Suicidios

En apenas quince días y en un solo conflicto, el gobierno de Cristina Fernández pagó el costo de sus torpezas y las heredadas del gobierno de Néstor Kirchner, de los olvidos, de las dilaciones, de una errónea, o en todo caso desafortunada, idea del poder, de la política y de la sociedad, sin haber podido cosechar casi ningún fruto de sus múltiples aciertos.

Cuando se habla de errores, naturalmente, dependerá de quién los mire. Por lo pronto, en este caso bien podemos decir que esos errores lo son desde el propio interés del Poder Ejecutivo, cuyo titular, a tres meses de haber asumido luego de un contundente triunfo electoral, se encuentra súbitamente tan debilitada como la mayoría de los mandatarios al
promediar su período. ¿Debido a qué? A una embestida del poder económico concentrado, los grandes medios de comunicación, la derecha ideológica y el racismo visceral del bochornoso mediopelo argentino, sobre la base de un alto porcentaje de los pequeños propietarios y productores agropecuarios, desfavorecidos y en ocasiones perjudicados por la política (o no política) gubernamental para el sector. Embestida que no llegó a más, porque el poder económico, esta vez, no quiso. Es cierto: tal vez pudo haber existido bastante venalidad en otros actores, pero la venalidad no suele explicar la mayoría de las cosas y detenerse en ella generalmente desvía la atención de la verdadera naturaleza de los acontecimientos que se pretenden analizar. Y si no que lo diga la señora Carrió, ya a esta altura dispuesta a explicarse un eclipse de sol por la presunta o real corrupción del ministro De Vido. De manera que dejaremos en paz a los directivos de la Federación Agraria y su extraña conducta. De todas formas, al sector que representan le caben las generales de la ley: como muchos, salió a la calle —o a la ruta, o a los medios— a poner el cuerpo a favor de sus verdugos. Y afirmar esto no es negar razones a su protesta, lo que de ninguna manera implica aceptar la legitimidad de sus pretensiones (ver Mentiras al volante). Sin embargo, el documento del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero resulta muy ilustrativo para entender la posición adoptada por los pequeños propietarios y cuasiproductores. Pero antes que nada, tal vez convenga enumerar los errores, olvidos y dilaciones de que hablábamos, pues pueden ayudar a echar algo de luz sobre lo ocurrido.

