El fin del sistema de jubilación privada le otorgó al Estado una significativa participación accionaria en varias firmas líderes, hasta entonces en manos de las AFJP. El nombramiento de sus representantes en los respectivos directorios es una oportunidad de ampliar una intervención estatal que apunte a preservar fuentes laborales antes que a salvar graciosamente a los empresarios.
En octubre de 2008, los voceros locales del poder concentrado se permitían algunos lujos verbales que hoy suenan a delirio: terrible interrogante, profundo rechazo, alarmante, nefasto. Estas expresiones fueron pronunciadas cuando se abrió la perspectiva (antes la estatización de los fondos jubilatorios) de que el gobierno K avanzara sobre la titularidad de empresas deudoras de las AFJP, o en las que estas eran dueñas de acciones.
Lo habitual en la historia argentina de los últimos 60 años era que el Estado regalara las acciones y condonara las deudas “para fortalecer la actividad privada”.
Algo cambió
Desde aquel octubre, el mundo se puso de cabeza. La burbuja financiera centrada en Estados Unidos ya había estallado pero sus actores simulaban que nada sucedía. La intervención estatal, luego de la reunión del G-20, desapareció de la lista de pecados capitales pero, como las ciencias, este nuevo keynesianismo no es para nada neutro.
Y la decisión K no fue rematarlas o regalarlas, sino ampliar el espacio de la política de intervención estatal, el mismo que el gobierno había desplegado desde 2003 con suerte diversa. Aunque la decisión está, no faltan los obstáculos: un marco regulatorio frágil, combinado con un ejercicio episódico de realpolitik, y falta de cuadros técnico-políticos ganados por los nuevos paradigmas. Además, los grupos económicos no abandonan posiciones por “responsabilidad social”.
Este es uno de los ejes en juego en las elecciones de junio: por derecha y por izquierda, la sociedad está obsesionada con la inseguridad y otros velos, pero detrás de ellos, las distintas formas de la restauración neoliberal van por reafirmar el Estado prescindente. Es decir, dar marcha atrás.
La estatización de los fondos de las ex-AFJP es un hecho fundacional en el orden de recuperar décadas perdidas.
Lo que nos dejaron
Un 11,2% de los fondos estatizados de las AFJP habían sido invertidos en acciones de unas cuarenta empresas de primer nivel, muchas extranjeras, convirtiendo a la ANSES en el principal inversor nac&pop de la Argentina. Además de las acciones, unos 10 mil millones de pesos fueron prestados en la forma de Obligaciones Negociables a través de la Bolsa.
El Estado no lidia con bebés de pecho: por los 31 millones de pesos invertidos en TGN, la ANSES combatirá con Blue Ridge, un fondo buitre que se incorporó luego de pagar chirolas a la multi CMS por un dictamen del CIADI de cobro improbable; y con Gasinvest, el operador controlado por Techint. TGN no fue intervenida por eso, sino porque en diciembre se había declarado insolvente luego de solicitar aumento de tarifas.
Otros 72 millones en Obligaciones Negociables de TGS son administrados por la ANSES, y el 24% del paquete accionario de Transportadora de Gas Cuyana, con lo cual la esfera pública está operando en todo el sector.
Se incorporaron acciones de Edenor, Siderar (Techint), Grupo Pampa (Midlin), Gas Natural Ban, Telecom, Endersa Costanera; y la ANSES es acreedor de Petroquímica Comodoro Rivadavia, Concesionario del Oeste (rutas), Telefónica, Edesur, Los Grobo, Pan American Energy, Loma Negra, entre otras.
Como se ve, en casi todos los casos, un Estado asociado con capital extranjero. Y en el duopolio telefónico, con el agregado de un veedor en Telecom por abuso de posición dominante.
No es la única particularidad. Como acreedor de Pan American Energy (una asociación de la BP, Amoco y Bridas) ahora tiene interés directo sobre el yacimiento de Cerro Dragón al que le prorrogó la concesión. Los Grobo son los mayores productores de soja en el país.
