Quiero que alguien me demuestre que hubo genocidio.
Otto Pérez Molina.
El resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala, este último domingo 6 de noviembre, dieron por ganador al general retirado Otto Fernando Pérez Molina (Ciudad de Guatemala, 1 de diciembre de 1950) con un 53,86% que representan más de cuatro millones de votos, sobre unos siete millones de ciudadanos habilitados. El triunfo del ultra derechista no hace más que profundizar el conflicto en una sociedad a la que lo único que le sobra son muertos.
De Guatemala a guatepeor
Desde el quiebre constitucional de 1954, que produjo la caída del presidente Jacobo Arbenz, Guatemala no parece más que correr hacia su autodestrucción. El golpe fue alentado por el Departamento de Estado y con la CIA como brazo ejecutor, uno de sus principales agentes en el país, el coronel Carlos Castillo Armas, fue ungido presidente hasta su ajusticiamiento en 1957.
Fueron muchos los motivos que en 1960 se conjugaron para el estallido de una guerra revolucionaria que se iba a extender hasta 1996, cuando se firmara el Acuerdo de Oslo (4 de diciembre 1996). En 1960, el 62% de la tierra estaba en manos del 2% de la clase dominante. La discriminación contra la etnia Maya-k’iche que representa el 45% de la población, más otro 45 % de ladinos (mestizos), les impedía el acceso a la salud, a la educación, a cualquier tipo de representación política. Eran, y lo siguen siendo, sometidos a todo tipo de arbitrariedades de parte del Estado y la clase dominante: desde la híper-explotación laboral a la prohibición de practicar sus ritos ancestrales.
La discriminación colaboró para la conformación de las condiciones objetivas para iniciar una guerra revolucionaria. Diferentes organizaciones de inspiración marxista como las F.A.R. (Fuerzas Armadas Rebeldes), MR-13 (Movimiento Revolucionario 13 de noviembre), O.R.P.A (Organización del Pueblo en Armas), E.G.R. (Ejército Guerrillero de los Pobres) terminarían aglutinadas en 1982 en la U.R.N.G. (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca), resistirían durante 36 años todos los embates del ejército guatemalteco y comando especiales, los Kaibiles, expertos torturadores, entrenados por Israel y los Estados Unidos, y grupos para militares como Movimiento de Acción Nacionalista Organizado, Nueva Organización Anticomunista, Consejo Anti-comunista de Guatemala, Ojo por ojo, y Jaguar Justiciero, que accionaron especialmente contra las comunidades indígenas y campesinas. La guerra civil dejó doscientos mil muertos, cincuenta mil desaparecidos y un millón y medio de exiliados.
A partir de 1996, Guatemala, gracias a las archiconocidas y fracasadas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, desbarrancó todavía más la economía. Una seguidilla de gobiernos tan neoliberales como corruptos profundizaron la brecha entre ricos y pobres. Como consecuencia, los índices de criminalidad se dispararon geométricamente, convirtiendo a Guatemala en uno de los países más violentos del mundo.
Maras, Feminicidios, Linchamientos, Carteles & c.o.
A partir de los atentados de 2001, los Estados Unidos comienzan a aplicar férreamente diferentes leyes sobre la emigración. Entre ellas una aprobada en 1996, por la que todo extranjero condenado a más de un año de prisión debería ser deportado a su país de origen, al finalizar su condena. En los primeros cuatro años del siglo XXI, superaron los 20.000 jóvenes criminales que retornaron a sus respectivos países en Centroamérica.
Miles de jóvenes pandilleros, con probada formación delictual obtenida particularmente en las calles de Los Ángeles, se asociaron a otros miles que sin rumbo sobrevivían en las calles de las barriadas pobres de las ciudades y pueblos guatemaltecos y salvadoreños y hondureños. Esta mixtura daría como resultado lo que se conoce como Maras, multitudinarias pandillas juveniles, que en pocos años alcanzaron a dominar toda la gama de delitos desde la extorsión al tráfico de drogas, desde el mercado negro de armas a la trata de migrantes. A partir de 2002, las Maras comenzaron a tener una presencia omnímoda en cuanto acto de violencia se producía en Guatemala, El Salvador y Honduras, provocando infinidad de foros y congresos, reuniones de ministros del área, oficinas de seguridad y presidentes a fin de buscar la manera de desactivarlas. Todos fueron fracasos.
Las Maras son desde hace ya casi diez años la pesadilla de todos los presidentes que se sucedieron en los tres países y la promesa de su aniquilamiento se convirtió en el caballito de batalla de cuanta campaña electoral que se precie.
Guatemala tiene una tasa de criminalidad de casi 43% cada 100.000 habitantes, lo que equivale entre 15 y 18 muertes violentas al día. Si bien los asesinatos de mujeres son proporcionalmente menores, mueren al día por razones violentas más de dos mujeres. Pero mucho de estos crímenes no pueden atribuirse a la inseguridad general, ya que algunos de ellos tienen características rituales. Los cuerpos aparecen con las cabezas rapadas, pechos cercenados, casi todas violadas y torturadas de modos que recuerdan en mucho a las prácticas de grupos paramilitares que actuaron durante la guerra civil, como las PAC (Patrullas de autodefensa campesinas). Las muertes de mujeres con estas características entre 2003 a 2010 alcanzaban las 6000 víctimas.
La inseguridad en la sociedad guatemalteca ha generado anticuerpos extrajudiciales, que como sucede absolutamente siempre, profundizan todavía más lo que intentan exorcizar. Desde hace algunos años se han comenzado a reproducir linchamientos de sospechosos de diferentes delitos, lo que ha dado cabida también a venganzas personales. No es necesario más que echar a rodar un chisme sobre alguien para que termine golpeado y muchas veces colgado de alguna viga, quien solo tenía una disputa con un vecino, un pariente o un socio molesto. Son casi mil los episodios de este tipo que se han registrado en los últimos cinco años.
