La distribución de la riqueza, particularmente desde la catástrofe social generada por la megadevaluación, es la discusión central que afronta cualquier proyecto político sensible a la necesidad de construir una sociedad más justa. En esta nota CAUSA POPULAR intenta afinar un poco más el lápiz en torno a que se está haciendo en la materia y cuáles son las herramientas concretas con que se cuenta para hacerlo aún mejor, con particular énfasis en un tema postergado por la centralidad de lo salarial: la inversión del Estado en mejor infraestructura, obra pública y vivienda.
La cuestión principal que, desde los sectores populares, atraviesa el debate político y económico es la que se pregunta sobre la relación entre el crecimiento famosamente chino de la economía y la distribución de la riqueza.
Es una virtud del gobierno actual -junto al derrumbe de la Convertibilidad, que fue también derrumbe cultural- el hecho de que el concepto de una distribución más justa de la riqueza aparezca en las agendas, los discursos y una serie de realizaciones nada menores.
No es tan claro, en cambio, que el crecimiento por nadie cuestionado de la economía incida en la vida cotidiana de las mayorías, muy particularmente de los sectores más excluidos.
La calidad y el sentido de lo que discute hoy es muy superior a lo de hace cinco años atrás. Pero no siempre parece saberse de qué hablamos cuando hablamos de mejor distribución de la riqueza, cuáles son las herramientas posibles para alcanzar ese objetivo y hasta dónde son implementadas con eficacia por las políticas de Estado.
Existe una cierta inercia que reduce el debate sobre la distribución de la riqueza a lo salarial. Aun cuando se trata de una cuestión de importancia central, no es la única. Las diferencias de ingresos entre los diversos sectores asalariados, el problema del trabajo en negro, las maneras de acrecentar el poder adquisitivo, las políticas sociales, los proyectos de universalización de seguros de desempleo como los que hace años propone la CTA, las políticas fiscales y previsionales, el reparto de las ganancias empresarias, el comportamiento de las privatizadas y lo que se siguen apropiando en términos de renta, la inversión en vivienda, infraestructura y obras pública (Ver De regreso del desastre), son algunas de las muchas posibilidades que existen para atacar el problema de la distribución de la riqueza.
El dato más reiterado y que más cuestiona los límites del actual proceso de crecimiento económico es el que indica que todavía hoy nuestra sociedad es más inequitativa que la de hace pocos años atrás. Los datos del primer trimestre del 2006 indicaron que la brecha entre el 10 por ciento más rico de la población y el 10 por ciento más pobre había vuelto a ampliarse: los más ricos ganando 29,2 veces más que los más pobres, cuando en el cuarto trimestre del año anterior la diferencia era de 26,4 veces, y de 24 en los primeros meses del gobierno actual (el máximo, casi 31 veces, se alcanzó en el tercer trimestre del 2005).
El fantasma recurrente es el de la consolidación de un modelo de crecimiento y de desigualdad que viene de años. En 1999 la brecha era de 23,5 veces; en 1994 de 19, en los 80 de 15 veces. Y en el célebre año de nuestra última felicidad, 1974, la diferencia no pasaba del dígito.
Los resultados acerca de la distribución de la riqueza no son los mismos si en lugar de medir deciles se aplica el coeficiente de Gini, que establece una escala de 0 a 1 en la que el 0 refleja una distribución exquisitamente igualitaria y el 1 sería el lugar de un infierno en el que alguien se queda con todo y el resto muere en pelotas.
La aplicación del índice de Gini permite una mirada algo más optimista acerca del tema de la distribución en Argentina. Ese índice comenzó a mejorar a partir de mayo de 2002 (con un máximo de 0,551) y continuó mejorando en el primer trimestre del 2006. Actualmente se encuentra en el valor mínimo de los últimos once años. El valor anterior más bajo corresponde a octubre de 1995 (0,452). Diez años antes no llegaba a 0,42. Para tener una idea aproximada, vale decir que el coeficiente de Gini a nivel internacional se sitúa en un rango aproximado de 0,3 a 0,6. Pero esto dice poco.
Al Gini se lo objeta porque puede confundir: en África, donde en muchos países escasea la riqueza y la pobreza es casi total, el coeficiente da una curiosa idea (0,25 en los países más destrozados) de equidad en la miseria.
Combinando las dos mediciones, el ciclo Kirchner indica que el estrato más pobre de la población perdió un 21,6% en el reparto de la riqueza, que el decil más rico también perdió un 5,5% y que los estratos medios ganaron un 5,6%. En un trabajo de Daniel Kostzer, Bárbara Perrot y Soledad Villafañe, tres especialistas del ministerio de Trabajo (citados por Marcelo Zlotogwiazda en el suplemento Cash de Página/12) se subraya estudiando los números que el puro crecimiento no alcanza para beneficiar al conjunto de la población y menos aún a los sectores más postergados y que “por lo tanto, la erradicación de la pobreza debe ser una función combinada de estrategias de crecimiento y redistribución”.
