PRESOS
El teletrabajo se expande y se abre paso ya no de manera silenciosa, sino que, como en la Matrix, todo está conectado a todo y nadie parece escapar de las redes de control e información implementadas por el sistema. Los nichos laborales brotan en los lugares donde se encuentran aglomerados humanos, algunos de ellos impensados, pero al igual que en una película de ciencia ficción, lo impensado o pensado como tal, se implanta en la realidad.
En estos días y derivado del contexto planteado por la pandemia, se abrió la puerta para «un caso sumamente excepcional» en el Complejo Penitenciario de Devoto: la justicia habilitó a un preso a tomar un empleo con modalidad «home office» desde la cárcel y ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) ofrecer la conexión a internet y capacitación. Este beneficio fue otorgado por pedido de la Defensa Pública Oficial y fue aceptado por la titular del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº5, María Jimena Monsalve, quien valoró la solicitud del detenido, el cual recibió una oferta laboral de la empresa editorial IJ International Legal Group, con sede en Buenos Aires y presente en 18 países de habla hispana. La Unidad de Letrados Móviles N°2, calificó el ofrecimiento laboral como “un caso sumamente excepcional, en el que un actor privado pretende colaborar con el proceso de reinserción social de un detenido, brindándole una herramienta fundamental como lo es un trabajo remunerado». Por eso, en la presentación de la Defensa Pública Oficial, se planteó la necesidad de “arbitrar los medios necesarios” para no truncar esta posibilidad de inclusión laboral, que aparejará efectos beneficiosos para su proceso de reinserción social.
Esta excepcionalidad también está enmarcada en lo relativo a la caracterización de las personas, alcanzadas por el sistema penal. Según un informe de 2019 de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el 38% de los detenidos tienen entre 25 y 35 años; del total de la población carcelaria 43% estaban desocupados y el 39% sub ocupados con trabajos temporarios o de tiempo parcial, pero si se observa el nivel escolaridad antes de entrar a la prisión, 9 de cada 10 tienen un bajo nivel educativo. Este índice debería ser revertido en un giro de 180º para que la medida excepcional se revierta y que un mayor número de presos puedan tener acceso al teletrabajo y conformar una de las miles de comunidades nómades, tal como sucede con los jóvenes de muchas poblaciones rurales en España. El nomadismo que se da en los teletrabajadores están en un lugar determinado, pero pueden trabajar de diferentes latitudes del planeta, lo cual también habla de una internacionalización laboral, que muchas veces escapa a las leyes laborales de cada país.
CAMPO
La cosechadora avanza sobre el sembrado, quien la maneja no padece el calor, el equipo de aire acondicionado funciona perfecto, como así también el pesaje y la conexión a internet, que permite controlar su desempeño a distancia. Todo es monitoreado en tiempo real a través de las cámaras, desde las oficinas de la empresa agroindustrial, que también controla la eficacia de los paquetes tecnológicos aplicados en la siembra. Da lo mismo que aquello que se coseche sea soja, maíz, trigo o girasol, la máquina realiza su tarea y en ese control computarizado se visibilizan los avances tecnológicos con los que cuenta y dispone el llamado “campo”. A ellos no los afecta la pandemia, ni la cuarentena; la automatización es parte del asunto en esa territorialidad digitalizada. Sin embargo, el otro campo, el que produce el 75% de los alimentos que se consumen a diario en las mesas de los hogares, sí padece las consecuencias del aislamiento provocado por el Covid19. Ya no es solo la afectación por las fumigaciones, sino por la falta de conectividad a internet, lo cual impide entre otras cosas la comercialización de los productos.
También se ve afectada la educación, en su gran mayoría las comunidades campesinas no cuentan con la conectividad. En las casas o ranchos donde viven, muchas veces, la señal es débil o funciona en ciertas bandas horarias y los ciclos de escolaridad se resienten ante esto y por la ausencia de presencialidad. En las comunidades donde el servicio funciona de manera más o menos regular, las cooperativas se organizaron para realizar ventas a través de las redes, en otras donde la irregularidad o la falta de conectividad, obliga a la venta puerta a puerta.
Esta carencia evidencia las diferencias entre los campos, uno con acceso a tecnología de punta y el otro marginado del sistema, si ya es difícil establecer circuitos de comercialización sin pandemia, con la misma las cosas se hacen cuesta arriba. La falla está marcada por cierto entorpecimiento de la burocracia del Ente Nacional de Comunicación (ENACOM) en la aprobación de proyectos presentados por las comunidades campesinas y está entre las causas que más inciden para el abandono de las mismas por parte de los jóvenes.
