El tipo se llamaba David Bernal, tenía 79 años, y se acaba de convertir en mártir del –diríase– derecho de andar “calzado”.
Una imagen suya fue difundida casi en cadena por las señales de noticias, al discutir con el muchacho que le alquilaba, en La Matanza, una habitación al fondo de su hogar. Éste, quien tuvo el tino de filmar esa escena con su celular, saldría –en un sentido literal– mal parado del asunto.
Es que el locador, visiblemente fuera de sí, le disparó en una pierna con un Magnum 357, provocándole una herida leve. El agredido huyó como pudo.
Aquel registro visual deleitó a los televidentes, a sabiendas de que veían nada nada menos que el preludio de una tragedia.
Porque en el medio sucedió algo que trascendería con la velocidad de un rayo: la sorpresiva visita de una comisión policial a don David, sobre la cual él también gatilló. Pero, claro, la correlación de fuerzas no lo favorecía, y terminó cosido a balazos.
El anciano murió en su ley: era “legítimo usuario de armas”.
Corría el mediodía del 10 de julio.
¿Qué habría sentido la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ante tan desafortunado epílogo?
Ocurre que, apenas unas horas antes, ella supo anunciar la disolución de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), el ente autárquico que autorizaba a los civiles la tenencia y portación de “ferretería” considerada “de guerra”, y su reemplazo por el Registro Nacional de Armas (RENAR), un organismo con reglas más maleables que dependerá de su cartera.
Desde luego que no fue un simple enroque burocrático, sino el paso más reciente de su gesta por estimular el uso de armas entre la población. Un ideal que comparte con el presidente Javier Milei.
Previamente, habían flexibilizado toda la normativa al respecto. Y en eso hubo un motivo ideológico: ellos ven con muy malos ojos las leyes que exigen el desarrollo de políticas tendientes al desarme. Cosas de la “batalla cultural”.
“El que quiera andar armado que ande armado”, suele decir la ministra. Pero sin considerar que en tal concepto subyace un semillero de desgracias. Ya se sabe que sus ejemplos son inacabables.
Pero esa mujer va por más, y su ímpetu desregulador terminó por cruzar la frontera del sentido común al imponer la reducción de la edad límite para la tenencia de armas, bajándola de 21 años a 18 primaveras.
La ministra también contempla un ambicioso proyecto educativo: ofrecer cursos sobre manejo de armas con prácticas de tiro, impartidos por expertos de las fuerzas policiales a los alumnos de colegios secundarios. Tal información se filtró desde su propio despacho en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo.
¿Acaso se trata de un guiño libertario hacia los adolescentes?
Lo cierto es que desde entonces no transcurrieron ni tres semanas, cuando tuvo lugar un episodio conexo a esta última cuestión. Pero que resultó opacado por otros sinsabores del presente. Bien vale reconstruir su trama.
La masacre que no fue
La situación era confusa y alarmante. Su único signo visible, durante la mañana del 3 de abril, era un tumulto ante el portón de la Escuela de Educación Media N°4, en la localidad de Ingeniero Maschwitz del partido bonaerense de Escobar. Casi todos los presentes eran padres de alumnos; también había movileros de TV y un discreto dispositivo policial.
Allí palpitaba una catástrofe abortada a último momento: la existencia de un presunto plan ideado por cuatro estudiantes para consumar, a balazo limpio, una masacre. Los involucrados tienen entre 14 y 16 años.
A tal fin, habían creado en WhatsApp el grupo cerrado “Tiroteo escolar”. Pero resultó no ser tan “cerrado”, ya que uno de los chicos implicados decidió mostrar los chats a su progenitor (cuya identidad se mantendrá en reserva). Pues bien, a éste le bastó un solo vistazo a la pantalla del celular para palidecer.
Esa serie de mensajes contiene las instrucciones del asunto, comenzando por sus instantes previos (“Vamos a entrar al colegio por la puerta principal”); seguidamente, especifica la distribución de los atacantes en ambas plantas del edificio (“Dos irán arriba y dos se quedarán abajo”); a continuación, señala los blancos (“No es que ustedes elijan a quienes disparar; al que le toca, le toca”) y, a modo de remate –nunca mejor usada esta palabra– ordena una inspección ocular de lo actuado (“Hacemos un recorrido por la escuela para ver si alguien quedó con vida”).
Quien escribió semejante decálogo también supo contemplar su aspecto logístico, y en primera persona: “Yo consigo las armas. Mi padrastro las tiene”: Entonces, mencionó un subfusil MP5 calibre 9 milímetros, dos pistolas Glock del mismo calibre, y una ametralladora Uzi calibre 22.
Sobre esta última, opinó: “Es muy corta; entra en una mochila y hay que disparar en forma de ráfaga”.
Finalmente, se permitió verbalizar un anhelo personal: “Quiero agarrar a un estudiante y obligarlo a que abra la boca para después disparar”.
Al leer esta frase, al padre del arrepentido se le congeló la sangre. Luego, a su desesperación se le sumó una certeza no menos dramática: únicamente en sus manos estaba la posibilidad de frenar aquella matanza.
En este punto, no está de más un paréntesis.
