En dos notas anteriores publicada el 10 de abril (Suicidios y Mentiras al volante), a un mes del inicio del reclamo de los productores de granos, sostuvimos que existían verdaderas razones para la protesta, pero que no eran las que se explicitaban. Y más que nada, que el remedio a la ausencia de una política agropecuaria no consistía, precisamente, en esa medida que parece ser la única en la que los gremialistas rurales parecen haberse puesto de acuerdo: la eliminación de las retenciones.
Se trata de un disparate, puesto que las actuales ventajas competitivas de nuestro país se basan en la diferenciación entre precios internos y precios externos, siendo esa diferenciación posible gracias a las retenciones. En esa oportunidad reiteramos, además, que las retenciones no son impuestos pero tampoco solamente derechos aduaneros, sino instrumento de diferenciación de precios y de ahorro interno. Pero por sí solas, son instrumentos muy poco eficaces.
Nótese, por ejemplo, que tratándose de retenciones a la exportación son sin embargo pagadas por los que no exportan y en cambio producen. Que el acopiador, el molino, “retienen” al productor un porcentaje y que, como si eso fuera poco, al no exportarse la totalidad del grano producido, sino sólo una parte de él, “alguien” (el acopiador, el molino, el exportador, el intermediario) ha cobrado por cuenta del Estado la retención a todo el grano recibido, pero no paga al Estado por la totalidad de ese grano sino sólo de aquella parte que se exporta. Viene a resultar así que el aceite de girasol, el de soja, el biodiesel, las harinas, el maíz para las gallinas, los fideos, los quesos, etc, son en verdad subsidiados por el productor, a quien se le aplican retenciones que jamás llegan al Estado. Por otra parte, el exportador, que se supone es quien debería pagar los derechos a la exportación, se apropia para su propio beneficio de parte de lo que pagaron los productores por medio de la subfacturación.
¿Por qué es así? Porque la recaudación de ese “derecho aduanero”, al igual que tantas cosas, está privatizado.
Surge entonces con claridad que no es que las retenciones sobren, sino que falta el organismo de aplicación, que no es un organismo recaudador, sino un organismo que interviene activamente en el mercado y concentra la exportación, apropiándose de esa manera de la renta extraordinaria.
Para evitar distorsiones de este tipo, o las que se originarían en una igualación de costos internos y externos (una nueva convertibilidad), los gobiernos conservadores de la década del ‘30 crearon la Junta Nacional de Granos y la de Carnes. Sería más razonable dar un paso más, propiciando la creación de una agencia estatal de comercio exterior de granos, carnes, alimentos y productos primarios en general, puesto que las rentas extraordinarias que el Estado debe recuperar para beneficio de la comunidad no son sólo las agropecuarias, las producidas por la explotación del suelo, sino también las producidas por la explotación del subsuelo. Pero si este instituto, tradicional instrumento de desarrollo utilizado por Australia y Canadá, “asusta” a algunos señorones, preocupados por el intervencionismo estatal, lo menos, lo mínimo que debe hacerse es reconstituir las juntas de granos y carnes.
No se entiende por qué esta elemental medida no es propuesta por las entidades gremiales que supuestamente deberían representar a los productores de carne y hueso. Semejante omisión lleva al observador imparcial a hacerse preguntas incómodas, que más temprano que tarde acabarán haciéndose los productores tan pero tan mal representados.
Vale una aclaración: estatal no equivale de ninguna manera a gubernamental. Estatal es el hospital o la escuela pública. Gubernamentales son la Secretaría de Salud o el Ministerio de Educación.
Es bueno que la sociedad entienda esta diferencia. Y mucho mejor que lo entiendan los gobiernos, muy particularmente éste, cuya primera asignatura –si es que pretende gozar de alguna credibilidad– es desandar el desastre que el secretario Moreno, en un monumental alarde de arrogante ignorancia, provocó en un ente estatal como el Indec.
“Más democracia” dice la señora presidenta. Le tomamos la palabra.
“Con democracia es otra cosa” dicen los gremialistas rurales. También les tomamos la palabra y asumiendo desde nuestro muy humilde lugar la responsabilidad social que fingen no tener los grandes medios de comunicación y los irresponsables capaces de decir cualquier cosa por un micrófono, nos permitimos advertir a esos gremialistas: están jugando con fuego, violentando normas básicas del funcionamiento democrático, abusando de la paciencia de un pueblo manso, escaldado por setenta años de violencia y desencuentros. No tienen ningún derecho y ya va siendo hora de que todos y cada uno, desde el lugar que nos toca, se los hagamos notar.
Es absurdo cuestionar a un gobierno porque hace su trabajo, que es gobernar. Se puede decir que lo hace mal, pero no se lo puede regañar porque gobierne. Y si gobierna mal, pues ayudemos a mejorarlo o cambiémoslo. Cuando sea el momento y solamente dentro de la ley.
El contrato social es como el hierro: tiene un punto de torsión. Uno tuerce una varilla y la endereza. La vuelve a torcer y la vuelve a enderezar. Pero hay un momento en que ya no es posible enderezar nada: la varilla se quebró.
Hay que darse cuenta de esto antes de que sea demasiado tarde para lágrimas.