El crimen no paga

Tal vez por su debilidad de origen, acaso por concepción, por ese “pragmatismo” tan distintivo de los ´90, el gobierno de Néstor Kirchner optó por pactar con gran parte de los grupos de poder concentrado. En detrimento de otros, desde luego, principalmente del sector financiero internacional. La consecuencia fue, en todos los planos —el económico, pero también el político, el social, etc.—, el incremento y la consolidación del poder monopólico de los ya poderosos. Esta es una buena manera de reemplazar la ausencia de políticas, pero inútil si lo que se pretende es aplacar la voracidad de esos grupos, de por sí insaciables. En este punto, es notable el ejemplo del comportamiento de los grandes medios de comunicación, beneficiarios de una injustificada prolongación automática de las licencias de radio y televisión y de la perpetuación de una ley de radiodifusión hecha “a medida” en tiempos de la dictadura militar. Privilegio que remite, dicho sea de paso, al que gozan los grandes grupos petroleros, agraciados con una dispendiosa prórroga de las concesiones petroleras y gasíferas, despojo a las próximas generaciones del que son tan responsables el gobierno nacional y los provinciales, como los partidos oficialistas y la casi entera oposición política con representación parlamentaria. Asunto que también se relaciona con el conflicto rural y que contribuyó a crearlo, de la misma manera en que interviene en el problema la generación y distribución de la energía eléctrica en manos privadas, y encima, concentradas. Entonces ¿cómo respondieron los grandes medios a la “generosidad” gubernamental? Preparando un clima de golpe de estado, creando la sensación de sublevación popular, magnificando el número y la importancia de los cortes de ruta —lo que contribuyó a alentarlos— y luego de haber promovido los cacerolazos, presentándolos como generalizados cuando todo lo que la imagen partida de la televisión podía mostrar era las esquinas de Callao y Santa Fe, y un par más del mismo barrio. Comparable tergiversación tuvo lugar en las noticias sobre el interior del país, haciendo creer a los ciudadanos de las grandes ciudades y alucinando a algunos ruralistas, que el pueblo del interior apoyaba el paro, lo que de ninguna manera fue así, al menos en la experiencia personal de quien escribe. Y no sólo el pueblo llano se mostró ajeno, sino que muchos sectores ligados a la producción agropecuaria y no pocos productores agropecuarios, que comprenden y comparten los motivos de la protesta, se manifestaron decididamente en contra de la medida o, en todo caso, de la bandera que pareció agrupar a las entidades gremiales del sector: la eliminación de las retenciones. El pionero de esta operación mediática fue… quien había resultado el principal agraciado por la dispendiosidad oficial: el grupo Clarín. El canal TN funcionó a la vanguardia del resto del grupo y de los demás medios, y también fue el primero que invirtió “su discurso”, vaya uno a saber debido o a cambio de qué, mientras el canal estatal se mantenía prescindente, ciñéndose a la programación preestablecida, como si nada pasara, como si no hubiera sido preciso que otras voces, otros intereses, otras visiones pudieran ser escuchadas, al menos en alguna parte. El resultado fue que excepto algún que otro programa de TV por cable, algún perdido comentarista radial, las pocas y marginales —y marginadas— FM comunitarias y la radio de las Madres de Plaza de Mayo, fueron las únicas voces disonantes en el discurso hegemónico en los medios de comunicación. Y es lógico que haya sido así, toda vez que reemplazar la inexistencia (por necedad, por pereza, por confusión de objetivos) de una política sobre medios de comunicación por el acuerdo corporativo, por el pacto —entre pampa y mafioso— con aquellos medios más poderosos, implica poner la política de comunicación en manos de esos mismos grupos, cuyo principal y seguramente único interés consiste en incrementar su propio poder y, en el mejor de los casos, actuar al servicio de sus principales avisadores, que vienen a ser los grupos hegemónicos, monopólicos de la economía. ¿No ocurre lo mismo cuando ponemos la energía —en particular la escasa y no renovable— en manos de las petroleras y demás operadoras del sector?

Las vaquitas no son lo único ajeno

El Estado gasta fortunas en subsidiar los combustibles, pero el gas oil que se refina es insuficiente para satisfacer las necesidades internas y es escandalosamente caro en relación con el precio de la nafta común y aun con respecto a la de alto octanaje. Mientras tanto, se sigue permitiendo la exportación de crudo. De un bien escaso, no renovable, al tiempo que desde hace veinte años nadie explora en busca de nuevos yacimientos. Al mismo tiempo, los agroquímicos —en su mayoría, derivados del petróleo— indispensables para las nuevas tecnologías agrícolas, se importan a precios internacionales, en creciente aumento, pudiendo producirse localmente, con costos y precios locales. Pudiendo producirse… Si la política petrolera no estuviera en manos de las empresas petroleras. Ocurre lo mismo con el gas envasado que consumen no sólo los sectores de más bajos recursos, sino también numerosas regiones del interior del país y la totalidad de las zonas rurales y semi rurales. ¿Por qué el gas envasado es el combustible más caro, casi prohibitivo si de calefaccionar se trata? El costo de producción de ese gas es muy inferior al de la producción de GNC… Porque su monopolio de hecho es uno de los bienes que Repsol “heredó” de YPF, como si en algo pudieran parecerse una empresa privada y una empresa estatal, cuya política de precios y comercialización estaba organizada en función de las necesidades nacionales, no de los intereses particulares. La estructura perversa, absurda, de los servicios públicos consolidada en los ´90, permanece intacta y, a veces, perfeccionada. También de la producción y distribución de energía se pasó del monopolio estatal a un grupo de monopolios privados y con gran perjuicio de las discriminadas cooperativas eléctricas. El Estado también subsidia la energía eléctrica creando cierta injusticia toda vez que se subsidia por igual a los sectores de altos y de bajos recursos. Pero la pregunta es ¿qué se subsidia? ¿Alguien controla, alguien se ha puesto a pensar qué es lo que se subsidia? No se preocupe, no estoy buscando ladrones, sino que se trata de algo mucho más serio que la venalidad del ministro De Vido: se trata de que, al estar la producción y distribución de la energía eléctrica en manos privadas, al estar el entero sistema conducido por el interés privado, el Estado no subsidia solamente el consumo, sino también e inadvertidamente, los altos sueldos de los gerentes, los honorarios de los directores, los dividendos de los accionistas. La electrificación, “llevar la luz”, cuesta mucho dinero, y más cuesta cuanto mayor sea la distancia a la que hay que llevarla, como sucede en las zonas rurales. Dependiendo de su escala y distancia, muchos propietarios rurales decididamente no pueden tener energía eléctrica si es que deben pagar la instalación con lo producido de su propiedad rural. Y si es difícil o imposible, también es odioso pagar la infraestructura del negocio de una empresa privada que no nos regala nada, sino que nos vende. Y mucho más odioso si el costo de esa infraestructura lo pagara el Estado, que venimos a ser todos, que encima subsidia el negocio. Estamos entonces en un problema en el cual uno u otro pierden. El que nunca pierde es el operador privado, que heredó del Estado además de la infraestructura, el monopolio de la producción o distribución de energía eléctrica, porque además de que alguien le subsidia las ganancias, alguien terminará haciéndose cargo del costo de la infraestructura que le permite hacer su negocio. Es como si el almacenero, antes de venderle un pan de manteca, le pidiera a usted que le regale una heladera.

