En la Argentina de la tercera década del siglo XXI casi la mitad de la población trabajadora desarrolla sus tareas diarias por fuera del mundo formal laboral. Es decir: no cuenta con un salario mensual, ni con seguridad social de ningún tipo, sea obra social, aguinaldo, vacaciones pagas o licencia con goce de sueldo por enfermedad. Por supuesto, no es un fenómeno nacional sino internacional, producto de décadas de triunfalismo neoliberal, más allá de ciertos contrapesos expresados por las luchas sociales y las gestiones estatales –durante algunos años– llevadas adelante por gobiernos “progresistas”, sobre todo en América Latina. Pero ni en las resistencias sociales ni en los intentos por llevar adelante políticas estatales de recuperación de derechos se ha logrado resolver esta situación estructural en el Nuevo Orden Mundial.
Por eso ante esta pandemia planetaria, con una salud pública aniquilada en muchos casos, o deteriorada como en el ejemplo argentino tras los cuatro años de gobierno macrista, los sectores populares son los más expuestos, no sólo a las enfermedades, sino –sobre todo– a una dificultad enorme por resolver su subsistencia material en un contexto donde las actividades cotidianas se ven paralizadas y las economías nacionales contraídas por la crisis.
En este contexto, como hemos comentado y analizado en más de una oportunidad, son las organizaciones territoriales de matriz comunitarias las que suelen contar con mejores condiciones, dentro de las desfavorables condiciones generales, para enfrentar las crisis con creatividad y audacia. El precariado, por ejemplo en la Argentina, cuenta desde diciembre del año pasado con un sindicato que nuclea a la mayoría de las organizaciones del sector, que en algunos casos tienen dos décadas de existencia.
“Que no nos gane el miedo”
Esteban “Gringo” Castro expresó en diálogo con FM Riachuelo que estas organizaciones, que “han sido fundadas en momentos de crisis, están preparadas para participar de campañas solidarias y desarrollar niveles de organización en el acompañamiento de decisiones gubernamentales”.
El secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular subrayó asimismo que el aporte de las organizaciones populares pasa fundamentalmente por sostener los comedores y los merenderos, “porque no vamos a dejar que nadie quede sin comer, además de que hemos desarrollado una extensa red educativa y de salud, con promotores que puedan contribuir a difundir las medidas de prevención”.
En nombre de la UTEP, Castro manifestó que “una cosa es el aislamiento preventivo y otra es sentirse solos o solas. Los adultos mayores que trabajan en nuestras organizaciones están licenciados para no asistir a los espacios comunitarios, pero tienen que saber que vamos a estar presentes”, subrayó, para luego agregar: “vamos a preparar toda una red de vinculaciones, para que se cuiden pero no se sientan solos, a contrapelo de lo que sostiene el liberalismo, para quien cada uno se tiene que arreglar como pueda”. Y finalmente remató: “tenemos que avanzar también en una propuesta integral, que tenga en cuenta a los chicos que no van al colegio, para que no se aburran en sus casas y puedan desarrollar actividades que los hagan sentirse bien”.
Desde Córdoba, el secretario general de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (CTEP), integrante de la UTEP junto a la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento Somos- Barrios de Pie, comentó a este medio que también en la provincia se suma la preocupación por los casos de Dengue, situación ante la cual, además de adoptar el protocolo nacional lanzado por la UTEP, los movimientos populares han conformado un “Comité de emergencia” y ya se han reunido con el ministro de Desarrollo social de la provincia y otros funcionarios del gobierno de Córdoba para trasmitir las demandas del sector. “Por otra parte hemos conformado un grupo para garantizar el control popular de los alimentos que están llegando a los comedores y estamos armando una propuesta de voluntariados para activar en caso de que la situación se continúe agravando”.
Desde el sindicato del precariado se han pronunciado públicamente anunciando que promoverán las medidas anunciadas por el gobierno nacional y trabajarán en conjunto con gremios y la comunidad eclesiástica para garantizar algunos puntos. A saber:
1) Concientización: distribución de material con información acerca del Coronavirus en los barrios populares de toda la Argentina.
2) Promoción de la salud: distribución de elementos de higiene.
3) Abastecimiento de productos indispensables: agua y alimentos (los movimientos sociales garantizarán la provisión de alimentos y viandas en los comedores y merenderos distribuidos en todo el país. En caso de ser necesario, se realizará la distribución de alimentos y bebidas casa por casa).
