Las ocupaciones de tierras en Buenos Aires: entre el punitivismo y los derechos

Déficit de vivienda, economía en crisis y tensión social: las múltiples dimensiones de un fenómeno que irrumpió en la agenda pospandemia.

El cerco de terrenos disponibles dentro o en las inmediaciones de la Capital Federal y el primer cordón del Conurbano fue estrechándose no sólo con el paso del tiempo, sino –fundamentalmente— al calor de las transformaciones socioeconómicas que llevaron a los sectores populares a transitar vidas más precarias, y a una fracción de la clase dominante, a volcar parte de sus negocios a la especulación inmobiliaria.

Así, en las últimas décadas, las familias trabajadoras se fueron reproduciendo con menos posibilidades laborales para las nuevas generaciones y un horizonte de ascenso social totalmente desdibujado, lo que llevó a dinámicas de hacinamiento (dos o tres generaciones edificando sus viviendas en un mismo terreno).

Este proceso, que de algún modo se inició con la última dictadura cívico-militar y se profundizó en los años posteriores, desencadenó una nueva oleada de ocupaciones de tierras a inicios de este siglo, con una característica que las diferenciaba de las ocupaciones de los años ochenta: las nuevas se produjeron en terrenos más degradados, donde sus ocupantes se ven expuestos a graves riesgos ambientales (en muchos casos, a los costados de arroyos contaminados, padeciendo inundaciones frecuentes). A este cuadro estructural, que ni los proyectos PROCREAR -destinados más bien a sectores medios- ni los Planes de Vivienda Social -populares pero acotados- pudieron modificar, hay que sumarle la crisis coyuntural de la pandemia, a partir de la cual inmensos contingentes populares ya no pueden no sólo resolver sus problemas estructurales de vivienda, sino garantizar la persistencia en los lugares en los que estaban, generalmente, alquilando.

En un país devastado como la Argentina a inicios de 2020, tras cuatro años de gestión macrista, la pandemia de COVID 19 que azotó al mundo y el consecuente Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que tempranamente se decretó en estas tierras, expusieron a las vidas populares -sobre todo aquellas que no trabajan bajo relación salarial- a condiciones de profunda vulnerabilidad. Si bien desde el gobierno nacional se tomó la decisión de priorizar la salud de su población, para lo que se lanzó la iniciativa del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), lo cierto es que, pasado el primer trimestre de “cuarentena”, la situación comenzó a complicarse por demás. De allí que desde julio se registre un incremento en las ocupaciones de terrenos, sobre todo en la Región Metropolitana de Buenos Aires, y fundamentalmente en Gran Buenos Aires y Gran La Plata.

Según un informe del Ministerio de Seguridad provincial, fueron 140 los intentos de “usurpaciones” de tierras en lo que va del año (cifra que ha aumentado en los últimos días).

Las ocupaciones

“La salida a los conflictos sociales, como las ocupaciones de tierras para construir viviendas, no es nunca la policialización, sino el diálogo”, comenta Jorge Voltovich, integrante del Consejo Comunitario de la Tierra y la Vivienda de Quilmes (o “Consejo de barrios y asentamientos”, como él prefiere llamarlo), el primero en existir en la provincia de Buenos Aires. Fundado en 1998, una década después de que en la misma zona fuera asesinado el joven Agustín Ramírez, editor de la revista “Latinoamérica gaucha”, promotor de los “Fogones de la Juventud” en las barriadas populares, militante de las Comunidades Eclesiales de Base involucrado en las tomas de tierras de esos primeros e inestables años de “democracia”; su caso sigue impune, pero su figura sigue siendo emblema en cada nuevo asentamiento que se conforma en la zona sur del Conurbano.

Voltovich subraya que los “Consejos de Barrios y Asentamientos” se caracterizan por integrar una diversa amalgama de actores sociales y políticos: curas formados en las concepciones tercermundistas; militantes de movimientos sociales territoriales; investigadores de universidades públicas; profesionales de distintas ramas del saber; funcionarios de los Ejecutivos municipales, cuya función es intervenir en los conflictos para mediar, buscar soluciones pacíficas, neutralizar la violencia policial, para lo cual se toman medidas que van desde censar a la personas del lugar hasta garantizar para ellas cierta asistencia social. El problema, según comenta, es que con cada nueva gestión de gobierno pareciera como que la historia empieza de nuevo: “cada cual viene a hacer su juego -dice-, sin reglas claras y sin tomar el trabajo previo acumulado para poder armar un padrón serio, con datos actualizados, y despejar así a los vivos y especuladores que tanto se denuncian, que son reales y producen mucho daño”.