A descarrilar

Un capítulo aparte —¡un libro entero!— merece la no política de transportes, toda vez que también en esto, el gobierno deja que los objetivos y la estructura del área los fijen los grupos privados que manejan el sector. Es así que seguimos sin tener ferrocarriles, ni siquiera para un racional transporte de mercaderías. Y cuando lo hay, el servicio es organizado según los intereses del operador ferroviario, que en general no tiene nada que ver y muchas veces es antagónico con las necesidades tanto del productor como del consumidor. Y es lógico que así sea, si los ramales siguen en manos de empresas camioneras, empresarios de micros y colectivos y exportadores de granos, de aceiteras y de fábricas de Portland. Ya en su campaña electoral del año 2003, Néstor Kirchner hablaba de la necesidad de recuperar el manejo de los ferrocarriles, sin que hasta ahora nadie se haya enterado de qué consistiría eso. Luego, una supuesta ley al respecto tuvo como único resultado práctico la firma de un contrato para la creación de un tren a chorro, que competiría con el transporte aéreo de pasajeros cuando lo indispensable es un ferrocarril para competir con las empresas de trasporte vial, muchísimo más caro, y cuyo mantenimiento —y subsidio— resulta más oneroso para las finanzas públicas que la conservación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria nacional, conducida centralizadamente por el Estado y operada en forma descentralizada por quien más convenga (el propio Estado, empresas de cogestión obrero-estatal, cooperativas de usuarios y/o de trabajadores y/o de productores y, por qué no, también empresas privadas cuyos intereses no sean contradictorios con los del ferrocarril). ¿La omisión, los errores, las insensateces perpetradas en esta área se deben a la venalidad del ministro De Vido y/o del ya muy impresentable secretario Jaime? Tal vez, pero la ausencia de control, de políticas, de objetivos y de estrategias es igual a la de las áreas que mentamos anteriormente, lo que más que venalidad, sugiere la falta de un concepto del transporte. Concepto que, como en las demás áreas, se encuentra íntimamente relacionado con un concepto general de la sociedad, con una idea de país que debería tener mucha mayor precisión de la que se manifiesta actualmente en las autoridades. Esta ausencia, esta debilidad en materia de transporte también contribuyó a crear y complicar el conflicto con los gremios de propietarios y productores rurales, y a debilitar la posición del gobierno. Simplemente porque el lock out, cuyos objetivos eran políticos y no de demanda sectorial, y cuya estrategia fue el desabastecimiento por métodos violentos, tuvo más importancia de la que objetivamente tenía gracias a los piquetes en las rutas, que bloquearon el transporte de mercaderías y alimentos monopolizado por las empresas transportistas viales. Muy diferente habría sido con una red nacional de transporte ferroviario, rápido, eficiente y económico. Por otra parte, el precio de los fletes siempre incide en el costo de producción, y va a resultar mucho más barato un convoy cargado de cereales que una flota de doscientos camiones cerealeros destrozando las rutas. En suma, que también la ausencia de una política en materia de transportes forma parte de los problemas reales que manifiestan tener los gremios ruralistas. También la —ya no se sabe si perversa o ridícula— política de control de precios alimentó las razones del conflicto además de agredir moralmente (por decirlo de alguna manera) a una parte de la clase media anteriormente biendispuesta con el gobierno. Combatir la inflación por medio de las estadísticas oficiales es digno de cerebros del tamaño de un mosquito. Y con cientos de subsidios cruzados, muy peligroso y arbitrario.

