Mientras la titulares de diarios y noticieros se ocupan de la nueva conducción de la CGT y del manotazo de Barrionuevo creando la paralela Azul y Blanca, la CTA sigue a la espera de su personería gremial y continúa terciando en la discusión sindical. Con el comunicado «Ningún hogar pobre en la Argentina» emitido el 4 de julio y firmado por Hugo Yasky, Pedro Wasiejko y Pablo Micheli, la Central de Trabajadores de la Argentina sentó posición.
La Central de Trabajadores de la Argentina reclama al Gobierno la urgente convocatoria al Consejo del Salario, el Empleo y la Productividad, con la finalidad de establecer un Salario Mínimo, Vital y Móvil acorde con la actual carestía de la vida y para que ningún trabajador esté por debajo de la línea de pobreza.
Es preciso discutir los temas para los que fue creado ese instrumento tripartito de concertación, que debería funcionar regularmente, a través de la activación de las distintas comisiones y no limitarse a una mera homologación de acuerdos negociados por afuera de ese ámbito.
Mientras tanto, y para que nuestros ingresos no sigan retrocediendo frente a la inflación, urge disponer un aumento salarial de emergencia para el conjunto de la fuerza laboral y la eliminación del Impuesto a la Ganancia a los trabajadores sujetos a Convenio Colectivo.
La economía y la productividad crecieron sustancialmente en el país y es hora de aplicar una política de distribución integral de la riqueza que, además, aborde otras problemáticas como el desempleo, el empleo en negro o informal y un acuerdo que beneficie a quienes perciben menos que el salario mínimo.
La CTA postula la universalización del cobro del salario de pesos 100 por hijo para todos los menores de 18 años, hijos de desocupados y trabajadores no registrados, a cambio de la contraprestación sanitaria y educativa por parte de los mismos.
Por último, volvemos a reivindicar la creación de un Seguro de Empleo y Formación para los desempleados, el aumento de las asignaciones de los planes sociales y una agenda para resolver la eliminación del empleo informal.
Sólo es posible garantizar justicia social con libertad y democracia sindical poniendo en marcha políticas publicas que garanticen una equitativa distribución de la riqueza.
