Los hechos ocurridos el 19 de julio de 1924 yacían olvidados como tantas otras tragedias de nuestra historia nacional. Inspirado en la acciones judiciales de las organizaciones de DDHH contra el Terrorismo de Estado de la última dictadura cívico militar, entre abril y junio de este año se llevó adelante el Juicio por la Verdad para dilucidar el accionar del Estado Nacional y su responsabilidad en lo que fue una violenta acción represiva que tuvo como saldo el asesinato de más de 500 personas provenientes de pueblos originarios. A 98 años de la masacre, conversamos con Federico Carniel, fiscal a cargo de impulsar la investigación sobre los funestos hechos que acontecieron en la localidad de Napalpí.
¿Cuál es tu mirada sobre el hecho histórico? Las causas de la masacre de Napalpí.
Para analizar este caso nosotros tuvimos en cuenta dos cuestiones: el proceso previo que fue lo que desembocó en la masacre. Es decir, todo un movimiento que se inició hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que fue de la mano de la necesidad de expansión territorial de la faz productiva de parte de quienes gobernaban en ese momento la Argentina: la ocupación de tierras para poder producir para generar riqueza. Por otro lado, en la etapa posterior a la masacre de Napalpí, como fue la expresión por parte del Estado en la necesidad de invisibilizar el hecho y que el mismo quede subsumido a una rebelión indígena que fue socavada por parte de las autoridades y sobre eso no se vuelva a analizar desde el punto de vista de un hecho criminal. Con relación a la primera cuestión, lo que tenemos para decir es que lo que nosotros utilizamos como fuente fueron las referencias históricas y literarias que existen en gran cantidad acá en el Chaco y que tienen que ver con lo que se llamó la Campaña del Desierto o la conquista del territorio que estaba en manos de las comunidades indígenas. Todo este proceso fue acompañado por una serie de leyes que favorecían la actividad estatal para poder ocupar estos territorios para luego transformarlos en tierras económicamente utilizables para la obtención de un beneficio económico.
La diferencia que hay entre la Campaña del Desierto en la Patagonia y la Campaña del Desierto Verde, como se la llamó acá en el Chaco, era que la zona que iba desde Reconquista (Santa Fe) hacia el norte eran tierras que no estaban “civilizadas”, estaba ocupada por pueblos originarios, no había provincias en ese lugar, no había territorio ni estado provincial como había en Corrientes, Entre Ríos y parte de Santa Fe. La diferencia puntual entre las dos campañas es que la que se llevó adelante en la Patagonia se realizó desde una actividad estatal violenta, es decir: era la ocupación del territorio por sobre la vida de los indígenas y actuaron a sangre y fuego para ocuparlo. Desplazar y aniquilar al indígena. En cambio, la campaña del desierto verde del Chaco lo que generaba era la necesidad de mantener a los pueblos originarios con vida para utilizarlos como mano de obra dada las características que tenía el territorio. La selva chaqueña, lo que se conoce como el Impenetrable, es una región que tiene características muy particulares: es una selva muy enmarañada con una vegetación muy frondosa y un clima al que las personas originarias – que estaban a acostumbradas a vivir acá– se transformaron en una mano de obra a ser preservada para luego ser utilizada en la producción. La principal actividad económica que existía en el Chaco estaba ligada a la producción de algodón, al que se denominaba como el Oro Blanco. Entre finales del siglo XIX y principios del XX se quintuplicó el territorio cosechado, lo cual generó toda una expectativa de bienestar económico atribuido –según fue testimoniado en el juicio– a la depreciación de la producción algodonera en Estados Unidos y la India, lo que terminó valorizando al commodities producido en el Chaco dentro del mercado internacional. Esto generó un incremento en la producción algodonera por parte de los capitales interesados para poder copar el mercado mundial de algodón. El Estado también participaba en la producción quedándose con una parte de la cosecha, dada su función de garante en la expansión territorial.