Concentrando el capital

El núcleo duro de la inflación obedece a razones extraeconómicas, de naturaleza estructural: la alta concentración de la actividad económica del país, el manejo monopólico del mercado por parte de unos pocos pulpos, dispuestos a pelear a muerte en defensa de todo cuanto se apoderaron, a usar la inflación como arma en la pelea por la distribución del ingreso. Esa concentración es fruto de treinta años de políticas neoliberales y no es razonable pretender que pueda ser desmontada en tres meses, pero la actual administración lleva en realidad un lustro en el manejo de los asuntos públicos, en los que una política de precios descaminada, en vez de contribuir a debilitar los cimientos de la estructura monopólica, los fortaleció. Si bien es cierto que muchas veces es preciso intervenir directamente para frenar un aumento especulativo, es esencial que en forma simultánea se actúe estratégicamente mediante la democratización de la estructura económica y la horizontalización de los sistemas de comercialización, dando mayores oportunidades y facilidades a nuevos y más pequeños actores. Desde la secretaría de Pymes, desde el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), así como desde diversos organismos del Estado, se alentó a las pequeñas y medianas empresas, y desde la orientación general de la política económica se creó el marco para que esos pequeños empresarios encontraran un mercado. Sin embargo, además de una disparatada estrategia de control de precios, un sistema bancario privatizado casi en su totalidad, regulado desde las necesidades monetarias con prescindencia de las necesidades productivas, y una banca oficial escuálida, obsoleta, burocratizada hasta lo inconcebible, se dificultó y hasta frustró el desarrollo y el surgimiento de numerosos emprendimientos productivos. ¿Alguien cree que a los planes crediticios que se anuncian pueden acceder los pequeños productores? (Dicho de paso, los productores no son sólo los “del campo”, como nos quieren hacer creer los que manejan la opinión, sino todos los que producen bienes y también servicios.) Decididamente, el Banco Nación no estuvo a la altura de las necesidades. Es que una cosa son los directivos, que en los últimos cinco años fueron de lo mejorcito que se podía pretender, y otra el funcionariado, una planta estable formada ideológicamente en el neoliberalismo antiestatista y en la reverencia ante los grupos monopólicos. La misma fragilidad se advierte en la casi totalidad de las reparticiones estatales en las que los funcionarios son antiestatistas. Y es lógico que así sea. ¿Cuál de los funcionarios del Estado es anterior a 1976, cuando fue la propia burocracia estatal de aquel entonces, consustanciada con la idea de un Estado activo, sólido y nivelador, la que consiguió impedir la privatización a mansalva que quiso llevar a cabo Martínez de Hoz y finalmente consumó Menem? Hoy, una diferente generación piensa y actúa según los parámetros ideológicos y el sistema de valores impuestos a partir de la dictadura militar. ¿Cómo se desmonta esta ideología, esta estructura perversa enquistada en las propias entrañas del Estado? Como en todo: democratizando. Que no consiste en negociar, sino incorporar a los nuevos —a los pequeños, a los nadie—, a la propia gestión, a la creación de políticas y a la imaginación de alternativas y soluciones. Sin embargo, ¿dónde están en el Banco Nación los directores propuestos por la Federación Agraria, por las pequeñas y medianas empresas, por las fábricas recuperadas? ¿Participan acaso en las delegaciones, donde acaban frustrándose todas las buenas intenciones? Y en esto, como en todo, por más buena voluntad que tenga, por más talento que exude, ¿cree el gobierno que por sí solo, valiéndose de unos poquísimos cuadros, de una fuerza política exigua, de una fuerza social todavía más ínfima, de sus muchos operadores pagos y de fuerzas políticas, sociales y económicas alquiladas, que en semejante debilidad conseguirá desmontar una enorme y omnipotente estructura de poder concentrado? ¿Y piensa, acaso, que podrá desmontarla concentrando aún más el poder de los poderosos? ¿O cree así poder aplacarlos o moderar su avidez? ¿Qué clase de alucinógeno circula por los pasillos del poder político?