El panorama se complejiza cuanto más se acerca la mirada a los sitios ocupados. Se dice que hay “especuladores”, lúmpenes y militantes de izquierda promoviendo las tierras, pero también pueden verse sectores del peronismo. En Quilmes -distrito gobernado por Mayra Mendoza-, la Agrupación 26 de Julio hizo público un comunicado repudiando la represión policial en el intento de “toma” de linderas al arroyo del barrio La Paz, en el que no faltaron las balas de goma, los palazos y los gases lacrimógenos (“como peronistas consecuentes reivindicamos la función social de la propiedad recogida en la Constitución Nacional de 1949. No puede ser sacrosanta la propiedad privada cuando millones de argentinos no tienen acceso a la tierra para la producción y para poder tener una vivienda digna. Es criminal que en las ciudades haya viviendas deshabitadas mientras miles de familias sobreviven hacinadas en villas y asentamientos”, afirmaron).

Jorge Voltovich insiste en señalar que, para los Estados, “lo más sencillo es mandar la Guardia de Infantería”, y que el desafío está en tomar el camino más complejo, que implica ponerse a trabajar con las familias. “Para eso tiene que haber voluntad política”, remata.

Además de Quilmes y La Plata, las ocupaciones se han registrado sobre todo en los municipios bonaerenses de La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, José C. Paz, Partido de La Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Moreno, Presidente Perón, Malvinas Argentinas, Avellaneda, Pilar, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Bahía Blanca, San Martín, Almirante Brown, Lanús, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Zárate, Junín y San Fernando. Las respuestas no han sido uniformes, más allá de que en casi todos esos distritos gobierna el Frente de Todos. Tampoco es uniforme el proceso previo de organización social, entramado comunitario y diálogo entre esos sectores y la gestión gubernamental. No es suficiente quedarse con la foto o el recorte televisivo, que no permiten ver la película completa.

La dirigencia política ante las ocupaciones

Si bien la Ley 15.172 -promulgada el 27 de mayo con votos a favor tanto del oficialismo como de la oposición- prohíbe los desalojos al menos hasta el 30 de septiembre, en estos días los Senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio presentaron una iniciativa para establecer que los jueces no tengan que notificar la orden de desalojo en caso de usurpaciones, agregando que la interposición de cualquier recurso jurídico no suspenda la resolución del magistrado, en sintonía con la declaración “contra las usurpaciones” realizada por Intendentes opositores como Diego Valenzuela, de Tres de Febrero; Héctor Gay, de Bahía Blanca; Javier Martínez, de Pergamino y Jorge Macri, de Vicente López, quienes también apuntaron que “hay integrantes de movimientos sociales detrás de esos hechos delictivos”.

Pero no sólo desde la oposición se promovieron dichos y acciones punitivistas. A la represión en Quilmes (sucedida a días de otro desalojo y a semanas de una anterior represión policial a trabajadores de la economía popular, mayoritariamente senegaleses) se le sumaron las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, quien directamente llamó a que el Estado quite todo beneficio de ayuda social que pueda recibir una persona, si se encuentra en una ocupación. Por su parte, Sergio Berni arremetió contra quienes protagonizan tomas de tierras, expresando que quien “ocupe terrenos en la provincia”, tiene que “ir preso” (en contrapunto, su par de la Nación, Sabina Frederic, opinó que ese “no es un tema de seguridad”, sino de “déficit habitacional”). El Secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires también cruzó a dirigentes políticos y sociales del oficialismo, a quienes se les acusa de estar “detrás” de algunas de las ocupaciones, situación a la vez desmentida en casos como los de Presidente Perón, donde aconteció una de las tomas más grandes, y su intendenta -Blanca Cantero- dijo públicamente que era errónea la información (difundida por el diario Clarín) que acusaba al Movimiento Evita de estar detrás de la ocupación.