4) Control comunitario: para garantizar las medidas dispuestas.
5) Protocolo comunitario: los centros comunitarios aplicarán un protocolo para colaborar con el sistema sanitario nacional desarrollado por profesionales sanitaristas y aprobado por las autoridades.
6) Control de acaparamiento y agiotismo: los movimientos sociales colaborarán con las autoridades para detectar y denunciar todas las prácticas que, aprovechando la emergencia nacional, especulen con alimentos o productos de primera necesidad.
Desde la UTEP, comunicaron que “todos los trabajadores y trabajadoras comunitarios que realicen tareas de distribución de objetos, alimentos y/o material impreso, así como los involucrados en la preparación de alimentos, seguirán rigurosamente las normas sanitarias pertinentes”.
Por su parte, Mariela Díaz, integrante de los Encuentros de Feminismo Popular y de la OLP de Córdoba (organización que forma parte de la CTEP/UTEP), comentó a este cronista que los movimientos sociales continúan insistiendo en que “la deuda es con el pueblo trabajador”, y que esto implica “defender a las familias que se encuentran en un endeudamiento escalonado, producto en gran medida de las consecuencias del macrismo, endeudamiento que se produce para acceder a servicios básicos como la luz, el gas o los servicios de telecomunicaciones que son un derecho humano, cuyo plena utilización se deben garantizar”. En ese sentido, insistió, resulta fundamental el trabajo de los movimientos sociales, porque son los que vienen dando respuestas inmediatas a problemas estructurales, problemas que el Estado debería ir solucionando. “Para frenar el hambre en nuestros barrios se abrieron comedores, para generar trabajo organizamos la economía popular, para enfrentar la violencia de género organizamos la presencia constante de compañeras que asisten y acompañan a miles de mujeres y diversidades en situaciones de riesgo, y así con todos los aspectos de la vida cotidiana. En esta oportunidad, frente a la pandemia del dengue, el hambre y el coronavirus, el papel de prevención y asistencia que estamos desarrollando desde las organizaciones es otra muestra de que somos parte de la solución y no del problema, de que somos quienes mantenemos con vida la esperanza de un mundo mejor”.
“Modelos humanos”
Para el economista y periodista Tomás Astelarra, es importante leer el aspecto humano, de “modelos humanos” que expresan las dinámicas comunitarias de la economía popular. “Las empresas suelen tomar decisiones en base a sus ganancias, y por lo general, frente a este tipo de crisis, toman decisiones que desprotegen a sus empleados y al público en general para no ver afectadas esas ganancias”, comenta, y pone como ejemplo a los shopings, en contraposición a las experiencias de la economía social, en las cuales el “beneficio” está en el bienestar comunitario, por lo que “lejos de permanecer cerrados su centros de atención, con las medidas precautorias necesarias, abren sus puertas a la comunidad para resguardarla en estos momentos de crisis”. Para ser más específico, Astelarra cita el ejemplo de lo que acontece actualmente en el Valle de Traslasierra (Córdoba), donde habita desde hace años: “se dinamizan y organizan acciones de solidaridad, como en el caso de los locales cooperativos de Humano, la cooperativa donde trabajo, que hemos incorporado productos de los artesanos de Villa de las Rosas, que con la feria suspendida han dejado de percibir ingresos; también habilitamos un lugar para la venta de verduras agroecológicas del Movimiento de Trabajadores Excluidos y otro para la entrega de sobres de Compra Vida, un sistema de distribución de frutas y verduras agroecológicas que, en el caso del local de San Javier, también sirve como punto de entrega. Ésto sumado a la venta de otros productos que siempre están en los locales, como la comida orgánica, las medicinas naturales, los libros y otros elementos que son útiles para este contexto de cuarentena y crisis sanitaria”. Estas actividades, según comenta, se llevan adelante con el recaudo de no tener más de tres personas en el local, que se higienizan constantemente y mantienen una coordinación con las acciones de los gobiernos municipales. “Como éstas que cito sólo a modo de ejemplo, pueden verse a lo largo y a lo ancho del país acciones variadas que desde su carácter comunitario y solidario, las organizaciones de la economía social y popular llevan adelante en territorios a los cuales, las más de las veces, los empresarios no les prestan atención porque no les interesan; territorios alejados de los centros urbanos de los que, muchas veces, también el gobierno permanece alejado, o no da abasto para abordar la situación. Son ejemplos del modo en que diversas organizaciones, campesinas y urbanas, organizan estrategias de comunicación, salud y defensa, a contrapelo de las empresas privadas, en donde algo así no sucede ni a modo de publicidad, entre otras cuestiones por que hay un descreimiento muy grande respecto a que, desde esos lugares, se sostengan valores de solidaridad”.