La insoportable maldad de la zanahoria

Todo lo anteriormente enumerado —y bastante más— convergió en un mismo momento y en un mismo episodio: el reclamo de los propietarios y productores rurales, el desarrollo y la cobertura de los acontecimientos y un desborde suicida al calor de los dislates de una dirigencia rural descontrolada, prepotente, de baja calidad, sin ideas claras, con objetivos difusos, a menudo contradictorios con el interés y hasta con la supervivencia de quienes supuestamente representan. En ese sentido, el caso del señor De Ángelis, antiguo militante ecologista devenido en furibundo defensor del modelo de expoliación sojero, es de un patetismo estremecedor. Resulta curioso que nadie parezca preguntarse en qué se diferencian Alfredo de Ángelis y Luis D´Elía, fuera de que este último parece ser más coherente. Nadie se lo pregunta, en Argentina. Los uruguayos se lo vienen preguntando todos los días. Y ya que estamos, quienes nos venimos ocupando reiteradamente del deterioro ambiental y particularmente del reclamo del pueblo de Gualeguaychú, también nos preguntamos en qué se diferencia no ya la política ambiental sino la entera política agraria del gobierno de Tabaré Vázquez de la de Néstor Kirchner y, ahora, de Cristina Fernández. Nosotros no vemos prácticamente ninguna. Un gobierno se ha obnubilado con la producción de pasta de celulosa, y confunde con riqueza la entrada de algunas divisas. El otro, con los altos precios de la soja en el mercado mundial de granos. Concientes o inadvertidamente ambos han permitido que la producción agropecuaria del país se organice en función de un único producto. El eucaliptus y la soja no son malos en sí mismos, si apenas son vegetales incapaces de matar una mosca. Lo dañino es el monocultivo, que comienza por dañar la naturaleza (que es, por esencia, diversa), daña a la sociedad mediante la concentración de la producción y de la propiedad y del poder; provoca el despoblamiento rural y el hacinamiento en los centros humanos; genera desocupación estructural, marginalidad, y delito, colapsa los sistemas de contención social; contribuye al aumento del gasto público; y colabora con la destrucción de la democracia mediante la creación de un pueblo de pata al suelo, dependiente del subsidio, de la dádiva, de la protección de los poderosos. Y provoca un serio daño al país, volviéndolo dependiente, primero como vendedor de un único producto, y luego como comprador de los insumos que ese monoproducto requiere, a los que se suman los que dejan de producirse localmente, como consecuencia de la organización de las energías y los recursos económicos y humanos del país en función de ese producto único. Este es el núcleo del conflicto rural, cuyo origen se encuentra en la nula política agropecuaria. Mejor dicho, gubernamental, porque sí existe una política agropecuaria: la diseñada por los grandes operadores y exportadores de granos, en quienes el gobierno descansó para la creación de una política rural. De la misma manera que descansó en los grandes medios, en las petroleras, en los frigoríficos, en los grandes empresarios del transporte, en los supermercadistas. Esa política diseñada a partir de los intereses de los exportadores de granos, los proveedores de insumos, los grandes operadores, las grandes o más bien, la gran aceitera, está en el origen del conflicto rural.

