La foto y la película

Mientras la ministra de Seguridad ratificaba la vigencia de la "doctrina Chocobar", ocho prefectos la aplicaron en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Apogeo de la "mano dura", crecida de la violencia uniformada y el protocolo de la impunidad.

“Hay que diferenciar la foto de la película” se suele decir en política. Es un modo de invitar a distinguir entre la coyuntura (pródiga en episodios críticos) y el proceso, signado por las decisiones de fondo orientadas por ideas, deseos y pretensión de legado histórico. Pero en ocasiones las imágenes de coyuntura reflejan el proceso, son fotogramas de una película en proyección. Es lo que pasó esta semana, entre otras cosas, con la visita de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el viceministro Gerardo Milmann y la senadora del PRO Gladys González al domicilio del policía Luis Chocobar, un emblema del gatillo fácil que el gobierno macrista pretendió (y todavía pretende) presentar como ejemplo de accionar policial. Un fotograma de una película de terror.

 

Primer click

El encuentro ocurrió en la mañana de un jueves de febrero en el despacho principal de la Casa Rosada. “Quiero reconocer tu valentía y ofrecerte mi apoyo”, le dijo Mauricio Macri al efectivo de la Policía Local de Avellaneda, Luis Chocobar. Patricia Bullrich observaba la escena con una expresión satisfecha: había sido el artífice de esa foto.

 

La película, sin embargo, proponía otras emociones.

 

Al día siguiente del abrazo en la Rosada se viralizaron las imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en la esquina de Irala y Suárez, del barrio de La Boca. Allí se lo ve a Chocobar disparando por la espalda al ratero Pablo Kukoc, de 17 años, caído por un tiro previo que le quebró un fémur. Venía de asaltar y herir a puntazos, junto con otro muchacho, al turista norteamericano Frank Joseph Wolek. La difusión de ese video puso en aprietos a Macri y activó un expediente judicial que tiene a Chocobar como procesado por homicidio agravado.

 

Los disparos del policía son una escena de una película que se proyecta en continuado desde el regreso de la democracia. En términos numéricos, desde 1983 hasta fines de 2015 hubo 4737 asesinados por fuerzas de seguridad; es decir, un promedio de aproximadamente 152 víctimas anuales. Del total, 2653 murieron en casos de “gatillo fácil” y 2084, en situaciones de cautiverio, mientras que otros 73 fueron matados durante movilizaciones y protestas.

 

Pero bajo el régimen de Macri el conteo creció de modo exponencial: 725 víctimas entre comienzos de 2016 y fines de 2017. O sea, 362 víctimas por año, lo cual establece una muerte cada 23 horas, según cifras coincidentes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

 

De dicha cifra global, el 40% (144 casos anuales) murió en cautiverio y 44% (160 casos anuales) bajo la ley del “gatillo fácil”. Y con una frecuencia de un fusilado cada dos días. En un 60% sus verdugos son policías, gendarmes y prefectos fuera del horario de servicio.

 

Desde febrero, la convalidación oficial de esta práctica se conoce como “Doctrina Chocobar”.

 

Segundo click

El pasado lunes 13, la ministra Bullrich y su cohorte brindaron por la plena vigencia del gatillo fácil con sanguches de miga, factura, mate y café. En un encuentro debidamente fotografiado y difundido, la ministra visitó en su casa al policía Chocobar. “Vinimos a ratificar nuestro compromiso, a decirle que no está solo”, definió la funcionaria.

 

El encuentro fue celebrado por la propia ministra en su cuenta de Twitter con un mensaje en favor de la mano dura. “Su caso abrió camino para que se cambien los prejuicios, y dejen de poner al policía como culpable cuando defiende a la gente”, escribió @PatoBullrich.

La ratificación oficial de la “doctrina Chocobar” fue conmemorada como corresponde: a los tiros.

 

Cristofer «Bocha» Rego fue baleado por prefectos en Parque Patricios. La «razón»: no frenó en un retén.

 

 

El miércoles, dos día después del encuentro de la ministra con su policía favorito, ocho efectivos de prefectura (una fuerza federal que tiene dependencia directa con la ministra) fueron detenidos, acusados de asesinar y encubrir el crimen de un vecino de la ciudad.

 

Cristofer «Bocha» Rego tenía 26 años cuando fue asesinado de dos disparos mientras manejaba su camioneta en Parque Patricios. El hecho ocurrió el domingo a la madrugada en la intersección de Ancaste y Monteagudo.
Personal de la policía de la Ciudad encontró la camioneta chocada contra otro auto por lo que pensaron que la muerte había sido producto del choque, pero luego notaron que el cuerpo y la camioneta tenía dos disparos de arma de fuego en el lateral derecho y otro en la parte trasera.

 

El hecho no parecía tener responsables hasta que el fiscal Daniel Pablosky mandó a revisar las cámaras de seguridad y descubrió a efectivos de la Prefectura Naval involucrados. Según se pudo comprobar en el video, varios efectivos se acercan a la camioneta, comprueban que Rego está fallecido, recolectan las vainas y se dan a la fuga.

 

El fiscal a cargo de la investigación sospecha que uno de los prefectos fue el que disparó y el resto de los detenidos lo encubrieron. La “razón”: el joven omitió frenar en un retén de seguridad.

 

El miércoles, dos días después de la cumbre en el domicilio de Chocobar, apresaron a los ocho prefectos que siguieron su doctrina. Pero esta vez, parece, no habrá festejos con sánguches de miga: “El @minseg y @prefecturanaval decidimos la máxima pena: exoneración a los prefectos que participaron, sin informar, del episodio donde murió Cristofer Rego” informó la ministra Bullrich, a través del tuit. El problema, parece, no fue el crimen, sino que los uniformados omitieran “informar”.

 

¿Acaso la exoneración es un reproche a los prefectos por no permitir que el ministerio disponga del protocolo que cobertura que utilizó, por ejemplo, en el crimen del joven mapuche Rafael Nahuel? El tuit no aportó esas precisiones. Pero hay que reconocerle a la ministro que en ese caso el protocolo fue eficaz: a pesar de contar contar con evidencias contundentes -como los peritajes que demuestran el uso de armas de fuego y hasta la identidad del efectivo tirador-, la “justicia” demora dictar prisión y juicio -según el orden jurídico vigente- para los imputados.

 

La impunidad de los que matan en nombre de la seguridad y el orden, queda claro, es otro fotograma repetido -y hasta celebrado por ciertas audiencias- en esta película de terror.

 

 

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