GENES. La política represiva de la derecha se replica de la misma manera que un gen, por tal razón no existe una diferencia sustancial entre los discursos de campaña electoral de Larreta y Bullrich. La diferenciación de ubicar a uno y a otro en el bando de halcones y palomas, tiene el aura de una falsa dicotomía. Cuando Patricia Bullrich promete orden, fuerza, y dolor, sabemos que habla de quita derechos sociales e individuales y represión. Y cuando, un enardecido Rodríguez Larreta, dice tener “la experiencia para ir al hueso, al detalle”, para llevar a cabo un plan que termine con el peronismo para siempre, se disipa toda duda que pueda plantear la zoología política, porque ambos hablan del mismo diseño represivo y pescan en la misma pecera. Tanto uno como el otro, al ser tributarios de la misma dialéctica derechista, aplican las mismos modus operandi por donde quiera que pasen. Una muestra de ello es la papel jugado por Patricia Bullrich en la desaparición de Facundo Maldonado, y el de Rodríguez Larreta en el caso de Arshak Karhanyan (el policía de la Ciudad, que aún se encuentra desaparecido y cuya causa no avanza debido a las trabas operadas por el poder judicial). Un poder que opera en complicidad con la fuerza macrista, a la cual hay que sumarle la manipulación de la información de los medios hegemónicos, para sustentar desde ese lugar la creación de un enemigo político o salvaguardar desde el silencio, un hecho comprometedor. En ese trípode siniestro se sustenta el poder ideológico de la derecha.
SANTIAGO. Maldonado estuvo desaparecido durante 78 días, fue detenido por la Gendarmería Nacional, durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. La detención se produjo en un corte de ruta realizado por un pequeño grupo de mapuches en reclamo de tierras, al que él se había sumado solidariamente. La represión fue sobreactuada, ya que se mandó a un centenar de gendarmes a reprimir a unas veinte personas. El desmesurado operativo estuvo dirigido por Pablo Noceti, jefe de gabinete del ministerio comandado por Patricia Bullrich, quien daba las órdenes de romper y quemarlo todo desde el casco de la Estancia Laleque. Noceti, también reunió en Bariloche a los gobernadores de Río Negro, Neuquén y Chubut, para coordinar estrategias de represión propias de la dictadura, algo que no suena extraño, ya que antes de integrarse a la función pública, formó parte del estudio que defendió al dictador Fortunato Galtieri en los juicios a las juntas militares. Todo ese desempeño fue supervisado por Patricia Bullrich, la cual, también manejaba los pasos de la justicia. El primer juez de la causa, Guido Otranto, al día siguiente de la denuncia de la desaparición de Maldonado, es decir el 2 de agosto, lo llamó a Noceti para comunicarle que iban a inspeccionar los vehículos de la Gendarmería que habían intervenido en el procedimiento, dándole 24 horas de tiempo para borrar cualquier registro probatorio, de que Santiago Maldonado había sido secuestrado y desaparecido por dicha fuerza de seguridad. Ese hecho, fue uno de los primeros en dar comienzo a una multiplicidad de irregularidades que marcaron la causa, entre ellos los cambios de jueces que se iban turnando para pasarse la pelota declarándose incompetentes, como el juez Gustavo Lleral, quien se negó a seguir investigando y le pasó la causa al Juez federal de Rawson, Hugo Sastre, que también se excusó y se la pasó a la jueza federal de Comodoro Rivadavia Eva Parcio, magistrada que también se excusó por estar en ese momento investigando una denuncia de Patricia Bullrich y se la pasó al juez Javier Leal de Ibarra, de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, quien continuó pasando la pelota y dictaminó en diciembre de 2019 que la causa debía volver a manos de Gustavo Lleral, quien había cerrado la causa con ribetes escandalosos. Otra de las irregularidades contributivas a garantizar la impunidad –y que violaba la legislación vigente— es que, la misma Gendarmería involucrada en la desaparición forzada, llevaba adelante las investigaciones del hecho. Los medios hegemónicos, también cumplieron su papel y describieron a Santiago Maldonado, como a un mochilero hippie, extraviado por cualquier lado, después de haberse fumado unos porros. El diseño de Patricia, funcionó a la perfección: a seis años de iniciada la causa, hoy se encuentra paralizada en la Suprema Corte de Justicia.
ARSHAK. El 24 de febrero de 2019, el policía de la Ciudad Arshak Karhanyan fue visto con vida por última vez por otro integrante de la fuerza, Leonel Herba. No se supo más de sus pasos después de que mantuvo una conversación tensa con Herba y salió de su casa, se dirigió a un cajero automático en Primera Junta, compró una pala de punta en el Easy de Caballito y, supuestamente, tomó un colectivo rumbo a Ezeiza. Arshak, había tenido un breve paso por la División de Informática de la fuerza, donde se le pidió adulterar información proveniente de las cámaras en el caso del suicidio del fiscal Nisman, ante su negativa, fue trasladado a la División Exposiciones, lugar donde se guardaban las escuchas telefónicas ilegales ordenadas por Mauricio Macri a políticos opositores, a algunos de su mismo partido, y a familiares próximos. Las sospechas de una desaparición tan misteriosa, recayeron sobre la misma Policía de la Ciudad, de la cual Arshak tenía intenciones de irse, ya que, según declaraciones a su familia, muchos de sus compañeros “habían entrado para robar y hacer negocios”. La sospecha no es antojadiza, la misma policía se encargó de borrar pruebas fundamentales en las pericias a los celulares de Arshak, como así también de las cámaras de vigilancia callejeras que hubieran permitido tener indicios certeros de los pasos del policía.