Fantasmas del pasado

Existe en el tratamiento de la noticia, en el público en general y —a la luz de algunas medidas paliativas tomadas durante el conflicto— también en las autoridades, una confusión, en primer lugar entre pequeños productores y pequeños propietarios. Comencemos por despejar una ilusión fantasmal del mediopelo urbano que salió en defensa del pobre chacarero. Ese pequeño agricultor que sembraba en terrenos propios, si acaso los tenía, y principalmente en los de los vecinos, a cambio de un porcentaje de la cosecha, no existe más. Y ya veremos por qué y en qué se convirtió. Despejemos antes otra ilusión: el alto precio de los granos. Como es sabido, lo caro o lo barato son términos relativos. Por ejemplo, el precio de los granos es alto… según este tipo de cambio que, junto a algunos subsidios, orienta hacia la baja el precio de los insumos y servicios no importados. No sería alto el precio con un tipo de cambio menos ventajoso para la exportación. Pero aun en el actual tipo de cambio ¿es realmente alto el precio? Y si lo es ¿por qué es preciso recurrir a nuevas tecnologías agrícolas y no es posible producir granos en forma rentable con tecnologías menos sofisticadas, que requieran de una menor inversión, que no provoquen ultradependencia de plaguicidas y agroquímicos, que no necesiten de enormes extensiones de tierras? Nótese que no es rentable producir ni siquiera la maravillosa soja (o, mucho menos en realidad, soja) en sólo 300 hectáreas: el producido no compensa los gastos si no disponemos de las nuevas maquinarias, de costos astronómicos. A la vez, en pequeñas extensiones tienen buena rentabilidad el tomillo, el orégano, y según las zonas y las tierras, la alfalfa, la lavanda, la cría de cerdos, el engorde de pollos, que además demandan mayor mano de obra. El pequeño propietario —término relativo también, ya que muchos de nuestros “pequeños propietarios”, en España o Francia serían considerados grandes latifundistas— es, sin embargo, objetivamente pequeño para el tipo de producción hacia la que está organizado el país desde finales del siglo XIX, un tipo de producción extensiva que requiere de cada vez mayores superficies. Y cada vez mayores, porque el precio sólo es alto en términos relativos, gracias al tipo de cambio y a la capacidad productiva de las nuevas tecnologías, en tanto es bajísimo de comparárselo al precio de cuatro o cinco décadas atrás. Y esto es así, porque a despecho de los “productores”, lo que ellos producen deslumbrados por el precio, es un alimento barato, tan barato que se usa para el engorde de animales. ¿Por qué entonces los pequeños propietarios no eligen las producciones intensivas, que les permitan sacar el máximo jugo de sus “pequeñas” parcelas? Por un lado, porque resulta más sencillo arrendar el campo a algún grupo de siembra y dedicarse a alguna otra actividad, como la abogacía, la medicina, el comercio. Pero además de demandar una mayor atención, de ser en sí mismo un trabajo y no una renta, la producción intensiva requiere de una importante inversión inicial, a menudo instalaciones apropiadas, cercanía de los centros urbanos, buenos accesos, y un mercado. Y si de partida no existen créditos, o son inaccesibles, de ficción, o resultan impagables, ni existen incentivos, ni premios (con 300 hectáreas de campo agrícola, con buenas praderas y forrajes de invierno, resulta muy rentable el engorde de novillitos, pero no existe entre nosotros algo tan elemental y sencillo como la desgravación impositiva de las parcelas sembradas con praderas), ni una adecuada infraestructura vial, también para el mercado interno se reproduce la alta concentración, incentivada por la naturaleza vertical de la comercialización. Y ocurre que un mercado concentrado y un sistema centralizado de comercialización, además de poner en manos de oligopolios la fijación de precios, supone una serie de gastos y requisitos cuyo cumplimiento demanda que la producción intensiva sea de una envergadura casi industrial, lejos de las posibilidades de un pequeño propietario vulgar y silvestre. No existe por parte de las autoridades ninguna política orientada a horizontalizar la comercialización que, al menos en el interior del país, en los pueblos y las ciudades pequeñas y medianas, tendría una importancia mayúscula ya que incidiría de modo directo en un incremento de la ocupación laboral, en una baja de precios y en el aumento de la rentabilidad de los pequeños productores abastecedores de ese mercado local. Pero toda esta disquisición nos remite a otro aspecto del tema que se ha omitido sistemáticamente en la cobertura del conflicto.