Como si todo fuera poco, sicarios pertenecientes al Cartel mexicano de los Zetas se han afianzado en pueblos del norte de Guatemala como Petén, Izabal, Quiché, San Marcos, Huehuetenango o Cobán, capital de esta región cafetalera, haciéndose fuertes especialmente en dos barrios populares, El Esfuerzo I y II, y en el poblado de San Pedro de Carcha. La policía se ha convertido en escolta de los narcotraficantes. Algunos jueces y fiscales aterrorizados se desligaron de toda responsabilidad, otros operan para el Cártel. Las autoridades de migración les tramitan sin mucha burocracia pasaportes guatemaltecos.
El ejército guatemalteco está encargado de resistir la invasión y lleva la peor parte. Con armamento obsoleto, sin entrenamiento y con la población en contra (ya que los narcotraficantes se establecen con millones de dólares generando prosperidad a la región), deben combatir un enemigo mucho mejor entrenado, armado y sobre todo pagado. La guerra territorial la están ganando los Zetas, cuyo objetivo es convertir el norte de Guatemala en la gran puerta de entrada de los envíos colombianos de droga. En esa zona, una intrincada red de pistas de aterrizaje recibe todo los días desde Colombia, cientos de avionetas con más de mil doscientos kilos de cocaína cada una. Desde allí traspasan la mercadería a México en camiones, donde se pierde en camino al gran cliente: los Estados Unidos.
Un sheriff para complicar las cosas
Frente al desborde de la violencia lo que nunca puede fallar en una disputa electoral es la promesa de más violencia, la promesa de mano dura, la misma mano dura, que ha llevado a Guatemala a la situación en que se encuentra. Eso ha prometido el presidente electo este último domingo para el período (2012-2016) por el Partido Patriota. Pérez Molina es la segunda vez que participa en la contienda electoral. En 2007 perdió frente al social demócrata Álvaro Colom. Como candidato a presidente por el Partido Patriota junto a Ricardo Castillo de vice, Pérez Molina obtuvo aquella vez un 23,54% de los votos, quedando en el segundo lugar detrás de Colom que logró un 28,5%. En la segunda vuelta Álvaro Colom obtuvo el 52,82% de votos y el general un 47,18%, quedado como líder de la oposición. Álvaro Colom nada pudo hacer en sus cuatro años de mandato contra el mayor problema de los guatemaltecos, la violencia, dejando a Otro Pérez Molina el camino libre para instalarse como el único político capaz de resolver el problema de la inseguridad. Ya en 2004, Pérez Molina como diputado y jefe de bancada presentó varias iniciativas entre las que se pueden anotar la Ley de Inteligencia Civil; Ley para Prevenir, Controlar y Erradicar las Pandillas Juveniles, Agrupaciones Ilícitas y Delincuencia Organizada; Ley Contra la Narcoactividad y Ley que Aprueba el Pago a los ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil, entiéndase todos los grupos paramilitares que actuaron durante la guerra civil.
Estribando en la necesidad de por lo menos reducir en parte los altos índices de inseguridad es que emerge como figura este general de destacada actuación a la hora de la represión de campesinos pobres e indios desprotegidos. Otto Pérez Molina, graduado en la temible escuela de las Américas, fue nada menos que jefe de Inteligencia militar durante la presidencia del dictador José Efraín Ríos Montt (1982 y 1983), uno de los genocidas más implacables que pueda recordar el continente. Los organismos de derechos humanos le adjudican la muerte de setenta mil indígenas durante su presidencia de solo dieciséis meses.
Se le adjudica la creación del plan Sofía; una operación militar que centraba sus operaciones en el triangulo Ixil, en la provincia de Quiché, entre los pueblos de Quetzaltenango, Huehuetenango y Playa Grande. Allí, con el fin de erradicar a la guerrilla que operaba en ese sector, el 16 de julio 1982 se inicia la operación contrainsurgente de la ofensiva, según el plan de Otto Pérez Molina: “exterminar a los elementos subversivos en el área.” La campaña duró poco más de un mes. Las tareas estuvieron básicamente realizadas por el Primer Batallón de Paracaidistas “General Felipe Cruz”, que inició sus operaciones ofensivas y psicológicas con la finalidad de darle mayor ímpetu a las operaciones colaterales de la zona. La ofensiva consistió en barridas de contrainsurgencia, lo que no solo causó graves daños a los insurgentes sino también a los pobladores civiles de toda la región, devastando caseríos como método, matando animales, quemando los sembrados y centenares de ejecuciones extrajudiciales a campesinos acusados de proporcional apoyo logístico a los guerrilleros.
Pérez Molina no solo está acusado como ideólogo sino que también como partícipe en las operaciones, acusado de asesinatos y torturas. Las actividades delictivas del nuevo presidente de Guatemala no se han detenido allí. También está acusado de haber torturado personalmente al combatiente Efraín Hamaca, y de haber instigado el asesinato del Obispo de la Iglesia Católica Juan José Gerardi Conedera, tan solo dos días después de que se presentara el informe “Guatemala: Nunca más», el 26 de abril de 1998.
El general Otto Pérez se ha impuesto en las recientes elecciones gracias a sus promesas de exterminar la violencia con más violencia. Su plan de mano dura sin duda será fiel a su estilo y antecedentes desarrollándose muy lejos de los ámbitos judiciales y si hasta hoy las calles de Guatemala rebozan de cadáveres a partir de su asunción, Guatemala podrá sufrir un baño de sangre como todavía no ha conocido.