De allí que tanto Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro (secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y el secretario de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete de la Nación, respectivamente), así como Esteban “Gringo” Castro (Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular), hayan salido al cruce de este tipo de declaraciones. Pérsico consideró que, si bien se incrementaron con la pandemia, las tomas de tierras son “un problema constante” y aseguró que para solucionarlo se requiere una decisión política (“Para nosotros, la salida es la urbanización”, aseguró). Navarro instó a no tener una “política de topadora” y llamar al diálogo, para que el Estado pueda intervenir con una “política pública de bienestar social”. Castro, por su parte, exclamó: “No hay ninguna responsabilidad en los funcionarios que nombró (Pérsico y Navarro), ni en Juan Grabois, ni en ningún otro compañero de los movimientos populares”.

El gobernador Axel Kicillof agregó que, si bien tiene que ser el Estado el que reconozca el “derecho a la vivienda”, esto debe darse “de forma ordenada y viendo cada caso particular”. Algo similar declaró el actual Diputado provincial Julio Pereyra, quien explicó que en Florencio Varela (donde fue intendente por siete períodos), Andrés Watson, actual jefe comunal, viene sosteniendo la continuidad del Consejo de Tierras puesto en marcha durante su gestión. “Trabajamos con la participación de la Pastoral Social, concejales del oficialismo y oposición, y gente preparada para tratar con los propietarios y con los que están usurpando la tierra”. Paradójicamente, en ese distrito en el que hace unos días la policía evitó un intento de toma de tierras y detuvo al abogado Eduardo “Negro” Suárez, funciona lo que se denomina “Loteo con servicio”, un sistema de urbanización barrial pensada junto con los vecinos.

A su vez, Pablo Reynoso (delegado de la Pastoral Social de la Diócesis de Quilmes e integrante del Consejo Comunitario de Tierra y Vivienda de Florencio Varela, además de ser coordinador de la Diplomatura en Gestión de Hábitat de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, inaugurada esta semana) haya declarado que la temática tiene que ser abordada desde mucho ángulos, teniendo en cuenta el contexto político. “Venimos de muchos años de una política de hábitat inmóvil. Si comparás la provincia y algunos distritos como Varela, que tiene Consejo Local, Banco de Tierras, proyecto en marcha de lotes con servicios y desde donde se impulsó, la diplomatura, la cuestión es diferente”.

Como puede verse, en este contexto en el que se han multiplicado las ocupaciones, las posiciones políticas respecto de cómo abordar la problemática no son para nada homogéneas al interior de un oficialismo que, a su vez, se ve “corrido por derecha” por parte de la oposición y algunas corrientes internas, pero también, por una serie de microfascismos que circulan con intensidad “por abajo”.

De allí que la investigadora de la Universidad de Buenos Aires María Maneiro destaque que ejemplos como el Plan de Urbanización del predio de Los Hornos, promovido por la Subsecretaría de Hábitat provincial, o la actuación del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, sean muestras de una “modalidad activa, participativa y en pos de la resolución de los conflictos a tono con una modalidad de intervención estatal acorde a derechos”.

En cualquier caso, de las formas de resolución de conflictos como estos dependerá seguramente no sólo la orientación general de la gestión del Estado bonaerense y nacional por parte del Frente de Todos, sino incluso el tipo de democracia que se cultivará en perspectiva.

COMPARTÍ ESTE ARTÍCULO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Recibí nuestras novedades

Puede darse de baja en cualquier momento. Al registrarse, acepta nuestros Términos de servicio y Política de privacidad.

Últimos artículos

Las políticas encarecedoras y expulsivas en la Ciudad de Buenos Aires lo único que hacen es aumentar. En esta nota analizamos cual es la situación actual de la economía y vivienda de los ciudadanos y el rol que ocupa el Estado en su desempeño.
Gilda se hizo Santa porque así lo quiso el pueblo. A 25 años de su muerte, recorremos su vida y su impacto social, el cual sigue siendo vigente.
El intendente de Tapalqué habló con revista Zoom sobre los cambios en el gabinete nacional y provincial. Conversamos sobre la economía y creación de trabajo como ejes de campaña en la llegada de las elecciones generales.