Por Edgardo Llano(*) El periodo de fines de los ’60 y parte de los ’70 fue una etapa muy movilizante aunque contradictoria en la historia de nuestro país. La organización creciente de los trabajadores, con una nueva forma de hacer sindicalismo en busca de la liberación nacional, en alianza con los sectores intelectuales, tiñó estos años de luchas, conquistas y utopías revolucionarias que guiaron los caminos y rumbos de una generación entera.
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En Foto: Jornadas populares del 29 y 30 de mayo de 1969 en la provincia de Córdoba – Argentina.-
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Años contradictorios, sin duda, ya que el quiebre existente entre la burocracia gremial enquistada y funcional al partido del orden (el poder económico y político cívico-militar) y las bases sociales y sindicales que representó en buena medida la CGT de los Argentinos impulsada por el gráfico Raimundo Ongaro, fue uno de los factores debilitantes del movimiento obrero organizado, como de las estrategias de lucha por la soberanía política y económica que encarnaron las bases de muchos sindicatos en aquellos tiempos.
A partir del golpe de Estado de 1976, impulsado por una alianza político-militar que llevó como ideario imponer el neoliberalismo utilizando como instrumento el terrorismo de Estado, la política del llamado “Proceso de Reorganización Nacional” apuntó a desarticular la organización sindical y la movilización de los trabajadores.
Tres fueron los aspectos de esa política: en primer lugar, la política económica que, en la medida en que procuró reestructurar la industria, afectó a los trabajadores del sector; en segundo lugar, mediante una novedosa legislación de flexibilización laboral duramente aplicada, y sobre todo, con la represión ilegal como principal herramienta de disciplinamiento social para procurar el terror de los dirigentes y trabajadores combativos, y por último, dictando normas laborales para prohibir la actividad sindical y el derecho a huelga.
La represión del movimiento obrero fue ejercida de manera selectiva, tratando de eliminar a los sectores combativos o clasistas localizados en las comisiones internas de algunas empresas, como fue el caso de Mercedes Benz o Ford. Muchos dirigentes fueron secuestrados o asesinados clandestinamente. Aunque paralelamente a la feroz cacería, la dictadura no desestimó la posibilidad de montar un aparato sindical dócil a sus propósitos.
Y ahí es donde entran a jugar Triaca y compañía, que llegaron a entregar o justificar la supresión física-social de dirigentes que se arriesgaron a pensar diferente en busca de un país más justo. Muchos desmemoriados gremialistas cómplices del proceso, lo que hicieron servilmente fue dilapidar años de conquistas. Fueron torpemente los encargados de hacer el trabajo sucio y relaciones públicas de un proceso que justamente venía a modificar radicalmente el proyecto de país, o sea la matriz de distribución de la riqueza vigente hasta ese momento en Argentina.
La sola constatación de la Argentina de 1975 con la del presente permite aseverar el carácter inédito del proceso financiarización económica, apertura comercial y pauperización social que instauraron Martínez de Hoz junto a la Junta militar comandada por Videla, con un profundo salto cualitativo en lo represivo perfeccionando todas los instrumentos de persecución, tortura y la inefable desaparición forzada de personas.
Desindustrialización, inédito endeudamiento externo, concentración y extranjerización económica, institucionalización de la inflación con caída del salario real del 50%, Reformas a la Ley de Contrato de Trabajo y eliminación de las convenciones colectivas, establecimiento de una creciente regresividad en el sistema impositivo, deterioro de los servicios públicos e incremento en los niveles de pobreza, fueron parte del plan económico.
En ese momento teníamos un país con 22 millones de habitantes y 2 millones de pobres, con un reparto de los ingresos del 49.5 % a favor de los trabajadores y el pueblo; en tanto a partir del año 2001-2002 nos encontramos con 37 millones de habitantes y casi 20 millones en situación de pobreza. Es decir, mientras la población se expandió en 15 millones, la pobreza superó este crecimiento y creció en 18 millones. Esto es una muestra manifiesta de la involución social ejercitada por el neoliberalismo en Argentina pero, por sobre todo, expresa la oposición de los sectores dominantes locales y extranjeros al mapa de distribución de la riqueza y participación en la renta nacional que primó en los años ’70 de la mano del movimiento obrero.