“Otro campo, otro modelo de país”
Desde la Unión de Trabajadores de la Tierras (UTT), la organización que se hizo conocida en los años macristas por los “Verdurazos” que realizaban (el más emblemático: el reprimido en Plaza Constitución), Federico Di Pasquale expresó que están buscando los modos para poder continuar ejercitando la solidaridad y mantener los precios de la verdura, a contrapelo de las especulaciones en las que están cayendo los supermercados y otros sectores. “Lo importante es que no se produzca desabastecimiento”, sostuvo en diálogo con revista Zoom, a la vez que comentó que en los puestos de venta han reformulado los modos de atención para que la gente pueda seguir contando con productos para una alimentación soberana y a precio popular sin correr riesgos en su salud: “los bolsones se encargan con anterioridad, para no tener que elegir los productos al llegar y se trata de que no se concentren muchas personas haciendo fila”. En la provincia de Santa Fe, lugar donde habita –cuenta Di Pasquale– han suspendido las Ferias que suele llevar adelante la organización junto con otros movimientos y feriantes independientes, que en algunos casos llega a concentrar hasta cincuenta puestos, en la búsqueda por reducir las concentraciones de personas en un mismo lugar. “En cambio, junto con la Municipalidad y otras experiencias, como los Almacenes del Buen Vivir del Movimiento Popular La Dignidad o Apyme, que provee carne, vamos a asegurar algunos nodos que vendan a precios populares Bolsones con productos de la canasta básica, prestando atención a las formas de distribución para cuidar la prevención, priorizando el capital simbólico que piensa en la solidaridad y la soberanía alimentaria, en un modelo agropecuario diferente al del agronegocio y no en el capital de la acumulación de ganancias, en fin, que piensa y lleva adelante construcciones que piensan en otro campo, otro modelo de país”.
“En situación de calle”
Los testimonios se multiplican y sea en el ámbito rural o en las grandes ciudades, en pequeños parajes o en pueblos del denominado “interior” las acciones de solidaridad y prevención de los sectores de la economía social y popular organizados en espacios comunitarios se multiplican. Mientras tanto, la peor parte se la llevan aquellas personas que, con vidas precarias pero sin contar con organización popular, quedan a la intemperie, desprotejidas.
Se estipula que en la ciudad de Buenos Aires son alrededor de siete mil las personas que permanecen en situación de calle (700 serían mayores de 60 años), de las cuales unas tres mil padece afecciones de salud: vidas que quedan expuestas a una severa vulnerabilidad en medio de la pandemia, si el Estado no toma cartas en el asunto. A modo de descripción de lo que está pasando, podemos citar las palabras de Jesica Mansilla Suárez, trabajadora social que desarrolla sus tareas laborales en espacios que asisten a Personas en situación de calle y consumo en CABA, quien explica las dificultades que se le suman a estas personas en la actual coyuntura. A saber:
* Muchas no tienen DNI (son NN porque nunca lo tuvieron o lo están tramitando), y por lo tanto, no pueden ir a Paradores (sitios, por otro lado, que continúan funcionando sin solucionar problemas estructurales, como son la higiene, transformándose más que en lugares de cuidados, en verdaderos sitios donde se concentran focos de infecciones).
* Muchas personas encuentran que varios comedores han cerraron cerrado sus puertas mientras se reorganizan y, otros que permanecen abiertos, funcionan sólo para hombres, dejando afuera a mujeres, a personas trans y a niñas y niños.
* Se están reprogramando turnos en hospitales y demorando las fechas de pago de programas de asistencia, como el subsidio habitacional.
Como puede observarse leyendo el relato, la situación es más que compleja para una enorme cantidad de personas. Ésta no parece ser una crisis más. Tal como sostuvo la filósofa argentina Esther Díaz en una publicación reciente en su muro de facebook, con el “virus coronado”, hoy en día “somos contemporáneos de una bisagra epocal”. Vaya momento para no sólo sobrevivir, sino también pensar en cómo queremos salir de esta situación.
Una consigna recorrió las redes sociales virtuales en estos días. La frase reza: “No queremos volver a la normalidad, porque la normalidad era el problema”.
