Cada vez son más quienes deciden organizarse para denunciar y enfrentar las amenazas que sufren desde la desaparición de Jorge Julio López. El 9 de noviembre varios testigos de causas por violaciones a los derechos humanos, incluidos quienes dieron testimonio contra el ex subcomisario Luis Abelardo Patti, denunciaron en la cámara baja, ser víctimas de una serie de actos intimidatorios y reclamaron la aparición con vida del albañil, cuyo paradero se desconoce hace más de un mes. Además propusieron la formación de una “red solidaria de protección de testigos”.
Entre los denunciantes se encuentran Luis Gerez -quien ante la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento sindicó a Patti como uno de sus torturadores durante la dictadura-, el matrimonio integrado por Eva Orifici y Raúl Marciano, también testigos en el proceso que terminó impidiendo el ingreso del ex intendente de Escobar a la Cámara.
Gerez, vecino de la localidad de Belén de Escobar, dijo haber sufrido en tres oportunidades el corte de las cuatro cubiertas de su auto, y haber sido interceptado por un desconocido que le dio datos precisos de sus movimientos y de su familia. También contó que otro desconocido le mostró un arma de fuego desde un vehículo mientras conducía a la altura del kilómetro 42 de la Panamericana.
Orifici y Marciano -«sobrevivientes del cordón represivo Escobar, Zárate y Campana»- denunciaron haber recibido llamadas de desconocidos que, con tono amenazante, les repitieron datos personales exactos, tantos propios como de sus familiares, cada vez que participaron como testigos en causas de derechos humanos.
A su vez, cuando en 2004 hicieron «el reconocimiento (del centro clandestino de detención) Pozo de Banfield» les «desvalijaron la casa».
Los testimonios se escucharon en la sala José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados, durante una rueda de prensa convocada por un grupo integrados por ex presos políticos, de ex detenidos desaparecidos, familiares y organismos de derechos humanos que presentaron un documento titulado «Que el terror no te acostumbre. López con vida Ya!».
En el texto reclamaron «la aparición con vida» del principal testigo en la causa del represor Miguel Etchecolatz desaparecido hace casi dos meses, «la protección real, efectiva, responsable a los testigos y miembros del Poder Judicial», «desmantelamiento de las estructuras represivas» y «sentencias ya».
También contaron situaciones similares Orlando Uviedo, otro testigo del caso Patti, y María Cristina Saborido, secuestrada durante la dictadura en la localidad bonaerense de Adrogué.
Respecto al encuentro, Carlos González, uno de los organizadores, señaló que además de reclamar la aparición de López y dar testimonios de las intimidaciones también se busca armar «una red solidaria de protección» de los testigos.
Además, estuvieron presentes la titular de Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, y el jefe del bloque del ARI, Eduardo Macaluse, entre otros.
Por otra parte una rama de la agrupación HIJOS de desaparecidos denunció que varios de sus miembros fueron perseguidos por hombres vestidos de civil y amenazados de muerte en llamados telefónicos hechos desde el penal de Marcos Paz, donde están detenidos varios represores de la dictadura. En un comunicado, la entidad, que conforma la multisectorial no oficialista de defensa de los derechos humanos «30 años Memoria Verdad Justicia», sostuvo que «somos blanco de seguimientos y nos llaman desde las cárceles donde están los asesinos de nuestros padres».
Incluso señalaron que ello ocurrió luego de «reunirnos con autoridades de la Dirección General de asistencia a la víctima del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación».
Los jóvenes agregaron que «hemos presentado dos denuncias ante la Cámara Penal, una de las cuales tramita ante el Juzgado de Instrucción Nº 26 a cargo del Doctor Mariano Scotto, causa Nº 32505/06, denuncia ratificada ante la Fiscalía de Instrucción Nº 37 a cargo del Doctor Horacio Rubén Amelotti, expediente Nº I-37-9714».
«La misma se refería a amenazas de muerte, dos semanas antes de comenzado el Juicio al Genocida (Miguel) Etchecolatz y tres meses antes de la desaparición de Julio López. La segunda se refiere al secuestro y torturas que sufriera uno de nuestros compañeros, la misma tramita ante el Juzgado de Instrucción Nº 35; a cargo del Dr. Eduardo Moumdjian, causa Nº 59801/06».
Córdoba y Capital
Mientras pasan las semanas y se acumula el tiempo y la angustia sin saber de López, es necesario recordar que el incremento de las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos, es el arma más eficaz para responder a los cobardes ataques de quienes se ocultan y amenazan para seguir viviendo en la más absoluta impunidad.
