El acceso a una vivienda digna es un derecho inalienable y un derecho humano fundamental. Sin ella, ¿cómo luchar por educación y salud?
La vivienda es más que una construcción material: es el espacio para las relaciones familiares donde cobra sentido la vida humana.
En la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, en febrero de este año, el Jefe de Gobierno Mauricio Macri dijo:
“Tenemos también un desafío inmenso en materia de vivienda social, ya que existe un déficit habitacional de, por lo menos, 300 mil personas viviendo en villas, casas tomadas o directamente en la calle. La situación es dramática y debemos encararla con responsabilidad y pensando en el largo plazo. Para agregar dinámica a la construcción de viviendas hemos transferido muchos programas de urbanización a la Corporación del Sur. También estamos trabajando en recuperar la capacidad del IVC para poder hacer políticas efectivas, cosa que nunca ha logrado. Desde allí desarrollaremos políticas de vivienda para la clase media”.
El IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) es el órgano de aplicación de las políticas de vivienda en la Ciudad. En los últimos años había desarrollado, y estaban bajo su responsabilidad, programas destinados a urbanizar y radicar las villas.
El IVC cuenta (¿o contaba?) con diversos programas crediticios en diferentes modalidades y objetivos:
– Individuales, para hogares de escasos recursos y en situación habitacional crítica, reglamentados por las leyes 341 y 964. Con un monto actualizado de $ 120.000, hay 4.500 solicitudes pendientes y aprobadas por un comité evaluador.
– Créditos colectivos a través del Programa de Autogestión para la Vivienda, a personas jurídicas (cooperativas, asociaciones civiles y mutuales) conformadas también por familias de escasos recursos y en situación crítica, por el mismo monto por hogar. Cuenta en la actualidad con 110 inmuebles comprados. De ellos, 40 obras están en ejecución y 3 concluidas; el resto, a la espera de presupuesto para inicio de obra.
Unas 400 organizaciones sociales vieron frustrada la posibilidad de acceder a sus viviendas por restricciones presupuestarias. La mayoría de esas entidades se conformó para gestionar el crédito, y por lo tanto han realizado trámites, gestiones y erogaciones de dinero, viéndose privadas de ejercer un derecho garantizado por la Constitución.
Para esta operatoria hace casi dos años que el IVC y los beneficiarios esperan la transferencia de fondos del Plan Federal II que administra la Subsecretaría de Vivienda de Nación.
– Créditos para clase media (operatorias Terreno, Proyecto y Construcción; Vivienda Porteña y Mejor Vivir), todas ellos hoy congeladas.
– Créditos para Organizaciones intermedias por ahorro previo: congelados.
A un año de haber asumido la gestión del PRO, esta es otra de las promesas incumplidas. En éste como en otros casos, culpan al Poder Ejecutivo Nacional por no transferir fondos, cuando su aceptación es una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo de la ciudad y la Legislatura.
En el apartado del proyecto de Presupuesto 2009 (ver cuadro adjunto) se observa la política efectiva de la gestión PRO donde, por ejemplo, no hay fondos para el Programa de Autogestión para la Vivienda.
La Constitución de la ciudad establece, en su artículo 31:
“La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello:
1. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos.
2. Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva.
3. Regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones.”
La gestión PRO avanza en el sentido contrario.
