El levantamiento policial que conmocionó en los últimos días a la provincia de Santa Fe y llevó la zozobra incluso a escala nacional configura la oficialización de un divorcio en malos términos entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y las fuerzas de seguridad, luego del matrimonio consumado en las elecciones de 2023.
Casamiento
Luego de la experiencia traumática del Frente de Todos y al calor del tsunami antiperonista que en 2023 barrió con la presidencia, gobernaciones, legislaturas e intendencias, Pullaro arrasó en las elecciones provinciales santafesinas al obtener más de 1 millón de votos, un récord histórico. En ese mar de voluntades pisaron fuerte los empleados públicos de la provincia, unos 250 mil trabajadores entre activos y pasivos. De ese total, alrededor del 80% se explica por las plantillas de Educación, Seguridad y Salud. No por casualidad, y en ese orden, son los ministerios que tienen mayor presupuesto. Si bien se trata de un universo heterogéneo, a nadie escapa en Santa Fe que en aquella oportunidad los estatales se volcaron masivamente a las urnas en favor del frente Unidos, que tenía al actual gobernador como principal figura electoral y bajo cuyo paraguas se alistaban radicales, socialistas, macristas, evangélicos y algún que otro peronista.
Como parte de ese continente, el mundillo de las fuerzas de seguridad también hizo su apuesta allí, al menos mayoritariamente. Son cerca de 30 mil personas: 25 mil policías y 4 mil penitenciarios, en números redondos.
Esa sintonía entre los distintos estamentos de servidores públicos tenía una razón: la expectativa de mejorar significativamente sus ingresos. En campaña, Pullaro había hecho significativas promesas para el sector. Pero, como suele ocurrir, el noviazgo es una cosa y el matrimonio es (muy) otra.
Crisis de pareja
El vínculo se empezó a resquebrajar rápidamente, con la decisión de la nueva gestión de no pagar la cláusula gatillo heredada de Omar Perotti. Desde aquel momento hasta hace apenas semanas, cuando alguien le reprochaba esa decisión a Pullaro, el gobernador lo mandaba a reclamar a las oficinas del rafaelino. Literalmente.
Al poco tiempo llegaron las paritarias ajustadas y el corte de un tajo de las protestas docentes, a través del descuento a cara de perro de los días de paro y de la reimplementación del presentismo. Las paritarias de ese sector solían ser referencia para el resto de los estatales.
En el caso de las fuerzas de seguridad, a la ascendente irritación generalizada de los empleados públicos se les sumaban particularidades del sector. Por la intensa política de combate a la violencia narco en Rosario se multiplicaron las recargas horarias y, prácticamente, se abolieron las vacaciones de verano.
Hay, además, un elemento que debe tenerse muy en claro para analizar el reciente conflicto: la composición social de los uniformados. La tropa es, en general, gente que se ubica en la pirámide socioeconómica de mitad de tabla para abajo, cuyo origen geográfico se ubica en el centro-norte de la provincia.
No es casual: el sur santafesino es el corazón de la zona núcleo agropecuaria, es la sede de los principales puertos exportadores del país y es el asiento de uno de los más importantes polos industriales de la Argentina. En consecuencia, existen allí oportunidades laborales más atractivas que vestir un uniforme, a diferencia de lo que ocurre hacia arriba de la bota.
El efecto inmediato de ese factor es que la enorme mayoría de los policías que patrullan Rosario deben realizar extensos viajes desde sus ciudades y pueblos, en algunos casos distantes hasta 500 km de su lugar de trabajo. Con una modalidad de trabajo de 12×36 horas, el tiempo libre se gasta en buena medida sentado en el colectivo.
Es por eso mismo que muchos uniformados del norte preferían asentarse en la gran ciudad del sur. Claro que, hasta la reciente crisis, ello implicaba que debían pagar de su bolsillo el alquiler de un departamentito entre varios o una pensión. Con un sueldo de suboficial recién ingresado en el orden de los 800 mil pesos, las cuentas no cerraban.
A todo lo antedicho hay que agregarle el estrés del propio trabajo. Y, en ese sentido, hay un componente de malestar poco y nada explorado: la explotación publicitaria gubernamental de la mano dura. Desde el principio del gobierno de Pullaro, el Ministerio de Seguridad difunde videos de feroces operativos en calles y cárceles musicalizados con heavy metal, con la estética propia de Nayib Bukele. Una mirada superficial supondría que eso entusiasmaría a policías y penitenciarios, pero cuando se observa más a fondo la conclusión es la opuesta. Por una sencilla razón: entienden los uniformados que esa práctica propagandística los pone en riesgo.
Divorcio
Hace poco más de una semana, el magma alcanzó un pico de temperatura y el volcán hizo erupción: un joven suboficial oriundo de Vera, localidad del extremo norte de la provincia, se descerrajó un balazo en la cabeza con el arma reglamentaria de una compañera de trabajo en la mismísima Jefatura de Policía de Rosario.
Las protestas estallaron en toda la provincia, si bien el foco más duro fue en la gran urbe del sur santafesino. Como nunca, los policías en actividad se sumaron a las más tradicionales manifestaciones de familiares y retirados.
El gobierno abrió rápidamente las negociaciones pero sufrió las características propias de los reclamos de este sector: al no tener derecho a la sindicalización, no hay interlocutor válido y quienes se arrogan el liderazgo suelen tener representación débil. Por eso también, cuando el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, hizo el primer anuncio de acuerdo, la base policial lo desoyó.
Hubo, en este contexto, un ingrediente extra en el enojo: el silencio rotundo de los medios de comunicación más grandes de la provincia, solo interrumpido por la palabra oficial. Se registraron, incluso, cuasi escraches frente a estudios de radio y TV.
A principios de esta semana, el conflicto escaló drásticamente. El lunes por la noche hubo un episodio de represión contra los manifestantes que bloqueaban el portón de la Jefatura de Rosario. La noticia corrió como reguero de pólvora y decenas de patrulleros en Rosario y Santa Fe capital se concentraron en los puntos de protesta. El ulular permanente de las sirenas dibujó un panorama dramático.
Cuarenta y ocho horas después, el propio Pullaro salió en público a precisar los alcances de las medidas económicas y modificaciones de las condiciones de trabajo surgidas de las complejas conversaciones con los amotinados. Fue en ese momento, después de varios intentos fallidos, cuando se terminó la protesta. Al menos, por ahora.
¿Reconciliación?
En esa conferencia, el gobernador santafesino aseguró: “No me van a hacer pelear con las fuerzas de seguridad”. Parece tarde. El vínculo, que estaba sumamente deteriorado, sufrió una fractura expuesta.
Habrá que seguir con atención en los próximos días el devenir de las paritarias provinciales para tener el termómetro policial ajustado. No solamente porque el resultado de las negociaciones derrama sobre el salario de los uniformados, sino también porque en el centro-norte de la provincia, de donde son oriundos la mayoría, el acceso a un recibo de sueldo, obra social y aportes jubilatorios se suele conseguir también a través de la docencia. Las parejas de agentes y maestras son un clásico.
El impacto político de esta crisis no puede ser más relevante. Porque golpea en la principal bandera del gobierno de Pullaro, desde ya. Pero asimismo porque dentro de dos años, en un horizonte posible de elección de tercios relativamente parejos, el segmento en conflicto tiene gran potencial de daño.
Este desamor es azul y cuesta caro.