El Chaco era un Territorio Nacional en esa época, no era una provincia. Lo que el estado nacional garantizó a las empresas y a los terratenientes para asegurar la producción fue la creación de reducciones indígenas. Esto fue el principio de lo que después se precipitó en la masacre. La característica de estos pueblos originarios es que eran nómades. Si bien es cierto que cada etnia tenía una región por donde ellos se iban moviendo, estos pueblos se movían por todos lados con total libertad. Iban a la zafra de azúcar en Tucumán y Jujuy o iban otros lugares para procurarse un trabajo. Lo que vinieron a hacer estas reducciones es encasillar a las etnias en un lugar geográfico determinado e impedir que se movieran. El indígena no trabajaba para vivir: ellos iban al monte, cazaban, pescaban, recolectaban lo que naturaleza les daba. Ese era su estilo de vida y su concepción. Cuando se empezó a instalar el hombre blanco con esta campaña del desierto verde lo que se hizo fue ir encasillando a los grupos indígenas en las reducciones. La vida en las reducciones era algo muy semejante a lo que llamamos campos de concentración: era una especie de esclavitud donde los originarios, ya por el hecho de pertenecer a las reducciones, ya tenían deuda con la reducción porque ahí le daban los materiales para trabajar, similar al peonaje por deudas. Se creó todo un sistema de sometimiento donde se intentaba llevar a los indígenas hacia la reducción. Los niños no solo no tenían acceso a la escuela, sino que además eran mano de obra hiper calificada dado que las plantas de algodón son muy pequeñas por lo que la altura de los niños era ideal para obtener mayores réditos. A esto se sumó un clima de malestar originado por la aplicación de un impuesto sobre la producción agrícola de las familias en las tierras de las reducciones.
Todo esto derivó en el primer reclamo que hacen los grupos indígenas ante las autoridades de la reducción. De esta situación participa el interventor del territorio Fernando Centeno, quien había sido delegado por el presidente Marcelo T. de Alvear. Centeno escucha el reclamo de los indígenas y les promete que les va a dar una respuesta unos días después. Ese día después fue el 19 de julio de 1924, donde estos grupos se presentan otra vez en el mismo lugar para tener una respuesta del interventor y lo que sucede es que esta fue una represión terrible donde murieron entre 400 y 500 personas aproximadamente. El modus operandis se llevó adelante por la Gendarmería – que no es la misma gendarmería que conoces hoy -, que es el nombre que tenía la policía territorial con refuerzos del gobierno nacional. También se utilizó un avión como parte de la operación. Este realizaba un vuelo rasante para ver donde se encontraban los indígenas y así poder ir y aniquilarlos. Cuando el avión pasaba además tiraba caramelos, sucedía que la gente se juntaba y luego eran fusilados por las fuerzas policiales. Todos estos elementos los pudimos reconstruir gracias a los testimonios literarios como a los recuerdos de personas que recibieron de manera oral lo que sucedió, personas que tienen casi 100 años.
A partir de todo esto ¿Por qué es importante volver a trabajar una causa que hace referencia a un crimen que fue cometido hace casi 100 años?
Nosotros consideramos que este era un hecho que debía ser considerado como un crimen de Lesa Humanidad. A partir de esa posición jurídica, donde la característica principal es que son imprescriptibles por lo que nos animamos a iniciar una investigación judicial con características jurídicas para determinar concretamente cuáles fueron los hechos, quienes habrían sido los autores, en qué circunstancias se habían cometido y si la actividad de los autores tenía alguna implicación en el código penal y determinar un responsable de los hechos. Lógicamente están todos muertos, tanto las víctimas como los victimarios, no teníamos posibilidad de que se sentaran en el banquillo de los acusados. Por eso se eligió seguir la metodología del Juicio por la Verdad, que es una metodología que utilizaron los Organismos de Derechos Humanos en la época que estaban vigentes las leyes de Obediencia de Vida y Punto Final para un poco poder preservar la prueba, que esta no se diluyera y determinar responsabilidades, no punitivas, pero sí sobre quienes habrían sido los autores intelectuales o materiales de los hechos. Bajo esa modalidad, nosotros entendimos que era muy factible poder hacer un juicio y el criterio nuestro fue dar una respuesta a un hecho – que si bien se cometió hace 100 años – forzosa y necesariamente exigía una reivindicación para que se conozca la verdad. A través de ese reconocimiento de los hechos y de la verdad reconocer los derechos también de los pueblos originarios, quienes habían sufrido esta barbarie, esta masacre y este genocidio. Bajo esa consigna nosotros empezamos la investigación y realizamos la recolección de datos. Nos dimos cuenta de que había muchos informes y tantísimo material para explotar. Ahí fue que pudimos acceder a los testimonios de estas personas que todavía estaban vivas, a quienes le realizamos una entrevista audiovisual para poder contar con su testimonio en el juicio. Los testimonios se hicieron con todas las formalidades de la ley y fueron utilizados como prueba para la argumentación sobre el hecho sucedido y las características del mismo. Es muy importante esta cuestión porque nuestro objetivo era reconstruir un hecho que el Estado deliberadamente había silenciado. Después de los hechos de Napalpí hubo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, que no llegó a ninguna conclusión. La versión fue que había habido una revuelta indígena, que habían encontrado cuatro muertos y que no había ninguna víctima de parte del estado. Según este informe, las fuerzas estatales habían intervenido sobre un “malón”. Se utilizó también a los medios de prensa para acallar e invisibilizar el tema. El único medio de comunicación que hizo público los hechos fue El Heraldo de Chaco, que fue en medio que después desapareció a los pocos meses del hecho.