El Estado ya nombró directores en Gas Natural BAN, TGS, Endesa Costanera (de la BP-ex Central Costanera de Segba) y Consultatio-Costantini, y próximamente el ministro De Vido los designará en Minetti (cementera) y el Banco Macro de Jorge Brito.
Notable
Así como el dólar competitivo es la piedra de toque del modelo económico, el gobierno está muy atento a los niveles de ocupación y actividad. Para mantenerlos, el abastecimiento interno de acero es una de las primeras prioridades.
En este avance se destacó en la semana el nombramiento del doctor Aldo Ferrer como director en Siderar, la empresa más importante del grupo Techint.
Legalmente, el 26% de Siderar le permitía a la ANSES nombrar tres directores, pero la empresa se negó escudándose en otras dos leyes. Con la amenaza de despido de 1.200 operarios contratados y el conflicto de Sidor en Venezuela detrás, ninguna de las partes tenía interés en judicializar la disputa. Queda por ver si el poder de decisión del director nombrado equivale al 26%, según la ley de sociedades anónimas, o al 5%, según la ley que regía el funcionamiento de las AFJP.
El elegido reemplazará a uno de los dos directores que representaban a los trabajadores. Al principio de las negociaciones, el Estado había amagado con colocar a un sindicalista de la UOM. La designación del economista del Plan Fénix, que mantiene una buena relación con la familia Rocca y también es uno de los referentes que más sensatamente han acompañado las líneas gruesas de la política económica K, se produce luego de conocida la caída de la producción de acero en el primer trimestre, uno de los índices básicos para entender qué es lo que se viene.
Las cifras aportadas por el Centro de Industriales Siderúrgicos, con ser preocupantes, no son tan funestas como muestra la oposición: “en marzo la producción de acero se desplomó 49,5%” respecto de marzo de 2008, aunque –dice– “este había subido 0,2% sobre el mes anterior”. Lo cual bien puede querer decir que dejó de caer.
Es un cambio del paradigma que gobernó sin pausa la Argentina desde hace treinta años. En 1978, las acciones de la láctea Magnasco estaban en manos del Banco Industrial por un préstamo impago. Asesorando a la dictadura, el lobby FIEL, dirigido por el probable candidato López Murphy, la ubicó en el lugar 94 de un grupo de 207 empresas en similar situación, recomendando su “saneamiento”.
Martínez de Hoz decidió dar por reintegrado el crédito, devolvió las acciones en custodia, y desde entonces Hugo Biolcati, su dueño, le debe al ex-ministro eterna gratitud ideológica, lo que explica el por qué de la intransigencia de la vanguardia sojera.
El caso Massuh
Aunque la papelera Massuh no está en el portafolio de la ANSES, forma parte, con Magnasco, de las beneficiadas por el Proceso, expandiéndose a costa del Estado. No era más que una pequeña papelera en 1976, con sede en Quilmes, y en 1982 el grupo estaba constituido por más de diez empresas, incluyendo el proyecto Alto Paraná en Misiones, al que no es ajeno Ramón Puerta.
En 1982, Cavallo nacionalizaría su deuda privada externa, casi 100 millones de dólares. Héctor Massuh formaba parte de Consejo Empresario Argentino que reportaba a Martínez de Hoz, y hoy pertenece al sector más neoliberal de la UIA, el que presiona por devaluar.
Concursada, ahora pide préstamos al Estado porque considera que la crisis internacional la ha perjudicado. Algo difícil: ya debe 125 millones de pesos al mismo Banco Nación que la debería sacar del pozo con fondos públicos, y el ministerio de Trabajo le subsidia el pago de salarios.
Massuh empeñó el 20% de su paquete accionario a un fondo buitre por un préstamo de 40 millones de dólares y la Comisión Nacional de Valores detectó maniobras de vaciamiento. Todo indica que el gobierno terminará capitalizándola, incorporando representantes a su directorio.
¿Lo hubiera imaginado el Barba Gutiérrez, intendente de Quilmes?
La intervención estatal está nuevamente de moda. Pero hay distintos paradigmas: salvar a los empresarios es uno; preservar la fuente laboral, otro. Es importante distinguir esta diferencia.
