Luego de que Alberto Pérez, Jefe de Gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, dijera a los delegados de la multitudinaria marcha contra la baja de la edad de imputabilidad que los medios habían tratado mal el tema, y que todo era una confusión generalizada, Daniel Scioli dobló la apuesta: repitió que la provincia tenía un problema con los menores y, para que no quedaran dudas, amenazó con seguir firme en su proyecto de bajar la edad de imputabilidad.
La novel pero no tan nueva subsecretaria, Cristina Tabolaro, no terminaba de acomodar sus petates y sus declaraciones a la prensa, cuando quedó en el lugar que le cabe: ser funcional al proyecto de reprimir a los niños que cometen delitos en el territorio provincial.
Desde que asumió y hasta que Scioli hablara nuevamente sobre la cuestión, el nuevo equipo de gestión intentó esconderse tras el velo de la tecnocracia, manifestando a diestra y siniestra que su función sería eminentemente técnica.
Los argentinos, de Cavallo a esta parte, sabemos que ese tipo de declaraciones por parte de funcionarios públicos constituyen una pavada ilimitada que oculta propósitos oscuros que no se quieren explicar.
Durante la década neoliberal nos han querido vender la necesidad de un Estado sin política, hecho a la medida de una técnica que aporte supuestos instrumentos para la gestión de un aparato que nos pertenece a todos. Así fue entregado no solo el patrimonio de los argentinos: también los resortes que tenía el Estado para regular los intercambios y la armónica convivencia.
La seguridad en la agenda politica no es exclusividad de la derecha. Los sectores populares y el progresismo también tienen algo para decir. En Página 12 del domingo hay una excelente nota sobre la realidad de La Cava de San Isidro, donde sus habitantes plantean la inseguridad desde su experiencia colectiva: no tienen luz, agua, cloacas, etc. Para la derecha blumberiana, la seguridad está asociada al poder represivo del Estado, y es una forma de presión sobre un gobierno que no reprime.
Los jóvenes, ¿son peligrosos o están en peligro? El discurso de Scioli y sus secuaces los incrimina y los somete a la sospecha pública, sobre todo si son pobres. Esta semana se suicidaron dos jóvenes en un instituto de seguridad dependiente de la subsecretaría de Niñez provincial. ¿Qué tipo de seguridad brinda ese tipo de instituciones?
Paralelamente a la escuetísima marcha del ingeniero trucho y sus globos negros, se desarrolló otra, más legítima y contundente en su discurso: la de los familiares de las víctimas del gatillo fácil. Las personas que perdieron amigos y familiares por culpa de las políticas que otros políticos antes que Scioli alentaron para reprimir el crimen.
El desafío actual del arco político social bonaerense, asociado a la profundización de la democracia, la participación popular y la distribución del ingreso, es pujar, en este escenario, por políticas de inclusión social que garanticen el acceso a derechos de todos los niños y las niñas del territorio de la provincia de Buenos Aires.
