El subsidio a la niñez está al tope de la agenda, pero aun no hay acuerdo sobre cómo implementarlo. El gobierno pudo ponerlo en discusión antes de las elecciones, pero no se animó. La AEA tiene sus propias ideas. La teoría de la centralidad del trabajo. Lo mejor es enemigo de lo bueno cuando se trata de que todos los argentinos tengan asegurado un piso alimentario adecuado.
Vivimos tiempos de diálogo. Recordando siempre aquello de que el silencio es salud, conviene hablar porque eso alivia, consuela, mejora la vida al otro. Nunca se ha conversado tanto como hoy: arranca el Consejo Económico Social, en el Congreso se circula entre acuerdos e intrigas, y en la Rosada se preparan para dialogar sobre reforma política. En ese contexto, el combate a la pobreza se puede convertir en el principal campo de batalla, pero no es cuestión de charlarlo tanto. Mejor que decir es hacer.
Pan y garrote
El ingreso ciudadano universal, o en su defecto, un subsidio a la niñez, están al tope de todas las agendas. El gobierno tuvo la oportunidad de haberlo puesto en discusión antes de las elecciones, pero no se animó: la oposición lo habría acusado de demagogia mientras todos corrían a bailar en Gran Cuñado. El Estado avanza a los tropezones en su nuevo rol activo, y dentro de ello, la política de desarrollo social, administrador natural de semejante proyecto, parece haber llegado a su techo. Además, el tembladeral financiero les aconsejaba ser conservadores frente a cualquier cambio.
Entretanto, la situación social se deterioraba ostensiblemente ante el parate de la economía, y no es arriesgado afirmar que esta recaída es una de las varias causas del voto de los cordones pobres y marginales a los señoritos PRO. No es casual ni sorpresivo: falta visión de largo plazo en las áreas del gobierno que deberían atacar a fondo la cuestión social, encarada hasta el momento con planes focalizados, herencia ideológica del Hermano del norte.
Pasada esa hora, queda en pie la gran pregunta: ¿cómo se financia un ingreso universal?
Para la ultraliberal Asociación Empresarial Argentina (AEA), «la atención de las necesidades de los sectores más vulnerables podrá hacerse de la manera más efectiva en base a los recursos generados por una producción exportable de mayor escala».
Ergo, un país agroexportador, con soja plantada en jardines y plazas, sin industria, ni mercado interno, y con un amplio plan de beneficencia estatal pero –proponen los empresarios– en un «marco de seguridad pública» que garantice «efectivamente los derechos a la vida y la integridad física”, léase mano dura para los cabecitas que no se someten al socorro estatal.
Los de la AEA no son tontos y cuando hablan de “producción exportable de mayor escala” no se refieren a mantener los derechos de exportación sino a multiplicar la producción agropecuaria con libre empresa. En su declaración (que publicó La Nación) tiran una granada contra el proyecto de nueva ley de medios porque saben que el gobierno va a empujar ese carro. Y saben también que la cuestión de la pobreza-exclusión está frente a los ojos de Néstor Kirchner.
Unos porque no, otros porque sí
El tema ha sido ampliamente debatido, aunque también se escuchan voces críticas. Según el economista José Di Lorenzo del grupo Umbral dirigido por Gustavo Cirigliano y cercano al SUTERH, es “un nuevo sofisma, un verdadero caballo de Troya del antiproyecto (nacional)”. El autor afirma que si el trabajo hubiera dejado de ser el eje que estructura la integración social y el desempleo es resultado inevitable de los ajustes de mercado, el nuevo sujeto sería la gente, el ciudadano consumidor. Con el ingreso universal se subvenciona el consumo para que un excluido argentino pueda comprar fideos, aunque estén fabricados en Italia o China. Así, solidifica la desocupación, se retroalimenta la exclusión, no se reconstruye el tejido social y no se crea trabajo nacional.
“La idea –prosigue– suena atractiva, es simple, sencilla, tiene prestigio académico (por su origen eurocéntrico) y además cuenta con buena prensa. Y aunque se atribuye a la oposición, vistos sus adherentes, podemos decir que enfrentamos una propuesta transversal. De Rubén Lo Vuolo a Julio Godio, de Aldo Neri a Antonio Cafiero, de Claudio Lozano a Alfonso Prat Gay, de Elisa Carrió a Mario Wainfeld, de Alcira Argumedo a Patricia Bullrich, de Hugo Yasky a Felipe Solá (entre otros) todos coinciden que ese es el camino para acabar con la pobreza y eliminar el clientelismo electoral”, dice. Y propone la ocupación del territorio y la construcción de ciudades mediante la movilización general de la sociedad. Que el trabajo deje de ser abstracto y se convierta en un derecho efectivo garantizado por el Estado.
Algo así se ha puesto en práctica en el San Luis de los Rodríguez Sáa, pero el país es mucho más heterogéneo, complejo e inmanejable que una provincia recostada sobre la explotación de recursos primarios y con planes de promoción industrial de poca envergadura. Y en verdad, la crítica al proyecto suena tan atractiva como la propia idea del mismo.
Un ingreso universal en cualquiera de sus variantes que integrara un Plan estratégico de combate a la exclusión, de largo alcance, que incluya obra pública, educación, salud, seguridad, cultura e inversiones productivas sería ideal, pero acaso es mucho pedir.