Rapsodias en rojo
Fue en 2003 cuando se estrenó en la Argentina el documental norteamericano Bowling for Columbine, dirigida por Michael Moore, sobre el ataque a tiros en una escuela secundaria en el estado de Colorado, ocurrido el 20 de abril de 1999. Su saldo: un profesor y 14 estudiantes muertos, entre los cuales estaban los dos victimarios, Eric Harris y Dylan Klebold, quienes se suicidaron con sus últimos proyectiles.
La película tuvo un gran impacto entre el público local, además de generar un debate sobre esta clase de hechos que, hasta entonces, solían ocurrir en países lejanos –particularmente en los Estados Unidos– por, al menos, dos razones: las armas de fuego que circulan entre la población sin demasiadas restricciones y la práctica casi deportiva del bullyng en sus establecimientos educativos.
En apariencia, se trataba de un flagelo distante a la realidad nacional. Sin embargo, no era así, ya que la crónica policial vernácula registra un caso previo, ocurrido en mayo de 1997, cuando Leonardo Aguirre, de 14 años, se cargó, durante un recreo en la Escuela de Enseñanza Media N° 2, de Burzaco, a su compañero del segundo año, Cristián Fernández, de la misma edad.
Este fue el primer “tiroteo escolar” que hubo en América Latina.
Cabe destacar que Aguirre era objeto de bullyng y que el arma homicida fue la pistola Ballester Molina de su padre, un suboficial de la Gendarmería.
Ya en agosto de 2000, esta modalidad hizo escala en la Escuela Media N°4 de Rafael Calzada, cuando Javier Romero –apodado “Pantriste” en razón a su carácter retraído– asesinó con un disparo en la sien a su compañero de banco, Mauricio Salvador, de 16, además de herir a Gabriel Ferrari, de 18, quien por milagro solo perdió la oreja izquierda.
Cabe destacar que Romero era objeto de bullyng y que el arma homicida, un revolver Smith & Wesson calibre 38, había sido adquirido por su madre para protegerse de la “inseguridad”.
Así llegamos al 28 de septiembre de 2004, una jornada histórica para la Escuela Islas Malvinas, de Carmen de Patagones, al sudoeste bonaerense.
Todo ocurrió con una celeridad atroz en el aula del primer año, luego de que el estudiante Rafael Solich (a) “Junior”, de 15 años, pasara al frente para dar la lección de Geografía. Pero, en vez de eso, extrajo un arma y, sin mediar palabra alguna, comenzó a gatillar una y otra vez sobre sus condiscípulos. Hubo tres víctimas fatales (Federico Ponce, de 14 años; Evangelina Miranda, de 16, y Sandra Niñez, de 16), además de cinco heridos.
Cabe destacar que el pibe era objeto de bullyng y que el arma homicida fue la pistola Browning de su padre, un suboficial de la Prefectura.
Recién entonces se determinó que “Junior” era esquizofrénico.
Por ello, peregrinó durante años por un sinfín de institutos psiquiátricos, hasta que su rastro se perdió para siempre.
La ensoñación criminal
Retomemos ahora la situación en Ingeniero Maschwitz.
Aquel padre que tuvo acceso a la cuenta de WhatsApp del grupo “Tiroteo escolar” no demoró en hacer la denuncia correspondiente en la comisaría 2ª de Escobar, junto con otros progenitores.
Algunos miran con recelo a los directivos de la Escuela de Enseñanza Media N°4 por no revelar los nombres de los alumnos involucrados en el caso, lo cual era razonable, dado que son menores de edad.
En tanto, la causa recaía en el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Zárate-Campana, Martín Reina.
Su investigación estuvo centrada en tres estudiantes (el desertor del grupo no estaba en su mira), sobre quienes aplicó una restricción perimetral que les impide acercarse a un radio de 100 metros de la escuela. Desde entonces, ellos tienen que tomar clases en forma remota.
También ordenó mantener una custodia policial en la puerta del colegio, la cual aún hoy subsiste.
En lo estrictamente fáctico, su pesquisa está centrada en quien impartió las instrucciones para consumar la masacre. Es decir, la misma persona que dijo haber conseguido las armas a través de su padrastro. Por lo pronto, su domicilio fue allanado y allí no había ni siquiera una cerbatana.
Hay algo que no cierra desde el punto de vista lógico.
¿Acaso esa artillería, compuesta por el MP5, la Uzi y las Glock, no habría sido una fantasía suya?
Por lo pronto, no hay demasiados datos públicos sobre su identidad, salvo que es una chica de 16 años con supuestos trastornos mentales. Y que ahora se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico en un centro especializado de Escobar.
¿Acaso su plan habría sido entonces fruto de una ensoñación criminal?
De ser así, ¿sus cómplices habrían creído en ella a pies juntillas o, por el contrario, le seguían el tren para tomarle el pelo? ¿Y si todo fuera una broma de mal gusto que se les fue de las manos? ¿Y si, en realidad, no lo fuera?
Estas, por cierto, siguen siendo aún las preguntas del millón.
En tanto, Bullrich repite: “El que quiera andar armado que ande armado”.
