El jefe de Gobierno responsabilizó a la empresa constructora y dijo que se presentará como “querellante” contra la excavadora. Además, fiel a su estilo frívolo, comparó la tragedia con una mala praxis médica. Uno de los dos desaparecidos fue encontrado ayer sin vida. Los bomberos continúan la búsqueda de Maximiliano Salgado.
En minutos nomás, Mauricio Macri presidirá una conferencia de prensa donde volverá a atribuir a Néstor Kirchner la responsabilidad por los horrores de la gestión PRO.
No es este el primer derrumbe ni será el último. Días atrás hubo otro en pleno centro porteño, en la esquina de Viamonte y Esmeralda, y antes en Álvarez Thomas y Jorge Newbery, en Villa Crespo, y en San Nicolás al 800, Floresta.
En 1979, el “brigadier” Osvaldo Cacciatore firmó una ordenanza en la que se iniciaba la privatización del control estatal sobre las construcciones. Aplicando el nuevo Código de Planeamiento Urbano, que reemplazó el capítulo 3 del viejo Código de la Edificación promulgado allá por 1946, se inició un proceso de reconfiguración de la ciudad, completada con las autopistas, que revalorizó los inmuebles al norte de la avenida Rivadavia y empobreció el sur.
Desde 1979, entonces, el Estado (municipal, en este caso) dejó de ser el ente controlador de las construcciones nuevas en favor de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros. Algo similar ocurrió con la habilitación de usos. Todo eso fue una de las razones fundamentales que produjo el desastre de Cromañón.
Ese proceso de privatización se fue perfeccionando con el tiempo, y tomado como bueno por todas las administraciones que siguieron a Cacciatore.
Ahora mismo, Aníbal Ibarra (ex jefe de Gobierno, destituido por juicio político) está saliendo por todos los medios reclamando por controles que él tampoco aplicó durante su gestión. No es cierto que el incendio de Cromañón se produjo por la corrupción de sus inspectores. El gobierno municipal alentaba la “autorregulación” del negocio de discotecas, y la habilitación trucha había sido decidida en pocas horas durante el gobierno de Fernando De la Rúa.
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que el control comunal es irrenunciable, y sin embargo, ya había renunciado a él cuando fue promulgada.
El sistema es así: un profesional certifica la viabilidad de la obra y el avance paulatino de la construcción. Puede suceder, porque nadie pone el ojo sobre ello, que la empresa constructora se controle a sí misma mediante profesionales que trabajan construyendo y controlando al mismo tiempo.
No se si soy claro. Hasta ahora hay un muerto, pero -esperemos que no- hay también dos desaparecidos.
La culpa la tiene Néstor.
*Autor del blog Que la jarana recién empieza