Suicidas rurales, inútil explicarles

Para ponerle un nombre adecuado a la mayoría de los “huelguistas” no sirve la terminología de uso. “El campo” es extremadamente genérico. El “sector rural”, también es inadecuado ya que, sin ir más lejos, el peón, el puestero, el maquinista, el alambrador, el hachero, también forman parte del “sector rural” y del “campo”. Tampoco “propietarios rurales” es exacto, ya que muchos grandes productores no son propietarios (los fondos de siembra, por ejemplo) del mismo modo que muchos propietarios no son productores. ¿La patronal agraria, podría decirse? Tampoco es exacto, porque muchos pequeños propietarios a la vez que rentistas son inversores (muchas veces, si les alcanza, colocan el monto de los alquileres en los propios fondos de siembra que les alquilan los campos) y en ocasiones, simultáneamente tractoristas o maquinistas de los grandes productores. Huelga decir que en semejante disparidad de roles su “conciencia de clase” es más o menos la de un chimpancé desquiciado mental. Y, dicho sea de paso, quizá la base social característica de la Federación Agraria ayude a explicar el extravagante comportamiento de su dirigencia. Pero existen otras diferencias, ahora así, entre los productores agropecuarios. No son lo mismo y a menudo son antagónicos los intereses de quien produce para el mercado interno de los de quienes producen para el mercado mundial de granos. Y esos productores de quien nadie se acuerda son numerosos, seguramente mucho más numerosos que los dedicados a satisfacer la demanda externa de granos. Sin embargo, este hecho no supone que ese productor tenga una mayor conciencia que los otros sobre la profunda ligazón que ata su destino al de la sociedad en la cual vive, si bien muchos de esos productores, aun compartiendo las razones de la protesta, asistían aterrados ante la exigencia de eliminación de las retenciones. Pero no todos. Si fue verdaderamente un productor frutihortícola (seguramente de Concordia) quien volcó en la ruta 14 un camión con naranjas en protesta por la baja rentabilidad, de eliminarse las retenciones va a tener que meterse las naranjas en el cajón, ya que los concordienses volverán a comer naranjas de Tailandia.

Las retenciones no son anuales

Cuando se devalúa y se pretende mantener el tipo de cambio resultante, es de manual que en un país productor y exportador de alimentos, sea preciso imponer o subir las retenciones a la exportación de granos y alimentos. Por lo que es inexplicable que en su momento Remes Lenicov haya omitido hacerlo. El recurso fue un invento liberal, ya que los gobiernos de corte más popular buscaron diferenciar los precios internos de los externos mediante métodos más adecuados, desde la junta nacional de granos y la junta nacional de carnes a, al modo australiano y canadiense, directamente con la estatización del comercio exterior de granos y alimentos. No existiendo, como debiera existir, una agencia estatal de comercio exterior, el principal propósito de las retenciones a la exportación es la diferenciación de precios internos y externos, ya que en eso consiste la disparidad cambiaria, en aumentar la competitividad de la producción nacional por medio de la reducción de sus costos. Y si ese es el propósito, es lógico que sean móviles: a un incremento de los precios internacionales aumenta el porcentaje de retención. A la baja (como está siendo el caso en estos momentos para la soja), baja el porcentaje de retención. Este recurso, para ser útil, debe acompañarse de otras medidas, de similar propósito, para aquellos insumos indispensables e importados que no puedan sustituirse por otros de fabricación local, de manera que si se aplica una quita al precio de lo que se exporta, se debe realizar similar quita en lo que es imprescindible importar y resulta necesario para producir. En caso contrario, se estaría atentando contra lo que se pretende, esto es, mantener bajos los costos internos para aumentar la competitividad de la producción nacional. A la vez, la producción agrícolo-ganadera para tener racionalidad, para orientarse de acuerdo a las necesidades nacionales, requiere de un precio sostén y de un sistema de incentivos (no sólo de castigos) para que se produzca aquello que sea de interés social o nacional y resulte riesgoso para el productor. Existe también algo de injusticia en el hecho de que el Estado participe de las ganancias cuando las hay y se mantenga prescindente ante las pérdidas. Si es que de retenciones hablamos, porque las retenciones no son impuestos sino un instrumento regulador de precios. Pero son algo más: ahorro interno, aunque para serlo debe volver a la sociedad y particularmente al sector rural en forma de infraestructura, subsidios, precios sostén y fomento de la diversificación productiva, lo que requiere de una activa participación de los interesados, vale decir del Estado y de los representantes locales de las entidades agrarias y de los consumidores. Desde luego, nada de esto es posible o se distorsiona hasta la aberración cuando el instituto encargado de recaudar es un grupo de empresas privadas y el encargado de administrar, la Agencia Federal Impositiva, como si se tratara de impuestos y por lo tanto parte del prepuesto estatal, aunque recaudado por monopolios privados. Pero ninguna de estas carencias, defectos y distorsiones indica la conveniencia, ni para el productor rural ni para casi nadie, de eliminar las retenciones, tal como reclamaban los gremios. Es que al eliminar las retenciones, no será sólo el insumo importado sino todos los insumos, servicios y costos generales los que ipso facto treparán a los valores internacionales. Los únicos interesados en la eliminación de las retenciones son los grandes operadores y exportadores, justo los mismos en los que el gobierno ha descansado para el diseño de un modelo productivo agropecuario, que resultó ser —¡cómo podría haber sido diferente!— el del monocultivo sojero. Es sugestivo, además, que esa medida, que beneficia únicamente a los grandes operadores y exportadores, haya sido sostenida por la dirigencia de la Federación Agraria y Coninagro, quienes seguramente orbitan Ganímedes, donde parece que el monocultivo sojero es redistributivo de la riqueza. Y abrumador que en su blitzkrieg rumbo a la demencia, De Ángelis haya arrastrado a la mitad de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. En materia de rarezas, este país jamás nos defraudará. Si hasta es posible que los ecologistas devengan en violentos defensores del monocultivo de soja. Y esto, en Europa, no se consigue.

