Ya cumplió los primeros seis meses en el poder, y desde que asumió, el gobierno de Evo Morales no ha salido de la escena internacional, mucho menos ahora que la pelea por el control del subsuelo llegó a un punto de inflexión con la brasileña Petrobrás. La medida que permitía a la YPF boliviana asumir formalmente el derecho propietario de las refinerías administradas por Petrobras, Andina y Total, (además del control de toda la cadena productiva de petróleo crudo y Gas Licuado de Petróleo) duró 3 días, al menos en el capítulo que concernía a Brasil. Por ahora, una razón menos para la oposición, que apoyada por las multinacionales afectadas, sostiene una ofensiva separatista para que derive en el fin del gobierno de Morales.
La crisis entre los gobiernos de Lula y Evo tiene la misma edad que el primer gobierno indígena del altiplano. Durante seis meses y luego de las primeras medidas tomadas por el gobierno del MAS respecto de la nacionalización de los hidrocarburos, los gestos desde Brasilia no han ocultado la enorme molestia de Lula y se intensificaron desde los primeros días de septiembre, cuando la directiva de Petrobras resolvió suspender la reunión entre funcionarios bolivianos y ejecutivos petrolíferos para abordar el nuevo precio de compra venta de gas boliviano.
Primero se supo que la nueva fecha del encuentro se había fijado para el 9 de octubre a pedido de la delegación brasileña, pero horas después y desde La Habana, Evo ratificó el compromiso de su gobierno de congelar la resolución que tomaba el control de dos refinerías de Petrobras, durante un encuentro con el canciller de Brasil, Celso Amorim, en el marco de la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) que se celebra en Cuba.
Pero el impacto de la noticia es mayor si se tiene en cuenta que el mismo día formalizó su renuncia en La Paz el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz Rada, considerado gestor de la nacionalización de las reservas gasíferas y petroleras que emprendió el país el pasado 1 de mayo.
Soliz Rada afirmó que su renuncia es «irrevocable», alegando «razones personales», en un duro golpe al proceso bandera del gobierno y si bien el ex ministro aclaró que su renuncia estaba presentada desde mayo último, el momento en que se concretó alentó sospechas e incertidumbres. Es que al dimitir también el viceministro de Industrialización y Comercialización de Hidrocarburos, William Donaire, y el director de Comercialización, Mariano Dupleich, entre otros, parecía quedar en jaque la nacionalización cuando casi se cumple el plazo de 180 días para negociar los nuevos contratos con las petroleras.
En la primera reacción pública de Morales al conocer la renuncia, en La Habana, dijo que «sobran sustitutos para ocupar el cargo de Soliz Rada», por lo que «vamos a llamar ahora al vicepresidente (Alvaro García Linera) para tomar una decisión».
El amigo brasilero
Es inocultable que la salida de Solíz Rada es producto de las malas relaciones con el gobierno brasileño. Las medidas hidrocarburíferas de Bolivia han puesto palos en el camino en un año electoral donde el presidente Lula busca la reelección.
Según informó la prensa internacional el presidente de Brasil estaba «sumamente contrariado», por la decisión boliviana que, en las últimas semanas de una campaña electoral en donde aparece como cómodo favorito para la reelección el próximo 1 de octubre, regaló argumentos a la oposición para atacarlo.
Las fuentes citadas por la agencia estatal también dijeron que Lula se había irritado aun más con sus opositores: el candidato del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) aliado con el ultraderechista Partido del Frente Liberal
(PFL), Geraldo Alckmin, lo acusó de tener una actitud «sumisa» y «débil» frente a Bolivia.
Y como si eso fuera poco, la aspirante presidencial de la izquierda, senadora Heloisa Helena, que fue expulsada del gobernante Partido de los Trabajadores(PT), argumentó que los problemas que enfrenta Petrobras surgen de la «incompetencia e irresponsabilidad» del gobierno de Lula.
Según la agencia O Estado, Lula les contestó: «¿Que quieren, que invada Bolivia? Sin embargo, luego del cambio de posición del gobierno del MAS y tras asegurar que la resolución boliviana quedó «congelada», Lula fustigó públicamente a Morales al decir a la cadena de radio y televisión Bandeirantes que «tendría que llamar a una concertación para definir su política externa».
Agregó que Brasil, «como economía mayor, debe ayudar a los vecinos más pobres» y subrayó que a Bolivia «hay que tratarla con cariño». Pero Lula también advirtió que su país «defenderá sus intereses como siempre lo ha hecho».
En este marco, la orientación del presidente Lula da Silva fue «endurecer» el juego, pero usando instrumentos legales por etapas, según dijeron en el Palacio Planalto. La primera iniciativa buscará un acuerdo y convencer al presidente Morales de que dé marcha atrás con la toma del control de las refinerías.
La segunda serían acciones en el ámbito de la justicia boliviana y, la tercera, llevar el caso a un arbitraje internacional ante el Banco Mundial.