El caso Arshak, más allá de los hechos puntuales citados, es revelador de la misma operatividad empleada con Santiago Maldonado, aunque con Maldonado no fue necesario una componenda judicial de jueces pasándose la causa, bastó que la misma cayera en el juzgado del juez menemista Jorge Baños, para cajonearla con determinaciones en tal sentido. Baños demoró seis meses en tomar a la familia de Arshak como querellante, desestimó audios y pruebas que incriminaban a Herba y otros policías, apartó a la fiscalía de la investigación, siempre se negó a caratular la causa como desaparición forzada, un reclamo tanto de los abogados defensores y del fiscal Vismara. Baños, siendo como es, un hombre con fuertes vínculos amistosos con jerarcas policiales –con los cuales comparte prácticas de tiro— también se negó a apartar a la Policía de la Ciudad de la investigación, otro reclamo de la fiscalía y la querella. La excusa para no tomar esa determinación, es su plena confianza en la fuerza policial.
Las diligencias por parte del gobierno de la Larreta en esclarecer el caso, después de cuatro años de ocurrida la desaparición, son nulas. La madre de Arshak, Vardush Davtyan o Rosita, en el lapso que va desde la desaparición de su hijo a los días actuales, fue recibida por el presidente Alberto Fernández en su despacho, otra vez visitada en su casa al cumplirse un nuevo aniversario, recibió llamados del Papa Francisco, y la solidaridad constante de la legisladora Victoria Montenegro. El Estado nacional por su parte, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aumentó la recompensa a 5 millones de pesos, para quien o quienes aporten datos que permitan ubicar a Arshak (la recompensa que otorgaba el gobierno de Larreta era de $500.000). La Secretaría de Derechos Humanos, a la cual Baños se negó a tomar como querellante en la causa, puso a sus abogados a disposición de la familia Karhanyan y son quienes tramitan la causa actualmente. Horacio Rodríguez Larreta, en todo el tiempo transcurrido, jamás llamó o se reunió con los familiares. En las comisarías no hay un solo afiche en el cual se publicite la búsqueda de Arshak. Desde la filas de Cambiemos, cuando raramente a alguien se le pregunta por Arshak, no se lo menciona como a un desaparecido, sino como a alguien que no se sabe dónde está, tal como lo mencionó Diego Santilli al periodista Diego Schurman, en el programa Fuego Amigo, cuando se cumplían dos años de su desaparición.
MORALES. En sus primeros días como gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y Patricia Bullrich como ministra de seguridad, fueron protagonistas de un hecho, que además de luctuoso evidenciaba sus intenciones políticas. Durante la madrugada del 14 de diciembre de 2015, murieron 42 gendarmes que eran trasladados en micro desde Salta a San Salvador por la ruta 34, el mal estado del vehículo y un reventón de un neumático hizo que el mismo se desbarrancara con consecuencias funestas. El motivo del traslado se debía a un pedido del gobernador Gerardo Morales para reprimir una protesta convocada por la agrupación Tupac Amaru (una movilización que de todos modos se llevó adelante de manera pacífica). La movida le permitió a Patricia Bullrich, que viajó a Jujuy expresamente, lucir el uniforme de campaña de la fuerza en cuestión, otorgándose el rol de combatiente de un combate que nunca sucedió. Lo cierto es que la máxima referente de la Tupac, Milagro Sala, días después de esos hechos, terminó encarcelada hasta el día de hoy, y que Gerardo Morales en sus ocho años de gestión construyó un dispositivo de control, como todos los que construye Cambiemos en cada lugar que se hace del gobierno. Es decir, fuerzas de seguridad operando como fuerzas de choques partidarias, control absoluto del poder judicial y el control mediático de aquello que producen políticamente. En la creación de esa maquinaria absolutista, Morales modificó y sancionó una nueva Constitución Provincial, que no solo le permite reprimir y encarcelar a dirigentes sociales y políticos, sino también apropiarse indebidamente de recursos naturales y tierras pertenecientes a comunidades originarias, protegidas por la Constitución Nacional. En la metodología represiva llevada adelante por Morales, han resurgido los fantasmas de la dictadura pasada, personas que son detenidas y no se sabe durante días de sus paraderos, habeas corpus rechazados, abogados defensores encarcelados, heridos que han perdido la vista por balas disparadas a la cara y muertos. Más allá de las pirotecnias verbales de los discursos de campaña electoral, donde unos hablan de zanjar la grieta, otros de dinamitar edificios públicos, pero todos coinciden en que hay que aplicar mano dura, para solucionar los conflictos sociales, no habría que dudar que en dicho bando, no hay ni halcones ni palomas, pues no se trata de aves metafóricas, sino de lobos.
