Por Lorenzo Fino
Hace ya varios meses que nos despertamos viendo como nuestra rica tierra arde en llamas, a lo largo y ancho del país. Miles de familias han tenido que ser evacuadas. Incontables hectáreas han sido arrasadas. Cabe preguntarnos: ¿Hay intencionalidad detrás de estas quemas? ¿Será que el agronegocio, en tiempos de sequía, busca florecer? ¿Están detrás de los incendios los especuladores inmobiliarios de siempre?
Ecocidio y agronegocio
Es innegable que Argentina atravesó un proceso de sequía durante 2020. Se estima que la cosecha perderá aproximadamente 1,5 millones de toneladas solo en el corriente año, lo que disminuiría la recaudación en aproximadamente 3 millones de dólares. Pérdida que afecta directamente al Estado, al achicar su parte en la recaudación impositiva anual.
El ecocidio que está viviendo Argentina es replicado hasta el cansancio en los países latinoamericanos que ven su rica fauna expuesta a quemas intencionales. Así lo explica claramente Nicolas Mari, experto en manejo del fuego e investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): “Se quema el pasto seco de un campo para buscar el llamado rebrote verde”.
El agronegocio no es el único responsable directo. Los especuladores inmobiliarios, muchas veces protegidos por la dirigencia política local, también toman parte en la propagación de los incendios ambientales. Córdoba, por ejemplo, atrae mucho interés en este rubro por poseer una gran cantidad de sierras, lo que hace atractivo al desarrollo inmobiliario. Sofía Benechio, activista de Jóvenes por el Clima Córdoba, desarrolla esta teoría y argumenta: “es importante completar y actualizar un ordenamiento territorial que nos permita ejercer debidamente la Ley de Bosques, para proteger las zonas afectadas por fuego categorizadas de primer y segundo nivel”.
La combinación de sequía e incendios impulsados por la especulación e intereses ganaderos, genera un ciclo muy difícil de controlar para un Estado que no posee los recursos suficientes para enfrentarlo. Solo en el Delta del Paraná se deben dirigir directamente 20 millones de pesos diarios. No se cuenta con la suficiente mano de obra para combatir directamente al fuego, y la poca que se tiene, no es remunerada. El trabajo de los bomberos se ve sumamente menoscabado por aquellos que tienen intenciones opuestas. El fuego que se apaga, se vuelve a prender rápidamente, y así lo expresa Juan Cabandie, ministro de Medio Ambiente de la Nación: «(los) apagamos y a los tres días vuelven a encenderlo».
¿Qué ecosistema nos queda?
El impacto climático es incalculable. No se tiene real dimensión de lo que sucederá en un futuro con las tierras arrasadas. El agronegocio seguramente acaparará la mayoría de estas tierras, contaminando sus cosechas con fertilizantes artificiales, sin dejar de especular sobre el rédito económico para un grupo muy concentrado de dueños directos. Countries, hoteles y barrios cerrados también estarán a la vuelta de la esquina para un pequeño puñado de personas que se llevarán consigo toda la biodiversidad de nuestro país.
En Córdoba ya hay fiscales que han intervenido ante la intencionalidad de los incendios. La fiscal Paula Kelm se ha pronunciado en contra de un fenómeno natural como la causa del fuego. Aclara también que se ha podido ver gran cantidad de personas transitando los lugares que luego son quemados. Al momento de redacción de esta nota ya había cuatro imputados en la causa y un detenido con situación a determinar.
El Servicio Nacional del Servicio del Fuego estima que se han perdido 289.494 hectáreas en la provincia de Córdoba, 190.000 en Santa Fé, 165 mil hectáreas en Entre Ríos y 29 mil en Santiago del Estero. Por lejos, el peor año para el país con respecto a la pérdida de su diversidad.
La intervención política
El presidente del bloque del Frente de Todos, en conjunto con los jefes de los bloques provinciales, ha planteado una reforma en la ley del Manejo del Fuego que busca proteger a las tierras incendiadas del asedio especulativo, desalentando así las quemas intencionales. No se permitirá realizar modificaciones sobre el suelo, prohibición que regirá por 60 años para las tierras que contengan bosques nativos o implantados y 30 años para las zonas que contengan producción agrícola.
En Córdoba, el bloque de izquierda también avanza con un proyecto en la legislatura provincial. El FIT propone, entre otras cosas, declarar como zonas de protección y remediación ambiental a todo territorio alcanzado por las quemas e incendios durante los últimos 5 años, además de prohibir por 20 años la venta de las tierras incendiadas y lograr un inventario de todas las zonas afectadas a fin de remediar el ecosistema.
Sin embargo, los desarrolladores inmobiliarios -que incitan la actividad pirómana-, en conjunto con grandes corporaciones rurales -nucleadas en la Sociedad Rural-, defienden el avance de estos negocios millonarios y hacen lobby para que la ley no obtenga los cambios necesarios. En definitiva, se necesita una política activa que combata los problemas del nuevo siglo de forma responsable, para no perder lo que es imposible recuperar en el futuro inmediato.