Según el estudio, la contribución a la disminución de la pobreza en 6,7 puntos porcentuales se debió en un 78% a mejoras en el ingreso y sólo en un 22% a una distribución menos desigual. Por algo se habló de los ‘90 como una etapa de “crecimiento empobrecedor”: entre 1993 y 1999, lo presuntamente mejor de la Convertibilidad, el PIB per cápita aumentó más de un 10 por ciento, pero el porcentaje de personas pobres subió del 17,7 al 27,1 por ciento, y el coeficiente de Gini empeoró de 0,463 a 0,504.
La parábola del infierno
No cabe ninguna duda acerca de la importante reducción de los índices de pobreza e indigencia en los últimos años. La tasa de desempleo (que aún considera como empleados a los beneficiarios de planes sociales, dos puntos y pico más) es apenas superior al 10%, la más baja desde 1994. Según proyecciones de la consultora Ecolatina, este año se habrán creado 350.000 nuevos puestos de trabajo. De ser así, el Presidente estará feliz de anunciar que por fin el desempleo bajará a un dígito.
El primer paliativo de emergencia contra la catástrofe social (con índices de 49,7% de pobreza) fueron los planes sociales de Duhalde, sostenidos luego por Kirchner, e inmediatamente la reactivación y la generación de puestos de trabajo. Pero la situación -tal como lo define la célebre parábola K del infierno y el purgatorio- sigue siendo gravísima. Según el INDEC una familia es indigente si gana menos de 391$ y pobre si gana menos de 862 (Clarín, 7/10/06). Cerca del 60% de los salarios son menores a esa cifra.
Hoy los pobres son unos 12 millones y 4,3 millones los indigentes. Es decir: siguen siendo más que los de 1998, cuando comenzó la crisis. A partir de la devaluación del 2002 el salario subió un 77,1% y la inflación casi el 85%. Pero el salario subió con las asimetrías conocidas: los blanqueados aumentaron en 116% (una mejora real del 16,5%) y la mayoría -salarios en negro- subió en un 47% (una pérdida del 21%). Los estatales, mientras tanto, siguen largamente perdidosos: una merma del 30%. Lo que lleva a preguntarse por las estrecheces del superávit fiscal.
En el informe económico elaborado hacia el segundo trimestre de este año el Ministerio de Economía resaltó el aspecto chino del actual proceso económico: quinto año consecutivo de crecimiento, a un bruto ritmo interanual de 8,6%. Desde el 2002 el PIB desestacionalizado creció un 40,5%. Un “período de cincuenta meses de crecimiento promedió, lo que equivale a 10,2% en términos anualizados”.
Más un dato histórico pesado: el crecimiento per cápita desde 2003 es el mayor de la moderna historia económica argentina.
En términos de generación de trabajo el informe de Economía resalta “una significativa mejora en la calidad de los nuevos puestos”, mientras que los planes de empleo cayeron un 22,5%, una buena pista acerca de por qué la derecha se anda olvidando del “peligro piquetero”. El documento asegura que de continuar la actual tendencia en la creación de empleo registrado, “en 6 años se alcanzaría una proporción de asalariados no registrados del 20%”.
Volviendo al asunto de las desigualdades, el informe señala “una clara tendencia a la reducción de la desigualdad en el ingreso. La brecha entre los quintiles 5 y 1 se redujo un punto porcentual entre los primeros trimestres de 2006 y 2005. El Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar observó un nivel de 49,4, exhibiendo una caída de 0,7 en el mismo período, y una reducción de 1,6 puntos porcentuales desde el primer trimestre de 2004”.
Hay quienes enfatizan en lo que falta y en los duros límites de la actual matriz de crecimiento para recorrer lo que falta. Hace tiempo que el economista de la CTA, Claudio Lozano, viene insistiendo en que “la dinámica del mercado laboral argentino, si bien logra crear empleo, no resuelve ni la pobreza ni la desigualdad en la distribución de los ingresos”, mientras que las rentabilidades obtenidas por la cúpula empresarial “no producen derrame alguno”.
Siempre hay formas diversas de presentar los números de la economía y las de Lozano suelen ser vehementes: “Aun en un contexto en el que el PBI es superior en un 18,2% al existente en el segundo trimestre del año 1998, la tasa de desempleo sigue siendo hoy más alta que en aquel momento”.
Tomando ese período como referencia, Lozano enumera: “La tasa de asalariados informales creció un 16,8%, el ingreso medio de los ocupados cayó un 23,8% y la relación entre el ingreso medio y la canasta de pobreza empeoró un 25%”.
Para más pior, “la brecha de ingresos que separa al 10% más rico del 10% más pobre pasó de 22,8 veces a 29,2%” (los números corresponden a la fecha de redacción).
Felisa Miceli, con su propio razonamiento, en febrero de este año comenzó a cuestionar el tipo de mediciones usadas para estudiar el tema de la distribución del ingreso, y, obviamente, sus resultados.
