El problema viene de larga data. Pero con el cambio de situación política nacional algunas áreas de la gestión estatal se pusieron más “sensibles” que otras y el viejo tema del presupuesto reactualizó en Santa Fé una larga disputa entre la nación y la provincia respecto de los fondos que la primera debe girar a la segunda.
Todo comenzó cuando en julio pasado cinco mujeres detenidas por causas federales en la Unidad Penitenciaria Nº 4 de la ciudad de Santa Fe fueron trasladas hacia el Complejo Penitenciario Federal Nº 33 de Ezeiza. El traslado fue denunciado por los familiares, acompañados por integrantes del Programa de Educación Universitaria en Prisiones (PEUP) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), quienes intentaron visibilizar la problemática en los medios de comunicación provinciales y presentaron hábeas corpus colectivos y preventivos, que finalmente no prosperaron. Una de las cinco detenidas pertenecía al programa educativo, que en dicho establecimiento contaba con nueve, de las cuales solo cuatro eran presas provinciales.
«Los traslados suelen realizarse sin previo aviso, de un día para el otro, incluso a veces en plena madrugada»
Todo parecía haber quedado ahí. Sin embargo, tres meses más tarde se produjo el traslado coactivo de otras cinco mujeres desde el mismo establecimiento santafecino hacia la Unidad Federal N º 13 de la ciudad de La Pampa. Y, otra vez, entre el contingente de mujeres privadas de su libertad se encontraba una integrante del Programa de Educación Universitaria en Prisiones.
Polémica desatada
“Nosotros denunciamos que lo que sucedió en julio fue parte de la primera etapa de un plan masivo de movilización de las presas federales alojadas en la ciudad de Santa Fe a cárceles federales”, comenta Carolina D’Amelio, integrante del PEUP. En diálogo con Zoom, D’Amelio destaca el hecho de que no se utilice ningún tipo de criterio en el traslado de las mujeres. “No han contemplado, por ejemplo, si las detenidas tenían hijos menores, o cuánto tiempo les quedaba para salir en libertad, o cuál es el lugar de residencia de sus familias, mucho menos sus trayectorias educativas o laborales”, remata la joven académica.
Si bien la vinculación entre las mujeres detenidas y la Universidad Nacional del Litoral se produce formalmente a través de un “espacio virtual”, puesto que el programa es “a distancia”, quienes coordinan dicha experiencia -como D’Amelio- establecen un vínculo con las mujeres detenidas porque hacen un seguimiento del proceso de aprendizaje y las asesoran en el uso de las computadoras y la plataforma virtual. Como parte del compromiso con ese vínculo es que han asumido la denuncia de la situación por la que atraviesan hoy las presas y presos federales alojados en la provincia de Santa Fe, que se estima en alrededor de 300.
«Desde el PEUP consideran que tanto la gestión PRO como la socialista son responsables de esta situación que atraviesan las detenidas federales, ya que ante un problema presupuestario brindan una salida que solo ofrece mayor vulneración de los derechos de las personas privadas de su libertad»
La provincia de Santa Fe no cuenta con cárceles federales en su territorio. De allí que las personas detenidas con causas judiciales permanezcan alojadas en establecimientos provinciales, situación por la cual el gobierno nacional debería girar fondos para sostener dicha situación. Sin embargo, según se viene denunciando desde la gestión provincial, esto no sucede. Al parecer la situación no es nueva: no sólo el ingeniero Mauricio Macri no le envía fondos a Miguel Lifschitz, sino que tampoco lo hizo antes Cristina Fernández a Antonio Bonfatti y Hermes Binner, con lo cual la deuda rondaría los 90 millones de pesos. Ante esta situación, la Secretaría de Asuntos Penitenciarios de la provincia le comunicó en abril al Servicio Penitenciario Federal que reduciría el alojamiento de detenidos federales, con lo cual la Nación debía resolver antes de julio qué presos serían relocalizados. Y ahí, precisamente ahí, se desató la polémica.
Desde el PEUP consideran que tanto la gestión PRO como la socialista son responsables de esta situación que atraviesan las detenidas federales, ya que ante un problema presupuestario brindan una salida que solo ofrece mayor vulneración de los derechos de las personas privadas de su libertad. Por otro lado, plantean que una solución posible a la problemática podría ser considerar medidas alternativas, como lo son la prisión domiciliaria, que nunca fue tenida en cuenta como variable.
Encierro y micro-espacios de resistencia
Junto a los Programas “Delito y Sociedad” y “Género, Universidad y Sociedad”, el ya mencionado Programa Educación Universitaria en Prisiones ha denunciado que los traslados de mujeres detenidas constituyen un castigo “extra-legal” que puede ser definido como “tortura” y ser calificado como “violencia institucional contra las mujeres”. Sostienen que los traslados pueden ser definidos como métodos de tortura en tanto que el Sistema Penitenciario Federal, así como los sistemas provinciales, suelen utilizarlos selectivamente para resolver diversas cuestiones, que van desde la sobrepoblación hasta los castigos irregulares, e incluso para dirimir problemas presupuestarios entre los servicios penitenciarios, como en este caso.
Además, los traslados suelen realizarse sin previo aviso, de un día para el otro, incluso a veces en plena madrugada. Alejadas muchas veces de sus familias por cuestiones económicas (sobre todo aquellas que tienen a sus afectos viviendo en el interior provincial), al ser trasladadas a otras provincias las detenidas pasan directamente a cortar sus vínculos familiares. Esta situación suma a la privación de la libertad las privaciones afectivas y económicas, y en el caso de quienes están estudiando, terminar con ese proceso.
“No han contemplado, por ejemplo, si las detenidas tenían hijos menores, o cuánto tiempo les quedaba para salir en libertad, o cuál es el lugar de residencia de sus familias, mucho menos sus trayectorias educativas o laborales”
Por otra parte, según han denunciando desde los espacios académicos que estudian estos temas, la situación de las mujeres empeora aún más que la de los varones detenidos, porque suelen ser ellas quienes están más expuestas al poder punitivo del Estado, sobre todo a partir de la denominada “guerra contra las drogas”. “La persecución selectiva de delitos vinculados al narcotráfico ha redundado en un crecimiento exponencial de procesos y condenas hacia personas que ocupan los eslabones más bajos de una cadena comercial millonaria, puestos ocupados crecientemente por mujeres”, sostienen desde el PEUP.
El Programa Educación Universitaria en Prisiones surgió en 2005, luego de que la Universidad Nacional del Litoral y el Gobierno de la provincia de Santa Fe firmaran un convenio para la puesta en marcha del proyecto. En su documento fundacional se establecía fuertemente la idea de que la propuesta nacía para garantizar el derecho a la educación superior de las personas privadas de su libertad. “Esto implicaba alejarse de cualquier residuo de ideología ‘tratamental’ o ‘correccional’, que suele identificar a la educación en contextos de encierro con mecanismos para lograr la ‘rehabilitación’ o ‘resocialización’ del preso”, explican desde el programa.
Sea para “ocupar la mente”, “recrearse”, “despejarse”, “aprender a respetar al otro”, “salir del encierro del pabellón”, “participar de otro tipo de ámbito”, “pensarse afuera por un rato”, “encontrarse con detenidos de otros pabellones” o zafar de esa situación de “estar todo el día en el pabellón sin hacer nada”, o bien para “aprovechar el tiempo en algo productivo”, o realizar un “progreso personal”, “hacer algo viable para trabajar” o lo que sea, las personas privadas de su libertad suelen encontrar en estos programas educativos un espacio para sobrellevar la vida en prisión, o más bien, para gestar micro-espacios de resistencia al encierro.
