Hoy se cumplen seis meses del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el episodio más grave que ha vivido el país desde el regreso de la democracia hace cuarenta años.
Un hombre, con un arma, dispara –y por azar falla– a la cabeza de una de las tres figuras más relevantes de la historia Argentina de las últimas décadas. Pero luego de la conmoción política inicial, no se avanza sobre las pistas para castigar este intento.
A seis meses de ocurrido, hay apenas tres detenidos; media docena de pistas que la justicia se niega a investigar (la mayoría vinculada al entorno del expresidente Mauricio Macri) y un número escandaloso de irregularidades procesales. Se han perdido pruebas vitales para esclarecer el caso porque el celular de uno de los detenidos, Fernando Sabag Montiel, fue bloqueado y reseteado en forma sospechosa. ¿Por qué? ¿Quién tiene el poder y la tecnología para manipular así un aparato con información?
Hay pruebas de que, dos días antes del atentado, un diputado del partido opositor (Juntos x el Cambio) dijo a sus asesoras: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa” (y efectivamente el día del atentado contra CFK, él estaba en la costa). Existen entonces indicios suficientes de que este diputado, Gerardo Milman, podría aportar información sobre los autores intelectuales del crimen. No obstante, la jueza María Eugenia Capuchetti, que lleva el caso, se niega a avanzar sobre esa pista. ¿Por qué esa negligencia?
Otra pista que la justicia se niega a indagar vincula al Grupo Caputo (propiedad de “Nicky” Caputo, amigo íntimo del ex presidente Mauricio Macri) con Jonathan Morel, fundador de “Revolución Federal”, grupo de extrema derecha al que también pertenecen los tres detenidos por el atentado contra CFK. Morel es un hombre violento no sólo de palabra («Hay que matarlos, otra cosa no podés hacer»; «Hay que tirar agua hirviendo a los militantes kirchneristas y poner una bomba en la Casa Rosada» decía en sus mensajes) sino que ha buscado sembrar el terror con acciones como apedrear autos de ministros, llevar guillotinas a la Plaza de Mayo y arrojar antorchas con fuego a la Casa Rosada, sede del gobierno nacional. Se demostró que Morel recibió 13 millones de pesos del Grupo Caputo. Si las conexiones sobran ¿por qué la jueza se niega a vincularlo con el intento de magnicidio?
La defensa de la vicepresidenta, ante las irregularidades manifiestas en la investigación, exigió el apartamiento de la jueza Capuchetti, renegada por la justicia federal con una manifiesta actitud de protección corporativa. Las irregularidades procesales son tantas que exceden un texto periodístico. Sólo dos elementos más. Primero, el accionar de la policía metropolitana que responde al gobierno de la capital (Horacio Rodríguez Larreta también de Juntos x el Cambio), antes, durante y después del atentado, no sólo nunca detuvieron a ninguno de los violentos (por ejemplo, cuando apedrearon y vandalizaron la oficina de la Vicepresidenta en el Congreso, semanas antes del atentado), sino que miembros de esa policía aparecen en muchos videos saludando amablemente a los extremistas de Revolución Federal denunciados.
Un agravante decisivo en la paralización de la investigación sobre el intento de magnicidio, es que la jueza Capuchetti, también está estrechamente vinculada a Juntos x el Cambio (JxC) y recibe un pago mensual del gobierno (metropolitano) del mencionado opositor Rodríguez Larreta, por aparentes trabajos de investigación vinculados al Ministerio de Seguridad. Rodríguez Larreta se presenta como candidato a presidente de Argentina en las elecciones de octubre 2023 por el principal partido opositor (JxC). La pregunta de rigor es como ante semejante cantidad de irregularidades procesales y de probada convivencia política con Juntos por el Cambio, la jueza no se ha aparatado aun de la causa.
La incapacidad y la morosidad en la investigación; los errores procesales; lo poco que se ha avanzado en el conocimiento de la planificación del atentado ¿Es posible atribuirlo a una casualidad? ¿O forma parte de una impunidad del poder mediático y corporativo peligrosa?
Como ha sucedido con Lula da Silva en Brasil, la prensa hegemónica demoniza y persigue a Cristina Kirchner con un supuesto caso de corrupción –llamada “causa vialidad”, sin pruebas suficientes y fehacientes, y en la que en instancias anteriores CFK había sido sobreseída- mientras deja deliberadamente al margen un atentado que si queda impune por inacción de la justicia puede mellar para siempre la democracia argentina.
Como en el caso de Lula da Silva, en el extranjero sólo circula el relato parcial de los medios hegemónicos que, en el caso de Argentina, han invisibilizado el intento de femimagnicidio contra una de las liderezas más importantes de América latina. En Brasil se pudo revertir esa campaña difamatoria cuando se conoció la amoralidad del Juez Sergio Moro y parte de la justicia brasileña, para perseguir y proscribir política y electoralmente a Lula Da Silva.
Busquemos la verdad en Argentina. Difundámosla. Reclamemos probidad en la justicia. Y el fin de la impunidad. El futuro de nuestro país está en peligro.