Esta semana la jueza federal de Córdoba Cristina Garzón de Lascano ordenó nuevas detenciones de ex policías, que habrían tenido destacada actuación durante la última dictadura en la llamada D-2, un organismo de seguridad que entonces respondía a Luciano Benjamín Menéndez.
En este caso «ya son cinco los detenidos en esta causa, que intenta esclarecer la responsabilidad de la Policía de Córdoba en el marco del terrorismo de Estado aplicado en aquella época».
La causa está a cargo de la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, quién investiga la desaparición de Ricardo Fermín Albareda, ocurrida en setiembre de 1979. El Juzgado Federal número 3, a cargo de Garzón, a pedido de la fiscal, dispuso la detención del entonces jefe de la Policía de Córdoba, Rodolfo Campos, el subjefe Roberto Villagra, el oficial Hugo Britos y los suboficiales Hugo Caravante y César Cejas, confirmaron las fuentes consultadas.
Por esta causa también quedó imputado Menéndez, ex titular del Tercer Cuerpo de Ejército, quién ya se encuentra detenido cono prisión domiciliaria por otros procesos judiciales, vinculados a gravísimas violaciones a los derechos humanos.
A todos ellos se les ha imputado los delitos de «privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio» de Albareda, quién era subcomisario de la Policía de Córdoba, integrante del área de telecomunicaciones.
En la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara Federal porteña dejó firme esta semana la prisión preventiva del ex oficial de Inteligencia de la Policía Federal Luis Antonio Falco, quien inscribió como hijo propio al niño que dio a luz, en la maternidad clandestina de la ESMA, la desaparecida Alicia Alfonsín de Cabandie.
«Aunque el imputado Falco pretenda sostener que él adoptó legalmente a un niño ignorando su procedencia, la prueba reunida resulta suficiente para rechazar el motivo de agravio que ensayó su defensa, referido a la ausencia de dolo en la actuación que le cupo a su pupilo», sentenció la sala II de la Cámara.
Pero Falco consiguió ser eximido de prisión, por lo que está libre aunque cerca de ser condenado por la sustracción y ocultamiento de un menor nacido en la ESMA.
El hijo de Alicia Alfonsín y de Damián Abel Cabandie fue inscripto como «Mariano Andrés Falco» merced a un falso certificado de nacimiento que señala que el niño nació el 4 de abril de 1978. Como padres del bebé aparecen el policía y su esposa, Teresa Perrone, que confesó haber pedido a su marido, en el ’78, que «consiguiera un niño» porque ella estaba deprimida a causa de la muerte de una hija y la posterior extirpación de su útero.
Pruebas genéticas efectuadas en el Hospital Durand determinaron que el joven al que Falco y Perrone inscribieron y criaron como propio es el niño concebido por Alfonsín y Cabandie.
Al declarar en la causa con su histórica filiación, «Mariano Andrés Falco narró que su sospecha de no ser hijo biológico de Luis Falco la tenía por el trato diferencial que le daban al deponente y a su hermana, quien sí es hija biológica de Falco».
Los apropiadores adoptaron ilegalmente al hijo de Alfonsín y Cabandie cuando ya tenían una hija y habían perdido otra. Ante la Justicia, el joven apropiado contó que «le llamó la atención» que los Falco tenían fotos tomadas a su hermana cuando era recién nacida y, por ejemplo, del primer baño, «mientras que de él no las había».
El 19 de septiembre de 2005, Perrone confesó al joven «que no era hijo de ella, sino que Falco lo había traído del Hospital Penna el 4 de abril de 1978», indica la resolución.
Falco intentó convencer a los investigadores de su ignorancia respecto del origen del bebé que llevó a su casa en el ’78, pero no convenció.
La propia Perrone narró que su esposo «me dijo que podía conseguir un niño en adopción (…) porque tenía contactos y conocidos en diversos hospitales, entre ellos el Penna», reseñaron los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi en su resolución.
Según la testigo Yole Elena Opezzo, el 23 de noviembre de 1977 Alicia Alfonsín fue secuestrada en su casa por al menos diez hombres vestidos de civil «e introducida a golpes en un camión». Cursaba un embarazo de aproximadamente seis meses y medio y fue llevada a la ESMA, donde dio a luz a un varón en marzo de 1978.
La sobreviviente Graciela Daleo contó que vio en la ESMA a Alfonsín y confirmó el nacimiento del bebé, relato que fue respaldado por otros testigos que dijeron, incluso, que la madre llamó Juan al recién nacido y que el parto fue asistido por el médico naval Jorge Luis Magnaco.