NÚMEROS. El gobierno de Milei genera violencia: desde lo discursivo hasta lo real y desde lo real hasta lo simbólico. En esa praxis la violencia aumenta cada día que pasa. Porque son violentos los despidos de trabajadores, el cierre de fábricas, los desalojos, el aumento sideral de gente viviendo en la calle, el cierre de los medios de comunicación públicos y el cercenamiento de derechos. En la larga la lista está incluida la violencia de las fuerzas de seguridad, sería absurdo que no la integrara, cuando la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la abanderada de la doctrina del “gatillo fácil” y promotora de Ley Chocobar, que apaña el accionar policial de disparar primero, incluso por la espalda, y preguntar después.
En estos 40 años de democracia –hoy tan en peligro y avasallada— la violencia policial nunca estuvo ausente, con menores o mayores números estadísticos, siempre estuvo. Más allá de la baja intensidad durante la gestión de los gobiernos populares o progresistas, pero, como bien señala María del Carmen Verdú referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en una nota publicada en Página 12, al mes y medio de la gestión de Milei: “Nada se acerca –absolutamente nada— siquiera al voltaje represivo que en apenas un mes y medio del nuevo gobierno, ya generó estas consecuencias”. A continuación, Verdú, da cuenta de las cifras del espanto: 40 personas muertas a manos de las fuerzas federales o locales, desglosadas en 15 casos de gatillo fácil, 18 muertos en cárceles o comisarías, 3 en el marco intrafamiliar por razones económicas, 3 usando el patrullero como arma y 1 femicidio de uniforme.
Esta onda se expande cuando hablamos de protestas sociales relacionadas contra el ajuste salvaje y evidenciadas en las movilizaciones contra la sanción de la llamada Ley ómnibus, donde se militarizó no solo la zona del Congreso sino también parte del microcentro y, en ese marco, donde se inauguró el uso de un nuevo gas irritante, que produce severas irritaciones en la piel y mucosas, además de dificultar la respiración. En ese marco, también fueron detenidas 30 personas que participaban de las marchas, sumadas a 5 en Córdoba, 2 en Mendoza, 2 en Jujuy y 7 en Rosario. A esto, hay que añadirle, la represión a trabajadores de prensa durante esas jornadas, donde 27 de ellos fueron heridos y lesionados por las fuerzas policiales, uno de ellos con riesgo de perder un ojo por disparos de bala de goma a la cara, una nueva modalidad de los federales, copiada del modelo de los carabineros chilenos. La violencia, es la marca de agua de las políticas de ajuste aplicadas por Milei y su gobierno.
COTIDIANEIDAD. En la fila de las cajas del supermercado, la gente comenta el alza de los precios, los productos que ha dejado de consumir, lo caro que sale todo y la imposibilidad de vivir dignamente. Una señora dice: “Esto va a explotar”. Un jubilado le contesta: “Seguro que en unos meses estalla, ya no se aguanta más”.
El estallido social está latente en esas charlas, propias de las filas de pago. En los diálogos con los vecinos, en los lugares de trabajo que muchos mantienen con sueldos empobrecidos. El estallido aparece como una premonición próxima, como la única esperanza a que todo el vivir atroz en el cual está sumergido, termine de una vez. El estallido social parece obrar del mismo modo que un milagro en el inconsciente colectivo y por el cual, una vez producido volveremos a vivir la vida anterior a la catástrofe. Sin embargo hay otro riesgo y es que esa explosión social no se produzca y se convierta en una implosión, también latente en la cotidianidad y en la cual la violencia individual predomina sobre la respuesta colectiva. Ese “todos contra todos”, está también ante nuestros ojos, cuando dos parejas se cruzan en la vereda, los perros caniches que llevan las mujeres se ladran e intentan una pelea que no se concreta con los animales, pero sí, entre los dos varones que terminan a las trompadas. Los vecinos y transeúntes logran separarlos después de algunos golpes mutuos. Violencia absurda. Son las 8 de la mañana y una multitud pugna por bajar del vagón en la estación Quilmes, otra, más o menos del mismo número, pugna por subir. Alguien, grita:
-¡Dejen bajar!, ¿qué es esto, todos contra todos?
-¡Sí, vieja, es todos contra todos! -Exclama un pibe que revolea la mochila para abrirse paso.
En ese sentido, la violencia individual se torna peligrosa y crece propiciada por el mismo sistema, que de forma violenta despoja y convierte en miserables a los pobres y en más ricos a los ricos. Esa violencia, también habilita a que un pibe salga de caño a robar celulares y ante la menor duda o resistencia apriete el gatillo y pase de ladrón a asesino en un segundo. Y ese crimen cometido confluye a un solo punto, tanto para el ladrón como para el sistema. La vida humana no vale nada, porque en realidad, la cultura del todos contra todos, es el basamento de las políticas neoliberales que implantan hoy Milei y su gobierno, con violencia y con desprecio hacía la vida misma.
