Por Lorenzo Fino
Las problemáticas ambientales en Argentina han llegado a un punto de difícil retorno. Los incendios se reproducen a gran escala y sin freno. La preservación del ecosistema se ha deteriorado en forma general y las leyes que se logran sancionar se violan sistemáticamente. Nuestros bosques se queman y desmontan. Las tierras arrasadas se utilizan en especulaciones inmobiliarias. La pesca nacional es amenazada por barcos internacionales y ni siquiera logramos aprobar una ley de humedales. ¿Será que al gobierno no le importan los temas ambientales? ¿Por qué nuestras cámaras de representantes políticos no discuten leyes que cambien esta realidad a largo plazo?
Hace pocos días se viralizó un vídeo titulado, sin tapujos, “Una ciudad en el Mar Argentino” (https://www.youtube.com/watch?v=oAJH_z9GmaM). Incontables flotas de barcos pesqueros esperaban en el límite de nuestra zona económica exclusiva, listos para depredarla. Así las cosas, Argentina baila siempre con la más fea en materia ambiental.
¿Qué estamos haciendo?
Uno de los mayores cambios logrados en el 2020 fue una nueva reglamentación en el manejo del fuego. Podríamos decir que este cambio llega tarde, ya que la dirigencia política decidió dar trámite parlamentario a esta problemática luego de que los incendios parecieran multiplicarse por todo el territorio en reiteradas ocasiones. Uno de los rasgos distintivos de esta actualización de la ley es la prohibición del uso de esas tierras arrasadas para actividades agrícolas o inmobiliarias, sea el incendio intencional o no (aunque sabemos, los del 2020 lo fueron).
Con respecto a nuestras aguas, el gobierno también ha tomado cartas en el asunto. En defensa a las amenazas de la pesca ilegal e internacional, se ha establecido un sistema de control “Guardacostas tipo 24” que permite ampliar la capacidad de respuesta ante estos sucesos. Pero lo más importante ha sido la reforma del Régimen Federal de Pesca, que aumentó las multas para aquellos buques que sobreexplotan los recursos marítimos argentinos.
En contrapartida, hace ya varios años Argentina tiene promulgada una Ley de Bosques Nativos que promueve la creación de un ordenamiento territorial, a fin de reconocer cuales son los que están bajo mayor riesgo y no pueden ser desmontados. Se estableció también en su momento un presupuesto mínimo para la protección y preservación de los mismos. Pero al fin y al cabo, ¿se cumple la ley?
Greenpeace ha denunciado en una carta al Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tratándolo directamente de “cómplice del crimen ambiental en la Selva de Yungas”. Los desmontes en la provincia norteña son bastante comunes, aunque la zona de Yungas está clasificada en color amarillo por la Ley de Bosques Nativos, lo que no permite su desmonte y pregona su preservación. Como es usual en estos casos, la desaparición de esta selva tiene como objetivo un negocio inmobiliario, privado y de barrio cerrado.
A su vez, en el Gran Chaco se han informado desmontes ilegales en el último año. Greenpeace denunció también la pérdida de 1.639 hectáreas entre marzo y mayo últimos, en base a imágenes satelitales. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, señaló para el portal Chequeado que en el llamado “período excepcional” no se debería hacer ningún desmonte sin la autorización previa prevista por la ley, aunque esto claramente no se cumple. Esto se debe en gran parte, a la nula capacidad estatal para realizar los controles correspondientes.
Reglamentaciones e incumplimientos
Los cambios y actualizaciones realizadas a las leyes ambientales constituyen un primer paso para lograr un medioambiente acorde a las necesidades del siglo XXI. La mejora en los tiempos de respuesta ante catástrofes, incendios y amenazas extranjeras son vitales para abarcar el problema en tiempo y forma. Sin embargo, no podemos conformarnos con tan poco. Se necesitan mejoras estructurales en los sistemas de emergencia, mejores salarios y equipamientos listos para ser usados cuando las catástrofes ocurran y no cuando están ocurriendo.
Combatir las especulaciones inmobiliarias es en sí un paso fundamental, que se logra (en parte) haciendo cumplir las leyes que impidan a las grandes corporaciones ejercer presión. El próximo paso tiene que ser independizarnos de estos poderes para que el ordenamiento y recuperación ambiental sean parte del progreso social.