Básicamente lo que objetó es tener en cuenta “solamente el ingreso monetario». “En todos los países del mundo -dijo- se incluyen las políticas públicas que hacen reducir la brecha distributiva, menos en la Argentina”. Y agregó que hay que tomar en cuenta otras acciones de la política estatal: la construcción de viviendas, la entrega gratuita de medicamentos a través del Plan Remediar, el gasto social y lo que tiene que ver con un eje de esta nota: la obra pública.
El informe ya citado del ministerio de Economía subrayaba en este sentido el incremento del gasto primario -un 25%- explicado por dos motivos centrales: más ingresos para los jubilados y “el proceso de restablecimiento de la infraestructura nacional, complemento necesario de la inversión privada, lo que implicó que los gastos de capital crecieran un 66% interanual en la primera mitad del año”.
Tras el devastador proceso de los ‘90 y la parálisis final en términos de inversiones públicas y privadas, el cuadro de hoy es muy distinto. En la página oficial del Ministerio de Planificación Federal se indica que la inversión pública mostró un importante incremento en los últimos cuatro años.
Los rubros que registraron mayor crecimiento en el segmento 2002-2006 fueron: viviendas (28,35%) y obras viales (23,91%) y en menor medida obras de energía, hídricas, líneas de alta tensión, etc. Si en 2004 se destinaron cuatro millones para escuelas, en 2005 fueron 105 y 247 en 2006. El ítem Universidades registró un ascenso sólo a partir de 2005, con 14 millones destinados en ese año, y 41 en el presupuesto 2006. Gasoductos también arranca con crecimiento en 2005, con 35 millones, y 383 millones en 2006.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, pronosticó en septiembre pasado que hacia fin de año se habrán ejecutado 11.000 millones de pesos en su área, superando en 2.000 millones de pesos lo presupuestado originalmente.
En cuanto al presupuesto 2007 -sobre la ya rutinaria base conservadora de un 4% de crecimiento- el Ministerio contará con una partida record: 15.900 millones de pesos, 50 por ciento más de lo que figuraba originalmente en el presupuesto 2006. Uno de los rubros que más crecerá el año próximo será el de los subsidios a las empresas energéticas y a las concesionarias de ferrocarriles. Siendo que aquí lo que está en juego es el muy discutido asunto de los subsidios estatales a ciertas privatizadas, es bueno tener en cuenta las consideraciones que hace el trabajo de Eduardo Basualdo y otros (Ver Lo que el viento se chupó ), acerca del impacto absolutamente regresivo que tuvo el proceso privatizador.
En otra dirección
Por lo menos en lo que hace al alerta naranja que ya levantan las derechas con el fantasma del aumento “desmesurado” del gasto público, el redireccionamiento de recursos públicos para la construcción de viviendas y obras de infraestructura marca un cambio importante respecto de las políticas de los ’90.
Claro que siempre se puede afinar el lápiz y ampliar la batería de herramientas para batallar mejor por la justa distribución de la riqueza. Así por ejemplo, en Introducción a la Economía y problemática económica argentina, el economista Gerardo De Santis incluye otros asuntos: afectar la estructura de propiedad a través de, por ejemplo, el impuesto a las herencias; iniciar una reforma fiscal con un sentido progresivo; atacar el problema de la constitución de trusts para fomentar la competencia en mercados que tienden a la concentración.
Alejandro Rofman y Abraham Gak, integrantes del Grupo Fénix, se cuentan entre los muchos que insisten en el tema de la meneada reforma fiscal, pero admiten las dificultades de su implementación. En una entrevista publicada en El Cronista (5/7/05), Gak decía: “En ningún lugar del mundo una reforma tributaria que no sea más de lo mismo es pacífica; significa conflicto. Es probable que el Gobierno no quiera abrir un frente de conflicto adicional con sectores muy poderosos. Esa puede ser una causa, pero la otra puede ser que realmente no quiera cambiar la estructura tributaria”. Rofman añade: “Sigue faltando como la mitad del negocio: y esa mitad es cómo se distribuye, porque para que crezca mucho debe llegar a los bolsillos de todos, porque de lo contrario será un crecimiento insatisfactorio.
Hay entonces un giro evidente a favor de la inversión pública, sin que en cada caso pueda decirse que estén igualmente claros y afinados los sentidos y estratégicos de esas inversiones. A la vez, aún se está lejos, en términos de proporción sobre el PBI, de los “viejos logros” del primer peronismo, si es que esos son los logros a alcanzar.
Algo parecido a lo que se verifica con la distribución del ingreso. Según un estudio recientemente conocido del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la UBA, si se tratara de volver a las épocas del fifty-fifty del peronismo, hoy los empresarios deberían darles a los trabajadores apenas 50.000 millones de dólares más al año.
Si se prefiere negociar un descuento y remitir las pérdidas al momento de la devaluación, la cifra es de 43 mil millones de pesos. Y eso no es plata.
– Ver Otro cristal con que se mira
– Ver De regreso del desastre
– Ver Lo que el viento se chupó