IMPUNIDAD. Siempre que hablamos de aparato represivo, también lo hacemos del dispositivo que conforma junto al poder judicial, para encubrir los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad, no es novedoso lo dicho, pero vale como ejemplo, para graficar el mensaje enviado a los integrantes de las fuerzas. En estos días fue sobreseído el ex jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, quien estaba acusado e imputado por encubrimiento en el asesinato de Lucas González, junto a otros 12 jerarcas policiales, un grupo también integrado por dos abogadas que manipularon la escena del crimen, acción en la que uno de ellos asesoró sobre cómo plantar un arma en el baúl del auto en el cual viajaban Lucas y sus amigos, después de salir de un entrenamiento en Barracas Central, en el que fueron baleados por una patota policial. El caso de Lucas, despertó una repulsa generalizada en la población, el crimen fue repudiado socialmente. El repudio se hizo sentir y la función de gala en el Teatro Colón, para conmemorar el quinto aniversario de la fuerza, debió suspenderse por miedo a una pueblada que arruinara la fiesta.
Durante el juicio llevado adelante entre marzo y junio del año pasado, los únicos tres policías condenados a perpetua, implicaron a sus jefes, entre ellos a Berard, quien, en una reunión con familiares de Lucas, les dijo “que no podía hacer nada porque el caso era un tema político”. Ante tal declaración reveladora, la fiscalía pidió que se tomaran medidas de investigación y nuevas indagatorias, cosa que fue denegada por la jueza Vanesa Peluffo. Estos pedidos por parte de las fiscalías y luego denegados por los jueces, son una práctica constante cuando se trata de proteger a una fuerza de seguridad, es la misma que usaba el juez Alberto Baños, para entorpecer la investigación sobre el policía de la Ciudad desaparecido, Arshak Karhanyan.
La medida dispuesta por Peluffo, benefició además de Berard, a Lencina, Ozón, Andraca y a intervinientes de menor rango, como Micaela Fariña, Lorena Miño, Ernesto Martínez, Mayra Gorosito Ledesma, Bárbara Ojeda, Melina Miño, Santos Ochoa, Damián Lobos, Pablo Granara y Daniel Guffanti.
El plantar pruebas, adulterar y modificar escenas, para lograr impunidad, no es algo que hagan por cuenta propia tres policías pasados de rosca. Como tampoco es casual que los jueces ignoren pedidos de fiscales y querellantes, todo responde a la misma lógica represiva y judicial con la cual se protege a las fuerzas de seguridad, cuando sus integrantes cometen un delito grave. El mensaje es claro, provocador y cargado de peligrosidad, como cada acción que se lleva adelante desde el gobierno. El Estado ha otorgado otra vez a las fuerzas de seguridad, permiso para matar.
TWITEROS. Nahuel Morandini, docente universitario y Roque Villegas, trabajador independiente, pasaron 53 días presos en Jujuy, por un tuit y un posteo de Facebook. Ambos fueron denunciados por Tulia Snopek, esposa del ex gobernador Gerardo Morales, quien se sintió ofendida por las publicaciones que sugerían una infidelidad de su parte, un rumor que recorría la provincia desde hace meses. El gobierno jujeño se sumó a la causa como querellante a través del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, junto a la defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Los dos organismos insistieron en la prisión de los dos, que ni siquiera se conocían entre sí, un pedido también del fiscal Walter Rondón, que los acusó de provocarle lesiones psicológicas a Tulia y de afectar la identidad de la menor. El juez Salvador Ortiz, ordenó la liberación de ambos para que continúen el proceso en libertad y mantuvo el pedido de captura a Lucía González, una amiga de Morandini, quien había hablado en un grupo privado de Wathsapp, del chisme escuchado en el barrio. Lucía se encuentra en Uruguay y teme volver a Jujuy, en la causa es mencionada como la que viralizó el chisme. Además de arquitecta, Lucía asesoró a distintos organismos de derechos humanos de la provincia y por orden de Morales, denunció que, se están revisando los vínculos laborales que tiene con la administración pública, para sancionarla o despedirla. Las libertades individuales y colectivas, son continuamente avasalladas en la provincia jujeña, y no pocos la veían como un modelo a seguir si en las últimas elecciones ganaba –tal como sucedió— un gobierno de ultra derecha. A estos absurdos criminalizados, también se sumó Patricia Bullrich, que desde su ministerio presentó una denuncia contra un joven de 29 años, que habría amenazado en un intercambio virtual con dispararle en la cabeza a Milei, como así también a la persona con la cual mantuvo el dialogo en Instagram. Otro usuario, lo acusó de “intimidación pública”. La Policía Federal, allanó su vivienda y lo detuvo. Desde el Ministerio de Seguridad, argumentaron que “mediante el relevamiento de sus redes sociales, se determinó que demostraba tener un pensamiento ideológico muy apegado a la propaganda política de la ex Unión Soviética” y que, “Además contaba con vínculos con grupos comunistas que podrían llegar a realizar acciones que atenten contra el orden público”, durante su última gestión también como ministra de seguridad, Bullrich había hecho detener a un chico de 20 años, por un comentario contra Macri en una red social. El fascismo suele ser absurdo, es la aniquilación de todo lo humano y siembra a través de las redes sociales su ideología. Una onda de expansión donde la gente debe estar “conectada”, pero no “comunicada” y donde la censura o denuncia a un posteo, te pueden llevar a la cárcel.
