Las empresas que comercializan marcas conocidas argumentan que no tienen responsabilidad por las condiciones en que se trabaja en los talleres, dicen que ellos “no son”, alegan que apenas si tercerizan su producción.
Aún si fuera así estarían infringiendo la vigente Ley 12.713 de trabajo a domicilio por cuenta ajena, cuyo articulo 4 establece taxativamente solidaridad penal y laboral de los fabricantes y las marcas respectos a los talleres donde mandan confeccionar sus prendas. La responsabilidad es patente: cuando al costurero lo echan de uno de estos talleres, está obligado a mandar telegrama al tallerista, a la marca y eventualmente al intermediario. Ambos son garantes en última instancia de las deudas salariales.
El mismo procedimiento cabe para las leyes de seguridad e higiene, ART y AFJP. Para Gustavo Vera, de la Cooperativa La Alameda, “En algunos casos los talleristas no son más que testaferros de las grandes marcas, de ningún modo pudieron poseer el capital necesario para comprar tantas máquinas”. Pruebas al canto: en los últimos operativos oficiales se secuestraron bordadoras japonesas marca Tajima valuadas en 100.000 dólares cada una.
Sobre la falsificación, Vera explica: “Hay casos de supuesta falsificación de marca, donde ésta impulsa su propia falsificación para vender en el segmento más bajo del mercado, al que no llegaría con los precios de los shoppings”.
La Fundación Pro-tejer, que agrupa a las grandes hilanderías, tejedurías y tintorerías (Alpargatas, Tipoití, la Cámara Algodonera, Tintorería Modelo, Gilford, etc.), fabricantes multinacionales de tinturas como BASF, el sindicato textil (AOT) y algunos productores como Churba y Eyelit, se presentaron ante el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, argumentando que el blanqueo de los costureros con salarios de convenio incidiría en el índice de precios. En realidad, intentan ordenar un negocio que estaría produciendo 100 millones de prendas anuales.
