Uno de los hallazgos de “la República Perdida”, una película de septiembre de 1983, es la continuidad de los golpes de Estado. Cada vez que había un golpe, los militares sediciosos nunca eran los mismos, mientras que los civiles que participaban de la asonada eran figurita repetida (el “elenco estable” le decían en la peli), en los mismos lugares, como Economía, Hacienda, como si Martínez de Hoz, Alsogaray o Krieger Vasena fueran los guardianes del templo agroexportador. Hoy han sido reemplazados por aventajados como Sturzenegger, Caputo, que al encanto pastoril pueden unir la seducción de las finanzas.
En resumidas cuentas, el golpe de 1930 contra Yrigoyen fue contra el sufragio universal masculino y tuvo olor a petróleo. Nos dio la “década infame” con el “fraude patriótico”. El golpe de 1955 contra Perón fue contra la Constitución Nacional (si, la de 1949), los derechos económicos y sociales de los trabajadores y contra la industria nacional. Con el peronismo proscripto, el golpe de 1962 contra Frondizi derrotó el proyecto tecnocrático del desarrollismo, el golpe de 1966 contra Illia dinamitó la inteligencia nacional de nuestras universidades públicas. En 1976 es cuando queda planteada la necesidad del industricidio, no vaya a ser que haya muchos obreros, así como la desaparición del peronismo, que ya había persuadido a las clases medias de las ventajas de un proyecto plasmado en el “Plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional” de 1973. Pero amoldar una sociedad para que funcione de una determinada marea no es asunto fácil. Es así que la combinación de violencia simbólica (“los argentinos somos derechos y humanos”, achicar el Estado es agrandar la Nación) y violencia física (al menos 30.000 desparecidos) intentaron volver a una Argentina del pasado que, en realidad, nunca existió.
La democracia de 1983 nace con un lastre que durará cuarenta años: la deuda externa. Los factores de poder determinantes ya no están en el territorio nacional, sino que dependemos de decisiones foráneas. Con notable perspicacia, los Golden boys de las finanzas entendieron que los golpes de mercado son mejores que los golpes de Estado, y es mejor que el Fondo Monetario Internacional sea el vocero político internacional de los intereses dominantes locales. No importa quien gane las elecciones, siempre habrá condicionalidades, privatizaciones, desregulaciones. Tuvimos un respiro con Néstor y Cristina, cuando la gravedad de la crisis provocada por el sistema de convertibilidad que la misma oligarquía había impuesto entró en crisis terminal. Ahí los grandes empresarios aceptaron –por un tiempo— ser los socios menores de un proyecto nacional que apareció como un relámpago entre dos oscuridades. Eso ya pasó. Apenas pudieron, volvieron al comportamiento de clase de los define y caracteriza. Como en la 125.
Este es el contexto en que hay que analizar el asalto a las instituciones protagonizado por Javier Milei. Imbuido de una mística digna de mejor causa, el decretazo que deroga o modifica cerca de 600 leyes no sólo es improcedente en la forma, ya que legisla en lugar del Poder Legislativo, interviene en cuestiones penales y tributarias que están excluidas de manera explícita por la actual Constitución, sino que pretende fijar una nueva modalidad de funcionamiento de la sociedad argentina. Para mejor comprensión, hubiera sido mejor que el decreto vaya dividido por monopolios en vez de capítulos, o por empresarios favorecidos, eso facilitaría una lectura embarrada de los estudios jurídicos de cada empresario. El mercado realmente existente es el verdadero redactor del decretazo. Es la adecuación de las actividades económicas nacionales al deseo de cada oligopolio existente. ¿Qué quieren las empresas de medicina prepaga? Lo tienen. ¿El deseo de los propietarios inmobiliarios? Concedido. ¿Entregar YPF a Techint? Garantizado. Que Eurnekian pida, y tendrá lo que desea. La coalición gobernante no es de partidos, sino que es de empresas. ¡Liberemos al campo! Libre comercio, qué tanto. Y monopolios informativos, por favor, que lo que no se ve no existe. Esos conglomerados empresarios no buscan generar inversiones u obtener beneficios, sino acaparar la renta. Que luego fugarán. La importancia del Estado queda reducida a su dimensión represiva, como la prohibición del derecho de huelga, para poner sólo un ejemplo. Todo esto en espera de ejércitos de ocupación privados, suponemos.
La construcción política de Milei, brillante y disruptivo mascarón de proa, está basada en lo que otorga, en nombre del poder público, a cada empresario que lo ha acompañado o hacia quienes desea incluir. No es nuevo, hemos tenido a otros gobiernos –a veces “propios”— cuya función fue distribuir o redistribuir concesiones (que de esas lluvias estos lodos). Lo de Milei, o mejor dicho de los monopolios locales o internacionales que lo sustentan, es terminar con este costo innecesario a cada cambio de gobierno, y encima a veces puede haber populistas que hacen nacionalizaciones. De allí la necesidad de dolarización, como en Ecuador, para terminar de cristalizar las relaciones de fuerza. Pero primero hay usar al Estado para privatizar las ganancias y socializar la perdidas, en ese pecado original de los liberales, libertarios, liberticidas que disfrutan de humillar a la política, que es reemplazada por un misticismo pagano de creencia en el mercado.
De allí que la tesis de este artículo es que la lucha de clases existe en la Argentina, pero no es asumida, ejercida o deseada por “el proletariado” –como lo fue alguna vez en los países centrales— sino que describe el comportamiento predatorio de las diferentes formas de oligarquía que sufrimos, de la terrateniente a la financiera, sin olvidar la industrial, comercial o de servicios públicos. Es que nuestra Patria, como país periférico en el orden global, no sólo tiene que resolver la cuestión nacional, como ser un país independiente, sino que también tiene que asumir la cuestión social, para ser un país industrial con justicia social. Por eso la cuestión de la liberación es central en el movimiento nacional, entendido como una construcción política basado en la alianza de las clases obreras y las clases medias. Para alcanzar el pleno empleo en la economía necesitamos ser soberanos; para ser soberanos necesitamos alcanzar el pleno empleo. Eso significa la liberación. Pero los que practican la lucha de clases son los sectores dominantes. Con bastante éxito, hay que reconocer. Ahora veremos la capacidad de articulación de los sectores populares y de los actores políticos, que la Argentina nos va en ello.