Artistas se buscan

En su discurso de asunción, la presidenta de la nación definió con mucha precisión la naturaleza de la etapa que supuestamente se iniciaba en ese momento: es hora –dijo– de pasar de la macropolítica a la micropolítica. Del trazo grueso, al detalle. Que viene a ser, sintéticamente, de lo que venimos hablando hasta acá.
Está claro que en el marco general de la economía, en la macroeconomía, el gobierno de Néstor Kirchner ha puesto de pie lo que estaba de cabeza consiguiendo que el país recuperara su soberanía monetaria, su capacidad de manejo de la economía y su posibilidad de elaborar una política económica. Pero la lógica –y los recientes acontecimientos– indican la necesidad y la urgencia de recuperar además la soberanía ferroviaria, la soberanía energética, la soberanía petrolera, la soberanía comunicacional y también la soberanía alimentaria. Si la presidenta creyó que disponía de todo el tiempo del mundo, ahora está claro que no lo tiene.

Hemos asistido a tres meses de erosión comunicacional a la figura de la presidenta, que ensayó en estos días su primera operación práctica. No se trata, como erróneamente cree la propia señora Fernández, de prejuicios de género ni de ataques a su condición de mujer. Se trata de algo mucho más serio, del intento de debilitamiento no ya de la figura sino de la institución presidencial como vía de destrucción de lo poco, lo pobre, casi lamentable, que se ha conseguido reconstruir del Estado: su decisión, aunque no su capacidad, de intervención. De dejar de ser un espectador pavote y obviamente cómplice de una despareja ley de la selva económica y social, para formar parte activa, orientadora, de la vida social y económica del país.

Pero para eso es preciso abandonar la soberbia, que no es como se insiste, la de los modales, sino la soberbia de creer que para transformar la realidad es posible prescindir de la sociedad, no comprometerla con la gestión, no hacerla parte de una gesta de gran recuperación de las posibilidades nacionales, no alentarla, ni siquiera permitirle que vaya ocupando el rol que le corresponde, el de protagonista estelar en el proceso de transformación rumbo a un país más justo, más igualitario y en consecuencia, más libre. La soberbia de los sordos de vocación, la de los que se la saben todas y se ciscan en todos.

La soberbia, la estúpida soberbia de creer que es posible transformar la realidad con operadores cuando lo urgente es la aparición de artistas capaces de interpretar la música que el pueblo, que está solo y espera, ansía y necesita oír.