa”, explicó el sindicalista. Y subrayó que si bien los planteos gremiales “son independientes” del gobierno, “en determinadas situaciones convergen”.
En ese sentido recordó la disposición de la central a trabajar con sus pares de Argentina y de otros países de la región para aportar a una solución del conflicto. Sostuvo que “está cerca” una reunión con centrales sindicales argentinas, aunque su concreción “no depende de nosotros”.
Consultado sobre la custodia militar que dispuso el gobierno al predio de Botnia, opinó que “la situación es muy preocupante, peligrosa, y hay que moverse con responsabilidad” y recordó que “no todas las razones de Estado se difunden”, por lo cual carece de elementos de juicio suficientes. De todos modos, dijo que estos hechos no inhibirán al pit-cnt de “desarrollar las críticas fundadas que nosotros tengamos, como el hecho de que el gobierno haya enviado al ministro de Economía y al secretario de la Presidencia a gestionar un préstamo al Banco Mundial y no se muevan acá para pedir firmemente a la empresa las contrapartes del trabajo nacional”.
Un mal antecedente
La intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública es un viejo anhelo de la derecha uruguaya. A mediados de 1997 ministros y legisladores colorados y blancos pensaron en echar mano a los militares que estaban ociosos en los cuarteles y encomendarles variadas tareas. La lista incluía la guardia perimetral de las cárceles, la vigilancia de las sedes diplomáticas y el patrullaje callejero. Reparos expresados por los propios representantes de gobiernos extranjeros hicieron que la posibilidad de que militares aseguraran la custodia de las embajadas fuera rápidamente abandonada. El sentido común también hizo desistir de asignarles la vigilancia callejera. Es que hasta los propios mandos se resistían a asumirla, reconociendo la falta de preparación de sus subordinados.
Finalmente, el 10 de octubre de 1997 el Poder Ejecutivo encomendó por decreto la custodia militar de las cárceles de Libertad, Santiago Vázquez y Canelones, por un plazo de tres meses (luego prorrogado). El 17 de octubre comenzó a aplicarse el nuevo sistema, al cual se destinaron 170 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, liberándose un número similar de funcionarios policiales a los cuales se asignaron tareas de seguridad en la calle. El 24 de diciembre se fugó un preso y en la madrugada del 1 de enero de 1998 dos más.
El 26 de marzo de 1998 se volvió a prorrogar la vigencia de la medida, pero esta vez sin plazo, lo cual contradecía lo acordado a nivel político y lo aceptado por los mandos militares.
En la noche del 7 de setiembre de 1998 ocho reclusos intentaron fugar del Comcar. Cinco lo lograron, y de los tres restantes uno fue muerto de un balazo que le hizo estallar la cabeza. Los otros dos se entregaron.
El incidente generó un conflicto entre los fueros civil y militar sobre cuál sería el encargado de juzgar el hecho.
El 28 de febrero de 2000, la Suprema Corte de Justicia declaró competente para entender en el caso a la justicia ordinaria. Ante las versiones castrenses que indicaban que el soldado investigado por la muerte no sería entregado, el diputado herrerista Jaime Trobo defendió la necesidad de aprobar urgentemente un marco jurídico para regular la actuación de los militares en tareas vinculadas con la seguridad interna.
En diciembre de 2000 la jueza penal Anabella Damasco archivó el presumario, en el entendido de que el militar actuó en cumplimiento de la ley. Todavía hoy el marco jurídico reclamado brilla por su ausencia.
La versión electrónica del diario argentino La Nación daba cuenta ayer jueves de una inflexión en la actitud de la asamblea ambientalista de la ciudad de Colón. La semana pasada la asamblea había descartado volver a los cortes de ruta, pero ahora un sector “radical” habría resuelto retomar la medida a partir de hoy viernes, y por una semana, durante seis horas al día. “Hay mucha inquietud en la comunidad y posiblemente se sumen voluntades para el corte”, comentó incluso Carlos Serretti, del ala “moderada” de la asamblea.
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