Las organizaciones campesinas tienen, entre sus múltiples propósitos, la producción de alimentos agroecológicos y la vuelta al campo de la población rural expulsada por la acción de las empresas de capitales concentrados. Pero, entre las fallas que entorpecen tal fin, está el de la conectividad a internet, que no solo permitiría avances en la cuestión educativa y comercialización, sino también en la salida laboral por fuera de la ruralidad. Nada impide que un joven o una joven campesina con la capacitación necesaria realicen un teletrabajo desde su comunidad y se dediquen a la vez a tareas rurales. Esto significaría –como lo planteaba el olvidado Louis Althusser- una ida de la ciudad al campo y no a la inversa.
ESTADO
El trabajo virtual en la actividad privada se masificó en distintos rubros y ámbitos debido a la pandemia. Tal expansión motivó la sanción de una ley que reglamentó la actividad de los tele trabajadores, lo cual no implica un cumplimiento efectivo de la misma por parte de los empleadores locales, a esto hay que agregar la volatilidad y temporalidad de las tareas y trabajos desempeñados, imbricadas también la precariedad.
El estado y su aparato de gestión, es decir la Administración Pública Nacional (APN), también orbita en ese universo, donde no solo están presentes algunas precariedades, sino también ciertas desprolijidades. Muchos trabajadores se quejan de trabajar más allá de las 8 horas correspondientes, otros realizan sus tareas en menor tiempo y otros no realizan ninguna. La APN es un organismo gigantesco compuesto por 39 organismos desconcentrados, 73 descentralizados y 90 entes del sector público nacional, y regulada por 15.032 normativas.
Según la secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, aproximadamente el 60% de los 200.000 agentes que no pertenecen a fuerzas de seguridad se encuentran hoy en día realizando teletrabajo. “Lo que se ha construido durante todo el año pasado es la organización de esos trabajadores para que puedan hacer su tarea desde la casa”, afirmó. Más allá de la afirmación de la funcionaria, la disparidad existe. Aunque tal vez se disipe con otros números estadísticos, todos sabemos que se llegó al trabajo remoto por una emergencia sanitaria, para la cual ningún estado estaba preparado. Algunos creen que la respuesta fue aceptable, aunque plantean distintas cuestiones a rever y mejorar, porque el Estado en parte respondió y se adaptó bastante rápido a la nueva coyuntura. Esto no significa que se completó o se desarrolló e impulsó de manera completa la agenda digital. En ese aspecto, algunos hechos son elocuentes, la APN debió proveer a los trabajadores de equipos y capacitación para poder realizar las tareas desde sus casas. Los mismos pudieron adaptarse a la virtualidad gracias al sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), diseñado por el ex Ministerio de Modernización. Aunque la base de herramientas dejada por la gestión anterior fue de utilidad, hubo que mejorarla porque muchos programas y sistemas fueron abandonados. Con las acciones realizadas, durante 2020 se generaron más de 7 millones de expedientes, es decir, un 38% más que en el 2019.
Hoy el estado trabaja en la reingeniería de los Trámites a Distancia (TAD), para depurar, ordenar y agilizar la búsqueda y gestión. Se agregaron más de 236 nuevas diligencias y de 2019 a 2020 se sumaron 1.400.000 usuarios nuevos. Entre otras cosas, se incorporaron opciones online para, por ejemplo, denunciar violencia de género en la APN; se realizaron mesas virtuales en varios ministerios para garantizar la gestión de oficios y se digitalizaron cuestiones vinculadas a la producción.
Estos cambios en el ejercicio de las funciones del estado, ya sea en materia de control, gestión y denuncias, abren otros interrogantes. Uno de ellos respecta a los que atañen a la actividad gremial en el rol de promulgar derechos en la nueva modalidad, que se expande y tiende a dejar afuera a aquellos que encuentran en la digitalización de los sistemas, un monstruo entorpecedor de las gestiones por falta de dominio de las nuevas tecnologías. Pero, a estos, se le suman otros, los cuales son relativos a si el achicamiento del Estado, propuesta que no falta en ninguna plataforma de los partidos de derecha y de la ultra derecha emergente, no viene aparejada con la masificación digital surgida en la pandemia.
