Una pasantía en la represión

En medio del caso Maldonado, el gobierno porteño redactó un protocolo contra las tomas de escuelas. Del "autoboicot" a los riesgos de una estrategia basada en las fuerzas de seguridad.

Un gran tino político el de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña: en medio de la tormenta que sacude al macrismo por la desaparición forzada de Santiago Maldonado no tuvo mejor ocurrencia que poner en marcha un protocolo que exige denunciar penalmente las tomas de colegios secundarios.

 

¿Acaso eso le fue aconsejado por el secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz? Porque esta mujer convive en feliz unión matrimonial con ese reconocido benefactor de la niñez entre cuyos hitos más memorables resalta el feroz ataque policial que encabezó en el comedor infantil Los Cartoneritos, de Villa Caraza, y la infame extorsión a un pibe de 11 años para que confiese crímenes imaginarios en el programa televisivo de Jorge Lanata.

 

¿O acaso tal reflejo punitivo lo adquirió en su época estudiantil? Porque en su Bariloche natal asistió a un ilustre establecimiento de enseñanza media donde los alborotos no sucedían, el Instituto Primo Capraro, administrado por un hombre del cual ella –así como confiesa entre sus íntimos– guarda un buen recuerdo: el criminal de guerra nazi, Erich Priebke. Cosas de la vida.

 

Madre ejemplar, un día se horrorizó al ver ante la escuela de su hijo un pasacalle con su nombre y un reclamo gremial. Entonces difundió un texto de su autoría en uno de cuyos párrafos señalaba: “La Argentina ha entrado en los últimos meses en una nueva etapa, en donde el autoritarismo y la persecución le han dado paso al diálogo, al consenso y en el caso de que haya disenso, este se exprese en la mesa de diálogo permanente que llevamos adelante con los representantes docentes de nuestra Ciudad”. Sabias palabras.

“Mientras duró su silencio, los rectores de seis colegios cumplieron al pie de la letra con el instructivo, por lo que hubo denuncias policiales que derivaron en expedientes tramitados en el fuero penal”

De hecho, un ejemplo de esta idílica etapa ha sido el ataque policial del 9 de abril a los maestros que armaban la Escuela Itinerante en la Plaza de los dos Congresos. Ese incidente coincidió con una campaña represiva en todo el país hacia los estudiantes. Y que en los colegios porteños supo expresarse con hostigamientos, intimidaciones y virulentos embates. Una escalada con escaso “gradualismo”; sólo en el lapso de sus cuatro semanas iniciales se registraron los siguientes episodios: la “visita” –el 20 de abril– de seis policías con armas largas a la Escuela Normal “Mariano Acosta”, del barrio Balvanera, mientras los alumnos hacían una clase pública; el ingreso de efectivos también armados –el 21 de abril– a la Escuela Técnica Nº 27, del barrio Monte Castro, durante una asamblea; la incursión –el 16 de mayo– de una patota policial al Colegio Nº 3 “Mariano Moreno”, del barrio de Almagro, para disolver una sentada de los alumnos. Y –el 19 de mayo– la amenazante identificación en la esquina de Córdoba y Callao de dos estudiantes de 13 años que acababan de salir de la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”, dependiente de la UBA.

 

Bien vale reparar en la dialéctica de este “procedimiento” en particular. Sus hacedores eran cuatro efectivos de la Policía de la Ciudad. Y pretendían arrestar a los chicos por una sospecha razonable: uno de ellos exhibía en la mochila un pin de la FJC (Federación Juvenil Comunista). Finalmente, el suboficial que llevaba la voz cantante les perdonó la vida antes de brindarles un consejo: “Si no quieren que les siga pasando estas cosas, no anden con eso encima”. La escena atrasaba más de cuatro décadas.

 

Tal vez consciente de tamaña discordancia temporal, la señora Acuña se propuso remediarla con una reforma educativa de vanguardia: la “Secundaria del Futuro”, un engendro pedagógico cuyo carácter espantoso ya se vislumbra en su enunciado: “Formar al ciudadano del siglo XXI, talentoso, emprendedor, creativo, alfabetizado digitalmente, cooperativo y adaptable”. Una bella frase para resumir la eliminación de los contenidos curriculares del quinto año y su reemplazo por prácticas laborales no remuneradas en empresas.

 

La respuesta de los alumnos fue la protesta. Actualmente hay más de 30 colegios tomados. En dicho marco fue difundido el ya célebre instructivo para judicializar esa medida de lucha.

 

Ni cooperativos ni adaptables

Desde la restauración de la democracia no hubo gobierno que haya efectuado acciones represivas o tareas de inteligencia sobre el movimiento estudiantil, ni siquiera durante el menemato ni en el calamitoso paso de Fernando de la Rúa por la Casa Rosada. Pero sí existió un notable intento en el ya lejano invierno de 2010 cuando bajo la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad el ministro de Educación porteño era el inefable Esteban Bullrich.

 

Por aquel entonces ocurría la rebelión de los secundarios por mejoras edilicias. Eso derivó en la toma simultánea de 27 colegios. Y ambos tuvieron una reacción casi militar, pero –bien al estilo del PRO– en paso de comedia: mientras el actual Presidente revelaba la “infiltración chavista” en el seno de los adolescentes, quien ahora disputará una banca en el Senado bonaerense exigía a las autoridades de los colegios en conflicto confeccionar listas negras de activistas. Como era de suponer, aquella directiva generó una oleada de repudios y una anulación judicial firmada por la magistrada Elena Liberatore, al considerarla propia de gobiernos “que repugnan la dignidad humana”. Durante su presentación en la Legislatura –solicitada a raíz del escándalo– Bullrich dijo al respecto: “Fuimos malinterpretados; de ningún modo se quiso perseguir a nadie sino garantizar la seguridad de los alumnos”.