Petrobrás reclama una indemnización por sus dos refinerías, una en Santa Cruz de la Sierra y la otra en Cochabamba, de 105 millones de dólares y el costo del despido del personal brasileño, pero el gobierno boliviano sostiene que las destilerías obtuvieron un beneficio por sobre lo fijado en los contratos de 320 millones de dólares.
Pero no se trata de dos refinerías, sino de las dos refinerías más importantes del país que seguirán en manos brasileñas.
Entre las últimas declaraciones de Solís Rada como ministro, el funcionario explicó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) “es la única empresa que puede comercializar y exportar carburantes. El que hayan cancelado su visita las autoridades brasileñas responde a una opinión lógica (porque) quieren analizar las medidas que le afectan», pero la suspensión no era de análisis, sino para presionar al gobierno de Evo y forzar la salida definitiva de Solís Rada.
Petrobras considera que la medida, desde el punto de vista legal, operacional y financiero, inviabiliza los negocios de refinación de la compañía en el país.
Desde el MAS, el senador Guido Guardia criticó a la compañía brasileña, que “en un 70% está en manos de transnacionales. Hay que esperar los resultados de las auditorías para conocer la realidad de esa empresa y su verdadera contribución a Bolivia”. Pero eso no sucederá.
Hace poco el Fondo Monetario Internacional había advertido sobre “el peligro que implican las políticas hidrocarburíferas nacionalistas asumidas por los gobiernos de Bolivia y Ecuador”, un argumento que aducen las provincias más ricas del país, cuyos sectores dominantes se están organizando para complicar el desarrollo del gobierno de Morales.
Presiones combinadas
Poco antes de que Morales partiera en vuelo hacia La Habana, el gobernante MAS y el opositor Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra negaron que puedan producirse actos de desestabilización durante las ausencias del presidente de Bolivia, Evo Morales.
El vocero del movimiento cívico del departamento de Santa Cruz, Daniel Castro, bajó los decibeles de las amenazas que hizo públicas hace algunas semanas contra Evo y dijo que «la violencia nunca proviene de nosotros sino del poder central y nada haremos porque el presidente vaya a Cuba. Si el gobierno cambia y respeta la ley (de Convocatoria) hay grandes posibilidades de acuerdo. Nosotros no nos oponemos al cambio (de Constitución). (Entre otras cosas) queremos que la Constituyente defina las competencias de la autonomía que se votó».
Desde el gobierno indicaron que «no es cierto que la ley de Convocatoria indique que todo debe hacerse por dos tercios, como sostiene distorsionadamente (el derechista y opositor partido) Poder Democrático y Social (Podemos). Sólo el texto (final) de la Constitución debe aprobarse por
dos tercios de la Asamblea. De lo contrario se bloquea el funcionamiento de la Constituyente».
Según el MAS, Podemos y los cívicos de «la media luna» (Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando) quieren imponer la actual Constitución» y actúan «en concordancia con las grandes petroleras (trasnacionales) que están en una ofensiva desde hace dos años, cuando se empezó a negociar la actual ley de Hidrocarburos», aun antes de «la nacionalización».
Sin embargo, Evo denunció a seis prefectos (gobernadores) por conjurarse para echarlo del poder.
«A este Evo, antes que se consolide como Presidente, hay que sacarlo, dijeron», afirmó Morales en su denuncia contra los gobernantes de Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y La Paz, citado por la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI).
Los prefectos de Beni, Ernesto Suárez; de Pando, Leopoldo Fernández; de Santa Cruz, Rubén Costas; de Tarija, Mario Cossío, de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y de La Paz, José Luis Paredes, se reunieron en Trinidad (Santa Cruz), hace dos semanas, y conformaron el denominado Consejo Nacional de Prefectos (Conapre).
Sin embargo, no hicieron público el plan de «sacar» a Morales de la Presidencia, a la cual llegó con el 54 por ciento de los votos. «Sacaron un manifiesto de lo que hablaron, pero de lo que planificaron en esa reunión no dijeron nada a la prensa», señaló Evo.
El gobierno identifica al frente opositor Podemos como el principal articulador del paro en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando y lo responsabiliza de alentar discursos «tremendamente separatistas y secesionistas».
Según el Vicepresidente Alvaro García, la medida de presión «es una actitud subordinada a un partido político como es Podemos, que debería estar en Sucre y no maltratando a las instituciones cívicas». García está preocupado por la manipulación política de la que es objeto la población de los departamentos de la llamada «media luna» por parte de los comités cívicos y partidos como el MNR y Podemos.
Ya nadie duda que la verdadera intención de los embates contra el gobierno de Evo es la abierta intención de bloquear la Asamblea Constituyente porque los sectores de poder ven amenazados sus intereses.
«Con esa actitud quieren dividir Bolivia, quieren hacer una constituyente paralela y después hablan de defensa de la democracia (…) , están hablando de separatismo», denunció el presidente Evo Morales y convocó al Ejército a preservar la unidad del país.