Los límites del modelo
El gobierno ha encarado distintas estrategias para defender el nivel laboral: desde los subsidios del ministerio de Trabajo hasta fideicomisos (Massuh) y préstamos prendarios a automotrices con la exigencia de no disminuir el empleo, pasando por frenar importaciones a precios de dumping o bienes de capital que no son tales. Aún así, “no puede… perforar el 40% de pobreza y el 15% de indigencia en el segundo cordón bonaerense” entre otras cosas porque han quedado rezagados los salarios (el mínimo debería pasar de $1.200 a $1.800).
En marzo, el INDEC había fijado la línea de pobreza en $996,74. Para el SEL ese monto se elevaba a $1.495,96.
Al derogarse la tablita de Machinea, se fortaleció el trabajo “legal”, pero sigue habiendo un 40% de informalidad, y ese piso tampoco se puede perforar. Ha habido cambios en el paradigma laboral, pero más focalizados al trabajo formal y a los sectores medios, como la flamante ley 26.427 de pasantías, una de las formas de contrato-basura de los ‘90, que reduce las prestaciones de cuatro a un año, regula la remuneración que antes era libre y ahora debe fijarse según el convenio más favorable que rija en la empresa, exige obra social y antes no, y reduce la jornada de 30 a 20 horas semanales. No obstante ese avance, la mayor parte de los jóvenes pasantes (casi todos ellos conchabados en universidades privadas súper exclusivas y en puestos no calificados en las multinacionales) votaron contra Kirchner el 28 de junio. ¿Por qué no harían lo mismo los excluidos?
Las mejoras en el salario formal no derramaron en el informal.
Exclusión
El gobierno nacional tiene cinco programas básicos focalizados para asistir a la población vulnerable, y existen otros provinciales y municipales:
a) Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, desde 2002 y primero con financiamiento del BM. En el pico de cobertura alcanzó a 2 millones. Hoy quedan unos 500.000.
b) Seguro de Capacitación y Empleo, para transferidos del plan anterior y que pueden capacitarse. Unos 140.000 beneficiarios.
c) Plan Familias para hogares vulnerables, con muchos hijos y elevada deserción escolar. Asiste a medio millón de familias.
d) Seguridad Alimentaria, que asiste a hogares en situación de riesgo social mediante comedores comunitarios, bolsas de comida, y tickets para alimentos.
e) Pensiones no contributivas, de asistencia a personas y hogares sin amparo previsional, sin bienes ni ingresos. Unos 250.000 beneficiarios.
Ninguno de estos esfuerzos financiados con fondos estatales ha servido para revertir el curso inexorable de la economía, y todo socorro público debe ser una medida transitoria. Tal cuestión revela el mal manejo de la cuestión del INDEC y la confiabilidad que supone la información estatal.
Será cierto que se ahorra indexación por el CER (somos muy piolas) pero un estudio del SEL revela que “En 2008, el gasto devengado de estos programas fue de $6.350 millones, equivalentes a poco más del 0.6% del PIB. En términos nominales ese monto es 30% más alto que en 2006. En ese mismo período, para el INDEC la canasta básica de alimentos se encareció 13%, al tiempo que el número de indigentes cayó 49%8. Esto lleva a concluir, en la versión del INDEC, que el gasto asistencial real por persona en situación de indigencia más que se duplicó entre 2006 y 2008. En cambio, con los precios relevados en forma independiente, la canasta básica de alimentos aumentó 57%, y la población indigente creció 14%9. Ajustando el gasto nominal con estas variaciones, el resultado es que, en términos reales, el gasto por persona en estado de extrema pobreza tuvo una caída próxima a 28%”.
Se gasta, pero se gasta mal. Y si bien no se conoce el final de la película, es saludable que Cristina haya dado una vuelta de tuerca en la cuestión de las estadísticas oficiales.
En nota anterior, dábamos cuenta de la paradoja de sostener cifras estatales falsas que generaban en el Estado diagnósticos erróneos y soluciones equivocadas.
Propuestas
Está Cáritas, y el plan testimonial El hambre más urgente, hay innumerables iniciativas privadas microscópicas, pero es el Estado el que debe asumir el asunto de una asignación familiar general mediante una ley a discutir en el Congreso (¿quién se opondría?) o un DNU.
El ingreso universal por hijo y nacimiento de hijo debería incluir:
– A todos los trabajadores asalariados no registrados, en relación de dependencia y en la actividad privada, cualquiera fuera su forma de retribución, que no perciben esas asignaciones.
– A todos los jefes y jefas de familias que cobran subsidio de desocupación.
– A todos los padres y madres que por su alto grado de precariedad laboral no entren en las dos fases anteriores, quienes deberán acreditar su situación.
En todos los casos, los beneficiarios deberán presentar las respectivas partidas de nacimiento, y los trabajadores asalariados no registrado tendrán que suministrar simultáneamente los datos de la empresa o empleador para el que cumple tareas. Según el diputado Recalde, este aspecto tendería a reducir el trabajo en negro utilizando al denunciante como agente de blanqueo, pero hay que tener en cuenta las posibles represalias del empleador.
El monto debe ser calculado de manera tal que todos los habitantes de la Argentina tengan asegurado un piso alimentario adecuado. ¿Su financiamiento? Con parte del superávit, o como diría el inefable Jorge Altamira, “que la crisis la paguen los ricos” con un impuesto a la renta financiera.