No casualmente, como lo denuncia el informe de la Conadep, la mayoría de los detenidos-desaparecidos eran trabajadores de base o dirigentes sindicales. La traumática recuperación democrática que impulso la sociedad argentina no pudo evitar el proceso ya en ciernes: el proyecto socio-económico y el mapa político-gremial ya habían mutado hacia el dogmático liberalismo de mercado.
Así luego de la transición alfonsinista y la CGT de Ubaldini, llegamos a la concreción práctica por medios democráticos de los objetivos de Martinez de Hoz y compañía: el rancio gobierno de Carlos Menem y la imposición del neoliberalismo más recalcitrante de América Latina con las consecuencias sociales, económicas y culturales por todos conocidas.
Este proceso comenzado por la dictadura militar y finalizado por el binomio Menem-De La Rúa implicó la cooptación y transformación del movimiento obrero y su central sindical, destruyendo los lazos sociales de cualquier posible proyecto colectivo. Las conducciones burocráticas y sus dirigentes “Gordos” pasaron definitivamente a fundar el sindicalismo empresarial que se enriqueció individualmente a costa de la entrega de las conquistas históricas de los trabajadores y mirando para otro lado a la hora de los despidos masivos y las privatizaciones con la venta del patrimonio nacional.
La burocracia sindical que primero permitió que los compañeros desaparecieran físicamente fue la madre de la dirigencia que dio su consentimiento para la desaparición económica de millones de argentinos en los ’90. De allí que muchos que nos veíamos reflejados y fuimos participes en algo de la gesta como de los ideales de los ’70 pusimos sobre la mesa la necesidad de conformar y desarrollar allá por 1991-92 una alternativa sindical que se dio en llamar Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).
Fueron momentos audaces pero necesarios para la clase trabajadora. Fue una década de dura resistencia y lucha frente a las estrategias culturales que dotaron de viabilidad la experiencia neoliberal auspiciando un universo individualista y privatizado que reconocía a las humillantes desigualdades como elementos naturales y positivos del orden social.
Un proceso que por primera vez en la historia nacional vio surgir inmensas porciones de nuestra población excluidas de todo derecho, que tuvo como base y centro de la actividad económica la renta financiera, el endeudamiento externo con fuga de capitales, la estatización de pasivos privados y la transferencia de recursos públicos a los sectores dominantes construyendo un fenomenal negocio de ganancias extraordinarias a costa de las mayorías oprimidas.
En este camino es que desde la CTA algunos desde principios de los ’90 pasando por la Marcha Federal nos opusimos y luchamos intensamente contra la expoliación de nuestro futuro colectivo como nación desde nuestra perspectiva de trabajadores. Finalmente, luego de tantas batallas (algunas perdidas, es cierto) llegamos al 2003. Y logramos por primera vez en 30 años que un Presidente vuelva a ser sinceramente un aliado real de los trabajadores. Uno no puede tapar el sol con las manos, y es indiscutible que una nueva etapa de nuestra historia se abrió en Argentina con la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada.
Sin olvidar nuestro doloroso pasado como piedra fundante del presente, dependerá de la madurez y lucidez del movimiento obrero pasar de la defensiva resistencia a la ofensiva de dar impulso al proyecto de transformación y justicia social que hoy se encarna justamente desde el Estado.
Sin oficialismo bobo pero sin dogmatismo estéril y mezquino. Una nueva oportunidad histórica esta en nuestras manos. Una gran responsabilidad le cabe al movimiento social y principalmente a los trabajadores para dotar y ayudar a que este dinámico proceso que comenzó a gestarse hace casi 3 años no naufrague ni pierda el rumbo del país que todos soñamos. El futuro depende únicamente de nosotros. La lucha continúa.
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(*) Secretario General de la Asociación del Personal Aeronáutico – CTA