¿Qué efectos ha tenido y esperan ustedes que tenga este proceso judicial?
Los efectos superan nuestras expectativas. Durante la audiencia hubo mucha participación, no solamente de los testigos que estaban con muchas ansias de dar su testimonio. Lo que hicimos fue llevar adelante una metodología de audiencia donde todos pudieran tener acceso a la misma. Por ejemplo, nos trasladamos al interior del Chaco para que los testigos indígenas –que eran personas de más de 90 años- pudieran acudir a la audiencia. También nos trasladamos a Buenos Aires, donde fuimos a la ESMA. Allí se hicieron tres audiencias para que los testigos que estuvieran en Buenos Aires pudieran tener su participación, difusores, historiadores y científicos. Acá en resistencia también, todos los testigos propuestos pudieron participar y además hubo una participación de las comunidades indígenas como así también de alumnos de las distintas escuelas de Resistencia y del interior, donde pudieron escuchar las audiencias junto con todo lo que allí se iba generando. Si bien uno tenía un poco de temor sufrir alguna agresión por parte de colegas por el mismo hecho de “porque después de 100 años”, el efecto fue totalmente contrario y se produjo una reivindicación donde el tema Napalpí se volvió a discutir, no solo en el ámbito educativo si no en la mesa todos los chaqueños. Fue un mes donde se habló de Napalpí y se instaló el tema. Eso por supuesto nos dio por satisfechos ya que pudimos cumplir con nuestro anhelo: poner sobre la mesa el tema y que se discuta aunque sea 100 años después.
¿Consideras que para las comunidades hubo algún sentido de reparación o de reconocimiento? El tema del genocidio indígena suele ser un tema muy difícil de plantear en diversos ámbitos. ¿Cómo fue recepcionado por ellos?
Primero se determinó que el Estado fue el responsable de la Masacre, esa era nuestra principal apuesta. La jueza dijo que era un delito de lesa humanidad y el estado argentino era el responsable de esa masacre. Después logramos que la sentencia salga como “crimen de lesa humanidad en contexto de genocidio”, ósea que si hubiese habido una ley en ese momento que previera las características del genocidio, hubiese sido genocidio. Después se dictaron una serie de medidas que lo hace es reivindicar la memoria: la necesidad de que este tema se discuta en las curriculas de todo el país, la necesidad de la transmisión del juicio a través de la televisión pública, el cambio de la denominación de “Colonia Aborigen” – ExReducción Napalpi – a un nombre que ellos decidan, que la comunidad misma designe el nombre del lugar donde ellos viven. Por otro lado, el reconocimiento de la propiedad de la tierra, que está hecho, pero se debe terminar de formalizar a través de los títulos y escrituras correspondientes. A esto hay que sumar también el reconocimiento por parte del Presidente de la Nación, es decir el pedido de perdón frente a la comunidad. Vale decir que el Gobernador Capitanich ya lo hizo a esto en el 2007, pidió perdón en nombre del estado chaqueño. Lo que nosotros pedíamos es que lo haga el Estado Nacional y que asuma su responsabilidad en los hechos juzgados. Esto generó también un proceso de organización hacia adentro de las comunidades indígenas para poder velar por todas estas medidas y poder realizar actividades que les permita a ellos visibilizar esta cuestión.