“Ante la jueza, Acuña reconoció a regañadientes que el protocolo fue enviado desde una casilla de correo electrónico oficial del Ministerio, pero asegurando que no fue hecho por orden suya. Y deslizó que ‘podría haberse tratado de un boicot¡”

Ahora la historia se repite. Pero con una correlación de fuerzas no tan desfavorable para el discurso represivo. Tanto es así que semejante retórica ya produjo sus primeras manifestaciones fácticas: el 29 de agosto una patota de la Policía de la Ciudad ingresó con armas al Liceo Nº 9 “Santiago Derqui”, del barrio de Belgrano, ya tomado por los alumnos. Y se fueron tras amenazarlos. En paralelo, un hecho casi idéntico ocurría en la Escuela Secundaria “Antonio Devoto”, de Villa del Parque. Eran los primeros signos visibles del instructivo emitido desde el Ministerio de Educación. Pero las tomas de los colegios ya se extendían como por un reguero de pólvora. Mientras tanto, la señora Acuña denunciaba su “contenido político” con la indignación de quien supone que tal actividad está vedada para los adolescentes.

 

Quizás la ministra crea que la razón la asiste porque aquellos jóvenes no parecen “cooperativos” ni “adaptables”. Lo cierto es que ellos, más allá de sus reclamos específicos, están ofreciendo a la sociedad argentina una verdadera lección de democracia. Claro que eso es un hecho político. Y con un espíritu más sólido y eficaz que el de otros sectores sociales y gremiales, ya que los estudiantes actúan, argumentan e incomodan al poder macrista sin sucumbir ante intimidaciones intolerables. “Vamos a seguir luchando por la educación pública, también vamos a voltear la reforma y derrotar la persecución”, dicen desde la Coordinadora de Estudiantes de Base. Por supuesto que esos chicos y chicas están haciendo política porque defienden su vida y el futuro.

 

Durante la tarde del 15 de septiembre –en vísperas a otro aniversario de la Noche de los Lápices– miles de estudiantes secundarios marchaban desde el Ministerio de Educación nacional, hasta la avenida Paseo Colón al 200, donde se encuentra su equivalente porteño, al grito de “¡La educación del pueblo no se vende! / ¡Se defiende!”. Es posible que la ministra Acuña haya oído aquel vendaval de voces desde su despacho. Desde allí había sido enviado a todos los colegios de la Ciudad el correo electrónico con el protocolo disciplinador para alumnos políticamente incorrectos.

 

Previamente, la jueza Liberatore había entrado nuevamente en escena. Y eso dio pie, por parte de las autoridades, a otra patética comedia de enredos.

 

Desmentirse a sí misma

Durante la mañana de aquel viernes la magistrada dio por inválido el polémico instructivo. Y ordenó a la señora Acuña que en el plazo de 48 horas informe oficialmente a los rectores de los colegios que no pueden implementar ningún protocolo. La ministra –según la resolución– también tendrá que informar la nulidad de tal directiva a las fiscalías en las que se tramitan causas abiertas por su aplicación, además de iniciar un sumario interno para establecer cómo fue distribuida su comunicación y poner la fecha a una reunión con delegados de los centros de estudiantes que realizan las tomas, a quienes la ministra había dejado plantados el miércoles.

 

Lo vergonzoso fue que, ante la jueza, Acuña reconoció a regañadientes que el protocolo fue enviado desde una casilla de correo electrónico oficial del Ministerio, pero asegurando que no fue hecho por orden suya. Y deslizó que “podría haberse tratado de un boicot”. Si, esas fueron sus exactas palabras.

 

Pero de su autenticidad no hay dudas: el documento lleva la firma del coordinador de Supervisores, Gabriel Cruz. Tanto es así que la ministra –pese a su proclamada ajenidad con el asunto– no movió un solo dedo para evitar su ejecución, aún cuando su trascendencia pública adquiría ribetes escandalosos. Mientras duró su silencio, los rectores de seis colegios cumplieron al pie de la letra con el instructivo, por lo que hubo denuncias policiales que derivaron en expedientes tramitados en el fuero penal.

 

La intervención de la doctora Liberatore se produjo luego del amparo tramitado por los asesores tutelares Mabel López Oliva y Gustavo Moreno. En un primer momento Acuña intentó eludir su comparecencia judicial enviando a tal efecto a la coordinadora legal del Ministerio, Paula Daniela Colombo, pero Liberatore –tal como dejó sentado en su fallo– consideró que esa mujer carece de “competencia para representar a la ministra” y que la respuesta debe ser brindada por ésta.

 

Pudo haber sido un boicot”, repitió la esposa de Kravetz al desmentirse a sí misma, no sin reforzar con mohines su fingida perplejidad.

 

A modo de despedida, Liberatore le informó que tenía dos días hábiles para presentar la documentación que acredite el cumplimiento de la resolución judicial. Entonces, visiblemente ofuscada, Soledad regresó al Ministerio.

 

Por la tarde, todavía masticando el sabor amargo del revés tribunalicio, dio una entrevista telefónica a la radio La Red; entonces, dijo: “Hay muchos adultos que, de forma absolutamente inescrupulosa, están haciendo política electoral adentro de las escuelas e incentivando a los chicos”.

 

En aquella transmisión radial se filtraba desde la calle un ensordecedor estribillo: “¡Estudiantes, unidos adelante!”

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